DESVERGÜENZA EN LOS NOMBRAMIENTOS EN LA FISCALÍA

 El título del post no hace justicia a lo que está ocurriendo en la Fiscalía en materia de nombramientos.  No se trata de recordar las cosas tremendas que en su día hizo la AF cuando gobernaba el PP, que yo recuerdo muy bien, y desde luego, no se trata de comparar.  Lo que está ocurriendo ahora con Dolores Delgado, decidida a competir por el puesto de peor Fiscal General del Estado que ha habido nunca,  no tiene precedentes, por lo menos en la cantidad de nombramientos sesgados.   A las plazas de fiscal de Sala que van saliendo, se amontonan peticionarios de la UPF, a sabiendas de que es ahora, o nunca.   Mientras, muchos fiscales ajenos a la UPF piensan que para qué pedir nada, si esto está siempre dado a los mismos.  Recuerdo  aquellas promesas y la fuerza con que llegaron hace cuatro de luchar por la igualdad entre todos los fiscales, la regeneración de la Carrera, y otras cosas necesarias que  decían: debutaron renegando de una huelga de fiscales contra el Ministerio socialista por los mismos motivos que habían defendido la misma huelga contra el Ministerio del PP, y de ahí, la Carrera cuesta abajo, aunque eso sí, casi todos ellos promocionados.   Las plazas no están dadas en realidad.  Las discusiones son intensas: ¿A quien de entre los candidatos de la UPF se va a nombrar ahora?    Mérito y capacidad: my ass!

IGNACIO STAMPA SEGÚN SU JUEZ

Me escribe quien fuera Juez del Juzgado donde Ignacio Stampa sirvió en Lanzarote. La carta me parece que merece la pena ser publicada porque revela la personalidad de quien ha sufrido un atropello en la Fiscalía, con pocos precedentes. Mientras que algunos dentro de la Institución persisten en revolcarse en el chapapote de la prepotencia, la percepción que tienen algunos de Stampa, seguramente semejante a la que ofrecen muchos fiscales españoles, es muy diferente. La única salida que devolvería algo de imagen para la Fiscalía sería el cese fulminante del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, o la dimisión de la Fiscal General. Y ofrecer una disculpa pública al compañero, que no sería la primera tras la de Luis Navajas. No creo que ocurra, haría falta grandeza para ello; pero al no reparar el daño, lo aumentan, y no solo hacia Stampa.  La carta que he recibido dice así: 

Estimado Sr. Viada: Permítame de antemano pedirle disculpas por mi atrevimiento. 

Sigo su blog desde hace tiempo y debo participarle mi más profunda admiración en particular por la defensa de la independencia y la imparcialidad. Pero tras ver su posicionamiento en el asunto "Stampa" dicha admiración se ha hecho más presente. Soy juez en Lanzarote. Una juez de trinchera, ni de grandes destinos ni de aspiraciones, simplemente de trinchera. Tuve ocasión de comenzar mi etapa profesional en Lanzarote, como segundo destino, acompañada de dos grandes fiscales, de los que aprendí muchisimo, y uno de ellos era D. Ignacio Stampa. 

No se si conoce directamente a Ignacio, pero por ello quiero contarle a quien apoya, desde mi humilde visión. No fuimos amigos. Ni siquiera nos tomamos un café. Tuvimos una relación estrictamente profesional. Tras el tiempo profesional compartido debo decir que nunca me he encontrado a nadie tan profesional, riguroso, autoexigente y con tanta capacidad de trabajo. Lo revisaba todo. Los foliados, la formación de las piezas separadas, examinaba minuciosamente las piezas de convicción, conocía a las personas y a los personajes. Tiene una amplia psicología, virtud que brillaba especialmente en los interrogatorios. Trabajaba ágilmente, siempre colaborador y proactivo. Respetaba con celo los plazos procesales y trataba exquisitamente a todos quienes trabajamos y compartimos tiempo con el. 

Ya se puede imaginar que compartimos la instrucción de causas de corrupción, causas que han resultado exitosas, no gracias a mi trabajo, pues soy un mero arbitro, yo no voy a juicio, sino gracias al trabajo titánico y minucioso del Fiscal. 

Recuerdo que en Sala preguntaban antes quien era el Fiscal que haría la toma de declaraciones. Cuando se informaba que iba a ser el Sr. Stampa había un resoplido. En muchas ocasiones directamente no se respondía a las preguntas del Fiscal. En otras, las más curiosas, el investigado dejaba de responder a mitad, cuando veía lo incisivo del interrogatorio. A mí me admiraba esa forma de interrogar tan rigurosa, llevándole a su terreno, hasta que en un momento del interrogatorio, no me explico cómo, el investigado había quedado encerrado en un par de preguntas de tal manera que si no respondía la verdad debía desdecirse de diversas respuestas previas. Siempre vi máxima amabilidad, con los Letrados y con los investigados. Y mucha humildad. 

En el primer interrogatorio, al poco tiempo de mi llegada, yo estaba esperando en Sala al Fiscal (grababamos todas las declaraciones en fase de instrucción). Pensaba que bajaría por la parte reservada a los profesionales del edificio. Allí estábamos haciendo tiempo. Pero no. Este Fiscal no entraba por la parte reservada. Este Fiscal entraba por la puerta con los Letrados y los investigados. Esperaba fuera de la Sala, como uno más. Ajeno por supuesto a las partes, concentrado, ausente, sin marcar una posición de superioridad. Siempre observé cortesía. Estrechamiento de manos y saludo cordial al comienzo y al final, como si se tratara de un buen combate. Solía llevar un pequeño folio con poquísimos apuntes, el resto estaba memorizado en su cabeza, fruto de un gran trabajo de fondo. Algún abogado me preguntaba con asombro si era cierto que el Fiscal lo llevaba todo en la cabeza, y es que eran causas de miles y miles de folios. 

Evidentemente no todo fue fácil. Este Fiscal ya tuvo que soportar pintadas injuriosas tamaño XXL en muros de edificios de Lanzarote, carteles a la puerta del Juzgado y una férrea campaña mediática escrita y radiada. Sin entender muy bien la suciedad que a veces embarra lo jurídico, entré en el juego de creerme alguna de esas noticias que se publicaban, fíjese lo reiterativo y la contundencia con la que se publicaban. Eran realmente escandalosas. Yo misma cogí el coche y salí disparada en una ocasión de mi casa al Juzgado, al leer en prensa que se había declarado la nulidad de parte del procedimiento por una mala instrucción (aludiendo a la mala praxis del Sr. Fiscal) pensando que había algún auto de la Ilma. Audiencia Provincial que acababan de notificar. Ingenua de mí, no era más que una de tantas noticias falsas. Pero hasta yo lo creí.Una de tantas que he vuelto a ver repetidas recientemente por una periodista canaria que ha tomado al Sr. Stampa como un muñeco de boxeo. Si hasta yo me lo creí, ¿que no creerá la opinión pública? 

Pero no, el procedimiento estaba perfecto, revisado, mimado y a día de hoy sentenciado y condenado prácticamente en su totalidad, pese a las continuas artimañas de las defensas y a lo difícil que es instruir causas de corrupción en sitios pequeños. Su despedida de Lanzarote fue una de las más numerosas que se recuerdan. Compañeros, abogados, policía, guardia civil, alumnos, forenses, funcionarios... faltó que se colara algún investigado para comprobar que efectivamente se marchaba. Se que también fue especial su despedida de Anticorrupción, donde llegaron multitud de ramos de flores con una nota que ponía "tu vales más que una plaza". 

Entiendo que es un Fiscal incómodo, (a veces hasta para el instructor, yo nunca he trabajado tanto) que no se vende ni se acobarda, audaz, trabajador y persistente. Con personalidad. Etico y leal a sus ideas, al que no se compra con un cargo, partidos de futbol o fiestas. No le interesan. Es un hombre hasta aburrido que bebe fanta naranja. Como le digo, mientras trabajábamos no tomamos ni un café. Primó siempre la profesionalidad del trabajo. No digo que no se pueda, pero Lanzarote es muy pequeño. A su marcha sí he mantenido el contacto, pues creo que es de merecer, y he observado estupefacta una campaña que le ha golpeado en el único punto donde podía dolerle. En su familia. Pese a ello su maravillosa mujer es su mejor apoyo. 

No doy crédito a lo que ha sucedido y a lo que sigue sucediendo. No quiero imaginar que sea tan sencillo mancillar a un Fiscal y tras ello, apartarle de los asuntos que despachaba y que la propia Carrera no se alce indignada. Yo, que he trabajado con el si lo hago y debo decir que cuanto más conozco las altas instancias, más me gusta mi trinchera. 

Perdóneme Sr. Viada el descaro, si me apura, de enviarle este correo electrónico, simplemente quería que supiera a quien apoya. 

Y perdóneme que he escrito Fiscal con mayúsculas continuamente. Ha sido completamente intencionado. 

 Un saludo, y toda mi admiración.

ELECCIONES AL COMITÉ DE ÉTICA

El Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, creado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2005, en su Informe número 13 sobre Independencia, rendición de cuentas y ética de los fiscales (de imprescindible lectura), establecía una serie de líneas en las que debería desarrollarse el conjunto de reglas éticas a que deben someterse los fiscales en el ejercicio de su actuación, y entre esas reglas se apuntaba la necesidad de ser y parecer imparciales en sus decisiones, ser transparentes, evitar conflictos de intereses y cuando exista el riesgo de que eso ocurra, abstenerse en la toma de decisiones; debe evitarse realizar actuaciones políticas que comprometan la imagen de imparcialidad, añadiendose que los fiscales deben ser protegidos frente a las desventajas que pueda causarseles por el respeto a las reglas éticas inherentes al cargo. En la Fiscalía española, yo veo constantes inconsistencias en el funcionamiento de la institución en relación con dichos principios: el reciente caso Stampa es un caso palmario (se extiende una investigación penal a instancias de quien no es superior del Instructor y se declara reservado ese modo de actuar, incluso para que el Consejo Fiscal se pueda pronunciar con conocimiento de causa, y ello con la complacencia de la Fiscal General del Estado, que se permite considerar "difamatorias" las alegaciones de quien se defiende en los Tribunales de la actuación de la jerarquía). Hay más ejemplos: no abstenerse cuando se debe hacer; nombramientos de amiguetes sin considerar el mérito, o adaptando el mérito exigido al que tenga el favorecido; visitas al Fiscal General antes de los nombramientos; asistencia a palcos por parte de fiscales con habitualidad; recepción de financiación de entidades privadas (algo parecido a aquel "querido Emilio"), o candidatos que aspiran a puestos desde el mismo Consejo Fiscal, entre otras prácticas que deberían ser excluidas de una institución que se respetara a si misma y fuera consciente de la trascendencia de su importancia en la vida de los ciudadanos. Ahora hay una oportunidad de ir cambiando las cosas, a través del Comité de Ética, cuyos componentes van a ser elegidos por los fiscales. Cada uno debe reflexionar qué es lo que quiere en ese Comité que puede tener importancia como contrapeso o puede ser un órgano completamente inútil dependiendo del acierto en la elección de los compañeros que deben formar parte del mismo. Yo apoyo a dos desde el convencimiento de que hay que cambiar muchas cosas en esta institución: Santiago Sánchez y Ricardo Montesrej. Es mi elección, con todo respeto por los demás aspirantes. Pero yo quiero luchar por cambiar las cosas y conozco a esos dos compañeros y se que no se van a conformar con lo que hay, sino que lucharán por cambiarlo. Los próximos meses van a ser muy importantes para la Fiscalía si se camina en la buena dirección.

EL CARTERO LLAMA DOS VECES A LA FISCALÍA

Tras el Consejo Fiscal del martes día 24, donde, entre otros temas, se debatieron las presuntas irregularidades cometidas en la tramitación de las Diligencias de Investigación abiertas contra Ignacio Stampa en primavera del año 2020 y cerradas en febrero de este año, el Secretario Técnico de la Fiscal General hizo un "briefing" con los periodistas para instruirles de algunas cosas, entre otras, decirles que la Fiscal General se había abstenido en todo este asunto y que él había actuado por su propia autoridad.  Bien.  Lo que queda sin explicar entonces es la base jurídica para actuar que tiene el Secretario Técnico de la Fiscalía General del Estado en relación con este asunto.  Si la FGE se abstiene, el siguiente en el escalafón es el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.   El Secretario Técnico  es meramente el que recibe el mensaje de la Fiscalía del TSJ de Madrid, sobre la base de la dación de cuenta del art. 25 del Estatuto, un mensaje que debe llevar al Fiscal General del Estado o a quien le sustituya.   Pero aquí el mensajero, abre la carta, y la contesta.  No solo la contesta, sino que se permite corregir el criterio del Instructor de las actuaciones.  Además, retrasa el asunto varias semanas, sin que finalmente el destinatario (Fiscal General o Teniente Fiscal) reciban la carta.  El "cartero" además, lo hace dos veces, al menos.   Todas las actuaciones de ese "cartero" son realizadas sin competencia estatutaria alguna para ello.   Son actuaciones privadas de lo primero que debe tener una actuación de un fiscal, que es competencia.  El Secretario Técnico tiene unas funciones muy específicas en el EOMF, art. 16. Esas funciones, salvo delegación expresa de la Fiscal General (algo que él mismo niega que aquí se haya producido), no incluyen dar órdenes, instrucciones, sugerencias o consejos a ningún fiscal en el ejercicio de su función.  No es superior de nadie, fuera de su ámbito de competencia.  

No entro, aunque debería hacerlo, en la falta de compañerismo de largar de un compañero como Ruíz de Alegría, que no es llamado para dar su versión de los hechos al Consejo Fiscal, aludiendo a las insuficiencias de su investigación.   Oiga, que esto no va así.  Si la investigación es insuficiente, el Fiscal General o su sustituto, que lo digan y se mojen.   Pero no el intermediario. Y, encima, el intermediario, se justifica echando lo que echa sobre un fiscal ejemplar.  

Así va la institución en estos tiempos de plomo.

LAS GRACIETAS DE LA FISCALÍA

 La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales interpuso hace unos meses una demanda contra la Fiscalía y contra el Ministerio por mantener al conjunto de los fiscales sin plan de prevención de riesgos laborales.  Parece una tontería, pero de la existencia de ese plan depende que se desarrolle una política de prevención de riesgos que incluyen los riesgos derivados de la sobrecarga de trabajo (por ejemplo, estableciendo límites a la carga de trabajo), o de que las fiscales embarazadas, o los fiscales mayores o enfermos puedan encontrar una adaptación del puesto de trabajo a las condiciones de salud que tienen, o una mínima protección contra el acoso laboral, que en la Fiscalía no está castigado como sanción disciplinaria, lo que permite a la Inspección ciertas licencias inadmisibles en cualquier sistema organizado de derechos laborales.  Parece algo elemental, pero la Fiscalía General actúa como si esto no fuera con ellos.  Ahora hemos tenido la última gracieta de la institución, que evidencia hasta que punto desprecian las reclamaciones de unos fiscales que quieren ser tratados como los demás trabajadores de España.   

La Fiscal Jefe de Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dirigido a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el siguiente escueto escrito:

"Que he recibido célula de citación y notificación de la demanda presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en la que aparece como demandada "la Fiscalía General del Estado.

Que a los efectos oportunos comunico a esa Sala que no existe ningún órgano del Ministerio Fiscal con dicha denominación".

En definitiva, les importan muy poco los derechos que desconocen de los fiscales.  En lugar de avergonzarse por la situación en que nos mantienen, risitas (y faltas de respeto).  Sancionan a fiscales por retrasos sin medir la carga de trabajo que soportan y el trabajo realizado (ya ganarán en los Tribunales, dicen); son capaces de mandar lejos del lugar de residencia de su familia a una fiscal que acredita padecer una grave enfermedad así como su imposibilidad de conducir; son capaces de desentenderse ante una fiscal que les pregunta si ha de obedecer a su jefe que le ordena trabajar durante una baja por embarazo de riesgo; son capaces de mandar a trabajar a toda la plantilla a pesar de estar en medio de una epidemia sin proveer de una sola medida de seguridad...   Y hacen gracietas cuando les reclamamos a ellos, como patronal, que nos respeten y que respeten nuestros derechos.   Hasta ese punto hemos llegado. 

LA FISCALÍA EN 2050

El Presidente del Gobierno ha presentado al país, con todo el tono solemne de que es capaz, su Estrategia España, 2050.  En medio de una pandemia, con la crisis con Marruecos en el centenario de Annual, con el mayor déficit público de la democracia, con un paro que asusta y con una crisis territorial que está lejos de superarse.   Pero vaya, el tipo cree que eso es bueno para los españoles, y yo no digo nada.  No digo nada, salvo que para España 2050, Sánchez no considera necesaria ninguna reforma para la Justicia.   No se lee en el documento nada particular sobre las necesidades de mejorar este servicio público, de cambiar su estructura, de pensar en un nuevo modelo.    Como si esto no tuviera relevancia a largo plazo.  

Yo también quiero jugar un poquito a este juego.   Pienso en dos escenarios para la Fiscalía General.  Uno, el de los no cambios.   Se alternarán gobiernos conservadores y progresistas y los fiscales conservadores y progresistas se alternarán en el poder en la Fiscalía, recibiendo el poder delegado del Gobierno, con lo que la institución seguirá brutalmente politizada.  No cambiarán las reglas de promoción profesional -son satisfactorias lo mismo para 1965 que para 2050-, no habrá mejoras de naturaleza profesional, se acentuará el poder de la jerarquía, y siempre los fiscales tendremos el consuelo de que cuando gobierne el PSOE, la AF será un valladar contra las arbitrariedades de la UPF, y cuando gobierne el PP, será la UPF quien guardará las esencias.   Seguirán persiguiéndose a fiscales a través de expediente disciplinarios arbitrarios (a veces a través de actuaciones penales) que normalmente serán revocados por los Tribunales pero que sin embargo mantendrán al colectivo atemorizado.  Cada día, desde el cambio procesal que se producirá en 2027, los estatutos profesionales de jueces y fiscales serán más dispares, como dispares serán las retribuciones; para esas fechas la oposición de ingreso será diferente, la discrecionalidad para el ingreso en la Carrera será mayor,  seguirá habiendo fiscales sustitutos (o quizá habrán sido ya integrados) de larga duración en plazas a las que los fiscales de Carrera no pueden llegar, no habrá todavía normativa sobre riesgos laborales, y por tanto, tampoco límites a la carga de trabajo, protección a embarazadas, mayores y enfermos, y habrá protocolos para casi todo en el funcionamiento de la institución.   Los fiscales, ausentes de compromiso, y quejosos en las cafeterías, seguirán callando en el convencimiento de que nada puede cambiar, pensarán que en 2021 se vivía mejor y esperarán que llegue, como el maná, algún cambio que propicie que los fiscales dejen de ser los funcionarios con menos derechos de la Administración española.  

El segundo escenario que yo vislumbro, menos probable pero posible, sería aquel al que se enfrentara una Carrera comprometida con sus derechos y sin miedo alguno al futuro como vehículo para que la Fiscalía preste mejor servicio a los ciudadanos.   Así, en 2050, la mayor parte de la Carrera rechaza la politización de dos asociaciones y castiga la arbitrariedad.  Exige transparencia y castiga la opacidad.   Exige justicia disciplinaria, y castiga (con querellas, a veces) a los jefes que abusan de sus compañeros. Exige decencia en los comportamientos, y censura las infracciones del deber de abstención de quienes votan a amigos o incluso a ex alumnos el Consejo Fiscal. Vislumbro que se acaban los gritos a los fiscales, que se racionaliza el trabajo, que hay movilidad en la Carrera porque la Carrera exige que no pueda haber sustitutos de siete u ocho años en plazas en las que haya titulares con deseo de ocupar.   Vislumbro un Fiscal General de Estado que respeta a sus compañeros en lugar de manejar la institución como un cortijo, un FGE que no es nombrado directamente por el Gobierno y un FGE cuyo nombramiento no puede caer en ministros, exministros o personas recién ligadas al ejecutivo, con lo cual la Fiscalía se va despolitizando.  Vislumbro una Inspección fiscal para ayudar a las fiscalías y no como lo de ahora.  Veo la posibilidad de que se fomente, a través de reconocimiento y mayor retribución, el mérito académico y científico.  Veo la posibilidad de que la investigación criminal produzca, desde la libertad y responsabilidad de los fiscales, una Justicia más ágil, y con ello un mayor prestigio de la Fiscalía, de manera que pasarán a ser los jueces quienes defiendan la equiparación retributiva con los fiscales.   Veo una Fiscalía con instalaciones modernas, con un volumen de trabajo acotado, con unas asociaciones profesionales que ya no esperan nada del poder político y por tanto se dedican a defender derechos, con medidas laborales contra el stress laboral, con protección de embarazadas, enfermos, con adaptación del trabajo a la salud del fiscal y no al revés, y veo en 2050 que la memoria de la gente que nos ha llevado a la situación actual empieza a avergonzar a quienes 30 años atrás los defendían.  

PROGRAMA DE ACTUACIÓN PARA LA INSPECCIÓN FISCAL

Reproduzco a continuación el programa de actuación que aplicaré en el caso de ser elegido Fiscal Jefe de la Inspección, plaza convocada por ORDEN JUS/334/2021, en los mismos  términos que he adjuntado a mi instancia.

"Desde la Jefatura de la Inspección voy a afrontar los problemas fundamentales que tiene la Fiscalía –y que conozco bien- desde la independencia personal que he demostrado desde mis comienzos como fiscal, y desde el convencimiento de que la Inspección funciona actualmente muy deficientemente si lo que se busca es la mejora de las prestaciones de la Fiscalía.  

1. Estoy convencido de que la Fiscalía puede ser mucho mejor de lo que ahora es, y ha venido siendo en las últimas décadas, y que ello tiene que ver (no solo, pero también) con el funcionamiento de la Inspección Fiscal.  Por tanto estoy determinado a cambiar las cosas para que la Inspección funcione mucho mejor de lo que lo hace ahora, y sobre todo que lo haga en beneficio de los fiscales, de todos los fiscales y de la función fiscal.

2. Voy a luchar contra la discrecionalidad (o arbitrariedad) en los nombramientos, impulsando desde la Inspección reglas de valoración que aumenten las posibilidades de promoción de los fiscales no comprometidos con ninguna asociación ni con ningún partido político.  

3. Voy a dotar de la máxima transparencia al funcionamiento de la Fiscalía, como medio para luchar contra la arbitrariedad, la oscuridad, el miedo y -tal vez- la corrupción.   

4. Voy a luchar porque la movilidad en la Carrera sea posible, luchando para que los fiscales sustitutos solo ocupen las plazas que no quieran los titulares (en Madrid, por ejemplo, hay actualmente varias docenas de fiscales sustitutos de muchos años de duración, mientras los titulares no pueden acceder a ninguna de esas plazas), y por que las plantillas respondan realmente a las necesidades existentes de fiscales titulares.  

5. Voy a luchar por la implementación de un plan de riesgos laborales para la Fiscalía, algo de lo que la Inspección (y la Fiscalía General) se ha olvidado hasta ahora, impulsando criterios mínimos y máximos de distribución del trabajo para los fiscales, dado que la sobrecarga y el estrés son los principales riesgos laborales que afrontan los fiscales.  

6. Voy a dar amparo, como una prioridad, investigando hasta las últimas consecuencias, a las denuncias por acoso laboral o sexual que pudieran hacerse llegar por los fiscales a la Inspección en los casos en que fracase el Protocolo establecido por la FGE, sea quien sea el denunciante y sea quien sea el denunciado.

7. Voy a intentar que los expedientes disciplinarios obedezcan exclusivamente a razones fundadas, acreditadas, en las que el principio de taxatividad se aplique con rigor, y trataré de evitar que se produzcan sanciones que luego puedan ser revocadas en los Tribunales.   Los expedientes disciplinarios no pueden tener la pobre calidad, en perjuicio de los fiscales, que se observa actualmente.  Para ello hay que construir un sistema disciplinario semejante en garantías al que tienen nuestros compañeros de la Carrera Judicial, algo a lo que tampoco se ha prestado atención alguna desde la Fiscalía General y hay que trabajar desde ahora mismo.

8. Voy a luchar contra el miedo de los fiscales al poder de la jerarquía, miedo causado por acciones de la misma (a veces, acciones disciplinarias de la máxima gravedad; en alguna ocasión, pero gravísima, Diligencias de investigación penal); por la ausencia de consecuencias para los responsables cuando ello se produce; y también por el oscurantismo u opacidad del funcionamiento de la institución. Para reestablecer la confianza con los compañeros, voy a intentar la instauración de una normativa clara sobre las reglas de funcionamiento internas de la Fiscalía con la finalidad de evitar el desorden administrativo que actualmente subsiste en la Fiscalía y a abrir un canal directo de comunicación de los fiscales con el Fiscal Jefe Inspector.  Al margen de las tareas de Inspección, viajaré a todas las Fiscalías de España, para ver por mí mismo sus necesidades y hablar con los fiscales en sus propias sedes. Y lucharé, desde ese conocimiento inmediato de necesidades profesionales, para la satisfacción de las mismas, en tanto las aprecie necesarias y justificadas.   

9. Voy a exigir el deber de abstención de los fiscales, cuando proceda y cualquiera que sea su posición, con toda la fuerza que tiene el Fiscal Jefe Inspector.

10. Quiero ser, en suma, un Fiscal Inspector garantista en quien los fiscales puedan confiar si la jerarquía de la institución (en cualquier nivel de la misma) se plantea excederse en cualquier forma con los mismos.

Concibo así la Inspección como un órgano de apoyo para la ejemplaridad de la Institución (no solo, ni siquiera principalmente, del Fiscal General del Estado), combatiendo cualquier práctica ilícita o contraria a la ética que debe ostentar cualquier fiscal, y como un órgano privilegiado para hacer que la Fiscalía funcione con la máxima eficacia."

RESPETO A CARLOS RUÍZ DE ALEGRÍA

Éste penoso asunto del maltrato al fiscal Ignacio Stampa tiene, sin embargo, una luz; alguien que actuó con integridad en el cumplimiento de sus funciones a la vista de la carta que el compañero Stampa remitió a la AF, su antigua asociación, explicándoles lo que le había pasado y que yo tomo como referencia para este comentario.  Me refiero a Carlos Ruiz de Alegría, veterano fiscal curtido en mil batallas,  teniente fiscal del TSJ de Madrid, buena persona, campeón de ajedrez, inteligente y discreto, como el afectado, que no ha dicho ni pío durante todo el padecimiento que le han hecho pasar.  

El 8 de julio del año pasado le asignan a Ruiz de Alegría una denuncia de Vox por revelación de secretos remitida a la Secretaría Técnica, que se interpone contra Ignacio Stampa (y contra otras personas), en la causa conocida como Tandem -equiparable, en mi opinión, por su gravedad en la corrupción a las chapuzas de Strauss y Perlovitz, que terminaron derribando el Gobierno de Lerroux en la Segunda República-.    Ruíz de Alegría se pone a investigar, de manera diligente, y ordena recibir declaración a diversas personas, incluidas las mencionadas en los medios de comunicación como contrapartes de los fiscales en el partido Podemos -José Manuel Calvente entre ellos, aunque no pudo declarar por la epidemia- y reclama diversa documentación disponible en el Juzgado sobre los famosos chats del equipo jurídico de Podemos.   El día 5 de octubre acuerda, tras la investigación, en un fundadísimo escrito archivar las actuaciones; el Fiscal Jefe del TSJ asume ese criterio y lo remite como propuesta de archivo a la Secretaría Técnica, cumpliendo con lo señalado en el art. 25 del EOMF.  Lo hace "para su conocimiento y aprobación", lo que va más allá de la letra del art. 25.  ¿Porqué a la Secretaría Técnica?  El art. 25 apartado segundo del EOMF dice que los fiscales "pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer", luego esa comunicación a la Secretaría Técnica, es en realidad a la Fiscal General.  Y las respuestas de la Secretaría Técnica son, en realidad, de la Fiscal General porque ninguna jerarquía existe entre la Secretaría Técnica y cualquier Fiscalía territorial.  

El borrador de archivo se contesta por la Secretaría Técnica, "sugiriendo"-tal cual-, nuevas diligencias, entre ellas, que declare José Manuel Calvente, que no lo había hecho, y tambien el compañero de Stampa en Tandem, como testigo.  Ruiz de Alegría acepta la "sugerencia" (que viene -como digo- de la autoridad de la Fiscal General, por vía de su segundo).  Así que practica las nuevas diligencias "sugeridas".   Tras la práctica de las diligencias "sugeridas", nuevo archivo de Ruiz de Alegría (23 de octubre), y nueva remisión del borrador del archivo aceptado por el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid a la Secretaría Técnica.  

Antes de esa fecha, el día 16 de octubre, el Teniente Fiscal del TS, Luís Navajas, había mandado una carta a Stampa y se había disculpado en público por haber hecho unas declaraciones contra él, basándose en informaciones falsas que no comprobó en su día.   Todo el mundo, y tambien, lógicamente el Instructor y la Secretaría Técnica, conocían el contenido de esa insólita disculpa.   Además, hay un hecho relevante: el día 27 de octubre se celebraba el Consejo Fiscal donde Stampa no es confirmado como fiscal anticorrupción y por tanto, es apartado por la FGE de la causa Tandem, sin ningún apoyo en el CF, ni siquiera de su asociación.  Es decir, el Instructor, Ruíz de Alegría, concluyó su investigación antes de dicho CF, perjudicando lo mínimo posible al compañero, pero la Secretaría Técnica, no.

Más de un mes después de tener el borrador del archivo (día 2 de diciembre, las fechas cuentan porque hay un fiscal sometido a unas diligencias de investigación penales que se mantienen vivas únicamente a instancia de la jerarquía), nuevas "sugerencias" de la Secretaría Técnica.  Ruíz de Alegría, se niega a practicarlas.  Dice, en una resolución, que son "estériles e inútiles para el esclarecimiento de unos hechos que entiendo meridianamente esclarecidos".  El día 15 de diciembre, el Fiscal Jefe del TSJ, avoca la investigación, y, en contra de su anterior criterio sobre el archivo de las actuaciones, acepta practicar las nuevas "sugerencias", que como decía Ruíz de Alegría resultaron estériles e inútiles, y finalmente, acuerda archivar las diligencias el mes de febrero (cuatro meses más tarde de lo que quería el instructor).   De esa avocación se dio cuenta, como es preceptivo, al Consejo Fiscal, pero no se trasladó al mismo la información relevante de las Diligencias que explicaban la avocación, como había pedido Stampa y le denegó el Fiscal Inspector.  

Unicamente con el Decreto de avocación, es decir, de asunción del asunto por el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid, al CF le bastó para dar su aprobación.   Una aprobación -a posteriori- que había supuesto la continuación de la investigación penal a un fiscal por hechos que el Instructor (y su Jefe, aunque esto no lo sabía el CF), en dos ocasiones, habían querido archivar porque no había elementos de prueba para seguir con la causa, tras practicar incluso las diligencias que le "sugerían" desde la Fiscalía General.   Si la intervención del CF se ha de limitar a ver el Decreto que redacta el que avoca, creo que sobra el trámite.  

Pero ahora la AF tiene toda la información: ojalá actúen los vocales en el CF y exijan las responsabilidades a que haya lugar, algo que yo, como fiscal, agradeceré sinceramente.   

Es evidente que hace falta una regulación mucho más potente de los derechos de los fiscales, una exigencia mucho mayor en el Consejo Fiscal, y una conciencia mucho mayor entre los fiscales de que nuestros derechos profesionales son la garantía de una Justicia mejor y de la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos: ayer fue Frago; hoy, Stampa y podía haber sido también su compañero, que se libró de la ignominia por esos azares de la vida, siendo tan inocente como lo era Stampa; pero mañana, cualquiera de nosotros o cualquier otro ciudadano si a la jerarquía de la Fiscalía se le mete eso entre ceja y ceja.  

Y además, ante la reforma procesal que propone el Ministerio, me parece claro que con estos mimbres no es posible que la Fiscalía asuma la investigación criminal, porque los ciudadanos perderían ciertas garantías que hoy tienen con los jueces de instrucción.  Las avocaciones, tal como están hoy, con las garantías que hay hoy; las "sugerencias" de la FGE, y no órdenes, que es lo que debe dar si considera que hay que hacer algo concreto, asumiendo entonces su responsabilidad; la falta de requisitos en los nombramientos, con poder absoluto del Fiscal General, que hace que todo el mundo sepa que lo mismo te pueden nombrar que te pueden cesar, lo que obliga en ocasiones a comportamientos extraños incluso ante meras "sugerencias" por parte de quienes quieren mejorar profesionalmente en la Carrera; todo ello resulta al final un desastre carente de garantías, no para los fiscales solo, sino para los ciudadanos.  Podemos hacernos idea si imaginamos a una Audiencia Provincial revocando un auto de archivo de un Juez "sugiriéndole" la práctica de diligencias, y además, pudiendo echarle o promocionarle en su puesto cada cuatro años.   Ridículo, ¿no?  Pues esto es lo que ocurre aquí.  Y es una lástima, porque la investigación por el Fiscal es, en el terreno de los principios, mucho más garantista que la Judicial.  Pero con este Ministerio Fiscal hiper politizado y organizado sin ninguna garantía interna frente al poder de la jerarquía, ni de broma.

De todo esto, sin embargo, Ruíz de Alegría, con un valor -comparado con otros- como el de un espartano en las Termópilas, sale robustecido.   Porque está claro que la Institución funciona, en su  integridad, como un martillo pilón si se trata de imponer un criterio, incluso si es un criterio injusto o arbitrario.  Un martillo que solo puede encontrar como resistencia la actuación profesional de fiscales individuales que obren con el coraje y la integridad necesaria.  

ACOSOS LABORALES EN LA FISCALÍA

 ¿Podéis creer que me siguen escribiendo y llamando fiscales que afirman ser víctimas de conductas que son claramente acosos laborales?  Cuando recuerdo atropellos como los que sufrió aquel compañero y amigo, que fue expulsado de la Fiscalía, ni más ni menos, por el Fiscal General Eduardo Torres Dulce, con el apoyo de nuestros "compañeros" del CF, entre los cuales estaba la fiscal jefe responsable del atropello, sin que nadie se disculpara cuando los Tribunales calificaron la conducta de la FGE de ilegal; cuando recuerdo lo que sufrió nuestra llorada María Jesús Moya, sancionada a dos meses de suspensión por unos retrasos que luego la Justicia acreditó que no eran injustificados; cuando veo lo que ha ocurrido con Ignacio Stampa, maltratado de manera asombrosa por la Fiscalía General ante el silencio de la Carrera; cuando se lo que padeció aquella compañera que tuvo el coraje de enfrentarse con la jefa que le hacía la vida imposible y fue trasladada ella misma por "discrepancias graves" con la Jefatura, sin que la Inspección quisiera investigar lo ocurrido a pesar de fiscales testigos que explicaron lo que sufrieron con la misma persona; cuando todas esas cosas, y otras varias que podría ir desgranando, siguen sucediendo, y cuando el Protocolo antiacoso de la FGE suscita desconfianza porque los acosados no se fían de la institución, está claro que está llegando la hora de que los fiscales tengamos acceso a la Jurisdicción laboral, sobre la base del riesgo laboral agravado que supone no tener un sistema de riesgos laborales en la Fiscalía específico para nosotros.    El Consejo Fiscal, mientras, jugando a los carguitos para ti o para mi (¡que pena me da a mi que no le hayan dado nada a un pobre Fiscal de Sala que ascendió por la vía de la Jefatura de la Secretaría Técnica y sin votación en el CF!, mientras los atropellos al resto son constantes a diestra y siniestra).    Y algunos Fiscales siguen preguntando: en caso de acoso, ¿que debo hacer?   Y yo les digo: de momento, recoger evidencias, copiar las notas ofensivas, los visados vejatorios, apuntar fechas y testigos, perderle el miedo al sujeto que abusa de los demás, buscar ayuda..., y lo más importante, no dejar que llegue el abatimiento o la depresión.  Esa gente busca eso, y no lo debemos permitir.

BUENOS TIEMPOS PARA LA UPF, MALOS PARA LA FISCALÍA

Vengo defendiendo que UPF y AF actúan exactamente igual cuando pueden, es decir, favoreciendo a sus asociados, como si las plazas en la Fiscalía fueran un botín o una fortaleza que hay que tomar ignorando a los demás compañeros que aspiran también a hacer carrera profesional.  Esa indiferencia por el mérito y capacidad de todos debería estar castigada en el Código Penal.  "Cuando pueden" depende del partido que gobierna.  Así, cuando gobierna el PP, las cosas son fáciles para la AF, les reconocen sus méritos, su capacidad, se les abren las puertas de las fortalezas, y la vida les sonríe.   Cuando gobierna el PSOE, como ahora, pues el CF y la Fiscal General son todo oídos para los méritos de los suyos, de manera auténticamente escandalosa.  Es cierto que a veces, en esa tónica de abusos, se pasan un poquito.  Por ejemplo, el PP-AF colocó como Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional al más moderno de los peticionarios que era el portavoz de la AF, al tiempo que ascendía una vocal de la AF a la plaza más importante de Andalucía.   Fue el famoso CF de la jefatura Anticorrupción, que le vamos a hacer.    O ahora, en que desde enero todas las plazas de Fiscal de Sala menos dos (cinco de siete) han ido para la UPF.  Un record.   Me llega de la AF una información: En la Junta de Fiscales de Sala hay "13 o 14 fiscales de la UPF; 9 o 10 no asociados; y 7 de la AF, y eso a pesar de que en la AF duplicamos en asociados a la UPF".   Vaya, es un dato que hay que reconocer, si es verdad, especialmente el abuso de la UPF y el castigo a los no asociados o a la APIF.   Pero es que este auténtico fraude profesional que supone el vincular la promoción profesional a la militancia asociativa o política es un desastre para la credibilidad de la Fiscalía.   Se habla de imparcialidad, de neutralidad política, se acentúa el rigor las incompatibilidades sobre la base de "el valor de las apariencias" (dice Dolores Delgado), apariencias que no se guardan en otros y fundamentales aspectos de la Carrera profesional.   En materia de nombramientos, madre mía la situación en que estamos ahora.  Y la Carrera, callada.  

Por cierto, que he visto recientemente en un expediente de incompatibilidad, que los vocales informan por Whastapp y sin reunión del CF y sin debate, claro.  Y sin transparencia.    "Los cuatro estamos conformes con el borrador", dice el Whastapp.   Y el trámite de oír al CF -que debería reunirse, claro-, perpetrado. 

EL ARTÍCULO 23 DEL EOMF: LA AVOCACIÓN DE LOS ASUNTOS POR LA SUPERIORIDAD

El art. 23 del EOMF dice lo siguiente:

Los miembros del Ministerio Fiscal son autoridad a todos los efectos y actuarán siempre en representación de la Institución. En cualquier momento de la actividad que un Fiscal esté realizando en cumplimiento de sus funciones o antes de iniciar la que le estuviese asignada en virtud del sistema de distribución de asuntos entre los miembros de la Fiscalía, podrá su superior jerárquico inmediato, mediante resolución motivada, avocar para sí el asunto o designar a otro Fiscal para que lo despache. Si existe discrepancia resolverá el superior jerárquico común a ambos. La sustitución será comunicada en todo caso al Consejo Fiscal, que podrá expresar su parecer.

 

Este artículo en mi opinión es un auténtico despropósito, ya que puede dar lugar a abusos sin reparación.   Recientemente he conocido en la Fiscalía dos avocaciones de esta naturaleza, una en Madrid y otra en Las Palmas.  La de Madrid consiste en que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior asume un asunto en el que un subordinado a cargo del mismo acuerda el archivo.  El asunto es complejo y tiene mucha miga.  El Fiscal jefe no está de acuerdo, y dicta un Decreto reclamando para sí el asunto para seguir investigando.  En lo que a nosotros afecta en este momento, como exige el Estatuto, se comunicó la avocación al Consejo Fiscal meses después de la misma, pero no se les facilitó a los vocales nada más que el Decreto de avocación.  Toda la documentación de las Diligencias que dieron lugar a la avocación, al menos aquella relevante para conocer las razones de la misma, le fue hurtada al Consejo Fiscal.  De hecho, el Fiscal Jefe Inspector motivó la denegación sobre la base de que era algo innecesario y que se trataba de diligencias secretas, en fecha 26 de enero, sin que hubiera un plante en el Consejo Fiscal por esa denegación.  Pues bien, el Consejo Fiscal, solo con el Decreto del Fiscal Jefe y sin más documentación, se muestra por una amplísima mayoría a favor de la avocación, con la sola abstención de un vocal.  Así se quita un asunto a un fiscal.  ¿Cómo puede el Consejo Fiscal expresar su parecer en un asunto importantísimo si no conoce el contenido del expediente (porque se dice ser secreto, aunque yo tengo muchas dudas), si no sabe si ha habido órdenes superiores -que solo podrían venir de la Fiscal General- para continuar la investigación; o incluso si no se escucha al Fiscal al que se le quita el asunto?.   De hecho, lo que se discute en el Consejo Fiscal es secreto, luego diríase que participar del contenido de las Diligencias de la Fiscalía a los vocales para  debatir en secreto sobre un tema básico de garantías profesionales, parece que no quebranta ningún derecho de nadie.   Y en todo caso, aquí podría haberse preguntado al investigado, que resultaba ser un Fiscal, por si estuviera de acuerdo en que dicha información se suministrara al Consejo.   Pero el Consejo, acepta lo que le dan en silencio.  Y lo hace porque este órgano desde hace ya mucho tiempo está inserto en la jerarquía de la Fiscalía, participando de sus vicios, abusos y faltas de respeto a los fiscales.  Lo hace porque de la jerarquía dependen los nombramientos, esos que en el Consejo Fiscal se votan pero que dependen al fin de no contrariar en demasía a quien manda.   

La otra avocación procede de Las Palmas en un caso de la máxima importancia.   Como está en tramitación, de momento me callo lo que hay.

A mí me parece que, o se dota de garantías a los fiscales en el ejercicio de sus funciones, garantizando la imposibilidad de que se produzcan avocaciones sin controles, y además se regula el sistema de nombramientos objetivando los méritos (en el asunto de Madrid, el Fiscal Jefe que avoca está con mandato ya vencido), o esto de cambiar el proceso penal para atribuir la investigación al Ministerio Fiscal va a ser una tomadura de pelo política, al servicio de los políticos, construida sobre bases técnicas inobjetables.

Y los fiscales, entre tanto secreto (es escandalosa la información que se suministra a la Carrera sobre los discutido en el Consejo Fiscal), sin percibir el aroma inconfundible que desprende todo esto.