¿JAQUE MATE?

Escondida en los periódicos tras el ingreso en prisión del ex tesorero del PP, se ha aprobado la reforma Gallardón-Rajoy de la LOPJ que reafirma e intensifica desde su Exposición de Motivos la politización del órgano de gobierno de los jueces.  Reforma que se aprueba sin consenso, que era el argumento que se nos contaba para justificar el cambio de criterio del partido conservador respecto de su propuesta electoral.   Ninguna esperanza queda ya de que se retorne en tres o cuatro décadas a un sistema de gobierno de los jueces en el que no se reproduzca la mayoría política de cada momento.   Si pensamos en ello, si nos ponemos en la piel de quien considera que es conveniente que el poder político controle al judicial hasta el punto de quebrantar con desenvoltura promesas electorales, veremos con claridad que la Fiscalía es la otra pieza clave en ese juego, pieza que ya tienen en el zurrón.   Cualquier protesta de autonomía de la Fiscalía por parte de los elegidos por el Gobierno para dirigirla no tiene credibilidad, o no debería tenerla.   La Fiscalía y el Consejo son piezas necesarias ambas; el control de la Justicia requiere de ambos, y ambos están ahora bien atados.    En este contexto, es hasta gracioso (estoy seguro que así se verá en los grandes centros de decisión política o económica) el ver como algunos ingenuos sostienen que la garantía de la igualdad en la aplicación de la ley para todos sin excepción son los fiscales o los jueces de a pie.   Este es el pretexto que nos venden, que algunos se creen y propagan sin pensarlo dos veces, quizá para resaltar su propia importancia o alimentar su vanidad.    Jueces y fiscales hacemos lo que podemos.  Pero el sistema de la Justicia está en otras manos, está en manos políticas.  Y está para controlar la aplicación de la ley respecto de los más poderosos, empezando por algo muy visible, por el sistema de aforamientos.   Por hablar de los fiscales, nuestra normativa interna, los fiscales jefes de Fiscalías claves, los usos mismos de la Fiscalía que nos inculcan desde el CEJ, las asociaciones de fiscales, el Consejo Fiscal, el Fiscal General.., todo son piezas relacionadas en defensa del orden que representa el partido que manda en cada momento o el poder económico que los sustenta.     En esta partida, la esperanza de ganar es mínima para los defensores de la independencia de la Justicia.   Mínima.   Y consecuentemente, trabajamos en un sistema mutilado en la eficacia contra la corrupción.   Pero al menos se puede eludir la complicidad con lo que nos venden tomando conciencia de donde estamos en realidad, a pesar del ejemplo negativo que nos ofrecen "los triunfadores" judiciales y fiscales del sistema.  La utilización de los artículos 27 y 25 del Estatuto; la estimulación de la independencia de criterio; la denuncia sistemática de arbitrariedades; el rechazo de las asociaciones judiciales y fiscales del PP-PSOE, instrumentos de los partidos para dominar la Justicia; la reclamación de un nuevo sistema de funcionamiento interno en el que las arbitrariedades a los fiscales y jueces en su promoción y en su actividad profesional sean mucho más difíciles; la reivindicación y apoyo de los compañeros que destacan en su trabajo;  la reclamación de una Inspección Fiscal renovada... todo ello -y mucho más- será necesario.  Pero habrá que conquistarlo, a costa en muchos casos de nuestras propias carreras profesionales, porque nada de esto se nos dará a los fiscales (como no se les dará tampoco a los jueces).  Estamos cerca del jaque mate.