CONTINUIDAD EN EL GOBIERNO DE LA JUSTICIA

La confirmación de Mariano Fernández Bermejo como Ministro de Justicia tras las elecciones de marzo, y la que ayer se nos anunciaba de Cándido Conde Pumpido como Fiscal General supone claramente un mensaje de continuidad con la política en Justicia que venía desarrollando el PSOE en los últimos tiempos. Así como en otras áreas no hay duda que el Presidente del Gobierno ha ofrecido novedades de las que se habla y no se para, en Justicia el mensaje es continuista. ¿Y por tanto, que cabe esperar en los próximos años? Pues yo diría que seguirán siendo fuertes los que eran fuertes en Justicia antes de las elecciones, por ejemplo las asociaciones JD y UPF y sus dirigentes. Seguramente incluso más fuertes dada la relevancia merecidamente adquirida por Jose Antonio Alonso y la próxima renovación del CGPJ que revelará una nueva y diferente mayoría; y que seguirán luchando -a veces con bravura, es cierto; pero también en alguna ocasión en sintonía partidista- los contrarios políticamente a los progresistas en ambas carreras en busca de una oportunidad que solo ha de llegar cuando cambie el Gobierno. Pero para los demás -jueces y fiscales "no alineados" políticamente-, que nada debemos temer ni esperar del resultado de las luchas partidistas ni de su influencia en el ámbito de la justicia, nos queda -si somos capaces de hacerlo-, una tarea muy importante: plantear una alternativa profesional a los problemas de la justicia; una alternativa que ha de surgir no de la confrontación con nadie, sino precisamente del ejemplo de nuestro trabajo diario, de nuestra "no colaboración" con las banderías existentes. Claro que es difícil, pero los "no alineados" tenemos muy claros los principios. En los próximos años deberemos ir tejiendo nuestras coincidencias, nuestros intereses profesionales, nuestras ideas, nuestros modelos de proceso, de Justicia, nuestro modelo de solidaridad profesional (que nos une al compañero si tiene la razón aunque no piense como nosotros). Como dice el candidato Obama en Estados Unidos: Yes, we can!

EL ARTÍCULO 27 DEL EOMF Y EL "CASO SINTEL"

Si existe un artículo del Estatuto del Ministerio Fiscal que es emblema para nosotros sobre como comportarnos frente a una orden que consideramos improdente, ese es el artículo 27, que dice lo siguiente:

1. El Fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su Fiscal Jefe. De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola. De proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala.
2. Si el superior se ratificase en sus instrucciones lo hará por escrito razonado con la expresa relevación de las responsabilidades que pudieran derivarse de su cumplimiento o bien encomendará a otro Fiscal el despacho del asunto a que se refiera.

Un Fiscal ha recibido una orden, con la cual evidentemente no estaba de acuerdo, y -pese al coraje que el mismo ha mostrado- no se ha cumplido lo preceptuado en el Estatuto. Porque es claro que la Junta ha de pronunciarse antes de que se emita el dictamen, ya que en otro caso el artículo 27 no sirve para nada. Yo recuerdo perfectamente el planteamiento de algunos artículos 27 por parte de algunos Fiscales. Por ejemplo, los que planteó en su día Alfredo Flores, Fiscal Jefe de Sevilla, contra órdenes de Eligio Hernández; o los que planteó Carlos Jimenez Villarejo contra órdenes de Jesús Cardenal en casos que afectaban, incluso a un Ministro; o el de Bartolomé Vargas, castigado por defender su criterio profesional. Nunca es fácil la decisión de plantearlos ya que inequívocamente se muestra una confrontación con el superior, una confrontación que en algunas ocasiones ha supuesto un castigo. Pero hay que respetar ese artículo y lo que en él se dice ya que es una de las últimas garantías de defensa de nuestra imparcialidad. Y cuando un Fiscal supera sus dudas, asienta su criterio, y defiende con coraje su parecer, desde una perspectiva profesional hay que aplaudirle, con independencia de que finalmente triunfe o no su posición. Y no se puede negar que si la Junta no se pronuncia antes de emitir el dictámen en que consiste la orden, pues entonces todo se va al garete. La situación en la Fiscalía ya está suficientemente atada como para que encima se interprete sin rigor lo dispuesto en el mencionado artículo. En el caso en cuestión, modestamente opino dos cosas: una, que la falta de tiempo para seguir el procedimiento del artículo 27 habría de haber sido un factor que determinara la interposición del recurso por el Fiscal en los términos que pedía el inferior, y en su caso haber operado el desistimiento del recurso si finalmente el superior impone su criterio tras seguir los trámites; y dos, que el Fiscal José Grinda, al que no conozco, se ha ganado mi reconocimiento.

INVESTIDURA DE ZAPATERO Y JUSTICIA "ROBOCOP"

Se reproduce a continuación lo que sobre Justicia ha propuesto el Sr. Rodriguez Zapatero en la sesión de su investidura. No puede olvidarse el contexto en el cual dicha declaración se produce, cuando se han puesto de manifiesto una serie de disfunciones en la ejecución de las sentencias penales, que muchos consideran que no son sino expresiones de una situación real mucho más grave:

"Señorías, esa reforma es necesaria, en primer lugar, en el ámbito de la Administración de Justicia.
La reforma de la Justicia se ha convertido en un objetivo crucial e inaplazable. No puede haber razón alguna, ni interés alguno, ni resistencia alguna, que prevalezcan sobre el clamor de los ciudadanos que piden, con todo derecho, una Justicia ágil, transparente,responsable y plenamente conforme a los valores constitucionales. El diagnóstico sobre sus deficiencias está claro. Ahora hay que poner en juego la voluntad política para corregirlas, y además con el mayor consenso posible.
Para empezar, es preciso gobernar mejor el Poder Judicial.
Y gobernar mejor el Poder Judicial significa asegurar el trabajo eficiente, independiente y responsable de los jueces y tribunales. Es al Consejo General del Poder Judicial a quien corresponde constitucionalmente velar porque así se haga. Le corresponde eso y no convertirse en escenario de una confrontación partidista que tiene su lugar, y muy legítimo, en otros foros, empezando por este Parlamento.
No nos vale de nada preguntarnos quién es el responsable de la imagen que los ciudadanos tienen de la Justicia y de su órgano de gobierno. Pero sí seremos todos responsables si no atajamos juntos los problemas desde su raíz.
Lo primero que hay que evitar, que todos debemos evitar, es que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido. Por esta razón, como remedio excepcional, aseguraremos el cese efectivo del Consejo cuando concluya su mandato, y promoveremos, en todo caso, una elección de sus vocales transparente, avalada por la garantía democrática de su idoneidad y capacidad.
Desarrollaremos los Consejos de Justicia en las Comunidades Autónomas, de
conformidad con el principio constitucional de unidad del Poder Judicial. Con ello, será posible un conocimiento más próximo de los problemas de la Administración de Justicia en cada territorio.
Es voluntad del Gobierno retomar, buscando el mayor apoyo parlamentario posible, las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las leyes procesales que no vieron la luz en la pasada legislatura. Y hacerlo con el objetivo fundamental de introducir en la Administración de Justicia un modelo de gestión propio de nuestros tiempos, con los medios técnicos, personales y materiales que resulten necesarios.
La reforma de la oficina judicial es un instrumento clave al respecto.
Una Justicia más ágil, accesible y transparente requiere una distribución racional de las cargas de trabajo. Por ello, promoveremos también la modificación de la Ley de Planta y Demarcación, y lo haremos de acuerdo con las Comunidades Autónomas.
Será preciso, igualmente, seguir invirtiendo en un ambicioso Plan de Nuevas Tecnologías, que facilitará los trámites y notificaciones, la interconexión integral de la información entre todos los responsables y el acceso de la ciudadanía a los asuntos judiciales.
Será necesario el fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia y,
paralelamente, la modernización del recurso de casación, para que el Tribunal Supremo pueda ser el máximo órgano de unificación de doctrina y por tanto, garantía máxima de la igualdad de todos los ciudadanos en la aplicación de la Ley.
Señorías, Me propongo, pues, si obtengo la confianza de Sus Señorías, impulsar las reformas orgánicas y procesales necesarias para poner el servicio público de la justicia, al menos, a la altura del nivel de bienestar que ha alcanzado nuestro país.
Y reitero, más allá de cualquier retórica exhortación al uso, mi voluntad de contar en esta tarea, de innegable envergadura y trascendencia, con todos los grupos de la Cámara, empezando por el mayor de la oposición, así como con la colaboración de un Consejo General del Poder Judicial plenamente consciente de su designio constitucional.
Porque no tengo ninguna duda, Señorías, de que nadie escatimará su colaboración leal para evitar la impotencia y el dolor que hemos vivido en estos días ante trágicos fallos del sistema que han permitido hechos que nunca debieron ocurrir y por los que todos nos sentimos deudores con quienes los han padecido.
Tengo una idea clara y en esa idea no caben fallos judiciales clamorosos, procedimientos que se eternizan ni un gobierno de la justicia que desatienda el derecho de los ciudadanos para ocuparse de asuntos corporativos o de controversias partidistas".

Esto es lo que se dice. Entre lo que no se dice en el discurso pero que figuraba en el programa electoral del PSOE, leemos lo siguiente:

Con el fin de garantizar el derecho de toda persona a un juicio justo, nos comprometemos a elaborar una nueva Ley Procesal Penal de la democracia adaptada a las necesidades del enjuiciamiento rápido y favorecedora de la mediación cuando la naturaleza y gravedad del delito lo permita. La nueva Ley garantizará,en todo caso, la doble instancia penal y la revisibilidad de las condenas. Asimismo,apostamos por encargar al fiscal la dirección de la investigación con criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la ley, bajo el control judicial de un juez de garantías.

El modelo de Justicia que se nos ofrece, y que no presenta grandes diferencias con el que propugnó y practicó en su día el PP -otra cosa es lo que dice ahora, claro- es pues evidente. Una justicia con fuerte músculo, mejor dotada, con acceso a las nuevas tecnologías, reformando la oficina judicial para liberar al juez de todo lo que no sea jurisdicción; una justicia penal en la que se va a renovar el procedimiento de enjuiciamiento, en la que se potenciará el papel del Fiscal y en la que se estrecharán los lazos entre los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas con la estructura de la Justicia que se instaurará en las mismas. Pero se trata de una Justicia en la que no se encuentra ni se busca otro modo de legitimación democrática que la de vincularla/someterla a las fuerzas políticas mayoritarias en la forma que así resulten de las elecciones. No se incide en potenciar su imparcialidad, su independencia como Poder del Estado. Con diferentes mayorías, las luchas políticas en el Consejo van a continuar (si he de rectificar, con mucho gusto lo haré), y por supuesto, se considera adecuada la actual situación de la Fiscalía. Una situación que permite a cualquier partido que está en la oposición afirmar que el Fiscal depende del Gobierno, como vimos hace algunos años en el caso del PSOE, y hoy vemos en el caso del PP.

En suma, se nos ofrece un modelo de justicia ROBOCOP (como aquel mítico robot policía androide de la célebre película), que se aspira a que sea poderosa, eficaz y útil para los ciudadanos, pero no preparada para actuar con independencia frente al poder; o lo que es lo mismo, una justicia no igual para todos.

LOS JUZGADOS SON REINOS DE TAIFAS

Ese es el título de un reportaje que publica hoy El Pais, y que es una pequeña pero significativa muestra del estado de los juzgados españoles. A preguntas del periodista uno de los funcionarios dice: "Pregúntele quién está interesado en que la justicia no funcione. Mire, en cambio, qué bien funciona Hacienda". Y aunque Hacienda no funcione tan bien como cree el funcionario, lo cierto es que hay un abismo en método y medios a lo que aquí se respira. Ya no es solo la cantidad enorme de causas que se despachan en un juzgado penal medio. Es que además se sigue despachando igual que hace muchos años. Yo he trabajado unos años en un Tribunal Penal Internacional; pues bien, allí no recibía un papel, un documento, una declaración, una prueba, una foto, un mapa o una comunicación de jefes o compañeros, que no lo hiciera por ordenador. Todos los documentos se escaneaban al llegar al Tribunal, y en ese formato eran accesibles. Las traducciones de los documentos se ordenaban y se recibían por correo electrónico. Los dictámenes se hacían informáticamente y se trasladaban a las demás partes de la misma forma. Nunca recibí causas cosidas al estilo nuestro. Y además hube de someterme a cursos de aprendizaje de las más comunes apliaciones de informática y también de aquellas específicas de la Fiscalía y del Tribunal, al igula que los demás fiscales. Y de familiarizarme con los sistemas de búsqueda y archivo utilizados en el mismo. En esos sitios es impensable contratar a un Fiscal que no maneje herramientas informáticas. Y aquí ha de empezar a ser necesario exigir ese conocimiento a Jueces y Fiscales.

Además, el estilo de trabajo que se crea alrededor de un sistema informático es mucho más eficaz, ya que se controlan tiempos, situaciones, contenidos, registros, presencias y ausencias, saltan las prescripciones (antes de que se produzcan), y sobre todo, las alarmas se trasmiten a varias personas. En fin, algo parecido a lo que ahora sucede con Hacienda, que uno diría que es mucho más complicado. ¿Y porque no en Justicia?

TODO EL MUNDO SABE LO QUE HAY QUE HACER EN JUSTICIA

Esta explosión de interés por la Justicia al hilo de unos cuantos casos que ponen de manifiesto sus deficiencias, contrasta con la autocomplacencia que en relación con la cuestión se ha mostrado en la campaña electoral. Pero ahora todos van a arreglar la justicia. Eso si, la van a arreglar un poco, como Lampedusa, "para que todo siga igual". Porque todo el mundo sabe que hay que empezar cambiando el sistema de gobierno de los jueces para despolitizarlo, y eso no lo van a hacer: no hay más que leer hoy el periódico y ver que el juego sigue igual que la anterior legislatura. Luego hay que despolitizar la fiscalía, y eso tampoco lo van a hacer, ni PP ni PSOE. Más tarde hay que hacer esfuerzos institucionales para despolitizar las asociaciones de jueces y de fiscales, rompiendo vínculos con los partidos políticos y eso tampoco se prevee que lo hagan. Y por último hay que invertir mucho más dinero en la justicia, y hacerlo con inteligencia al servicio de la eficiencia. Eso -quizá- se vaya haciendo, siempre que se haya mantenido bien la estructura de poder. Pero si no se cambia lo esencial, esa estructura de poder, la justicia no estará orientada desde arriba exclusiva e incondicionalmente al servicio de los ciudadanos, sino que estará orientada a ese fin salvo que interfiera el interés de los partidos políticos (o, simplemente, de algunos poderosos). Y los males continuarán.

LA JUSTICIA, CENTRO DE ATENCIÓN

Tras una campaña electoral en la que ningún candidato ha parecido tener el más mínimo interés por la Justicia, ahora diversos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de prestarle atención. La huelga de funcionarios, que sigue todavía y cuyos efectos sobre el funcionamiento de Juzgados y Tribunales se van a dejar notar durante mucho tiempo; los casos de desatención detectados al hilo de desgraciados asuntos, en los que se pone de manifiesto que algunos óganos jurisdiccionales y fiscalías descansan sobre un polvorín que los sistemas de inspección son incapaces de detectar y desactivar (por cierto, que algo hay que hacer para que un Juzgado no deba lidiar con 5.000, 7.000 u 8.000 asuntos al año, porque en otro caso resulta un poco hipócrita el lamentarse de que se produzcan algunos fallos); el Consejo General del Poder Judicial, que después de muchos años de dedicarse al juego de la política judicial, se enfrenta al espejo de su falta de eficiencia. Es claro que esta legislatura vamos ha hablar de Justicia. Hoy, por ejemplo, ABC recoge las medidas que va a plantear el PP sobre la materia, al tiempo que un fino comentarista, antiguo Presidente Autonómico de Asturias, Pedro de Silva, plantea desde el desencanto la necesidad de abordar reformas desde la perspectiva de mejorar la eficiencia, o Soledad Gallego Diaz, desde El Pais, critica con dureza el estado de la justicia en España. En todo caso es necesario que la cuestión se aborde entre todos desde un espíritu constructivo, aceptando que las cosas tal como están pueden empeorar poco y pueden mejorar mucho, y sobre todo con la intención de no sacar tajada partidista de algo que es de todos y que nos es necesaria a todos. Veremos.

IDEAS PARA CAMBIAR LAS COSAS EN LA FISCALÍA

Los fiscales trabajan con imparcialidad. Despachan los asuntos con arreglo a las reglas de la técnica del derecho, sometidos al imperio de la ley. Por eso resulta extraña a nuestra concepción profesional cualquier factor que altere ese estado de cosas. Y así los conceptos de "progresista", "conservador" o "equilibrios (o reequilibrios) ideológicos" no suenan bien cuando son determinantes de los ascensos o promociones profesionales. No hay inconveniente en admitir que existen diferentes sensibilidades en cada uno de los fiscales sobre aspectos de la vida, y que algunas de esas sensibilidades tienen que ver con el hecho de ser más o menos conservador o más o menos progresista. La pena es que existen otros matices también muy importantes que ceden ante lo anterior. El ser más o menos estudioso, más o menos trabajador, el ser hombre o mujer, el ser más o menos seguro, más o menos sensible hacia las víctimas, más o menos cuidadoso, más o menos antiguo en el escalafón, más o menos brillante... Hay infinidad de aspectos sobre los cuales marcar las diferencias y que son importantes. Pero no parece que eso tenga siempre una importancia determinante. Estas diferencias se concretan y se potencian de manera decisiva en aspectos conectados con la política -con la política de partidos-, con aquellos aspectos que permiten una más fácil adscripción con tal o cual partido formación mayoritaria. Creo que eso es malo. Y lo es porque para muchos ciudadanos existe la percepción de que la adscripción política es el gran riesgo que tenemos para la imparcialidad profesional. Mientras que no se predicará lo mismo de otros matices sobre los cuales construir la diferencia de valoración de las trayectorias profesionales. Por eso creo que el sistema actual, con asociaciones representadas en el Consejo Fiscal demasiado etiquetadas, es muy mejorable. Y creo que desde luego mejoraría en la medida en que no asociados, o los asociados que hagan de la neutralidad política y de la independencia en el Consejo una bandera, se puedan ir abriendo camino en dicho órgano con el respaldo de los votos de los fiscales. Un hecho así obligaría a replantear muchas cosas a mucha gente. Quizá lleguemos a verlo pronto.

PARA LOS FISCALES LA MEJOR OPCIÓN ES "LA INDEPENDIENTE"

Es bien sabido que entre fiscales y jueces el asociacionismo no es mayoritario. Es probable que -por ejemplo- tan solo uno de cada tres fiscales pertenezcan a una asociación. En los últimos años parecía que el espectro asociativo estaba cubierto con dos asociaciones, la mayoritaria Asociación de Fiscales, que sufre menos cuando gobierna el PP, y la UPF, que tiene en aquel caso mayores dificultades. Pero hay otra asociación en la plaza. Una asociación joven, que ni sufre ni goza con tal o cual gobierno. Una asociación que no es afín ni desafecta ni a PP ni a PSOE ni a ningún otro partido democrático. Una asociación independiente, la "Asociación Profesional e Independiente de Fiscales". Su constitución obedeció al impulso de unos jóvenes fiscales que entendieron que las otras dos asociaciones no defendían correctamente sus reivindicaciones profesionales, salariales. En aquellos días, "La Independiente" se vió perjudicada al establecerse por el Ministerio de Justicia un mínimo porcentaje de asociados -que no habían alcanzado todavía- para poder tener derecho a cualquier tipo de subvención económica, como disfrutan las demás asociaciones de jueces y de fiscales, paralizándose así su desarrollo natural. A pesar de esa injusticia, que ha de ser corregida rápidamente, ahí están: profesionales, despolitizados, sin filias políticas o fobias contra nadie, organizándose en el calor del trabajo diario en las Fiscalías y creciendo poco a poco. Creemos que es una magnífica opción para los fiscales el asociarse a "la Independiente", cuyos fines, según sus Estatutos, son:

1º.- Defender los principios de legalidad e imparcialidad en la actuación de los miembros del Ministerio Fiscal, con especial atención a la defensa de los derechos , principios y libertades consagrados en la Constitución Española.
2º.- La defensa de los asociados, y de cualesquiera otros miembros del Ministerio Fiscal , en lo relativo a su actuación profesional y en general la defensa de sus derechos e intereses profesionales y en particular frente a los acuerdos que, por la vía de la dependencia jerárquica, limiten injustificadamente su actuación conforme al principio de legalidad o su estabilidad profesional.
3º.- Promover entre los miembros del Ministerio Fiscal la adecuada información sobre los derechos que les corresponden en el ejercicio de sus funciones.
4º.- Ejercer el derecho de audiencia en el procedimiento de elaboración de las disposiciones que afecten al Ministerio Fiscal.
5º.- El perfeccionamiento de la Administración de Justicia de modo que la misma responda a los derechos y legítimos intereses de los ciudadanos.
6º.- Mantener relaciones con las Instituciones del Estado en el marco de la Administración de Justicia para la defensa de los derechos profesionales de los miembros del Ministerio Fiscal.
7º.- Informar a la opinión pública en los asuntos de especial interés sobre los derechos e intereses profesionales de los miembros del Ministerio Fiscal.

LA POLITIZACIÓN DEL CGPJ NO ES BUENA PARA LA JUSTICIA

Como anunciamos en fechas pasadas, ayer tuvo lugar en el Ateneo de Madrid, con gran éxito de asistencia y participación, un interesante encuentro organizado por la asociación Justicia y Opinión, siempre diligente en abordar cuestiones de actualidad. El tema de discusión versaba sobre la existencia o no en España de diferentes varas de medir, de diferentes clases de justicia para ricos o poderosos y para pobres. Y el debate derivó hacia una importante cuestión: si la politización del Consejo General del Poder Judicial, cuestión sobre la que parecía haber acuerdo entre los asistentes, se terminaba reflejando o podía determinar de manera indirecta en el resultado de causas concretas, de las que afectaban a poderosos de manera especial. Mi opinión es que el riesgo existe. Y otros sostenían que ello no es posible debido a que el poder judicial reside en los jueces y no en el Consejo, estando aquel invulnerable a la politización del Consejo.

Yo creo que esta última respuesta es la de manual, la que nos hemos acostumbrado a oir para justificar la politización del Consejo. Pero si eso fuera así habría que preguntarse para qué los partidos políticos quieren controlar el Consejo del Poder Judicial. ¿Que interés tienen, en ese caso? ¿Se trata acaso de una insólita demostración de fuerza política sin que luego les vaya a servir para nada? ¿Se contentan con gobernar en el Consejo por el mero lujo de gobernarlo y sin que el gobierno de los jueces tenga efectos prácticos de ningún tipo? Si eso es así quedan sin explicar las razones del boicot -de casi dos años- a la renovación, las luchas políticas por los nombramientos, los cambios de normativas en el Consejo y tantas otras cosas. Pero es que la afirmación de que una actuación partidaria desde el Consejo (y es de lo que estamos hablando, no de una actuación imparcial), no puede llegar a influir en el devenir de ciertos asuntos concretos termina con la justificación de su misma existencia: el Consejo se crea para sustraer al Ministerio de Justicia las competencias de Gobierno del Poder Judicial; para resaltar su carácter de poder del estado y para evitar su influencia sobre los jueces. Pero si el Ministerio puede potencialmente influir, ¿porque no puede hacerlo un Consejo politizado?. Por ello, hace un par de dias, desde una tribuna de El Pais se ha sugerido la desaparición misma del Consejo.

La influencia del órgano de gobierno sobre las decisiones de los gobernados no es una cuestión que pueda ser descrita en blanco o negro: aquí los matices son importantes. La politización del Consejo, ahora mismo, es demasiado visible, demasiado explícita. Y vehículo de esa politización lo han sido algunos jueces, algunas asociaciones de jueces. Solo eso ya es grave. Pero lo que consideramos esencial es que el Consejo proteja la independencia de los jueces desde una posición de neutralidad política. Y es que en caso contrario siempre existirá la sensación de que no se va a proteger y a respaldar igual a los jueces que estime afines a sus posiciones partidistas que a los de signo contrario; no les considerará a todos iguales, a todos dignos de igual protección. Y ello coloca en posición de mayor vulnerabilidad a unos jueces que a otros. Hemos visto ejemplos en el pasado, así que es difícil sostener que el riesgo, al menos el riesgo, no existe.

LA HUELGA DE FUNCIONARIOS DE JUSTICIA

Va ya para dos meses que los funcionarios de justicia dependientes de la administración central iniciaron una huelga por la igualdad de sus retribuciones con las de sus compañeros de servicios transferidos a las CCAA. Parece de sentido común que quienes pertenecen a la misma categoría profesional, ingresaron en el mismo cuerpo, y que desempeñan las mismas funciones, pues que ganen lo mismo, o aproximadamente lo mismo. Por lo tanto, parece una reclamación justa la que los funcionarios en huelga vienen haciendo. Así se ha reconocido por acuerdos de los Magistrados de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Supremo y también en Junta de Fiscales por la Fiscalía General del Estado. Pero además de la razón de fondo que asiste a los funcionarios, nos interesa resaltar dos aspectos. Por un lado el aspecto humano de muchos funcionarios que trabajan con nosotros dia a dia, a quienes conocemos y sabemos de su valía, que se encuentran reclamando algo que es justo de un modo que ellos no hubieran querido. Que corren el riesgo de perder dinero al fin como consecuencia del tiempo no trabajado. No puedo tener sino sentimientos de afecto y solidaridad por quienes defienden lo que creen justo arriesgando su propio salario. Por otro, el enorme daño que al funcionamiento de la justicia, a su misma eficacia, esta huelga está causando. Hasta el punto de que corre el riesgo de producir efectos secundarios como el que nos anuncia hoy el Diario de León. Una huelga de basuras, de transportes, o de limpieza causa efectos probablemente menos perturbadores para el bienestar social que la de funcionarios de justicia. Y sin embargo este se sigue contemplando como un tema económico entre unos funcionarios y el Ministerio de Justicia. De verdad, creo que esto hay que arreglarlo de una vez y volver a la normalidad.

FIN DE LAS PRORROGAS INDEFINIDAS EN EL CGPJ

El Gobierno está preparando una reforma de la LO del Poder Judicial a fin de que los vocales electos cesen en sus funciones tan pronto como termine el plazo legal para el que fueron nombrados, según se informa hoy en la prensa. La medida no afecta a lo que consideramos el defecto institucional más grave que tiene la Justicia en España, que es la politización del órgano de gobierno del Poder Judicial. Con las nuevas reglas, seguirá la politización, en la medida en que seguirán siendo los partidos políticos los que determinen la composición del Consejo, y lo harán en proporción a las mayorías de las que disponen en el Parlamento. Desde ese punto de vista, no hay mejoras. Simplemente, cambiará una mayoría (la que ha ostentado el PP) por otra (la que va a tener el PSOE). Puede que mejoren los modos, quizá la voluntad de acuerdo; pero en lo esencial, el defecto subsiste.

A pesar de ello, es claro que una reforma que como esta termina con la posibilidad de burlar la ley -boicoteando la renovación- por parte de quien disfruta de una cómoda posición mayoritaria en el Consejo y que teme perderla. Resulta sorprendente que se haya tardado tantos años en instaurar un sistema de cese automático de los vocales al término de su mandato. Solo desde ese punto de vista, la reforma es positiva: se corrigen ciertos abusos. Pero los males de la Justicia en España que derivan de la politización del Consejo, que se proyectan luego en nombramientos y política judicial, en nuestra opinión no se van a arreglar así. El camino ha de ser el arbitrar un sistema en el cual los partidos políticos no tengan capacidad de determinar la composición del Consejo, o al menos no la tengan en el sentido de orientar las mayorías conforme a su representación. En relación con el sistema mixto ahora en vigor (selección de candidatos por sufragio en la Carrera Judicial y elección final por los partidos) quizá hubiera sido mucho mejor si fuera al revés: selección de candidatos por los partidos, y elección final por sufragio por los jueces. Aún así, los males del sistema instaurado por los señores Acebes y Michavila van a ser muy difíciles de erradicar, ya que mucho nos tememos que la politización ahora se ha proyectado sobre las asociaciones profesionales mayoritarias (compuestas de Jueces y Magistrados), de manera que se ha estrechado la colaboración de cada una de ellas con el partido con el que se identifican. Y eso creemos que hace mucho daño a la imagen de imparcialidad de la Justicia.