LA AF LO HA VUELTO A HACER

Copio el nuevo comunicado de la Asociación de Fiscales apoyando al Fiscal Jefe de Las Palmas.   A estas alturas albergo muy pocas dudas de que la Fiscalía General haga algo para corregir un comportamiento de la Fiscalía que, recordemos, inició una investigación preprocesal para averiguar si una juez que había pedido la excedencia para presentarse a las elecciones había cometido una infracción disciplinaria por no abstenerse en un determinado asunto, y dio publicidad a dicha investigación al comienzo de la campaña electoral.  E l TSJ de Canarias en primer lugar ordenó paralizar la investigación y finalmente consideró que la Fiscalía había vulnerado los derechos fundamentales de la candidata, había incidido en la campaña electoral violentando el principio de neutralidad política e invadido una competencia exclusiva del CGPJ relativo al régimen disciplinario de los jueces.    El CGPJ archivó la denuncia de la Fiscalía, ya pasadas las elecciones.  Quienes luchamos por la despolitización de la Justicia creemos que este es el tipo de cosas que no pueden ocurrir y que si ocurren han de ser corregidas.    Creo que debería por tanto acordarse el cese del responsable de aquella Fiscalía ya que estos hechos son demasiado graves.   La jerarquía de la Fiscalía no parece compartir este punto de vista, y yo creo que esta situación explica perfectamente como están las cosas.    La Fiscalía -recordemos- tiene que actuar en todo caso, por mandato constitucional, con arreglo a los principios de imparcialidad y de legalidad.    Cuando un Tribunal (y no un Tribunal cualquiera)  te dice que la Fiscalía no ha respetado ninguno de los dos principios en una sentencia -desde la óptica personal de quien ha dedicado toda su vida profesional a la Fiscalía y a su despolitización- debería pasar algo.   Lo que ocurrirá probablemente es que habrá recurso, seguramente del abogado del Estado (la Fiscalía en el proceso por derechos fundamentales tiene por misión velar por su respeto, de manera que en este caso se convierte en una parte interesada ya que el reproche de su vulneración recae sobre quien tiene que defender esos derechos, posición procesal que a mi me suena extraña).   Pero eso no cambia nada, la situación anómala para la imagen de la Fiscalía deriva de los hechos no de que una sentencia los considere ilegales, y esos hechos son clarísimos y no son discutidos como dice la sentencia del TSJ de Canarias.  
Ahora la AF, asociación mayoritaria en la Carrera Fiscal, lo vuelve a hacer.  Vuelve a cerrar filas con un asociado suyo responsable según los Tribunales de una vulneración de derechos fundamentales.   Como lo hizo en su día con otro desgraciado asunto en que también había habido vulneración de derechos fundamentales.   Parece que lo importante no es el prestigio del Ministerio Fiscal, ni su neutralidad política, ni la calidad del servicio, ni la independencia del poder judicial, ni los derechos fundamentales de los ciudadanos: lo importante es la jerarquía.   Les digo a los fiscales que me quieran escuchar, les digo a los alumnos del CEJ, le digo a cualquiera que tenga ganas de cambiar la situación de la Fiscalía que habrán de luchar por revertir esta estructura de poder en la Fiscalía; con una jerarquía así no puede haber cambio alguno, ni siquiera interés por la lucha por cambiar nada.   Yo creo que hace falta cambiar muchas cosas en nuestro sistema: que hay que acabar con el control político de la Justicia, que hay que acabar con las puertas giratorias entre política y justicia (si un juez o fiscal se va a la política, no debería poder volver en muchos años), que hay que generar mecanismos seguros y públicos de comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía, que hay que volver la mirada hacia las condiciones de trabajo de los fiscales y a los derechos laborales de estos y muchas otras cosas.   Pero también que hay que acabar con este corporativismo que impide darse cuenta de cuando la Fiscalía actúa mal en los casos en que el error proviene de los propios y sin importar entonces las consecuencias para terceros o para la propia institución.    En lugar de analizar que algunos de los males de la Fiscalía ya no son por presiones o influencia gubernamental sino que provienen de nuestra anquilosada estructura, desde la AF se lucha por mantener esa estructura incluso en casos que como este muestran el mal funcionamiento de algunas cosas.    Bueno, os dejo el Comunicado.

Madrid, 16 marzo 2016.

El pasado 7 de marzo, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la magistrada en excedencia Maria Victoria Rosell Aguilar, contra las Diligencias Preprocesales 83/2015 de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

 La Asociación de Fiscales, ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación y dentro del escrupuloso respeto a la resolución judicial, manifiesta públicamente su apoyo al Fiscal Jefe Provincial D. Guillermo García-Panasco  Morales  y a la Fiscal Dª Evangelina Ríos Dorado, que han actuado de conformidad a las facultades que al Ministerio Fiscal confiere el art. 124 de la CE, art. 5 del EOMF y la Circular 4/2013 de la FGE.

Observamos con preocupación que ante una sentencia (firme o no) se hagan afirmaciones interesadas e intolerables en un Estado de Derecho, vinculando la actuación legítima del Ministerio Público con criterios e intereses extraprocesales, algo que no puede ser aceptado; resultando, además, chocante que desde otra Asociación de fiscales se pida la dimisión del Fiscal Jefe Provincial por haber ejercido las facultades que la normativa vigente le atribuyen de manera clara y que encuentra acomodo y refuerzo en el anuncio de la Fiscalía General del Estado de recurrir la resolución arriba mencionada.

Por ello, esta Asociación Profesional, velando única y exclusivamente por la integridad de los miembros de la Carrera fiscal, reitera nuevamente no sólo su apoyo a la labor profesional realizada sino que pide a todos los que hasta el presente la han criticado, dejen a la Justicia ejercer su labor sin presiones y sin prejuicios, no olvidando que es nuestro más Alto Tribunal el único que podrá fijar doctrina en cuanto al tema debatido y al que todos los operadores jurídicos deberemos someternos.

Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.

MUJERES ASESINADAS TRAS CONVIVIR CON UN MONSTRUO

Cada vez que en un telediario veo que otra mujer ha sido asesinada por su pareja es como una interpelación directa que siento: ¿que puedes hacer para ayudar a luchar contra esto?   ¿No hay manera de acabar con esta lacra indecente?  ¿Que clase de educación han recibido muchos hombres en España para que puedan llegar a realizar actos así?  ¿Pero que clase de gentuza es capaz de tratar así a su mujer o a la madre de sus hijos? El caso es que los asesinatos no parecen disminuir, sino todo lo contrario.  Hasta 12 mujeres han sido asesinadas este año por violencia machista.   ¿Nos damos cuenta realmente de la gravedad de la enfermedad social en la que vivimos?  Estrangulamientos, disparos, apuñalamientos, ahogamiento...  Doce mujeres asesinadas (8 tan solo en enero), algunas de ellas en presencia de sus hijos y de su propia madre.    El año pasado fueron 64, el anterior 59, hasta 85 en 2010.   Víctimas de personas a las que un día quisieron, a las que tal vez todavía en algún caso querían.     Hay más de 350 denuncias diarias por violencia de género en España.    Creo que estamos ante un problema de primera magnitud, un problema parejo al peor terrorismo en cuanto a sus efectos pero que según el CIS solo es percibido como tal por un porcentaje mínimo de españoles (un 1,6 por ciento).  Yo que todos los recursos que puedan dedicarse a abordar soluciones a este problema hay que considerarlo bien invertido -hay que buscar resultados hasta acabar con esa lacra-, y en cuanto a la Justicia, sabiendo como se que esta es un área de trabajo muy difícil para los fiscales y jueces de trinchera, les rindo aquí mi reconocimiento por su labor.

EL PARALIZADO CÓDIGO ÉTICO DE LA FISCALÍA Y TANTAS OTRAS COSAS

Hace unos meses nos escribieron de la Fiscalía General para que informáramos en la APIF un proyecto de Código Ético para la Fiscalía, que nos vienen reclamando ya hace tiempo desde el Consejo de Europa.   Desde entonces, nada de nada.   En ese código ético -ligado a la transparencia- podían tratarse cuestiones claves para el funcionamiento de la Fiscalía, como por ejemplo considerar infracciones al mencionado Código el no abstenerse los fiscales en ciertos asuntos, o la necesidad de que la agenda del FGE fuera transparente, o que se estableciera la compatibilidad ética para las asociaciones de recibir financiación de entidades bancarias, o la asistencia reiterada de fiscales a palcos,  o conocer donde y quien viaja por cuenta de la Fiscalía y para qué.     Podría establecerse algún tipo de obligación también para los vocales del Consejo Fiscal relacionado con la motivación de sus decisiones y tantas otras cosas.   La FGE aquí está parada.

Como está parada en materias de prevención de riesgos laborales.   Desde que el Ministerio al parecer rehusó firmar un Convenio sobre el particular con la Fiscalía, parálisis.    Nada de nada (o muy poco) sobre transparencia, sobre garantías en el régimen disciplinario de los fiscales aparte de dos novedades, una buena y una mala: la posibilidad de que intervenga un compañero o la asociación del afectado por un expediente disciplinario, como buena; y la práctica de que el FGE elija a dedo al instructor del expediente incluso en los casos en los que la sanción la va a imponer el propio FGE: espero que ese modo de proceder se anule en los Tribunales, donde actualmente se está debatiendo el tema.

Tampoco hay nada de una encuesta de ambiente laboral, ni sobre acoso laboral, ni de evaluación de los fiscales para méritos y promoción, ni un protocolo de entrada de fiscales en la Carrera, ni límites a la carga de trabajo que son esenciales para garantizar una vida profesional saludable y medir las necesidades de personal en las Fiscalías.    Nada de nada.

La pasividad de la Fiscalía General ante la entrada en vigor del nuevo artículo 324 de la LECr., y la gravedad del problema que caía sobre los fiscales ya fue denunciada por la APIF, pidiendo incluso la  dimisión de la Fiscal General.  Por cierto, le pedimos hace ya varios meses también a la Fiscalía General Códigos Penales y leyes de enjuiciamiento para todos los fiscales en razón a la importancia de las reformas del último año, y no ha habido ni Códigos ni siquiera contestación.

Hace unos días nos dio la Fiscalía General una satisfacción al aparecer sumada a la crítica al sistema de Lexnet (en mi Fiscalía, por ejemplo, se ha paralizado el funcionamiento del mismo hasta que se arreglen ciertos desajustes con la firma electrónica), pero se vio pronto enfriada cuando se dijo que lo publicado no era cierto, y se cargó además contra el medio que publicó la noticia.

Con ello quiero resaltar que la parálisis de la Fiscalía es alarmante en cuestiones de régimen interior.  Incluso ante un tema tan grave como el ocurrido en Las Palmas hace unos días y que ha dado lugar a una sentencia de inaudita dureza contra la Fiscalía una vez más por vulneración de derechos fundamentales de una juez candidata a las elecciones, indicando ni más ni menos la ilegalidad de una actuación del Fiscal y señalando la objetiva incidencia de la Fiscalía en la campaña electoral: ¿es posible que tampoco pase nada ahí, ni sanción disciplinaria, ni dimisión, ni remoción del Fiscal Jefe,  ni siquiera explicaciones públicas?.  Solo encuentro una explicación a eso y no me atrevo a escribirla porque espero que haya otra.

Una cosa es que el Gobierno esté en funciones y otra diferente es que ninguna de las reformas prometidas y fundamentales para los fiscales vea en algún momento la luz, o se vea algún progreso.    No nos olvidamos de ello.