EN FAVOR DE UN FISCAL EXPULSADO

Estoy en París: ayer vi a la selección en San Denis, pero a pesar del triunfo no lo pase bien. Tenía en la cabeza una mala noticia.  A pesar de la carta de la APIF al FGE, a pesar de las invocaciones a la falta de proporcionalidad de la sanción, el FGE hizo caso al Consejo Fiscal y propuso la separación del servicio del compañero de La Coruña, decisión que ayer tomó el Ministerio de Justicia.   Tengo un gran disgusto, ya que si bien creo que nuestro compañero vera reconocida su pretensión en los Tribunales, creo que nuestro sistema de garantías profesionales es escandalosamente débil.

En una comida que tuvimos con el FGE tras el Congreso de la APIF, congreso espartano por su austeridad, el FGE nos advirtió en términos muy duros sobre la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la gente.  Los que asistieron me perdonarán que no reproduzca exactamente lo que nos dijo. Y en esa situación uno se pregunta si el FGE no repara que el proceso vigente de separación del servicio de un fiscal tiene bastante de merma de derechos fundamentales para el afectado.   Así, por ejemplo, llama la atención el hecho de que en el Consejo Fiscal esté presente el que reclama la sanción, el que defiende su propuesta frente al Consejo, es decir, el Inspector, pero no el sancionado.   También el hecho de que se pueda tomar una decisión como esta por el FGE sin que se  oiga al sancionado.  No que se le oiga en el expediente, sino que le oiga quien tiene que tomar la decisión de proponer la expulsión, o de quien tiene que tomarla, el Ministro. Llama bastante la atención.

En este caso concreto,  la fiscal jefe agraviada por el sancionado se ha sentado y se sienta en el Consejo Fiscal con los vocales que votaron a favor de la separación de servicio siendo éste un hecho que también llama un poco (o un mucho) la atención.   Todos conocen a la ofendida, pero muy pocos al supuesto ofensor.  Y también invita a la reflexión el papel de los consejeros, esos consejeros que creo que forman el peor Consejo Fiscal que he conocido a lo largo de mi ya larga carrera en la Fiscalía.    Porque a los vocales los elegimos los fiscales –son nuestros representantes- y hay que suponer en ellos cierta disposición para defendernos frente a la contingencia de abusos institucionales; esa es al menos mi opinión.  Si no fuera así, que los elija directamente el FGE.   Si la APIF, si algunos fiscales encontramos argumentos en favor del compañero expedientado, esos argumentos, sólidos o no (yo creo que son sólidos) podrían haberse desarrollado por los vocales para votar en contra de la separación, para reclamar mayores garantías o para solicitar una sanción menor.  Incluso podrían haber reclamado la presencia del afectado para explicarse frente a todos en lugar de escuchar tan solo al Inspector.  En este caso  han votado en contra de un fiscal al que se le reprocha como gran delito una falta en la llevanza de la estadística de faltas de pueblo (que no debería ser trabajo de los fiscales) y una discrepancia profesional (seria, excesiva si se quiere) con su jefe.  La mala suerte que ha tenido el compañero es que su jefa es quien es y que el Consejo Fiscal, lo componen quienes lo componen.

No recuerdo la expulsión de la Carrera de nadie desde que ingresé.   He visto en mis 29 años de profesión casi de todo, casos concretos que avergüenza recordar.   Pero ha ido a ser expulsado un tipo por infracciones disciplinarias que podían haberse solucionado de otra manera mucho menos dramática.  No son buenos tiempos estos, no.

GERARDO HERRERO

Ha fallecido hoy Gerardo Herrero, Fiscal Jefe del TSJ de Asturias, de un infarto fulminante.  Por encima de todo, lo que hay que decir de él es que era una buena persona, un hombre muy agradable de trato con modales exquisitos.   No tuve la ocasión de tratarle mucho -coincidí con él la última vez hace tres de años en un curso celebrado en Asturias-, pero si lo suficiente para formarme una buena opinión de él y para sentir profundamente lo ocurrido.   Unos compañeros que trabajaron con él, y con los que acabo de hablar, están devastados.   Mi sentido pésame a la familia, a los compañeros de Asturias y amigos de Gerardo.

BLA, BLA, BLA

Este Consejo Fiscal -órgano de asesoramiento del FGE- merece un reconocimiento.   Los nombres de los vocales electos y de las asociaciones a las que pertenecen deben permanecer en la memoria colectiva de los fiscales como muestra de hasta donde se puede llegar  por defender al propio e ignorar al ajeno.    Hablo de instar la política de nombramientos más sectaria de las que yo tengo memoria.   Hoy se ha votado en bloque por la Asociación de Fiscales (AF) al más moderno de todos los aspirantes a la plaza de teniente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que será propuesto por el FGE.   Los vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han apoyado a su candidato (buen candidato, ciertamente).  Cuando dentro de unos meses se planten delante de los fiscales algunos candidatos de la AF o de la UPF, para pedir el voto con el rostro sonriente y prometiendo que "ellos" actuarán respecto de todos los fiscales sin distinción de afiliaciones, espero que a nadie se le escape la risa.   Ellos a piñón: los de la AF, al candidato preferido de la AF; los de la UPF, al suyo.    Todo esto es incompatible con el mérito y la capacidad; pero es más grave: la AF y la UPF viven momentos mejores o peores según gobierne el PP o el PSOE, como es evidente.  Son asociaciones clara y crecientemente politizadas.  Este sistema de lealtades políticas y asociativas no deja apenas espacio a los fiscales para progresar profesionalmente desde la neutralidad política o asociativa: si estás conmigo puede que te vote, pero si no estás, veremos si entras en negociaciones (1-1-1) o búscate un enchufe directo.     Y si lo que quieres es mejorar el sistema -cambiando cosas-, entonces no solo olvídate: cuídate mucho de no meter la pata ya que eres sospechoso. Todo esto es natural que repercuta luego en el trabajo de la Fiscalía, y en la credibilidad de la institución, aparte de sembrar de cadáveres profesionales el escalafón.  Por supuesto que a nuestros queridos vocales esto les parece natural, pero no lo es.    En 2007 se estableció la creación en el seno de la Inspección Fiscal de una Sección Permanente de Valoración (art. 13 del Estatuto).  Si funciona, que no lo se, desde luego lo hace con una discreción digna de mejor causa.   Nada se conoce de su funcionamiento, o de sus evaluaciones.   Ahora, con las elecciones al Consejo en unos meses, algunos se darán prisa y se acordarán de lo importante que es valorar los méritos de los aspirantes a cualquier puesto profesional.  Y, claro, "transparencia, mucha transparencia", bla, bla, bla.  Y los demás nos chuparemos otra vez el dedo.

QUE LO ARREGLEN LOS JUECES

Parecerá una tontería, pero me emociona la decisión del Tribunal de Luxemburgo de declarar incompatible con la normativa europea la regulación española sobre las ejecuciones hipotecarias.   El Juez que tuvo el coraje -y el conocimiento- para plantear la cuestión de prejudicialidad europea es José María Fernández Seijo, y con su decisión puso en marcha un mecanismo que cambiará las reglas del juego hipotecario y los abusos de ciertas entidades financieras.   Todo mi respeto por ese juez.  Es cierto que antes de que esto haya ocurrido, las cifras de desahucios han sido estremecedoras, más de quinientos diarios el último semestre del año pasado.  ¿No se podía haber actuado antes, en el plano legislativo, para igualar un poco las fuerzas en el proceso de ejecución?  Claro que se podía, pero se prefirió no hacer nada; dejar que las cosas siguieran como estaban, con los jueces apretando los dientes al firmar sentencias sin encontrar vías de hacer Justicia.   Al final el atropello lo van a arreglar los jueces, y ahora los responsables de estos abusos se hacen cruces y dicen que hay que cambiar el sistema.  Algunos pensamos ahora como aquel molinero alemán, que frente a los abusos del emperador, podía decir orgulloso: "Todavía quedan jueces en Berlín".

FISCALES JEFES: ¿CONFIANZA O LEGALIDAD?

El artículo 41.5 del Estatuto es el que permite el cese de fiscales jefes y otros con cargos de responsabilidad.  Ese párrafo ha sido modificado en varias ocasiones, pero conserva la esencia de la redacción original del Estatuto en lo que era el artículo 41.    Las exigencias para el cese son pocas y sobre todo son formales: el FGE ha de oír al Consejo Fiscal, al interesado (que tiene la opción de renunciar antes, art. 41.4) y al Fiscal del TSJ -entiendo que cuando la remoción sea a instancia de este-.  Y ya está: se propone el cese al Gobierno, que decide.  Pueden pasar muchas cosas, pero lo esencial es que al final, el cese no está asociado a una infracción legal o disciplinaria.  Es una cuestión de confianza.   Yo creo que ahí se puede trabajar mucho.   Por un lado, porque si se busca mayor autonomía respecto del Gobierno, éste no debería poder hacer otra cosa que lo que le dijera el FGE.  En segundo lugar, porque si lo que se busca es dar mayor autonomía a los fiscales en su función (la instrucción ha de requerir gestos en ese sentido), la cuestión habría de desplazarse de la "confianza" a la "legalidad".   Hágase un catálogo de sanciones adecuadas, previstas en la ley con antelación, actívense los mecanismos de la Inspección para actuar con celeridad, y dese al afectado un trámite para defenderse efectivamente: no simplemente "ser oído", además de una posibilidad de acudir a la vía jurisdiccional a defender sus derechos frente a un cese injustificado.   Yo creo que hemos hecho mucho esfuerzo -baldío, ciertamente- en intentar que el Consejo Fiscal actúe con transparencia, que se considere el mérito y la capacidad en los nombramientos y que se elimine la influencia política o asociativa en ellos.  Pero claro, si se contrastan todos estos estériles esfuerzos en la línea de los nombramientos con lo fácil que es cesar a un jefe, hay que concluir que en la Fiscalía española todo jefe y muchos tenientes fiscales están en tal condición porque gozan de la confianza del FGE.  Al hilo de una carta que la UPF ha mandado al FGE, me pregunto, ¿eso está bien?  ¿Es que no basta con las renovaciones periódicas? A mi no me parece imprescindible este estado de cosas para mantener la unidad de actuación de la Fiscalía, francamente.  Y modestamente, preferiría que hubiera más espacio para acogernos a la protección de la ley en nuestras funciones.   Quizá ahora, que es tiempo de cambios, pueda hacerse algo al respecto.

QUIEN GANA, QUIEN PIERDE

Al enterarme de la dimisión de Martín Rodríguez Sol, se acentúan mis sentimientos de pena.   Como me pasaría si cayera cualquier otro fiscal con una larga hoja de servicios a sus espaldas.  Como me pasó con Fungairiño, o con Villarejo.   Me da mucha pena porque Martín es muy válido.    Y me  pregunto, con la velocidad que ha ocurrido todo, si todo esto podía haberse evitado.   Me pregunto como estaría ahora la situación si el FGE hubiera hecho caso omiso a las declaraciones del fiscal de Catalunya, o se hubiera limitado a rechazarlas públicamente  -como hizo con el incidente de las calumnias contra el Mundo-.   El coste para el FGE de un evidente distanciamiento-enfrentamiento con el fiscal de Catalunya es muy grande, especialmente si la exteriorización de ese distanciamiento es ante los medios de comunicación y la situación política es tan delicada como lo es ahora.   Las declaraciones del jefe catalán puede que con el tiempo las veamos menos provocadoras y seguro que se ven de otra manera en Barcelona que en Madrid.  Pero tienen un componente político indudable y caían en el resto de España como losas sobre el crédito del FGE.    Por tanto, la vía de la paciencia ante el enfrentamiento era claro que estaba próxima a cerrarse.   Por otra parte, el paso dado ahora es tremendo.   De manera que ya hay dos perdedores, el FGE -que va a soportar fuertes críticas durante mucho tiempo y ya veremos si no marcan su mandato de manera irreversible-, y el propio removido (que estoy seguro que -por su valía indudable- saldrá perfectamente adelante en el futuro).   ¿Que hubiera hecho yo en los zapatos del Fiscal General? Seguramente, lo mismo.    Pero es algo muy doloroso.

¿Quien más pierde?  Yo creo que casi todos.   El prestigio de la Fiscalía en Catalunya caerá arrastrada por las críticas.  La Fiscalía aparecerá más vinculada al Gobierno que antes, en Catalunya, pero no solo allí.  Muchos fiscales y jueces que no comparten mi punto de vista, criticarán ácidamente la decisión.   La AF ha sufrido un desgarro, que tendrán que arreglar y no será fácil.   El sustituto de Martín se encontrará en una posición muy difícil y ya veremos como se solventa ese asunto que me trae inevitablemente recuerdos de lo que pasó con la sustitución de Pepe Aranda.  Ya veremos si la misma reforma procesal prevista no se resiente de alguna manera de lo ocurrido.

¿Y quien gana?  En este momento tengo la sensación de que algunos partidos políticos -especialmente catalanes-  han tomado la iniciativa, y tienen pinta de ser los ganadores de este lamentable asunto, lo que da también que pensar.

¿Se podía haber evitado?  No conozco lo que han hablado los dos, pero visto el daño que todo el mundo se ha hecho, un acuerdo entre ambos creo que hubiera sido lo mejor.  E insisto en mi opinión: creo conveniente que los fiscales (y los jueces), siempre, pero especialmente cuando somos escuchados por nuestra condición de tales, nos mantengamos neutrales, por encima y al margen de las cuestiones políticas de partido.  Lo contrario acaba suponiendo un descrédito colectivo, un desastre, al margen de las tajadas particulares que algunos vayan sacando o de incidentes tan tristes como el que nos ocupa hoy..

Una última cosa: creo que el procedimiento del art. 41.5 del Estatuto es manifiestamente mejorable.

REMOCIÓN

No han bastado las explicaciones del Fiscal de Catalunya.   Esta mañana me decían que había hecho un comunicado, que había enviado una comunicación a todos los fiscales catalanes, que todo era un malentendido.   Me entero ahora de que han convocado un Consejo Fiscal para el jueves, con el objeto de estudiar la remoción del Fiscal Superior.   De verdad que lo siento en lo personal; conozco a Martín desde hace muchos años y le he tenido mucho afecto.   Compartimos amistades muy sólidas en la Carrera.  Pero dicho esto, sigo defendiendo que la Fiscalía debe estar al margen de la política.   Nuestro trabajo es más sencillo: consiste en exigir que se aplique la ley a todo el mundo por igual, si nos dejan (y si no nos dejan, luchar porque nos dejen).   Se trata solo de eso: sin respeto reverencial hacia nadie, sin miedo hacia nadie.  Si lo hiciéramos así en todo caso, otro gallo cantaría en la Justicia española.  Pero al tomar partido por cualquier opción política, generamos desconfianza en la gente que opina de manera distinta que nosotros, y perdemos imparcialidad objetiva, es decir, apariencia de imparcialidad.
No se como acabará esta historia, pero tengo que decir que creo que el FGE tiene aquí motivos.  Y su decisión tiene más valor si consideramos que entre Eduardo y Martín ha habido una larga y muy buena relación de la que yo he sido testigo en algunos momentos.

MALINTERPRETADO

Leo que el Fiscal Jefe de Catalunya, después de hacer que se me derramara la sopa ayer mientras leía sus declaraciones sobre el derecho a decidir en mi tierra, ha dicho que se le ha malinterpretado y ha aclarado que en su opinión "no es posible un referendum sobre la independencia con el actual marco legal , que comparte, respeta y acata".  Me alegro por la Fiscalía.  No podía ser de otra manera, ya que con independencia del deber de fidelidad a la Constitución que tenemos los fiscales y cuya infracción se sanciona en el art. 62.1 como falta muy grave, el personaje es un hombre inteligente que sabe perfectamente donde se puede llegar y donde no.  Y también me extrañaba que se metiera él en ese jardín, y que al tiempo metiera -por segunda vez- al FGE con quien ha tenido buenas relaciones en la Asociación de Fiscales desde hace muchos, muchos años.  Por otra parte no puedo evitar pensar en la simpatía merecida que el Fiscal Jefe de Catalunya debe generar en la Plaza de San Jaime, lo cual es muy bueno para él, desde luego.    Yo, francamente, prefiero ver neutral al Ministerio Fiscal y mirando con prevención a todo el que maneje dinero público.  Soy así de raro.