REUNIÓN EN EL MINISTERIO

Nueva reunión en el Ministerio de Justicia con las asociaciones de fiscales.   Se agradece el estilo de los representantes del Ministerio, que en modo alguno es abrupto o soberbio, como he visto en otros equipos sino amable y cordial.   Los contenidos, sin embargo, son pobres.   Ciertamente la crisis no permite alegrías, pero la paralización de la reforma procesal -por más que se insista que sigue siendo una prioridad del Ministro- no tiene razón de ser.   Se afirma que se avanza en la implantación de nuevas tecnologías, que esas cuestiones ya están "calendarizadas" (sic), y que a pesar de que los resultados no acabo de verlos, dicen que están ahí.  Bueno.   Lo que yo destaco: el Ministerio dice ahora que "jamás" ha manejado la hipótesis de separar a los fiscales en temas retributivos.   Hace unos meses parecía lo contrario, pero dado que no hay posibilidad de cambiar las retribuciones por la crisis parece un cambio lógico.  Menos mal.

Y además, constato que si de nuestros compañeros de las asociaciones vencedoras en las últimas elecciones al Consejo ha de venir algún cambio sustancial en la Justicia española, podemos esperar sentados.  Mi propuesta de lanzar un Manifiesto conjunto a la carrera para su firma por los fiscales ha generado entre ellos una reacción muy adversa.   En fin, acepto que sacar cien firmas entre los fiscales por la independencia de la Justicia es -hoy por hoy- una tarea imposible.

ORLANDO ZAPATA

Reconozco que estoy indignado.   Apenas puedo creerme que esto esté ocurriendo en nuestro tiempo, en un país como Cuba que ha formado parte de nuestra historia hasta finales del siglo XIX.   Ese pobre hombre, un obrero albañil, se ha dejado morir de hambre tras una condena de 29 años de cárcel por conseguir una televisión y una estufa en su celda.   ¿Mató a alguien para merecer esa condena?  ¿Se trata de un peligroso terrorista?  No.  Es un disidente político; alguien que solo quería libertad para su país; alguien condenado por desacato y resistencia; alguien que el Gobierno cubano considera un "mercenario" de los americanos.    ¡Un mercenario! Cualquier hombre libre hubiera desacatado a ese régimen y le hubiera hecho resistencia. No hay ningún silencio inocente ante ese crimen ni ante esa hipocresía.   Va llegando la hora de que ciertas tiranías vayan dejando de serlo, y de que ciertos silencios empiecen a convertirse en gritos por la libertad.  Lo siento de corazón por ese hombre (cuya suerte podría estar corriendo yo mismo si hubiera nacido en Cuba), por su familia, que clama justicia con toda razón y por los cubanos demócratas, muchos de los cuales hoy estarán llorando de rabia.

UNO QUE NO SE TRAGA EL SAPO

Hace ya mucho tiempo que me estaba yo preguntando qué tendría que ocurrir en el CGPJ para que un vocal dijera que por ahí no pasaba.  Hasta ahora lo han aceptado todo, pero hoy me desayuno con una noticia insólita: un vocal ha dicho que hasta aquí.   Ha sido Gómez Benitez, catedrático de derecho penal de la Complutense, que ha dicho en voz alta lo que todo el mundo ya sabe.  En su línea, mil jueces han pedido que las cosas cambien de una vez en el Consejo (no me explico, francamente, en qué piensan los 3500 jueces restantes).   Desde fuera, creo que Gómez Benítez ha prestado hoy al Consejo el mejor servicio que se le podía realizar, denunciando una práctica lamentable.   Por otro lado, me llama mucho la atención que quien denuncia eso no sea juez, sino catedrático.   Es decir, que los jueces que en el Consejo realizan las prácticas que denuncia Gómez Benítez y que apoyan 1000 compañeros jueces, todavía no se sienten aludidos.   Me pregunto cuanto más tardarán en liberarse.

EL MANIFIESTO

Leo con satisfacción que algo se está moviendo en la buena dirección.  Más de mil firmas de jueces se han recogido ya en contra de la politización del CGPJ y sus efectos nocivos.  De entre ellas, ochenta en Valencia, donde esos efectos se han mostrado en el pasado reciente con toda su crudeza.   Empiezan a ser cifras como para que los vocales del Consejo empiecen a reflexionar un poquito.   Utilizan los jueces para sus adhesiones el correo electrónico corporativo que les permitió coordinarse para la huelga de hace un año.   Ese correo que a los fiscales se nos niega por el Ministerio (no deberían tener ningún temor, vista la beligerancia que ha mostrado el Consejo Fiscal electo por hacer transparentes sus decisiones y acuerdos: por cierto ¿sabremos algún día porqué a algunos se les apoya en el Consejo para la Raimunda y a otros no?). 

Los Jueces, pues, se muestran contrarios a muchas cosas.  ¿Cuantos fiscales suscribirían un manifiesto por la despolitización de la Justicia? Podemos intentar saberlo: he hecho un blog con un borrador de manifiesto.  Se admiten sugerencias para perfilar el contenido del mismo.   Podemos mandarlo al Consejo Fiscal para su votación, y luego mandarlo a toda la carrera.  

JULIAN CAMARILLO

Seguramente esto no le importa a nadie, salvo a quien lo sufre.  Pero ayer fuí a los Juzgados de lo Penal de Madrid, en la calle Julián Camarillo.   No había ido antes, y sólo había escuchado las quejas de los fiscales y algún Juez que me decían que estaba lejos, que era una instalación inadecuada y en fin, lo de casi siempre.  Pero ayer lo vi.   Hombre, no es lo de Alcalá de Henares (me pregunto si seguirán igual que en noviembre), pero honestamente creo que se trata de una instalación indigna para ser la referencia de la Justicia en delitos menos graves en la capital de España.   Al llegar a cualquiera de las plantas, lo primero que ves es una muchedumbre, en espera de que comience cualquiera de los juicios que se celebran en las diferentes salas.  No hay asientos, ni de lejos, para todos, de manera que las esperas de pie son largas.  Las salas de vistas parecen -no me paso ni un pelo- sótanos.  Cerradas, sin ventanas, pequeñas y recubiertas de madera.   En las mismas Salas, muy apretadito todo, una fotocopiadora, una televisión vieja y varias cajas que dificultan los movimientos.   Montones de juicios, montones de papeles sobre la mesa del juez y del fiscal.... Lo único destacable eran los servicios, que estaban tan escondidos que estaban limpísimos.  Algo es algo.

Me duele, de verdad, tanto el estado lamentable de nuestra Justicia como la indiferencia general ante la situación.

UN APOYO

Araceli Manjón es una profesora de derecho penal de la Complutense.  Es también una magnífica penalista que tiene una larga experiencia en la práctica del derecho y no solo en la enseñanza.   Acaba de publicarse por Tirant Lo Blanc un manual extraordinario de derecho penal, parte especial, dirigido por Javier Álvarez, y coordinado por ella, que es uno de los dos o tres  mejores con los que yo he trabajado en estos años.   Araceli publica hoy en El País un artículo vibrante sobre su punto de vista respecto de lo que está ocurriendo con el Juez Garzón.    Debo apuntalar algo, desde la modestia de mi posición.   He hablado largamente con el Fiscal encargado del asunto del curso en Nueva York, siendo como sabemos que la posición del Fiscal del Tribunal Supremo es la de que no hay delito -por lo que hasta ahora se conoce- en la conducta del juez.   Puedo decir que estoy, sin reserva ni matiz alguno, completamente de acuerdo con él, del que debo señalar además que es uno de los más grandes (no solo físicamente) fiscales del Tribunal Supremo.   Su interpretación del artículo 426, que es la clave de este caso, es intachable.   No creo mucho en teorías conspirativas, pero no hay duda de que el artículo de Araceli hay que leerlo con calma.

BATALLA PERDIDA

He recibido hoy de la AF una comunicación con el orden del día del Consejo Fiscal de mañana (yo no sabía que hubiera mañana Consejo).  Comparado con lo que hacían hasta ahora, no hay duda de que están haciendo un esfuerzo por informar algo, lo que hay que agradecer.   Para mi, sin embargo, esto es tan insuficiente que me resigno no hablar más de la cuestión.  Batalla perdida.   La carrera fiscal ha elegido por mayoría abrumadora la opción de la transparencia moderada que ahora nos ofrecen (insisto, multiplicando lo que hacían hasta ahora, y a años luz de lo que sigue haciendo la UPF) y yo no tengo nada más que decir.      Tampoco es esto para mi -obviamente- una cuestión personal, ni quiero estar perdiendo el tiempo pensando en las cosas que hacen o no hacen en el Consejo Fiscal.   Yo tenía respecto del orden del día alguna sugerencia que hacer, pero claro, en unas horas no me da tiempo a escribirla ni a desarrollarla, ni tampoco se lo que les contará ahi Jose Luís Bueren.  Así que mejor me guardo mis ideas y sigo a lo mio.

Orden del día:

Único.- Información al Consejo Fiscal por el Fiscal de Sala Jefe de la Unidad de Apoyo sobre el estado de los trabajos que se vienen realizado en relación con los siguientes aspectos:

Pruebas de acceso a la Carrera Fiscal

Estado de la implantación de los sistemas informáticos al servicio del Ministerio Fiscal.

Desarrollo del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal tras la modificación del mismo operada por Ley 24/2007, de 9 de octubre.

JUECES PARA LA DEMOCRACIA TAMBIÉN PIDE TRANSPARENCIA

Publicaba ayer el País una notica que llamaba la atención -y que se destacó aquí por un blogero siempre vigilante-.  JD denunciaba el abandono de los principios de "pluralidad, igualdad, mérito y capacidad" y la falta de transparencia y motivación en los procesos de selección, lo que se traducía "en un elemento de descrédito de la institución".  La noticia señalaba que una vocal, Margarita Robles (fuimos compañeros de facultad en Barcelona, aunque ella era mucho mejor estudiante que yo en aquellos días), había contestado remitiendo el listado de nombramientos recaídos en jueces de esa asociación.   Lo mejor -en mi opinión- es que esa respuesta no ha gustado nada en JD.  Y creo que eso es ejemplar.   Si JD hubiera aceptado "esas explicaciones" se hubiera rebajado al nivel de los vocales.  Se aspira, según parece, al nombramiento de los propios, siempre que este se realice con transparencia y conforme a los principios de "pluralidad, igualdad, mérito y capacidad".     Me gusta la posición de los jueces de JD que se indignan ante las cifras exhibidas por la vocal; y me encantaría que esos ejemplos cundieran en la Fiscalía también.

PROPUESTA DE LA AF SOBRE TRANSPARENCIA EN EL CONSEJO FISCAL

Nos han circulado a los Fiscales un correo electrónico con la propuesta (un documento de trabajo) que la AF hace para incrementar la transparencia en el funcionamiento del Consejo Fiscal.  En el mismo email, se nos remite información sobre el sentido del voto de la AF a diferentes aspirantes a determinados puestos.  Sobre esta materia (la información enviada no tiene nada de transparente) me referiré en otra entrada.  Sobre el documento de trabajo, cuyas conclusiones reproduzco a continuación, he de decir dos cosas.  La primera y principal es que agradezco el esfuerzo de la asociación mayoritaria en transmitir  un poco más de información de la que tradicionalmente han decidido suministrar a la Carrera Fiscal sobre este tema, constatando que la UPF no parece estar muy preocupada por esto; Pero me llama la atención que tan solo un mes despues de las elecciones, lo de la página web prometida se haya mutado en la intención de que sea la página de la FGE la que recoja un extracto de las actas depurando todo lo que haya sido considerado reservado.   Es decir, la obligación de informar pasa de la AF (como prometió) a la FGE.

Por otra parte debo señalar que los representantes del Consejo responden, como dice el documento remitido, ante la carrera por sus actuaciones.   Por eso no entiendo que se niegue información como la lista de candidatos a cada puesto o las razones sucintas para votar a unos u otros.   Eso es transparencia.    ¿Como vamos a saber si está bien votar a unos u otros, si no sabemos contra quienes concursan por ciertos puestos?    Las listas de candidatos han de ser públicas.   Otro ejemplo: en el último Consejo Fiscal se ha orillado varias veces la antiguedad de diversos peticionarios (en algún caso se ha votado y nombrado al más moderno entre seis peticionarios, y con una diferencia de 700 números en el escalafón; en otros se, además, que se ha orillado a fiscales muy antiguos y muy compententes, sin tacha profesional alguna).  ¿Porqué se hace esto?   ¿Por razones de afinidad asociativa?   Si no se explica, deberemos deducir que algo de eso puede haber.  Y esto es solo el principio.   Les pido a los vocales del Consejo, desde aquí, que piensen si eso es la transparencia que prometieron.   Respeto su dedicación, valoro el apoyo que han recibido de los compañeros, y cuentan con mi colaboración constructiva.  Pero creo que hay que exigir -en unos tiempos en los que la Justicia y la Fiscalía tienen mucho que mejorar- un poco de claridad en la gestión de nuestros asuntos y nuestras carreras profesionales.  

PROPUESTAS DE LA ASOCIACIÓN DE FISCALES PARA UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO FISCAL (El documento completo se publica en www.consejofiscal.com)

PRIMERO.- Las valoraciones de los Consejeros acerca de los candidatos a ocupar cargos discrecionales, así como la motivación de su voto, son materia reservada y ‑aunque han de constar en el Acta‑ no deben publicitarse.

                                        

SEGUNDO.- El sentido del voto de cada Consejero Fiscal ha de constar en el Acta y forma parte del informe del Consejo, por lo que puede y debe ser conocido por los miembros de la Carrera.

TERCERO.- Para facilitar tal distinción, también a efectos de publicidad, en el Acta se hará constar en primer término la motivación y después y separadamente el sentido del voto. Sólo a este segundo extremo se dará publicidad.

CUARTO.- La propuesta del Fiscal General del Estado al Gobierno, así como su motivación, deben ser conocidas con claridad.

QUINTO.- El criterio para declarar excepcionalmente otras materias reservadas por el Fiscal General del Estado de acuerdo con el Pleno debe ser restrictivo.

SEXTO.- El resto de los debates del Consejo serán secretos sólo cuando lo disponga el Fiscal General del Estado, de acuerdo con el Pleno.

SEPTIMO.- El Secretario del Pleno redactará un Acta completa, para conocimiento exclusivo del Consejo y de los afectados que soliciten copia de cuanto les afecte, y otra reducida ‑eliminando las materias reservadas‑ que se deberá publicar (una vez aprobada) en la página web www.fiscal.es junto a los acuerdos y los informes que actualmente constan.

OCTAVO.- El Consejo Fiscal, como órgano con entidad propia del Ministerio Fiscal, emitirá la información relativa a sus debates, acuerdos e informes de manera diferenciada a la facilitada por la Fiscalía General del Estado.

Para ello se propone la creación de la figura del Portavoz del Consejo Fiscal, que será designado de entre los miembros electivos del Consejo Fiscal, por acuerdo del Pleno, y que estará encargado de facilitar la información objetiva que se entendiera procedente tras la celebración de cada Pleno, con respeto al deber de reserva ya señalado.

En todo caso, y en defecto de lo anterior, la información relativa al Consejo Fiscal emanada de la oficina de prensa del Fiscal General del Estado ha de contar con la aprobación de una comisión de Vocales del Consejo formada por dos Vocales electivos y un Vocal nato.

En la página web www.fiscal.es, o en su defecto, en la intranet del Ministerio Fiscal, se deberá facilitar una comunicación interactiva entre los Vocales del Consejo Fiscal y los miembros de la carrera fiscal.

Los criterios que acaban de exponerse pueden aplicarse desde este mismo momento, puesto que se derivan de lo dispuesto en el RRI vigente, sin perjuicio de su posible (y deseable) modificación futura.

SUSPENSIÓN

Creo que el periódico se debe equivocar. Pero la noticia de ayer de El País sobre el trámite para suspender a Garzón, me deja preocupado.  ¿Que es eso de que Margarita Robles, vocal que insta la suspensión del afectado, es "enemiga furibunda de Garzón desde sus tiempos de secretaria de Estado de Interior con el ministro socialista Juan Alberto Belloch"?.    Supongo que es una afirmación periodística que se hace con ligereza, pero creo que alguien desde el Consejo debería aclarar un poco esto, ya que se da una impresión penosa del funcionamiento de dicho órgano.

PUES SI NO LLEGA A HABER TRANSPARENCIA...

Mi asociación se queja, y yo también me quejo, de que el Consejo Fiscal ha sido secuestrado desde hace años por las dos asociaciones mayoritarias.  Con orgullo pueden decir, como en la canción infantil, "bueno, ¿y qué?", dados los resultados de las últimas elecciones.  Pero es que toda la campaña electoral se han hartado de repetir que impulsarían la transparencia, que el Consejo es de todos y mil cosas más.  Ayer se reunió el Consejo, y como siempre, nos hemos enterado por los periódicos de lo que han tenido a bien filtrar a la prensa.   ¿Alguien ha dicho algo de la página web prometida?  ¿Sabéis el tiempo que cuesta hacer un blog para informar? Cinco minutos.  No es más difícil que eso.   ¿Sabremos quien votó a quien y porqué?  Sabremos las razones de la postergación de los más antiguos?  A mi todo esto me recuerda mucho a las explicaciones que Pepe Isbert les daba desde el balcón del Ayuntamiento de Villar del Rio a sus ciudadanos: "Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación; y os la voy a pagar...". Pero no la daba.  Bueno, pues nos deben una explicación y seguro que nos la van a dar. Seguiremos esperando.

UN ARTÍCULO INTERESANTE

Los jueces Ramón Sáez y Santiago Torres acaban de publicar un artículo en El País con el que no puedo estár más de acuerdo en el que combaten la línea de endurecimiento del Código Penal que venimos experimentando desde 2003.    Ambos jueces firman como miembros de la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible,  A mi me parece que ya vamos sobrepasando muchos límites.  Nuestro Código penal se ha convertido en un instrumento de castigo tremendo, que solo aparece compensado por la falta de eficacia procesal.   Encontramos por doquier concursos de leyes, es decir supuestos en los que una misma conducta es castigada con arreglo a dos o más preceptos penales.   No es difícil encontrar tipos penales en los que el bien jurídico protegido no se encuentra por ninguna parte.  Y la lectura del art. 76 del Código es suficiente para convencer a cualquiera de que la cadena perpetua de la que ahora se hace bandera ya está en vigor desde hace unos años en España.   De todas maneras, me temo que esta ola de dureza penal no la va a parar el sentido común.

¡MAS MADERA!

Vivimos una crisis sin precedentes, de resultas de la cual más de cuatro millones de españoles (y creciendo) están sin trabajo.   Y en estas, los secretarios judiciales dicen lo que ellos quieren es cobrar lo mismo que jueces y fiscales.  Aquí cada uno tiene su punto de vista: los jueces quieren más que los fiscales; los fiscales, quedarse con los jueces; y los secretarios judiciales llegar hasta donde lleguen los otros dos.  No deja de parecerme curioso este tipo de reclamación retributiva por comparación.  Yo, francamente, más que retribuciones en un momento crítico para la economía y el prestigio de nuestro país, preferiría que el Ministerio aplicara todos sus recursos y energías a modernizar de una vez este tinglado, a enmendar los procedimientos y a hacer que cada actor desempeñara su papel en la Justicia conforme a su naturaleza.   Porque llevan mucho, mucho retraso en eso.

Por cierto, hoy ha habido Consejo Fiscal.  No he conseguido saber qué es lo que ha pasado ahí.  Habrá que esperar un poco a que nos digan.

EL OTRO LADO

Siento de verdad lo que está ocurriendo con Baltarsar.   Ciertamente, no quiero opinar sobre los asuntos que contra él se están ahora ventilando casi a diario en el Tribunal Supremo y en los medios de comunicación.  Pero si quiero ahora acordarme de otros asuntos.  Como por ejemplo, las primeras operaciones antidroga en España, que instruyó él creando un estilo de trabajo para luchar contra esa delincuencia que luego se hizo general; o la lucha contra el crimen de estado de los 80 en la lucha antiterrorista, que le convirtió en un referente internacional; o también de la extraordinaria instrucción contra las finanzas del terrorismo etarra, que asestó un golpe tremendo contra la banda de la cual todavía no se ha recuperado; o la instrucción del caso Pinochet, que al margen de sus derivas procesales constituyó el impulso definitivo para la puesta en marcha del Tribunal Penal Internacional.    Yo he sido testigo de que Baltasar es una persona muy respetada en el ámbito de la Justicia internacional, y de que es un referente de la Justicia -con mayúsculas- en muchas partes del mundo.   Estamos ante una figura muy controvertida, muy difícil de tratar con simpleza.   Hoy se debaten sus oscuros; pero a mi me parece de justicia recordar aquí sus claros, sus actuaciones que en otro tiempo hicieron a muchos confiar en la Justicia en España. 

CASI UN AÑO

Ese es el tiempo que lleva el Ministro de Justicia en el cargo, periodo al que hay que sumar casi otro tanto desde el comienzo de la legislatura.   Leo ahora que el  Ministro se reúne ahora con los portavoces parlamentarios para buscar acuerdos sobre el endurecimiento de las penas y la tipificación de nuevos delitos.   ¿La reforma procesal penal?  Esa se aparca para hacer "reformas parciales".  Con ello se pone de manfiesto que el Gobierno está atravesando también en Justicia por una situación de debilidad extrema, incapaz de llevar adelante su programa electoral; se pone de manifiesto también que los jueces ganan también en este aspecto (desde la huelga de hace un año estoy agotado de hacerles "el pasillo" de vencedores); y que seguiremos varios años más con la Justicia anclada en una estructura decimonónica.   Lo único que va a poder pactar el Ministro es algo sobre lo cual la oposición ya está de acuerdo, de manera que el acuerdo se presenta sencillo y nuestro Código Penal seguirá en cabeza entre los más duros de la Unión Europea.   Parece como si la ineficacia procesal se compensara con la dureza penal.   

Y mientras, ¿que hay de la revolución tecnológica que se prometió?  Donde yo miro, todavía no ha llegado y tampoco oigo que se la espere.

OBSERVATORIO DE LA JUSTICIA

Ha caído en mis manos el informe del Observatorio de la Actividad de la Justicia del año 2009, un estudio mediante la elaboración de encuesats que trata de ser un reflejo de la situación de la Justicia en España.  Se dice que solo un 25 por ciento de la población ha tenido contacto con la Justicia, y la mayoría como testigos o víctimas de pequeños delitos.  Por tanto el conocimiento que señalan las encuestas es en buena medida indirecto.  Los ciudadanos consideran el gasto en administración de Justicia tras la Sanidad, Enseñanza, Pensiones, Desempleo, Seguridad, Cultura, Ciencia y Tecnología y Protección del Medio Ambiente.  Solo delante de Obras Públicas, Transportes y Defensa.  La mayoría (un 71%) considera que la mejor manera de mejorar la Justicia es mejorar los medios que se tienen, más que crear más Juzgados.  Entre rapidez o rigor, el 62% elige rigor.  Se considera por la mayoría a los jueces responsables de la gestión y funcionamiento de la Administración de Justicia (65%).  Se considera de manera muy favorable el establecimiento de vias de solución de conflicto alternativas a la judicial.   La función de la pena más apoyada es la del castigo. El 82 por ciento apoyan la cadena perpetua (sin revisión y con revisión). Se consideran insuficientes las penas por delitos de estafa, agresión sexual, terrorismo y asesinato, y excesiva la del cohecho.  Son más los que abogan por limitar la publicidad de los juicios para evitar juicios paralelos.  Solo el 9% sabe el nombre del Ministro de Justicia.  Y la mayoría de la población (76%) tiene la impresión de que algunos jueces son parciales en casos que afectan a partidos políticos.  

Todo me parece muy interesante, pero también me gustaría saber cuanto ha costado el estudio.