RAZÓN DE ESTADO Y JUSTICIA

Para mi la diferencia más evidente entre un político y un juez y un fiscal está en que el primero considera la razón de estado como factor que inspira su actuación, y nosotros no debemos.  Entiendo que a los políticos no les guste enfrentarse con el gobierno chileno, con el gobierno americano o con el gobierno chino por causas penales que se llevan en nuestro país.  Entiendo que en ciertos momentos les venga bien que las acusaciones contra cierto grupo terrorista o de un cierto colectivo de personas se queden en nada y que en otros momentos convenga todo lo contrario; y lo mismo en relación con las acusaciones de ciertos tipos delictivos.  Ellos piensan en la marcha del Estado (aunque a veces puedan solo pensar en sus pequeños intereses políticos partidistas o personales),  pero nosotros no.  Para nosotros está la ley.  Cierto es que la ley admite interpretaciones (hoy, por ejemplo, hemos discutido en la Fiscalía del Tribunal Supremo una cuestión jurídica sobre el abuso sexual de la que dependía la absolución o la condena), pero nuestro criterio rector es la ley, no el interés de Estado.  La defensa del interés público (art. 124 de la Constitución) es la del "tutelado por la ley".   En mi opinión, el único político que puede influir aplicando el interés de estado en la Justicia es el Fiscal General, pero soportando él mismo el coste.  Cuando veo a fiscales o jueces actuando por razones de estado se me cae el alma a los pies.