EL CAMBALACHE Y LA FISCALÍA

Aquel famoso tango de Santos Discépolo, Cambalache, escrito en los años 30 del siglo pasado, describía la degeneración de unos valores éticos que sintetizaba en la frase "los inmorales nos han igualado". A mi me parece que en muchos casos podríamos decir que nos han superado. La última expresión es el Comunicado de la UPF, la asociación del Fiscal General y que ha estado detrás de todos los nombramientos y actuaciones relevantes del FGE (y de la anterior), en una identificación de objetivos que a mi me produce sonrojo. Pues bien, para la UPF, las sentencias del Tribunal Supremo anulando el nombramiento del Fiscal de Sala de Menores, generan "un efecto pernicioso para la autonomía del Ministerio Fiscal, sentando un precedente que podría afectar en el futuro, además, a las legítimas expectativas de promoción de las y los integrantes de la Carrera Fiscal". Naturalmente, los no designados por el Fiscal General y apoyados por la UPF no deben tener expectativas de promoción. A esos se les debe negar hasta el derecho a combatir resoluciones arbitrarias. A esos, como si fueran la decoración de un festín que se están dando a costa del resto, no les queda más que mirar y callar. Dificil encuentro mayor falta de conexión con el terreno que la que tiene últimamente la UPF. Efectivamente, los Tribunales están para atender las reclamaciones cuando hay desviación de poder, cuando se producen abusos, prevaricaciones u otros delitos. Para eso están los Tribunales. Cuando la política de nombramientos es tan sesgada, tan abusiva, tan bochornosamente sectaria como la que padece la institución desde hace mucho tiempo, e incluso cuando se acentúa a los niveles de los últimos nombramientos, "las legítimas expectativas de promoción de las y los integrantes de la carrera fiscal", reclaman una instancia para poder revisar las arbitrariedades. Cuando cambie el Gobierno y si otro Fiscal General de diferente signo procede a perpetrar los abusos que han realizado los anteriores, seguro que la UPF empieza a entender de que estoy hablando. Pero hasta entonces, se espera que yo, y todos los demás -como las plantas del banquete-, que miremos, callemos y no se nos ocurra recurrir nada. Cambalache puro.

GRABAR A UN FISCAL JEFE

Se han publicado unas grabaciones a mi juicio inequívocas sobre las instrucciones que le da un Fiscal Jefe para el despacho del papel pendiente a una compañera que ha obtenido la baja por un embarazo de riesgo, para ella y para el feto, cuando contaba con 45 años de edad. Le dice, cosas como estas: -"Lo que si, L..., lo que te haya entrado hasta hoy lo dejas despachado". - "Quiero decirte que cuando tiene una baja, el trabajo que le ha entrado antes de la baja lo tiene que dejar... lo tiene que ir haciendo hasta dejarlo despachado". La fiscal dice: "¿Mientras estoy de baja?" Y el Jefe: "Lo tienes que hacer, si" (tres veces seguidas). -"Otras Fiscalías harán lo que sea, pero aquí, antes de darte la baja el trabajo era tuyo y por tanto lo tienes que hacer tu"... -"Te estoy diciendo que el trabajo que tienes pendiente, lo tienes que hacer tu. Solo eso. No tienes que seguir liberando el lote. Solo lo que te ha entrado hasta hoy. Es así". Y así, hablan durante mucho rato. Es decir, el jefe quiere que la fiscal despache el papel que le ha entrado antes de la baja durante la baja médica que se le da por embarazo de riesgo. Ello tiene una perspectiva indudable de género, y es groseramente contrario a derecho. El art. 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una protección específica a la mujer embarazada, y más si se trata de un embarazo de riesgo, y no solo esa norma fundamental, sino también los arts. 8 y 14 de la Ley 3/2007 sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre otras. Pero claro, no podía haberse sabido nada de esto si la mujer afectada no hubiera grabado la conversación con su fiscal jefe. De hecho, el fiscal jefe, antes de saber que la conversación estaba grabada, negó como testigo en el expediente disciplinario abierto a la fiscal por retrasos en la tramitación del papel, haber dado las mencionadas instrucciones a la mujer. Hubiera sido imposible sin la grabación conocer que el fiscal también faltó a la verdad en el expediente, y al no decir la verdad, cercenó el derecho de defensa de la fiscal y faltó a un deber profesional y de compañerismo elemental. Entonces, ¿es una "deslealtad" grabar a quien crees que te acosa para acreditar que te acosa? A mi me parece que lo que está mal es el acoso. El acosado carece muchas veces de mecanismos para poder acreditar lo que le está ocurriendo. Yo creo que nadie grabaría a un fiscal jefe por escuchar lo que se dice una y otra vez, sino por la sospecha, fundada en hechos anteriores, de que esos episodios pueden repetirse otra vez. Se graba por necesidad de obtener pruebas. Recuerdo hace algunos años otro caso de denuncia de acoso. Como no había pruebas objetivas, unos compañeros de la víctima llamamos a otros fiscales que habían compartido trabajo con la persona supuestamente acosadora, y varios nos dijeron que si, que era cierto y que con ellos había actuado de esa misma manera. Pero solo una fiscal de los que llamamos accedió a declarar en la Inspección sobre estos hechos, los demás rehusaron y una llegó a decir que no declaraba por miedo a que le hicieran algo si contaba lo que ocurrió. Una fiscal. Esas cosas las vamos aceptando como cosas que ocurren en la Fiscalía, pero eso es todo lo contrario de la normalidad. El acosado tiene que buscar pruebas legítimas que acrediten el acoso y la grabación es una medida perfectamente legal. Obviamente, en la Fiscalía los acosos no son pan de todos los días, pero ocurren. Y cuando ocurren hay que ofrecer pruebas porque si no el acosador se librará porque tiene la presunción de inocencia, una posición de poder, y a veces, el apoyo de alguna asociación que le ayude tras haberlo encumbrado. Hacen falta pruebas. En este caso lamentable, para mi, tan grave como lo que se le dice a la fiscal por el fiscal jefe es negarlo ante el Instructor de las Diligencias, que por otra parte, rehusó unir la grabacion al expediente, impidiendo así demostrar la mentira del Fiscal Jefe. Cosas que pasan. Todavía espero una reacción de la Fiscalía General ante estos hechos, tras sancionar a la fiscal por retrasos, lo que ha determinado a esta a recurrir su sanción ante el Tribunal Supremo. Si se retrasó injustificadamente en el despacho del papel (el retraso sancionable es el retraso "injustificado") mantendrán la sanción y ella habrá pagado por los retrasos, aunque no por ello dejará de contar con mi afecto personal y mi reconocimiento al esfuerzo que realizó durante varios meses de angustia por el riesgo de pérdida de su primera hija. Pero lo ocurrido con el Fiscal Jefe para mi es un bochorno que debería haber ya movilizado a la Fiscalía General a la remoción del mismo.

LA CIRCULAR 2/2022 Y UNA AUTOJUSTIFICACIÓN EN DIFERIDO

La Circular de la FGE 2/2022, de 20 de diciembre sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal tiene mucha importancia porque marca el ámbito en el cual ha de desarrollarse en el futuro la actividad de investigación penal del Ministerio Fiscal, así como los límites a la misma, lo cual, considerando que está en el horizonte la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal, convierte la Circular en un instrumento muy relevante. De todos los puntos que se abordan hay uno que me ha llamado la atención. Recordarán que hace tres años, cuando quien ahora ostenta la condición de Fiscal General era el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de Dolores Delgado, se inició una investigación penal contra un fiscal, Ignacio Stampa. Esas Diligencias de investigación fueron atribuidas -dado el aforamiento de Stampa- a la Físcalía del TSJ de Madrid, siendo asignadas a un fiscal serio y profesional. Pues bien, a la decisión de archivar las diligencias por no estar acreditados los hechos (comunicada al FGE por razón del art. 25 del EOMF), la Secretaría Técnica, por medio de su entonces titular realizó por escrito unas "sugerencias" al instructor a fin de practicar más diligencias. El instructor tomó nota e incorporó al expediente las sugerencias que le hacía el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, a fin de garantizar el derecho de defensa de Stampa. Practicadas las diligencias de prueba sugeridas, volvió a proponer el archivo, pero nuevamente, el Jefe de la Secretaría Técnica volvió a hacer "sugerencias", que el instructor rechazó practicar, pero lógicamente volvió a unir al expediente las sugerencias que se hacían porque si no el investigado era dificil que pudiera defenderse de una investigación que no se agotaba en la práctica de las actuaciones que instructor había decidido. Copia de esas "sugerencias" fueron entregadas al investigado, antes de que el asunto fuera avocado por el Fiscal Jefe de la Fiscalía y se procediera al espurgo de las mismas. Gracias a ese talante garantista del fiscal instructor pudo saber Stampa que le estaban realmente investigando desde las alturas de la institución contra el criterio del instructor, y pudo defenderse de las actuaciones que se iban a practicar contra él en las Diligencias, ya que si las "sugerencias" no se hubieran incorporado el investigado no podría entender como se defiende de actuaciones del instructor, y que cuando se practican le aparecen más diligencias, y más, y más. Bueno, pues ahora la Circular referida del FGE prohíbe lo que hizo el instructor al unir al expediente las "sugerencias" y legitima la falta de publicidad de lo que hizo como Secretario Técnico el propio FGE, y por tanto establece la posibilidad de que por parte de la jerarquía de la Fiscalía se puedan dar instrucciones al instructor de unas diligencias penales corrigiendo su criterio en perjuicio del investigado sin que quede rastro en el expediente y por tanto contra el criterio del investigado..., y del instructor. No se establecen límites, puesto que la instrucción del superior puede venir tanto en cuanto a lo que se hace, como a lo que no se hace; tanto a cuestiones de derecho como a cuestiones de diligencias de prueba. Pensemos que estamos en el terreno de la asunción por el Ministerio Fiscal de una función tan importante (la investigación penal) que ha venido atribuida a un juez en nuestro derecho, es decir, que parece que precisa de un investigador con cierta independencia, como garantía, entre otras cosas, del derecho de defensa. Extendiendo este tipo de prácticas, nunca podremos saber si se hacen también "sugerencias" -y se acatan- en los expedientes disciplinarios. Uno no sabe si reir o llorar. Realmente, con esta concepción del Ministerio Fiscal creo que es muy difícil que se pueda asumir la investigación criminal en sustitución de los jueces de instrucción, sin merma de garantías básicas. La Circular dice en su página 73 (de las 231 que tiene): "Las órdenes de servicio, incluidas las notas de visado, que pudieran haber sido dictadas por la respectivas jefaturas en relación con las investigaciones incoadas, las comunicaciones realizadas al amparo del art. 25 del EOMF..., en ningún caso serán incorporadas al procedimiento de diligencias de investigación, por no formar parte de estas".

PRESUPUESTO PARA LA FISCALÍA

El único camino para la Fiscalía de adquirir un mínimo de la autonomía funcional que establece nuestro Estatuto (autonomía que se establece respecto del Poder Judicial, en el que la Fiscalía "está integrada", art. 2 del EOMF), es que se la dote de un presupuesto propio y diferenciado en los Presupuestos Generales del Estado. Porque si no es así, si se sigue con el modelo actual de que cualquier actuación de la Fiscalía (incluyendo el sistema a través del cual se articula toda su actividad, que es el sistema informático) va a depender de la voluntad del Ministerio de Justicia, no hay autonomía posible. Ni plantillas, ni concursos, ni medios materiales, ni medios personales, ni cuestiones operativas, ni comisiones de servicio..., todo depende finalmente de que haya presupuesto, que administra el Ministerio. ¿Sabe esto el Fiscal General? Pues claro. Él lo sabe perfectamente, lo llegó a decir en el Parlamento, pero a él (como a sus antecesores) le nombró el Gobierno y eso marca mucho. Cuando le he preguntado porque no se planta y pide de una vez un presupuesto diferenciado, me encuentro con una pared. Lo hará "a su manera". La realidad es que no puede. Cuando le nombraron no puso como condición la implementación de un presupuesto propio para la Fiscalía: al aceptar el cargo así no se va a poner a reclamar al Gobierno un presupuesto, porque él considera que eso favorecería a la oposición. Por eso impidió que la cuestión se votara en el Consejo Fiscal, a pesar de que todos los presentes -incluso él- sabíamos que es algo indispensable. Este tipo de Fiscales Generales (siempre sostenidos dentro de la Carrera Fiscal por una asociación profesional politizada: en este momento, la UPF) carecen de la independencia de criterio necesaria, están a caballo de la dirección de una institución que requiere independencia del Gobierno, pero ellos mismos son tributarios de la forma de su nombramiento. El FGE (ni este, ni sus predecesores) no puede cambiar nada, porque solo dos cosas alterarían la posición del Ministerio Fiscal español: la primera, un cambio en el modo de elección del Fiscal General, de manera que no tuviera miedo a que sus actuaciones "favorecieran a la oposición"; la segunda, un presupuesto propio administrado por la Fiscalía, que no puede pedir porque su concepción de la Fiscalía le incapacita a provocar un enfrentamiento con el Gobierno, aunque fuera por algo que es imprescindible para la Institución. Ah, bueno, queda la consecución del presupuesto "a su manera", es decir, más o menos por indirectas, como Gila. Bueno, pues ojalá le funcione.

SE HAN OFENDIDO

Sendos comunicados de hoy, de vocales de la AF y del Secretariado de la UPF evidencian que no les gusta mi estilo de dación de cuentas de lo que ocurre en el Consejo Fiscal. Y bien que lo siento. Deben entender que llevo poco tiempo en el Consejo, y que todavía no me he acostumbrado a ciertas cosas: a los abusos del poder, a los tejemanejes, a la docilidad con la jerarquía, al sectarismo, a la sumisión al Gobierno de turno, a la cobardía..., en fin, sobre todo, que no me he acostumbrado a callarme cuando tenido el honor de ser elegido por mis compañeros. Así que me parece que tendremos que seguir teniendo paciencia: yo, con ciertas cosas que se hagan en la Fiscalía; y algunos, con tener que oir mi opinión sobre ellas.