RESPETO A CARLOS RUÍZ DE ALEGRÍA

Éste penoso asunto del maltrato al fiscal Ignacio Stampa tiene, sin embargo, una luz; alguien que actuó con integridad en el cumplimiento de sus funciones a la vista de la carta que el compañero Stampa remitió a la AF, su antigua asociación, explicándoles lo que le había pasado y que yo tomo como referencia para este comentario.  Me refiero a Carlos Ruiz de Alegría, veterano fiscal curtido en mil batallas,  teniente fiscal del TSJ de Madrid, buena persona, campeón de ajedrez, inteligente y discreto, como el afectado, que no ha dicho ni pío durante todo el padecimiento que le han hecho pasar.  

El 8 de julio del año pasado le asignan a Ruiz de Alegría una denuncia de Vox por revelación de secretos remitida a la Secretaría Técnica, que se interpone contra Ignacio Stampa (y contra otras personas), en la causa conocida como Tandem -equiparable, en mi opinión, por su gravedad en la corrupción a las chapuzas de Strauss y Perlovitz, que terminaron derribando el Gobierno de Lerroux en la Segunda República-.    Ruíz de Alegría se pone a investigar, de manera diligente, y ordena recibir declaración a diversas personas, incluidas las mencionadas en los medios de comunicación como contrapartes de los fiscales en el partido Podemos -José Manuel Calvente entre ellos, aunque no pudo declarar por la epidemia- y reclama diversa documentación disponible en el Juzgado sobre los famosos chats del equipo jurídico de Podemos.   El día 5 de octubre acuerda, tras la investigación, en un fundadísimo escrito archivar las actuaciones; el Fiscal Jefe del TSJ asume ese criterio y lo remite como propuesta de archivo a la Secretaría Técnica, cumpliendo con lo señalado en el art. 25 del EOMF.  Lo hace "para su conocimiento y aprobación", lo que va más allá de la letra del art. 25.  ¿Porqué a la Secretaría Técnica?  El art. 25 apartado segundo del EOMF dice que los fiscales "pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer", luego esa comunicación a la Secretaría Técnica, es en realidad a la Fiscal General.  Y las respuestas de la Secretaría Técnica son, en realidad, de la Fiscal General porque ninguna jerarquía existe entre la Secretaría Técnica y cualquier Fiscalía territorial.  

El borrador de archivo se contesta por la Secretaría Técnica, "sugiriendo"-tal cual-, nuevas diligencias, entre ellas, que declare José Manuel Calvente, que no lo había hecho, y tambien el compañero de Stampa en Tandem, como testigo.  Ruiz de Alegría acepta la "sugerencia" (que viene -como digo- de la autoridad de la Fiscal General, por vía de su segundo).  Así que practica las nuevas diligencias "sugeridas".   Tras la práctica de las diligencias "sugeridas", nuevo archivo de Ruiz de Alegría (23 de octubre), y nueva remisión del borrador del archivo aceptado por el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid a la Secretaría Técnica.  

Antes de esa fecha, el día 16 de octubre, el Teniente Fiscal del TS, Luís Navajas, había mandado una carta a Stampa y se había disculpado en público por haber hecho unas declaraciones contra él, basándose en informaciones falsas que no comprobó en su día.   Todo el mundo, y tambien, lógicamente el Instructor y la Secretaría Técnica, conocían el contenido de esa insólita disculpa.   Además, hay un hecho relevante: el día 27 de octubre se celebraba el Consejo Fiscal donde Stampa no es confirmado como fiscal anticorrupción y por tanto, es apartado por la FGE de la causa Tandem, sin ningún apoyo en el CF, ni siquiera de su asociación.  Es decir, el Instructor, Ruíz de Alegría, concluyó su investigación antes de dicho CF, perjudicando lo mínimo posible al compañero, pero la Secretaría Técnica, no.

Más de un mes después de tener el borrador del archivo (día 2 de diciembre, las fechas cuentan porque hay un fiscal sometido a unas diligencias de investigación penales que se mantienen vivas únicamente a instancia de la jerarquía), nuevas "sugerencias" de la Secretaría Técnica.  Ruíz de Alegría, se niega a practicarlas.  Dice, en una resolución, que son "estériles e inútiles para el esclarecimiento de unos hechos que entiendo meridianamente esclarecidos".  El día 15 de diciembre, el Fiscal Jefe del TSJ, avoca la investigación, y, en contra de su anterior criterio sobre el archivo de las actuaciones, acepta practicar las nuevas "sugerencias", que como decía Ruíz de Alegría resultaron estériles e inútiles, y finalmente, acuerda archivar las diligencias el mes de febrero (cuatro meses más tarde de lo que quería el instructor).   De esa avocación se dio cuenta, como es preceptivo, al Consejo Fiscal, pero no se trasladó al mismo la información relevante de las Diligencias que explicaban la avocación, como había pedido Stampa y le denegó el Fiscal Inspector.  

Unicamente con el Decreto de avocación, es decir, de asunción del asunto por el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid, al CF le bastó para dar su aprobación.   Una aprobación -a posteriori- que había supuesto la continuación de la investigación penal a un fiscal por hechos que el Instructor (y su Jefe, aunque esto no lo sabía el CF), en dos ocasiones, habían querido archivar porque no había elementos de prueba para seguir con la causa, tras practicar incluso las diligencias que le "sugerían" desde la Fiscalía General.   Si la intervención del CF se ha de limitar a ver el Decreto que redacta el que avoca, creo que sobra el trámite.  

Pero ahora la AF tiene toda la información: ojalá actúen los vocales en el CF y exijan las responsabilidades a que haya lugar, algo que yo, como fiscal, agradeceré sinceramente.   

Es evidente que hace falta una regulación mucho más potente de los derechos de los fiscales, una exigencia mucho mayor en el Consejo Fiscal, y una conciencia mucho mayor entre los fiscales de que nuestros derechos profesionales son la garantía de una Justicia mejor y de la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos: ayer fue Frago; hoy, Stampa y podía haber sido también su compañero, que se libró de la ignominia por esos azares de la vida, siendo tan inocente como lo era Stampa; pero mañana, cualquiera de nosotros o cualquier otro ciudadano si a la jerarquía de la Fiscalía se le mete eso entre ceja y ceja.  

Y además, ante la reforma procesal que propone el Ministerio, me parece claro que con estos mimbres no es posible que la Fiscalía asuma la investigación criminal, porque los ciudadanos perderían ciertas garantías que hoy tienen con los jueces de instrucción.  Las avocaciones, tal como están hoy, con las garantías que hay hoy; las "sugerencias" de la FGE, y no órdenes, que es lo que debe dar si considera que hay que hacer algo concreto, asumiendo entonces su responsabilidad; la falta de requisitos en los nombramientos, con poder absoluto del Fiscal General, que hace que todo el mundo sepa que lo mismo te pueden nombrar que te pueden cesar, lo que obliga en ocasiones a comportamientos extraños incluso ante meras "sugerencias" por parte de quienes quieren mejorar profesionalmente en la Carrera; todo ello resulta al final un desastre carente de garantías, no para los fiscales solo, sino para los ciudadanos.  Podemos hacernos idea si imaginamos a una Audiencia Provincial revocando un auto de archivo de un Juez "sugiriéndole" la práctica de diligencias, y además, pudiendo echarle o promocionarle en su puesto cada cuatro años.   Ridículo, ¿no?  Pues esto es lo que ocurre aquí.  Y es una lástima, porque la investigación por el Fiscal es, en el terreno de los principios, mucho más garantista que la Judicial.  Pero con este Ministerio Fiscal hiper politizado y organizado sin ninguna garantía interna frente al poder de la jerarquía, ni de broma.

De todo esto, sin embargo, Ruíz de Alegría, con un valor -comparado con otros- como el de un espartano en las Termópilas, sale robustecido.   Porque está claro que la Institución funciona, en su  integridad, como un martillo pilón si se trata de imponer un criterio, incluso si es un criterio injusto o arbitrario.  Un martillo que solo puede encontrar como resistencia la actuación profesional de fiscales individuales que obren con el coraje y la integridad necesaria.  

ACOSOS LABORALES EN LA FISCALÍA

 ¿Podéis creer que me siguen escribiendo y llamando fiscales que afirman ser víctimas de conductas que son claramente acosos laborales?  Cuando recuerdo atropellos como los que sufrió aquel compañero y amigo, que fue expulsado de la Fiscalía, ni más ni menos, por el Fiscal General Eduardo Torres Dulce, con el apoyo de nuestros "compañeros" del CF, entre los cuales estaba la fiscal jefe responsable del atropello, sin que nadie se disculpara cuando los Tribunales calificaron la conducta de la FGE de ilegal; cuando recuerdo lo que sufrió nuestra llorada María Jesús Moya, sancionada a dos meses de suspensión por unos retrasos que luego la Justicia acreditó que no eran injustificados; cuando veo lo que ha ocurrido con Ignacio Stampa, maltratado de manera asombrosa por la Fiscalía General ante el silencio de la Carrera; cuando se lo que padeció aquella compañera que tuvo el coraje de enfrentarse con la jefa que le hacía la vida imposible y fue trasladada ella misma por "discrepancias graves" con la Jefatura, sin que la Inspección quisiera investigar lo ocurrido a pesar de fiscales testigos que explicaron lo que sufrieron con la misma persona; cuando todas esas cosas, y otras varias que podría ir desgranando, siguen sucediendo, y cuando el Protocolo antiacoso de la FGE suscita desconfianza porque los acosados no se fían de la institución, está claro que está llegando la hora de que los fiscales tengamos acceso a la Jurisdicción laboral, sobre la base del riesgo laboral agravado que supone no tener un sistema de riesgos laborales en la Fiscalía específico para nosotros.    El Consejo Fiscal, mientras, jugando a los carguitos para ti o para mi (¡que pena me da a mi que no le hayan dado nada a un pobre Fiscal de Sala que ascendió por la vía de la Jefatura de la Secretaría Técnica y sin votación en el CF!, mientras los atropellos al resto son constantes a diestra y siniestra).    Y algunos Fiscales siguen preguntando: en caso de acoso, ¿que debo hacer?   Y yo les digo: de momento, recoger evidencias, copiar las notas ofensivas, los visados vejatorios, apuntar fechas y testigos, perderle el miedo al sujeto que abusa de los demás, buscar ayuda..., y lo más importante, no dejar que llegue el abatimiento o la depresión.  Esa gente busca eso, y no lo debemos permitir.

BUENOS TIEMPOS PARA LA UPF, MALOS PARA LA FISCALÍA

Vengo defendiendo que UPF y AF actúan exactamente igual cuando pueden, es decir, favoreciendo a sus asociados, como si las plazas en la Fiscalía fueran un botín o una fortaleza que hay que tomar ignorando a los demás compañeros que aspiran también a hacer carrera profesional.  Esa indiferencia por el mérito y capacidad de todos debería estar castigada en el Código Penal.  "Cuando pueden" depende del partido que gobierna.  Así, cuando gobierna el PP, las cosas son fáciles para la AF, les reconocen sus méritos, su capacidad, se les abren las puertas de las fortalezas, y la vida les sonríe.   Cuando gobierna el PSOE, como ahora, pues el CF y la Fiscal General son todo oídos para los méritos de los suyos, de manera auténticamente escandalosa.  Es cierto que a veces, en esa tónica de abusos, se pasan un poquito.  Por ejemplo, el PP-AF colocó como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional al más moderno de los peticionarios que era el portavoz de la AF, al tiempo que ascendía una vocal de la AF a la plaza más importante de Andalucía.   Fue el famoso CF de la jefatura Anticorrupción, que le vamos a hacer.    O ahora, en que desde enero todas las plazas de Fiscal de Sala menos dos (cinco de siete) han ido para la UPF.  Un record.   Me llega de la AF una información: En la Junta de Fiscales de Sala hay "13 o 14 fiscales de la UPF; 9 o 10 no asociados; y 7 de la AF, y eso a pesar de que en la AF duplicamos en asociados a la UPF".   Vaya, es un dato que hay que reconocer, si es verdad, especialmente el abuso de la UPF y el castigo a los no asociados o a la APIF.   Pero es que este auténtico fraude profesional que supone el vincular la promoción profesional a la militancia asociativa o política es un desastre para la credibilidad de la Fiscalía.   Se habla de imparcialidad, de neutralidad política, se acentúa el rigor las incompatibilidades sobre la base de "el valor de las apariencias" (dice Dolores Delgado), apariencias que no se guardan en otros y fundamentales aspectos de la Carrera profesional.   En materia de nombramientos, madre mía la situación en que estamos ahora.  Y la Carrera, callada.  

Por cierto, que he visto recientemente en un expediente de incompatibilidad, que los vocales informan por Whastapp y sin reunión del CF y sin debate, claro.  Y sin transparencia.    "Los cuatro estamos conformes con el borrador", dice el Whastapp.   Y el trámite de oír al CF -que debería reunirse, claro-, perpetrado. 

EL ARTÍCULO 23 DEL EOMF: LA AVOCACIÓN DE LOS ASUNTOS POR LA SUPERIORIDAD

El art. 23 del EOMF dice lo siguiente:

Los miembros del Ministerio Fiscal son autoridad a todos los efectos y actuarán siempre en representación de la Institución. En cualquier momento de la actividad que un Fiscal esté realizando en cumplimiento de sus funciones o antes de iniciar la que le estuviese asignada en virtud del sistema de distribución de asuntos entre los miembros de la Fiscalía, podrá su superior jerárquico inmediato, mediante resolución motivada, avocar para sí el asunto o designar a otro Fiscal para que lo despache. Si existe discrepancia resolverá el superior jerárquico común a ambos. La sustitución será comunicada en todo caso al Consejo Fiscal, que podrá expresar su parecer.

 

Este artículo en mi opinión es un auténtico despropósito, ya que puede dar lugar a abusos sin reparación.   Recientemente he conocido en la Fiscalía dos avocaciones de esta naturaleza, una en Madrid y otra en Las Palmas.  La de Madrid consiste en que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior asume un asunto en el que un subordinado a cargo del mismo acuerda el archivo.  El asunto es complejo y tiene mucha miga.  El Fiscal jefe no está de acuerdo, y dicta un Decreto reclamando para sí el asunto para seguir investigando.  En lo que a nosotros afecta en este momento, como exige el Estatuto, se comunicó la avocación al Consejo Fiscal meses después de la misma, pero no se les facilitó a los vocales nada más que el Decreto de avocación.  Toda la documentación de las Diligencias que dieron lugar a la avocación, al menos aquella relevante para conocer las razones de la misma, le fue hurtada al Consejo Fiscal.  De hecho, el Fiscal Jefe Inspector motivó la denegación sobre la base de que era algo innecesario y que se trataba de diligencias secretas, en fecha 26 de enero, sin que hubiera un plante en el Consejo Fiscal por esa denegación.  Pues bien, el Consejo Fiscal, solo con el Decreto del Fiscal Jefe y sin más documentación, se muestra por una amplísima mayoría a favor de la avocación, con la sola abstención de un vocal.  Así se quita un asunto a un fiscal.  ¿Cómo puede el Consejo Fiscal expresar su parecer en un asunto importantísimo si no conoce el contenido del expediente (porque se dice ser secreto, aunque yo tengo muchas dudas), si no sabe si ha habido órdenes superiores -que solo podrían venir de la Fiscal General- para continuar la investigación; o incluso si no se escucha al Fiscal al que se le quita el asunto?.   De hecho, lo que se discute en el Consejo Fiscal es secreto, luego diríase que participar del contenido de las Diligencias de la Fiscalía a los vocales para  debatir en secreto sobre un tema básico de garantías profesionales, parece que no quebranta ningún derecho de nadie.   Y en todo caso, aquí podría haberse preguntado al investigado, que resultaba ser un Fiscal, por si estuviera de acuerdo en que dicha información se suministrara al Consejo.   Pero el Consejo, acepta lo que le dan en silencio.  Y lo hace porque este órgano desde hace ya mucho tiempo está inserto en la jerarquía de la Fiscalía, participando de sus vicios, abusos y faltas de respeto a los fiscales.  Lo hace porque de la jerarquía dependen los nombramientos, esos que en el Consejo Fiscal se votan pero que dependen al fin de no contrariar en demasía a quien manda.   

La otra avocación procede de Las Palmas en un caso de la máxima importancia.   Como está en tramitación, de momento me callo lo que hay.

A mí me parece que, o se dota de garantías a los fiscales en el ejercicio de sus funciones, garantizando la imposibilidad de que se produzcan avocaciones sin controles, y además se regula el sistema de nombramientos objetivando los méritos (en el asunto de Madrid, el Fiscal Jefe que avoca está con mandato ya vencido), o esto de cambiar el proceso penal para atribuir la investigación al Ministerio Fiscal va a ser una tomadura de pelo política, al servicio de los políticos, construida sobre bases técnicas inobjetables.

Y los fiscales, entre tanto secreto (es escandalosa la información que se suministra a la Carrera sobre los discutido en el Consejo Fiscal), sin percibir el aroma inconfundible que desprende todo esto.