martes, 27 de abril de 2021

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA LA INSPECCIÓN FISCAL

Reproduzco a continuación el programa de actuación que aplicaré en el caso de ser elegido Fiscal Jefe de la Inspección, plaza convocada por ORDEN JUS/334/2021, en los mismos  términos que he adjuntado a mi instancia.


"Desde la Jefatura de la Inspección voy a afrontar los problemas fundamentales que tiene la Fiscalía –y que conozco bien- desde la independencia personal que he demostrado desde mis comienzos como fiscal, y desde el convencimiento de que la Inspección funciona actualmente muy deficientemente si lo que se busca es la mejora de las prestaciones de la Fiscalía.  

1. Estoy convencido de que la Fiscalía puede ser mucho mejor de lo que ahora es, y ha venido siendo en las últimas décadas, y que ello tiene que ver (no solo, pero también) con el funcionamiento de la Inspección Fiscal.  Por tanto estoy determinado a cambiar las cosas para que la Inspección funcione mucho mejor de lo que lo hace ahora, y sobre todo que lo haga en beneficio de los fiscales, de todos los fiscales y de la función fiscal.

2. Voy a luchar contra la discrecionalidad (o arbitrariedad) en los nombramientos, impulsando desde la Inspección reglas de valoración que aumenten las posibilidades de promoción de los fiscales no comprometidos con ninguna asociación ni con ningún partido político.  

3. Voy a dotar de la máxima transparencia al funcionamiento de la Fiscalía, como medio para luchar contra la arbitrariedad, la oscuridad, el miedo y -tal vez- la corrupción.   

4. Voy a luchar porque la movilidad en la Carrera sea posible, luchando para que los fiscales sustitutos solo ocupen las plazas que no quieran los titulares (en Madrid, por ejemplo, hay actualmente varias docenas de fiscales sustitutos de muchos años de duración, mientras los titulares no pueden acceder a ninguna de esas plazas), y por que las plantillas respondan realmente a las necesidades existentes de fiscales titulares.  

5. Voy a luchar por la implementación de un plan de riesgos laborales para la Fiscalía, algo de lo que la Inspección (y la Fiscalía General) se ha olvidado hasta ahora, impulsando criterios mínimos y máximos de distribución del trabajo para los fiscales, dado que la sobrecarga y el estrés son los principales riesgos laborales que afrontan los fiscales.  

6. Voy a dar amparo, como una prioridad, investigando hasta las últimas consecuencias, a las denuncias por acoso laboral o sexual que pudieran hacerse llegar por los fiscales a la Inspección en los casos en que fracase el Protocolo establecido por la FGE, sea quien sea el denunciante y sea quien sea el denunciado.

7. Voy a intentar que los expedientes disciplinarios obedezcan exclusivamente a razones fundadas, acreditadas, en las que el principio de taxatividad se aplique con rigor, y trataré de evitar que se produzcan sanciones que luego puedan ser revocadas en los Tribunales.   Los expedientes disciplinarios no pueden tener la pobre calidad, en perjuicio de los fiscales, que se observa actualmente.  Para ello hay que construir un sistema disciplinario semejante en garantías al que tienen nuestros compañeros de la Carrera Judicial, algo a lo que tampoco se ha prestado atención alguna desde la Fiscalía General y hay que trabajar desde ahora mismo.

8. Voy a luchar contra el miedo de los fiscales al poder de la jerarquía, miedo causado por acciones de la misma (a veces, acciones disciplinarias de la máxima gravedad; en alguna ocasión, pero gravísima, Diligencias de investigación penal); por la ausencia de consecuencias para los responsables cuando ello se produce; y también por el oscurantismo u opacidad del funcionamiento de la institución. Para reestablecer la confianza con los compañeros, voy a intentar la instauración de una normativa clara sobre las reglas de funcionamiento internas de la Fiscalía con la finalidad de evitar el desorden administrativo que actualmente subsiste en la Fiscalía y a abrir un canal directo de comunicación de los fiscales con el Fiscal Jefe Inspector.  Al margen de las tareas de Inspección, viajaré a todas las Fiscalías de España, para ver por mí mismo sus necesidades y hablar con los fiscales en sus propias sedes. Y lucharé, desde ese conocimiento inmediato de necesidades profesionales, para la satisfacción de las mismas, en tanto las aprecie necesarias y justificadas.   

9. Voy a exigir el deber de abstención de los fiscales, cuando proceda y cualquiera que sea su posición, con toda la fuerza que tiene el Fiscal Jefe Inspector.

10. Quiero ser, en suma, un Fiscal Inspector garantista en quien los fiscales puedan confiar si la jerarquía de la institución (en cualquier nivel de la misma) se plantea excederse en cualquier forma con los mismos.


Concibo así la Inspección como un órgano de apoyo para la ejemplaridad de la Institución (no solo, ni siquiera principalmente, del Fiscal General del Estado), combatiendo cualquier práctica ilícita o contraria a la ética que debe ostentar cualquier fiscal, y como un órgano privilegiado para hacer que la Fiscalía funcione con la máxima eficacia."


domingo, 28 de marzo de 2021

RESPETO A CARLOS RUÍZ DE ALEGRÍA

Éste penoso asunto del maltrato al fiscal Ignacio Stampa tiene, sin embargo, una luz; alguien que actuó con integridad en el cumplimiento de sus funciones a la vista de la carta que el compañero Stampa remitió a la AF, su antigua asociación, explicándoles lo que le había pasado y que yo tomo como referencia para este comentario.  Me refiero a Carlos Ruiz de Alegría, veterano fiscal curtido en mil batallas,  teniente fiscal del TSJ de Madrid, buena persona, campeón de ajedrez, inteligente y discreto, como el afectado, que no ha dicho ni pío durante todo el padecimiento que le han hecho pasar.  

El 8 de julio del año pasado le asignan a Ruiz de Alegría una denuncia de Vox por revelación de secretos remitida a la Secretaría Técnica, que se interpone contra Ignacio Stampa (y contra otras personas), en la causa conocida como Tandem -equiparable, en mi opinión, por su gravedad en la corrupción a las chapuzas de Strauss y Perlovitz, que terminaron derribando el Gobierno de Lerroux en la Segunda República-.    Ruíz de Alegría se pone a investigar, de manera diligente, y ordena recibir declaración a diversas personas, incluidas las mencionadas en los medios de comunicación como contrapartes de los fiscales en el partido Podemos -José Manuel Calvente entre ellos, aunque no pudo declarar por la epidemia- y reclama diversa documentación disponible en el Juzgado sobre los famosos chats del equipo jurídico de Podemos.   El día 5 de octubre acuerda, tras la investigación, en un fundadísimo escrito archivar las actuaciones; el Fiscal Jefe del TSJ asume ese criterio y lo remite como propuesta de archivo a la Secretaría Técnica, cumpliendo con lo señalado en el art. 25 del EOMF.  Lo hace "para su conocimiento y aprobación", lo que va más allá de la letra del art. 25.  ¿Porqué a la Secretaría Técnica?  El art. 25 apartado segundo del EOMF dice que los fiscales "pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer", luego esa comunicación a la Secretaría Técnica, es en realidad a la Fiscal GeneralY las respuestas de la Secretaría Técnica son, en realidad, de la Fiscal General porque ninguna jerarquía existe entre la Secretaría Técnica y cualquier Fiscalía territorial.  

El borrador de archivo se contesta por la Secretaría Técnica, "sugiriendo"-tal cual-, nuevas diligencias, entre ellas, que declare José Manuel Calvente, que no lo había hecho, y tambien el compañero de Stampa en Tandem, como testigo.  Ruiz de Alegría acepta la "sugerencia" (que viene -como digo- de la autoridad de la Fiscal General, por vía de su segundo).  Así que practica las nuevas diligencias "sugeridas".   Tras la práctica de las diligencias "sugeridas", nuevo archivo de Ruiz de Alegría (23 de octubre), y nueva remisión del borrador del archivo aceptado por el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid a la Secretaría Técnica.  

Antes de esa fecha, el día 16 de octubre, el Teniente Fiscal del TS, Luís Navajas, había mandado una carta a Stampa y se había disculpado en público por haber hecho unas declaraciones contra él, basándose en informaciones falsas que no comprobó en su día.   Todo el mundo, y tambien, lógicamente el Instructor y la Secretaría Técnica, conocían el contenido de esa insólita disculpa.   Además, hay un hecho relevante: el día 27 de octubre se celebraba el Consejo Fiscal donde Stampa no es confirmado como fiscal anticorrupción y por tanto, es apartado por la FGE de la causa Tandem, sin ningún apoyo en el CF, ni siquiera de su asociación.  Es decir, el Instructor, Ruíz de Alegría, concluyó su investigación antes de dicho CF, perjudicando lo mínimo posible al compañero, pero la Secretaría Técnica, no.

Más de un mes después de tener el borrador del archivo (día 2 de diciembre, las fechas cuentan porque hay un fiscal sometido a unas diligencias de investigación penales que se mantienen vivas únicamente a instancia de la jerarquía), nuevas "sugerencias" de la Secretaría Técnica.  Ruíz de Alegría, se niega a practicarlas.  Dice, en una resolución, que son "estériles e inútiles para el esclarecimiento de unos hechos que entiendo meridianamente esclarecidos".  El día 15 de diciembre, el Fiscal Jefe del TSJ, avoca la investigación, y, en contra de su anterior criterio sobre el archivo de las actuaciones, acepta practicar las nuevas "sugerencias", que como decía Ruíz de Alegría resultaron estériles e inútiles, y finalmente, acuerda archivar las diligencias el mes de febrero (cuatro meses más tarde de lo que quería el instructor).   De esa avocación se dio cuenta, como es preceptivo, al Consejo Fiscal, pero no se trasladó al mismo la información relevante de las Diligencias que explicaban la avocación, como había pedido Stampa y le denegó el Fiscal Inspector.  

Unicamente con el Decreto de avocación, es decir, de asunción del asunto por el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid, al CF le bastó para dar su aprobación.   Una aprobación -a posteriori- que había supuesto la continuación de la investigación penal a un fiscal por hechos que el Instructor (y su Jefe, aunque esto no lo sabía el CF), en dos ocasiones, habían querido archivar porque no había elementos de prueba para seguir con la causa, tras practicar incluso las diligencias que le "sugerían" desde la Fiscalía General.   Si la intervención del CF se ha de limitar a ver el Decreto que redacta el que avoca, creo que sobra el trámite.  

Pero ahora la AF tiene toda la información: ojalá actúen los vocales en el CF y exijan las responsabilidades a que haya lugar, algo que yo, como fiscal, agradeceré sinceramente.   

Es evidente que hace falta una regulación mucho más potente de los derechos de los fiscales, una exigencia mucho mayor en el Consejo Fiscal, y una conciencia mucho mayor entre los fiscales de que nuestros derechos profesionales son la garantía de una Justicia mejor y de la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos: ayer fue Frago; hoy, Stampa y podía haber sido también su compañero, que se libró de la ignominia por esos azares de la vida, siendo tan inocente como lo era Stampa; pero mañana, cualquiera de nosotros o cualquier otro ciudadano si a la jerarquía de la Fiscalía se le mete eso entre ceja y ceja.  

Y además, ante la reforma procesal que propone el Ministerio, me parece claro que con estos mimbres no es posible que la Fiscalía asuma la investigación criminal, porque los ciudadanos perderían ciertas garantías que hoy tienen con los jueces de instrucción.  Las avocaciones, tal como están hoy, con las garantías que hay hoy; las "sugerencias" de la FGE, y no órdenes, que es lo que debe dar si considera que hay que hacer algo concreto, asumiendo entonces su responsabilidad; la falta de requisitos en los nombramientos, con poder absoluto del Fiscal General, que hace que todo el mundo sepa que lo mismo te pueden nombrar que te pueden cesar, lo que obliga en ocasiones a comportamientos extraños incluso ante meras "sugerencias" por parte de quienes quieren mejorar profesionalmente en la Carrera; todo ello resulta al final un desastre carente de garantías, no para los fiscales solo, sino para los ciudadanos.  Podemos hacernos idea si imaginamos a una Audiencia Provincial revocando un auto de archivo de un Juez "sugiriéndole" la práctica de diligencias, y además, pudiendo echarle o promocionarle en su puesto cada cuatro años.   Ridículo, ¿no?  Pues esto es lo que ocurre aquí.  Y es una lástima, porque la investigación por el Fiscal es, en el terreno de los principios, mucho más garantista que la Judicial.  Pero con este Ministerio Fiscal hiper politizado y organizado sin ninguna garantía interna frente al poder de la jerarquía, ni de broma.

De todo esto, sin embargo, Ruíz de Alegría, con un valor -comparado con otros- como el de un espartano en las Termópilas, sale robustecido.   Porque está claro que la Institución funciona, en su  integridad, como un martillo pilón si se trata de imponer un criterio, incluso si es un criterio injusto o arbitrario.  Un martillo que solo puede encontrar como resistencia la actuación profesional de fiscales individuales que obren con el coraje y la integridad necesaria.  


lunes, 22 de marzo de 2021

ACOSOS LABORALES EN LA FISCALÍA

 ¿Podéis creer que me siguen escribiendo y llamando fiscales que afirman ser víctimas de conductas que son claramente acosos laborales?  Cuando recuerdo atropellos como los que sufrió aquel compañero y amigo, que fue expulsado de la Fiscalía, ni más ni menos, por el Fiscal General Eduardo Torres Dulce, con el apoyo de nuestros "compañeros" del CF, entre los cuales estaba la fiscal jefe responsable del atropello, sin que nadie se disculpara cuando los Tribunales calificaron la conducta de la FGE de ilegal; cuando recuerdo lo que sufrió nuestra llorada María Jesús Moya, sancionada a dos meses de suspensión por unos retrasos que luego la Justicia acreditó que no eran injustificados; cuando veo lo que ha ocurrido con Ignacio Stampa, maltratado de manera asombrosa por la Fiscalía General ante el silencio de la Carrera; cuando se lo que padeció aquella compañera que tuvo el coraje de enfrentarse con la jefa que le hacía la vida imposible y fue trasladada ella misma por "discrepancias graves" con la Jefatura, sin que la Inspección quisiera investigar lo ocurrido a pesar de fiscales testigos que explicaron lo que sufrieron con la misma persona; cuando todas esas cosas, y otras varias que podría ir desgranando, siguen sucediendo, y cuando el Protocolo antiacoso de la FGE suscita desconfianza porque los acosados no se fían de la institución, está claro que está llegando la hora de que los fiscales tengamos acceso a la Jurisdicción laboral, sobre la base del riesgo laboral agravado que supone no tener un sistema de riesgos laborales en la Fiscalía específico para nosotros.    El Consejo Fiscal, mientras, jugando a los carguitos para ti o para mi (¡que pena me da a mi que no le hayan dado nada a un pobre Fiscal de Sala que ascendió por la vía de la Jefatura de la Secretaría Técnica y sin votación en el CF!, mientras los atropellos al resto son constantes a diestra y siniestra).    Y algunos Fiscales siguen preguntando: en caso de acoso, ¿que debo hacer?   Y yo les digo: de momento, recoger evidencias, copiar las notas ofensivas, los visados vejatorios, apuntar fechas y testigos, perderle el miedo al sujeto que abusa de los demás, buscar ayuda..., y lo más importante, no dejar que llegue el abatimiento o la depresión.  Esa gente busca eso, y no lo debemos permitir.

martes, 16 de marzo de 2021

BUENOS TIEMPOS PARA LA UPF, MALOS PARA LA FISCALÍA

Vengo defendiendo que UPF y AF actúan exactamente igual cuando pueden, es decir, favoreciendo a sus asociados, como si las plazas en la Fiscalía fueran un botín o una fortaleza que hay que tomar ignorando a los demás compañeros que aspiran también a hacer carrera profesional.  Esa indiferencia por el mérito y capacidad de todos debería estar castigada en el Código Penal.  "Cuando pueden" depende del partido que gobierna.  Así, cuando gobierna el PP, las cosas son fáciles para la AF, les reconocen sus méritos, su capacidad, se les abren las puertas de las fortalezas, y la vida les sonríe.   Cuando gobierna el PSOE, como ahora, pues el CF y la Fiscal General son todo oídos para los méritos de los suyos, de manera auténticamente escandalosa.  Es cierto que a veces, en esa tónica de abusos, se pasan un poquito.  Por ejemplo, el PP-AF colocó como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional al más moderno de los peticionarios que era el portavoz de la AF, al tiempo que ascendía una vocal de la AF a la plaza más importante de Andalucía.   Fue el famoso CF de la jefatura Anticorrupción, que le vamos a hacer.    O ahora, en que desde enero todas las plazas de Fiscal de Sala menos dos (cinco de siete) han ido para la UPF.  Un record.   Me llega de la AF una información: En la Junta de Fiscales de Sala hay "13 o 14 fiscales de la UPF; 9 o 10 no asociados; y 7 de la AF, y eso a pesar de que en la AF duplicamos en asociados a la UPF".   Vaya, es un dato que hay que reconocer, si es verdad, especialmente el abuso de la UPF y el castigo a los no asociados o a la APIF.   Pero es que este auténtico fraude profesional que supone el vincular la promoción profesional a la militancia asociativa o política es un desastre para la credibilidad de la Fiscalía.   Se habla de imparcialidad, de neutralidad política, se acentúa el rigor las incompatibilidades sobre la base de "el valor de las apariencias" (dice Dolores Delgado), apariencias que no se guardan en otros y fundamentales aspectos de la Carrera profesional.   En materia de nombramientos, madre mía la situación en que estamos ahora.  Y la Carrera, callada.  

Por cierto, que he visto recientemente en un expediente de incompatibilidad, que los vocales informan por Whastapp y sin reunión del CF y sin debate, claro.  Y sin transparencia.    "Los cuatro estamos conformes con el borrador", dice el Whastapp.   Y el trámite de oír al CF -que debería reunirse, claro-, perpetrado. 

martes, 9 de marzo de 2021

EL ARTÍCULO 23 DEL EOMF: LA AVOCACIÓN DE LOS ASUNTOS POR LA SUPERIORIDAD

El art. 23 del EOMF dice lo siguiente:

Los miembros del Ministerio Fiscal son autoridad a todos los efectos y actuarán siempre en representación de la Institución. En cualquier momento de la actividad que un Fiscal esté realizando en cumplimiento de sus funciones o antes de iniciar la que le estuviese asignada en virtud del sistema de distribución de asuntos entre los miembros de la Fiscalía, podrá su superior jerárquico inmediato, mediante resolución motivada, avocar para sí el asunto o designar a otro Fiscal para que lo despacheSi existe discrepancia resolverá el superior jerárquico común a ambos. La sustitución será comunicada en todo caso al Consejo Fiscal, que podrá expresar su parecer.

 

Este artículo en mi opinión es un auténtico despropósito, ya que puede dar lugar a abusos sin reparación.   Recientemente he conocido en la Fiscalía dos avocaciones de esta naturaleza, una en Madrid y otra en Las Palmas.  La de Madrid consiste en que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior asume un asunto en el que un subordinado a cargo del mismo acuerda el archivo.  El asunto es complejo y tiene mucha miga.  El Fiscal jefe no está de acuerdo, y dicta un Decreto reclamando para sí el asunto para seguir investigando.  En lo que a nosotros afecta en este momento, como exige el Estatuto, se comunicó la avocación al Consejo Fiscal meses después de la misma, pero no se les facilitó a los vocales nada más que el Decreto de avocación.  Toda la documentación de las Diligencias que dieron lugar a la avocación, al menos aquella relevante para conocer las razones de la misma, le fue hurtada al Consejo Fiscal.  De hecho, el Fiscal Jefe Inspector motivó la denegación sobre la base de que era algo innecesario y que se trataba de diligencias secretas, en fecha 26 de enero, sin que hubiera un plante en el Consejo Fiscal por esa denegación.  Pues bien, el Consejo Fiscal, solo con el Decreto del Fiscal Jefe y sin más documentación, se muestra por una amplísima mayoría a favor de la avocación, con la sola abstención de un vocal.  Así se quita un asunto a un fiscal.  ¿Cómo puede el Consejo Fiscal expresar su parecer en un asunto importantísimo si no conoce el contenido del expediente (porque se dice ser secreto, aunque yo tengo muchas dudas), si no sabe si ha habido órdenes superiores -que solo podrían venir de la Fiscal General- para continuar la investigación; o incluso si no se escucha al Fiscal al que se le quita el asunto?.   De hecho, lo que se discute en el Consejo Fiscal es secreto, luego diríase que participar del contenido de las Diligencias de la Fiscalía a los vocales para  debatir en secreto sobre un tema básico de garantías profesionales, parece que no quebranta ningún derecho de nadie.   Y en todo caso, aquí podría haberse preguntado al investigado, que resultaba ser un Fiscal, por si estuviera de acuerdo en que dicha información se suministrara al Consejo.   Pero el Consejo, acepta lo que le dan en silencio.  Y lo hace porque este órgano desde hace ya mucho tiempo está inserto en la jerarquía de la Fiscalía, participando de sus vicios, abusos y faltas de respeto a los fiscales.  Lo hace porque de la jerarquía dependen los nombramientos, esos que en el Consejo Fiscal se votan pero que dependen al fin de no contrariar en demasía a quien manda.   

La otra avocación procede de Las Palmas en un caso de la máxima importancia.   Como está en tramitación, de momento me callo lo que hay.

A mí me parece que, o se dota de garantías a los fiscales en el ejercicio de sus funciones, garantizando la imposibilidad de que se produzcan avocaciones sin controles, y además se regula el sistema de nombramientos objetivando los méritos (en el asunto de Madrid, el Fiscal Jefe que avoca está con mandato ya vencido), o esto de cambiar el proceso penal para atribuir la investigación al Ministerio Fiscal va a ser una tomadura de pelo política, al servicio de los políticos, construida sobre bases técnicas inobjetables.

Y los fiscales, entre tanto secreto (es escandalosa la información que se suministra a la Carrera sobre los discutido en el Consejo Fiscal), sin percibir el aroma inconfundible que desprende todo esto.

martes, 22 de diciembre de 2020

PÉRDIDA DE CONFIANZA

 Se está tramitando la remoción de una fiscal Decana de Madrid porque la Fiscal Jefe ha perdido la confianza en ella.   Según parece, por no dar cuenta de un asunto relacionado con un allegado de la Fiscal General.  La UPF, asociación a la que pertenece la Fiscal Jefe, ha apoyado la remoción de la Decana en el Consejo Fiscal, aunque no hay previsión estatutaria alguna para remover por cuestiones de confianza.   Pero esto es ahora normal.   Esta se ha convertido en una Carrera en la que las arbitrariedades están a la orden del día.   Se ignora el mérito, la capacidad, y solo cuenta la afinidad política, asociativa o la voluntad del que manda en la jerarquía.  Si, si, ahora los fiscales afines al PP se quejan, y se quejan con razón.  Les están tratando los de la UPF igual que al resto de los fiscales y como ellos trataban a los de la UPF y al resto de los fiscales cuando gobernaba el PP.   Y los de la UPF, como si no hubiera un mañana, marchan prietas las filas para sacar todo el partido posible en este periodo.  De momento, llevan 5 de 6 fiscales de Sala nombrados desde enero.  Habrá sido un mal 2020 para todos, pero para los fiscales progresistas está siendo un año para recordar.    Se ha incorporado como factor de promoción o de democión profesional la ideología política.  

Entre unos y otros se han cargado la Carrera.  Enhorabuena, amigos.

viernes, 13 de noviembre de 2020

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y APIF

 Es muy importante que todas las asociaciones profesionales de la Fiscalía se incorporen a la exigencia contra la Administración (Ministerio de Justicia y FGE) de una regulación adecuada de los derechos a la prevención de los riesgos para la salud y seguridad en nuestro trabajo.   Por eso, saludo personalmente esta pasión que desde el curso de la APIF sobre prevención se ha generado en la AF y la UPF.  Sin embargo, en el mes de marzo, cuando la APIF demandó a la FGE y al Ministerio de Justicia por infracción de la normativa de prevención, y cuando defendía esa asociación el derecho a la resistencia reconocido en la ley (art. 21 de la LPRL) para los fiscales que vieran en grave riesgo su salud por falta de medidas adoptadas por la administración, la UPF llegó a considerar delictivo el ejercicio ese derecho, ni más ni menos.   ¡Que tipos!  Solo se explica porque ellos ahora se confunden con la FGE, con el Gobierno y con el PSOE,  de una forma en que nunca la Fiscalía hasta ahora lo había padecido - y que uno no podia ni imaginar-, y bien que les recompensan por ello.  La AF, por su lado, fue más moderada y se limitó a desconocer ese derecho de los trabajadores.    Pero ahora, tras el curso espléndido que ha dirigido Miguel Pallarés, la Carrera se ha dado cuenta de que hay una serie de derechos básicos que se desconocen para los fiscales -y solo para los fiscales-, desde hace 25 años.   Se desconocen por los Gobiernos y Fiscales Generales, pero también por el Consejo Fiscal.  25 años.   Estas prisas de ahora, ¿no suponen un reconocimiento implícito de que no se ha cumplido con las obligaciones asociativas, especialmente desde posiciones de poder? ¿Cuantos Fiscales de Sala, Fiscales Jefes, cargos variadísimos, han sido nombrados por los vocales durante esos 25 años?  Muchos cientos, cuesta incluso hacer el recuento de los Fiscales Generales que ha habido.  Pero nunca el Consejo Fiscal ha reparado que las cargas de trabajo tienen que ver con la prevención de riesgos, que los acosos tienen que ver con la prevención, que los derechos de fiscales embarazadas, o lactantes, o fiscales mayores o enfermos, tienen también que ver con la prevención de riesgos.  Que es el puesto de trabajo el que ha de adaptarse al trabajador, y no al revés.   ¿Cuantas veces el CF se ha desentendido de quejas sobre las distribuciones de trabajo, protegiendo a los jefes, y yendo a buscar una regulación al Reglamento franquista que habla de "equidad" en los lotes de trabajo en lugar de acudir a la normativa vigente?   Estas asociaciones  y sus vocales en el CF, no se han preocupado de nada de todo esto.    Pero acumulando todo el poder en la Fiscalía al socaire del Gobierno afín de turno, se han dedicado a mantener exclusivamente su situación de poder, haciendo las concesiones necesarias al FGE de turno para seguir manteniéndolo y seguir aprovechándose.  Para la Carrera Fiscal, en décadas nada ha cambiado a mejor, porque con esa actitud nada puede cambiar a mejor en la Fiscalía.  Pero si -y mucho- para las élites de esas asociaciones que monopolizan los cargos más importantes en la Carrera, generando entre los fiscales la sensación de que no se puede hacer nada para cambiar las cosas, porque el poder lo reciben esas asociaciones de los políticos -a través del FGE de turno-, pero es un poder que no se atribuye para cambiar nada, solo para colocarse ellos y para que los Fiscales Generales tengan un arropo en el CF.  Para cambiar las cosas hay que matener una actitud independiente del poder, no gregaria. 

Ahora va a llegar un momento importante.  Si el Ministerio y la Fiscal General no reaccionan de manera inmediata a nuestras reclamaciones sobre prevención de riesgos laborales, habrá que demandarles para que lo hagan.   Veremos qué hace cada cual.




lunes, 9 de noviembre de 2020

EL COMPAÑERISMO EN LA FISCALÍA

Yo elegí ser fiscal.  Saqué un gran número en la oposición de jueces -y corriente en fiscales-, pero tenía en mi cabeza que era preciso el trabajo en grupo, el trabajo arropado por compañeros de los que aprender y enseñar.  Así, tomé posesión de mi plaza de juez en Gavá, y a los pocos días pedí la excedencia cuando hube de ocupar mi destino como fiscal.  Durante mucho tiempo ese compañerismo, incompatible con putear a quien comparte trinchera contigo, era una realidad en la Fiscalía.   Recuerdo que yo estaba destinado en Mataró, y un compañero más veterano asumió durante unos meses el ayudarme en los comienzos en la Fiscalía, despachándome incluso desde Barcelona alguna causa de mayor complejidad.   Recuerdo que cuando estalló lo de Banca Catalana, la campaña de prensa contra la Fiscalía fue brutal y todos (desde abajo hasta arriba) hicimos piña con los compañeros que llevaban el asunto, confiábamos en ellos; recuerdo el buen rollo en aquella Fiscalía, igual que luego en Granada -donde Rafael Toledano, compañero de promoción, se esforzaba en ponerme al día de como iban las cosas allí- y donde se organizaban partidos de futbol entre fiscales y abogados.  Recuerdo casos de renunciar a la antigüedad en temas de vacaciones, o de elegir Juzgado en la Fiscalía, por razones de compañerismo, y lo recuerdo en Sevilla y también en Madrid.  Recuerdo a una compañera en Madrid, que en una Junta cuando yo estaba teniendo una bronca importante con el Fiscal Jefe, se levantó y me apoyó, reprochando al jefe sus malas formas.  Un compañero  no te hace una putada.   Un compañero, si estas jodido te hecha una mano.  Un compañero no te difama.  Un compañero confía en ti.  Un compañero va a juicio por ti si tu no puedes, de la misma manera que tu lo haces y si puedes le cubres si tiene alguna dificultad o le ayudas.   Recuerdo un matrimonio de fiscales que tuvo un problema con un hijo estudiando en Irlanda.   Mi mujer -gran fiscal y compañera- movió cielo y tierra en la medida de sus posibilidades y contactos para arreglar el problema.  Pero hoy, y desde hace unos años, la Fiscalía ha perdido en gran medida eso.  La Carrera se gobierna de arriba a abajo, pero se construye de abajo a arriba.   Si eso falla, todo va a peor, y por eso precisamente está la Fiscalía como está.   El Consejo Fiscal lleva haciendo putadas a fiscales sobre la base de ayudar a los asociados de los vocales desde hace mucho tiempo.   La arbitrariedad se ha abierto paso en muchos aspectos, asociada a la politización de la Fiscalía.   Y con la arbitrariedad no corregida, aparece el temor.  He visto expedientes disciplinarios sancionadores que solo desde la mala fe pueden sostenerse, y claro, fueron luego revocados por los Tribunales.  Y no uno, ni dos y siempre con la indiferencia del personal.   También como se abandonaba a su suerte a compañeros víctimas de acoso, sin iniciar una investigación de lo ocurrido.  He visto como las posiciones de poder en la Fiscalía con frecuencia, demasiada frecuencia, se utilizan para perjudicar a adversarios o favorecer a propios y no para mejorar las condiciones de trabajo de todos.   He visto también como se abandona a su suerte y soledad a compañeros que sufren una injusticia o arbitrariedad, y se hace con el peor de los abandonos, que es el silencio.   Y lo peor de todo, he visto que eso se considera ya como un componente de esta profesión.   No lo es.   Hubo un tiempo mejor y yo puedo dar fe de ello.  

jueves, 29 de octubre de 2020

STAMPA, FUERA DE ANTICORRUPCIÓN

Hay pesadillas recurrentes.  Cuando crees que todo ha sido un mal sueño, ahí la tienes otra vez.  Hace unos años, con el PP de su mayoría absoluta y la corrupción chorreando por las costuras del Estado -como ahora estamos viendo-, Torres Dulce que era vocal del Consejo Fiscal, fue elegido Fiscal General del Estado.  Se sentaba en el Consejo Fiscal con sus compañeros de candidatura, con los que tenía mayoría en el Consejo Fiscal.  ¡Que tiempos de vino y rosas para algunos! Vocales de la AF en el Consejo se presentaron a plazas y "se las daban"; los nombramientos eran escándalo tras escándalo; incluso echaron a un fiscal de la Carrera Fiscal sin base alguna, causándole un gravísimo perjuicio, aunque los Tribunales le dieron la razón un año después.  Ninguno -por favor, que cosas- le pidió perdón o se disculpó en modo alguno. 

Aquello pasó, aunque los modos siguieron ya con otro Fiscal General General que decidió elegir con el apoyo de la asociación conservadora a fiscales anticorrupción y fiscales de la Audiencia Nacional favoritos de investigados por corrupción (y luego encarcelados), pero parecía que la pesadilla ya era de otro tipo.

Y en estas, regresa el escenario de la pesadilla, pero agravado.  Una Vocal electa  del Consejo Fiscal por la UPF es elegida Fiscal General, tras haber encabezado el Ministerio del Justicia, ahora con el PSOE.   Y vuelve la pesadilla.   Nombramientos para miembros de la UPF de manera casi automática (las razones son lo de menos, en un caso porque es mujer, en otro porque es mayor, en otro porque se lo merece, y seguro que con esos criterios se pueden hacer infinitos aciertos. Así se elude la comparación con otros candidatos, algo ya tan acuñado en la historia de la arbitrariedad que no merece ni atención comentarlo); vocales de la UPF que piden plazas "y se las dan" concursando con otros (y a los otros, que les den), y también algo parecido -o peor- a una expulsión.    ¡Dias de vino y rosas otra vez!  Ni mérito ni capacidad.  Como ya lo hicieron otros antes, pues ahora les toca a ellos.   Alegría, otro pagará el déficit de decencia que se va dejando.

Si, porque lo ocurrido hace un par de días con el fiscal Ignacio Stampa es de una gravedad enorme, y si algo sorprende en este mundo es el silencio de los fiscales, grandes víctimas y cómplices de esta tragedia.  Ese fiscal llevaba uno de los asuntos de corrupción más graves que ha habido jamás en democracia, como es la utilización -al más alto nivel- de la Policía y otros resortes de defensa del Estado en prácticas de corrupción, extorsión, amenazas y robos.   Y comienza una campaña contra él de naturaleza salvaje que a mi incluso me hizo dudar.   ¿Será verdad todo lo que se dice de él, todo lo que se dice que ha hecho?  Pero su Jefe le mantiene y le ensalza.  Sus compañeros de la Fiscalía le respetan.   Las investigaciones contra él se archivan... Incluso unas Diligencias de Investigación penales abiertas en el TSJ de Madrid se envían a la Fiscalía General al parecer con una solicitud de archivo (dato este que no se lleva al Consejo Fiscal, de manera sorprendente).  Hasta el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, después de ofenderle gravemente en los medios de comunicación, se retracta días después y manda una carta pública pidiendo perdón al referido fiscal. Uno para ese momento ya no tiene dudas, aunque no conozco personalmente al fiscal.  La presunción de inocencia prevalece.   Si ha hecho algo malo que se pruebe.   Y si no, es inocente.  Además, es inocente en el contexto de una investigación en la que hay gente con muy poca inocencia.   Pero el CF no le apoya y determina su salida de la Fiscalía Anticorrupción, de una manera que a mi me parece más grave todavía que expulsarle de la Carrera porque es una desautorización profesional de repercusión nacional y sin motivar, sin defensa.   Su propia Asociación, la AF, lo abandona y luego da extrañas explicaciones sobre la imparcialidad o algo así.  La UPF ni siquiera se explica.   Se dejan arrastrar por el ruido y no respetan, como es su obligación, a un fiscal que -con aciertos o errores- se ha dejado el pellejo y además lo ha hecho sin levantar la voz.  Ni contra los que le insultan, ni contra su asociación que no le protege, ni contra la difamación, ni contra el Teniente Fiscal que le humilla en la radio.  Mantiene el silencio.

Muy fácil para la Fiscal General.  Si no tienes votos, no te propongo.  Salvo por el detalle de que en esa causa que llevaba el fiscal, la pareja de la Fiscal General defiende a tres de los más importantes implicados.  Salvo por el detalle de que existe una denuncia del abogado Baltasar Garzón por las filtraciones del caso, que incluyen las que afectan a la propia Fiscal General.  Dolores Delgado es indirectamente perjudicada en un caso en el que se pronuncia sobre la permanencia del fiscal que lo lleva, y lo remueve.   No se si otros también lo ven, pero para mi eso es causa de abstención (219.10 de la LOPJ).

Ahora me quiero dirigir a los fiscales.  Vosotros veis el rumbo que está tomando la Fiscalía.  Vosotros veis la capacidad de defender nuestros intereses que nos proporcionan unas asociaciones subordinadas y beneficiarias de los vaivenes de la política.   Pensad si no tenéis que dar un paso para defender vuestra profesión que es vuestra vocación y luchar por despolitizar la Fiscalía.   El silencio resignado hoy creo que es cómplice con lo que ocurre y lo que ocurre es desastroso para la Democracia, para la Justicia, para la Fiscalía y para vuestras propias carreras.   


miércoles, 28 de octubre de 2020

LA POLÍTICA CRIMINAL DEL GOBIERNO ES COSA DE LA FISCALÍA, SEGÚN LA FGE

 En una reciente y muy interesante entrevista para elDiario.es, la Fiscal General afirmaba al hablar de las políticas que desarrolla el ejecutivo,  que "entre ellas está la política criminal.  Quien tiene que desarrollar la política criminal es el Ejecutivo.  Y designa para ello al Fiscal General del Estado".  Esto es muy importante, porque la FGE se coloca a si misma como instrumento del Gobierno para llevar a cabo la "política criminal del Gobierno".   De hecho, se refiere la Fiscal General hasta en 8 ocasiones a la política criminal del Gobierno en dicha entrevista.  Pero creo yo que si eso es así, la imparcialidad del Ministerio Fiscal, cuando entra en conflicto con la "política criminal del Gobierno", queda en entredicho, porque precisamente, la jefa del Ministerio Fiscal está ahí para llevar ambas a cabo.   En estos términos, sería muy importante que el Gobierno aclarara cual es su política criminal en relación con el Ministerio Fiscal, y la Fiscal General aclarara como la va a aplicar, dados los términos del art. 8 del EOMF.   A la vista del último Consejo Fiscal, podemos hacernos unas preguntas:

¿La política criminal de Gobierno se lleva al Consejo Fiscal y a los nombramientos? 

¿Quién más participa de la ejecución de la política criminal del Gobierno? ¿Forma parte de la ejecución de esa política criminal la UPF, la AF, los vocales natos en el Consejo Fiscal?

¿Ha de explicitarse en la motivación si los nombramientos responden también a un diseño de la política criminal del Gobierno?

¿No debería contarse con el Consejo Fiscal para llevar a cabo la política criminal del Gobierno?

¿Cual es la relación de jerarquía entre la política criminal del Gobierno y los deberes de legalidad e imparcialidad, específicos del Ministerio Fiscal?  

¿Podría alguien aclarar cómo se le hace saber a la FGE cual es la política criminal del Gobierno en cada caso?

¿Está en condiciones el Ministerio Fiscal de abordar casos contra quien le dicta la política criminal a seguir?

¿Conocen en el GRECO que el Ministerio Fiscal español es quien lleva a cabo la política criminal del Gobierno?

¿Se ha reunido alguna vez la Junta de Fiscales de Sala para abordar cuestiones relativas a la política criminal del Gobierno?

¿Nos informará alguien alguna vez que debemos despachar nuestros casos tomando en cuenta las directrices de la Fiscalía sobre la política criminal del Gobierno? ¿O solo debemos asumirlo y ser recompensados para que lo entendamos sin que nos lo digan por escrito?


En fin, que así vamos.


domingo, 27 de septiembre de 2020

RECUERDOS DE BONGO

 Fiscalía General del Estado, 2320.


-¿Te acuerdas de Bongo?

-Claro, aquel monito encantador, incluso lo asociamos para la Jefatura que le dieron.  ¡Como pasa el tiempo!  ¿Y qué ha sido de él?

-Está ahora en un parque, da pena verlo.  Ya sabes que desde la promoción del loro de la nueva Fiscal General, asociado desde que salió del huevo, pero nada politizado, no hay sitio para fachas.   La plantilla se resistió, pero no hubo manera.     Lo echaron vilmente (aunque casi cumple los cinco años).   El otro día fui a verlo, con unas semillas y cacahuetes.   Estaba muy contento, pero ya me avisaron que si se te escapa la palabra "loro", se agita mucho y es capaz de ser agresivo.  Los niños le gritan "loro, loro" para cabrearle.

- Nunca Bongo entendió la Fiscalía, por querido que fuera.   Incluso le plantó un 27 al FGE, con un par.  En cambio el loro es perfecto.   Solo repite lo que dice su ama.   Se pasa el día encerrado en el despacho y apenas sale.   La verdad es que los fiscales somos gente mucho más abierta que los jueces, que siguen empeñados en que el CGPJ lo elijan ellos y de ahí no salen.   

- Vuelve al curro, que se asoma el loro.