UN CABALLERO

El todavía FGE ha pasado por los despachos de los fiscales del TS para despedirse.  Un gran gesto, que valoro -nunca he discutido la clase que tiene Eduardo- en estos momentos.  Cuando le he saludado me he acordado rápidamente del comienzo de su mandato: fui a verle a su despacho y le entregué una lista de posibles cambios, baratos en su mayoría, muchos dentro de sus competencias.  Repaso el documento y veo el resultado, no se ha hecho prácticamente nada excepto la obligación de los aspirantes a algún puesto a realizar una memoria de actuación.  Nada más.   Es posible que lo que le proponía fuera equivocado, que hubiera cosas que no estuvieran bien pero al menos le señalé zonas donde había problemas.   No hizo nada. Yo creo que es una lástima, una pena por la Carrera Fiscal, por la Justicia y por él mismo: yo esperaba mucho de Eduardo, en otro caso no me hubiera molestado en escribirle un texto para intentar ayudarle.   La opinión pública -es natural- mide al FGE por su actuación exterior, por su comportamiento en los asuntos propios de su competencia.   Los fiscales además lo medimos por las cosas que ha hecho dentro de la Carrera, dentro de la Fiscalía.    En este sentido, el balance es en mi opinión muy pobre (no me olvido naturalmente de la expulsión de un fiscal y del modo como se produjo), y lo he dicho aquí durante mucho tiempo.      Dejo colgado el catálogo de medidas que le sugerí al FGE hace tres años.

PROPUESTAS PARA INTENTAR MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA Y SU EFICACIA EN LOS TRIBUNALES (14 de febrero de 2011)

Se exponen a continuación una serie de propuestas de limitado alcance.   No se han querido incluir otras que pudieran tener más peso (como colaboración de las Universidades en el trabajo de las Fiscalías –como sucede en infinidad de organismos internacionales-, o de la creación de un cuerpo de Ayudantes del Fiscal que pudiera dar salida profesional a fiscales sustitutos con años de servicio, además de abaratar los costes de la Fiscalía, o la defensa de un determinado modelo procesal penal).   Son solo propuestas que se consideran sin coste económico (o con un coste muy bajo) tendentes a mejorar algunas en la Fiscalía, en mi opinión.  

1. Reflexionar sobre un cambio en la estructura de las Memorias de cada una de las Fiscalías.   Suponen un gran consumo de tiempo, de actividad y hay que evaluar su utilidad para la Fiscalía, para la Inspección y para los fiscales.  Es preciso estudiar qué es lo que resulta realmente trascendente para conocer con exactitud la actividad de la Fiscalía y para evaluar sus necesidades.  El anexo estadístico podría obtenerse de manera automática si se ha trabajado bien la incorporación de datos a lo largo del año.   En cualquier caso, Memorias de organismos internacionales (ej. UNODC, Tribunales Internacionales, Eurojust u Olaf) raramente superan las 60-70 páginas y están redactadas con un importante apoyo gráfico y siempre en modo “memo”.  Carece de sentido –en mi opinión- que cada una de las Fiscalías Provinciales tengan una extensión semejante y además redactada como si de discursos científicos se tratara.
2. Las Circulares e Instrucciones.  Debería reconsiderarse el método que han de seguir las Circulares e Instrucciones de la FGE.  En mi opinión, deberían ser claras, concisas, poco polémicas en relación con cuestiones aceptadas por la doctrina mayoritaria o la jurisprudencia, y con mandatos concretos hacia los Fiscales.   Los Fiscales conocen el derecho y necesitan orientaciones específicas, ya que en el caso de orientaciones de cientos de folios se corre el riesgo de que no se lean y por tanto no se sigan.   Además, deberían estar orientadas a la eficacia en la prestación del servicio y a la aplicación uniforme del derecho, sin que pudiera entreverse su utilidad como acumulación de potestades para ciertas Fiscalías especiales. 
3. Digitalizar las carpetillas.   Resulta un anacronismo el que las carpetillas que elaboran los fiscales continúen siendo archivadas en papel y no digitalizadas.  El coste de la digitalización es mínimo: un scanner suficiente para digitalizar 10 carpetillas por hora, puede costar 300 euros.   Una vez digitalizadas, podrán ser distribuidas a quien va a ir a juicio por correo electrónico (ya que hoy todos los Fiscales tienen conexión a Internet además de ordenador); no se van a perder; pueden acompañarse a los recursos de apelación o casación con el recurso interpuesto, también de manera electrónica; y la Inspección puede tener un control inmediato del trabajo de cada Fiscal al calificar, sin necesidad de desplazarse.  
4. Aligerar la estadística de los fiscales.  Son numerosos los fiscales que están obligado a realizar una estadística de su trabajo, lo que determina un consumo importante de tiempo, como consecuencia de la aplicación del sistema retributivo de la productividad.  Debería establecerse un sistema de recuento que aliviara a los Fiscales de esa tarea (la labor de registro recae sobre el personal administrativo de las Fiscalías) o incluso modificar el sistema de asignación de la productividad (ver el punto siguiente).
5. Problemas de la productividad.   Obliga a los fiscales a realizar una costosa estadística, que afecta a todos –los que cobrarán la productividad y los que no-, además de una carga nada ligera a la Inspección.  Parece más eficaz en términos de consumo de recursos el crear lotes de trabajo que lleven consigo la productividad y que por tanto sean percibidos por aquellos que se comprometan a realizar ese trabajo extra.  La asignación de esos trabajos extras podría hacerse por rotación, por antigüedad o modernidad, o por cualquier otro criterio objetivo.  Además, con ese sistema se eliminarían ciertas tensiones en las Fiscalías causadas por el procedimiento actual.
6. Eliminar controles.  Los fiscales tenemos una formación pareja a los jueces.  Carece de sentido práctico destinar un importante volumen de recursos a que unos fiscales controlen el trabajo de otros para asegurar que su actuación se adecua a la legalidad.   Es claro que ha de haber un visado, pero la actuación de los Fiscales en Juicio Oral, en las guardias, en la violencia de género o en otras especialidades, habría de estar ligada a la libertad de criterio del Fiscal encargado, que en su caso habría de dar cuenta al superior de aquellas incidencias extraordinarias y que asimismo debería responder disciplinariamente por su mala praxis profesional.   De esta manera, los fiscales se acostumbran a actuar con responsabilidad y libertad, y se aplican la ley al caso concreto.   El sistema actual conduce a automatismos que apartan la actuación del Fiscal de la correcta aplicación del derecho debido a que prima la preocupación de que no se cometan errores con trascendencia mediática.
7. Racionalizar las competencias de la Fiscalía.   En Berlín (unos 3.000.000 de habitantes) hay 300 fiscales, y sus competencias son básicamente en materia criminal.   Los fiscales españoles tienen que dedicar su actividad a áreas que podrían estar cubiertas correctamente con la intervención exclusiva del Juez.  Cuestiones de competencia en materia civil; temas de familia o de incapaces (puede nombrarse un defensor judicial en lugar del Fiscal), de registro civil; o cuestiones laborales (por no hablar de los Juicios de faltas) son todos aspectos en los que la intervención del Fiscal puede ser considerada: especialmente si como ocurre cada año el Fiscal General ha de presentar una Memoria ante el Jefe del Estado indicando que hay casi 1.200.000 asuntos penales pendientes o en tramitación, creciendo cada año.    La Memoria de la Inspección de 2011 (pag. 68) hace referencia a la creciente demanda de fiscales sustitutos por el aumento de órganos judiciales y de competencias de la Fiscalía.
8. Cuestiones de competencia.  Hay un buen número de cuestiones de competencia -que entre otras cosas suponen un retraso considerable en la tramitación de los asuntos-, en los cuales hay dos informes contrapuestos del Fiscal.  Los jueces se apoyan en un previo informe del Fiscal para rechazar         –normalmente- su competencial.   Con seguridad no se inhibirían o promoverían cuestiones de competencia si el informe del fiscal les fuera adverso.   Por ello se sugiere que cada informe de competencia (negativa al menos) sea visado por la Fiscalía del TS para unificación de criterios.   De esta manera con seguridad disminuirían las cuestiones que se plantearan y se evitaría la existencia de informes del Fiscal en sentido opuesto que producen un efecto de poca coordinación cuando se analizan al resolver las cuestiones planteadas.
9. Fiscalía de la Audiencia Nacional.  Sería útil que la Fiscalía llevara un registro de las resoluciones recaídas en distintas secciones de la Audiencia contra cada acusado.   Cuando se detiene a un presunto terrorista resulta que tiene varias causas abiertas en diferentes Juzgados Centrales que dan lugar a diferentes causas.   En todas ellas se denuncia –normalmente- la existencia de abusos y torturas.  Ello da lugar a diversos pronunciamientos de las diferentes Salas ante quienes se plantea la cuestión, sobre la base de un mismo atestado.  La Fiscalía podría ahorrar ese tipo de desgaste, ya que informando a la Sala que va a resolver una de esas cuestiones que el tema ha sido ya abordado y solucionado por otra evitaría –entre otras cosas- la posibilidad de resoluciones contradictorias.
10. 1. Formación.   Podría pensarse en la instauración en las Fiscalías (como sucede en los Tribunales Internacionales) de un tipo de formación práctica, a cargo de los propios Fiscales, exponiendo periódicamente (reuniones de una hora cada quincena sería suficiente: en el TPI de La Haya se hacían los viernes de 9 a 10 de la mañana), previa autorización de un coordinador de esas reuniones, los problemas jurídicos más importantes que se observan en la práctica diaria, estableciendo pautas de actuación, o incluso invitando a abogados, catedráticos o jueces para que expongan lo que pueda ser de utilidad. 
11.  2. Formación.  Además, ha de velarse por la formación de los Fiscales sustitutos: Hay alrededor de 500 en funciones, están encargados de un importante volumen del trabajo de las Fiscalías y sin embargo no tienen acceso a la formación.  Ha de cuidarse la calidad del trabajo que desempeñan y un modo es dotarles de un mínimo de formación e incrementarla por ser ese uno de los factores de riesgo de la baja calidad en la prestación del servicio en la Fiscalía.
12. 3. Formación.  Hay que apoyar el aprendizaje de otras lenguas (singularmente inglés).  Pero con la finalidad de que realmente se llegue a dominar el idioma.   La cuestión choca normalmente con dificultades económicas, pero a la hora de rentabilizar la inversión, debería establecerse una exigencia de idioma (mínima, si se quiere) en la oposición de ingreso, y dedicar el mayor volumen de dinero posible a que los fiscales más jóvenes pudieran beneficiarse de programas de inmersión lingüística, intercambios, o facilitar –mediante convenios- su asignación como pasantes en organismos internacionales durante el periodo necesario para que aprendieran el idioma.   Tener un porcentaje de fiscales (especialmente jóvenes) relevante que domine otra lengua es una garantía de que la fiscalía española no quede aislada en los foros europeos.  Los costes serán menores si se trata de fiscales jóvenes; las posibilidades de aprendizaje del idioma también (se aprende mejor cualquier idioma cuanto más joven se estudia); y la inversión lo será por más tiempo.                                                     
13. 4. Formación.  Sería conveniente, como ocurre en otros países europeos, el tener un centro de formación de fiscales donde hubiera alojamiento para los asistentes.      Centros así están –que conozcamos- en Italia (Frascatti), Francia (Burdeos), Polonia (Cracovia) o Alemania (Triere y Wustrau –en la imagen-).   Suponen un considerable ahorro en hoteles y dietas, y si además no estuviera próximo a centros de diversión, permite hacer cursos más cortos y más intensos.  Además se rentabilizan alquilando plazas a jueces y fiscales como lugar de descanso cuando no hay cursos.       
14. 5. Formación.  Luchar por recuperar la categoría de Dirección General del CEJ, y que la elección de su Director recaiga sobre persona que al menos tenga la misma antigüedad que la que se requiere para Fiscal de Sala o Magistrado del Tribunal Supremo.

15. Reformar la Inspección. 

La Inspección es clave para el buen funcionamiento de la Fiscalía.   Y también para la evaluación de los Fiscales para establecer sus méritos en orden a la promoción.  Si la Inspección no funciona bien, más pronto que tarde la Fiscalía también fallará.  Por tanto sugiero en relación con la cuestión lo siguiente:

- Obligación bianual de que cada Fiscal (o en caso de traslado) haga un balance general de su trabajo y que sea informado por su Jefe y remitido a la Inspección con conocimiento del afectado que puede alegar lo conveniente.  En los Tribunales Internacionales y en general en Naciones Unidas, ese sistema denominado PAS (Personal Appraisal System, o Sistema de Evaluación Personal –SEP-).  Esas evaluaciones se hacen conforme a un formulario y no suponen gran trabajo, pero tienen gran importancia a la hora de conocer la realidad de la prestación profesional de cada cual, y pueden aportarse como complementos al currículo.

- Obligación de los Fiscales de evaluar, conforme a un cuestionario y de manera anónima, anualmente a sus Jefes.  Esos cuestionarios se remitirán a la inspección.

- Obligación de la Inspección de elaborar un informe para el Consejo Fiscal (conocido por el afectado con posibilidad de alegar), en casos de aspirar a puestos en la Carrera.  Para ello la Inspección debería contar con un sistema informático en el que además de las posibilidades que ofrece el que recientemente les ha sido facilitado, pudieran sin dificultad recuperarse las calificaciones realizadas por cada Fiscal (ver punto 3), y también los informes del SEP y en su caso las evaluaciones de los fiscales a sus superiores.

- Hay que clarificar las competencias que en materia de Inspección tiene la Inspección Fiscal de las que tienen las Fiscalías de los TSJ en relación con las Fiscalías de la Comunidad Autónoma, caso de mantenerse la actual estructura de la Fiscalía (en contra de lo que se defiende en este documento).  

- La Memoria de la Inspección debe recoger (y por tanto explorar y analizar) las deficiencias en el funcionamiento de cada una las Fiscalías, poniendo el acento en aquellos aspectos que exigen reformas y mejoras.  Esa información ofrecería un valor añadido en relación con la visión de cada una de las Fiscalías porque tendría una perspectiva global.   Por otra parte, llama la atención que este año solo se hayan incoado 2 expedientes disciplinarios (6 en los últimos 5 años), mientras que en la Memoria del CGPJ haya habido solo en 2010, 41 expedientes resueltos con sanción y 40 más sin sanción.  Uno se pregunta si ese bajo índice de sanción a los Fiscales no es la consecuencia de unos controles muy estrictos al trabajo de cada uno de ellos, con la pérdida de eficacia que ello conlleva para la institución.

14.    Mejorar la comunicación de la Fiscalía con la ciudadanía.  

Cada Fiscalía Provincial, al menos, debería tener una página web abierta para su consulta por los ciudadanos.   En ellas, además de explicar los datos más relevantes de su organización, normativa y actividad, así como de las noticias y comunicados que la Fiscalía quisiera transmitir, debería establecerse un canal de entrada para peticiones, denuncias y sugerencias del público.   Esa puerta de comunicación, además, viene respaldada por la nueva Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que en su artículo 4 establece los derechos de los ciudadanos para relacionarse por vía electrónica con la Administración de Justicia.  El coste económico de abrir y mantener una página web con esos contenidos es mínimo.

15. Revisar la estructura de la Fiscalía.  

La separación entre Fiscalías de TSJs y de Audiencias Provinciales en la capital donde está residenciada la primera ha sido al menos en el aspecto de la eficacia, negativa.  Según la última plantilla del MF (RD 1735/2010, de 23 de diciembre), hay 50 fiscales destinados en los diversos TSJs.  En su mayoría son fiscales muy experimentados, pero las competencias de los TSJs., hoy por hoy, son limitadas a expensas de la aprobación de una reforma procesal de futuro incierto sobre la instauración de la casación en las CCAA.   A ello hemos de sumar que los Fiscales adscritos a la Inspección (art. 36.2 EOMF), Secretaría Técnica y adscritos a las Fiscalías especiales (Art. 36.3) podrán elegir ser destinados entre otros, a la Fiscalía del TSJ de Madrid.  Se trata –en su conjunto- de 36 fiscales.  Aparte del agravio comparativo que supone para otros fiscales que solo pueden acceder a esas plazas por antigüedad, es un auténtico despropósito.   Recomiendo revisar la estructura de la Fiscalía, para eliminar el desglose entre fiscalías de TSJs y Audiencias Provinciales, así como modificar las salidas de los fiscales a que se refiere el art. 36 del EOMF. 

16. Consejo Fiscal.

Esta es una cuestión muy importante en la que no bastan unas notas.  Sería preciso abrir un debate en la Carrera sobre el modo de elección de los vocales y del modo de funcionamiento del Consejo Fiscal, dado que parece clara la voluntad de atribuir mayores competencias a dicho órgano.   Asimismo, sería conveniente explorar el dotar de mayor transparencia a dicho órgano y en concreto al sistema de nombramientos.   Sorprende que para acceder a la plaza –por ejemplo- de Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sea preciso para los jueces, elaborar una Memoria de actuación, incorporar sentencias y resoluciones, adjuntar un currículo completo, superar la evaluación de una Comisión de calificación, y presentarse –finalmente- para superar una comparecencia personal frente a los vocales del CGPJ, con la posibilidad de recurrir en su caso el nombramiento, mientras que en la Fiscalía, para puestos semejantes baste con firmar la instancia, y esperar al resultado.  Los Fiscales no pueden saber ni con quien compiten para la plaza, ni los méritos que se toman en consideración, ni siquiera exponer ante quien va a decidir su elección, sus méritos, sus proyectos, sus ideas y la posibilidad de responder a las objeciones que se les realicen.   

LA DIMISIÓN DEL FGE

Leo con sorpresa la dimisión de Eduardo Torres Dulce.   Sorpresa porque tenía un plazo, un plazo establecido en garantía de su imparcialidad.   Sorpresa porque después de la querella por la consulta catalana, era de esperar que continuase como poco hasta su admisión o denegación por el TSJ de Cataluña.  Si dimite porque tiene razones familiares (personales) es una cosa y nadie tiene en ese caso nada que decir aunque creo que debería aclararlo en lugar de dejar que se sugieran otros motivos.  Porque si detrás de esas razones personales está una discrepancia de fondo con el Gobierno, como informa la siempre atinada María Peral en El Mundo, entonces la cosa cambia.  Ese puesto no es fácil, y hay que aguantar en la incomodidad con el Gobierno, especialmente cuando ha costado tanto a tanta gente conseguir un plazo que garantice la inamovilidad del FGE.   Si uno va a un puesto así a hacer amigos, va listo.   Pero si se acepta el cargo es para luchar por la ley, contra vientos, mareas, gobiernos y oposiciones.     Esperemos que de explicaciones suficientes.

IMPUGNACIÓN DE LA APIF EN LAS PALMAS

La Sección Territorial de la APIF en Las Palmas es extraordinariamente activa en defensa de los derechos de los fiscales, vigilantes ante cualquier atisbo de exceso de la jerarquía en perjuicio de algunos fiscales.   En fecha reciente, ante la propuesta elevada por el Fiscal Jefe sobre productividad referidas al primer semestre de 2014, la APIF ha realizado alegaciones a dicha propuesta, en un aspecto que se considera no aceptable.  El caso es que se aceptan por la jefatura como informes "jurídicos" a efectos de productividad (en un número de 458) aquellos en los que el fiscal indica que no se acudirá a las vistas por necesidades del servicio o que la materia carece de relevancia constitucional.   El escrito especifica:

"Tales informes, que se producen una vez notificado el Ministerio Fiscal del señalamiento de un juicio social, en una fase no prevista por la LRJS, en un procedimiento en que no existe contestación a la demanda, y en el que, se nos emplaza por el simple hecho de que la parte demandante alega vulneración de Derechos Fundamentales, materia en la que además existe una inversión legal de la carga de la prueba, en ningún caso pueden considerarse dictámenes jurídicos, y computarse en el estadillo en el apartado señalado anteriormente, con un valor asignado de 2 puntos a cada uno de estos informes. De la misma manera, un informe que se limita a decir que no hay Fiscales disponibles para asistir a una vista, no obedece a valoración jurídica alguna".  

Sobre esa base se pidió al Fiscal Jefe, con copia a la Inspección Fiscal, que realizara una nueva propuesta sobre la atribución de la productividad correspondiente al periodo en cuestión. Veremos que ocurre.

Esta materia de la productividad ha de ser analizada con cuidado por los interesados para objetivar lo más posible los criterios de atribución, eliminando toda sospecha de arbitrariedad y con ella toda tentación de la jerarquía de favorecer a algunos fiscales en detrimento de otros.   A mi me parece que si los fiscales empezamos a defendernos frente a la jerarquía algunas cosas inexplicables que vienen ocurriendo dejarán de pasarnos.    

LA RAIMUNDA DE GALLARDÓN

Ha causado cierto revuelo entre algunos fiscales la concesión al ex ministro de Justicia de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.   Yo he visto denegar la condecoración, no la Gran Cruz, sino Cruces de Primera Clase, que es la condecoración más frecuente que se concede a Fiscales y Jueces, a compañeros con enormes méritos profesionales.  Si, méritos diferentes.  Méritos relacionados con el trabajo diario, con la honestidad en su desempeño, con la constancia, con la mejora de la calidad de la Justicia a través de la resolución de los asuntos durante muchos años.    Ese despliegue de Grandes Cruces en favor de políticos o políticos juristas, o juristas políticos, escandaliza por contraste.  Pero es lo que hay, pese a la indignación legítima de algunos compañeros.   En el caso del ex ministro, que recibe la condecoración al igual que otros Ministros de Justicia, al igual que vocales del CGPJ, ex Magistrados del TC, Fiscales Generales y otros (junto, bien es cierto, con algunos -no demasiados- profesionales y solo profesionales de altura), pone de manifiesto que también aquí hay una casta.  Una casta que valora sus méritos jurídico políticos en la Justicia con otro rasero que los de los meros profesionales jurídicos.   En el caso que nos ocupa, la tarea del exministro al frente de Justicia ha sido poco menos que un desastre, con muy pocas luces entre tanta sombra.   Pero su medalla es su medalla.

EL VALOR DE LOS PERITOS

En los años que trabajé en la Fiscalía Anticorrupción conocí a algunos de los mejores profesionales con los que he trabajado jamás.   Inspectores y subinspectores de Hacienda y de la Intervención del  Estado fueron siempre en aquellos ocho años de trabajo, leales, discretos, diligentes y esforzados, más allá del cumplimiento del deber, como dirían los americanos.   Algunos, la mayoría, siguen siendo amigos míos -algo que tengo que agradecerles- tras el paso de los años, porque uno de los aglutinantes más sólidos de mi sentido de la amistad es la admiración personal.   En estas causas complejas, de larga duración, a lo largo de los años cambian muchas cosas: jueces y fiscales cambian, cambian las competencias del conocimiento de los asuntos, hay desgloses, se limita el contenido de la investigación o del enjuiciamiento, o se amplia.... Pero al final, en el acto del Juicio, hay algo que no cambia: el perito y su informe.   Aunque esté jubilado, aunque haya cambiado de destino, aunque haya ascendido o aunque esté en el extranjero... Ese perito se plantará delante del Tribunal y defenderá su informe pericial.   El reciente informe pericial del Banco de España no es simplemente un parecer técnico de grandes expertos: es un hito fundamental alrededor del cual va a gravitar toda la actuación de la Fiscalía y de las partes procesales.  Ahora cambia el debate.    Esos peritos, cuyo nombre no conozco, cuentan con todo mi respeto, y evidencian además de lo que ocurrió en aquella entidad bancaria, hasta que punto unos funcionarios a los que se deja libertad y autonomía para trabajar tienen capacidad para distinguir lo que está bien de lo que no puede hacerse.

MINIPUNTOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El otro día comentaban en el Foro de Fiscales de Facebook, que agrupa a mas de una cuarta parte de la Carrera Fiscal, que en un curso reciente, un vocal del Consejo dijo públicamente algo parecido a lo siguiente: "en caso de currículums iguales, se le daba un minipunto al de tu propia asociación y se le votaba".    Curioso esto del minipunto, como curiosa la práctica de que las asociaciones le digan a los vocales a quien quieren ellos que se vote.  El otro día, un comunicado de la UPF llegaba a decir que esa asociación, para denunciar faltas de consenso, incluso  "renunció a presentar candidato alguno asociado a la UPF", dando validez a la sospecha de que los candidatos se presentan por asociaciones en lugar de individualmente.   Pero es que lo del minipunto, unido a la presión que se realiza por las asociaciones, es la constatación de la naturalidad con que se desenvuelven en la arbitrariedad desde hace décadas las asociaciones mayoritarias.  Que no haya recibido un abucheo inmediato la del "minipunto" en el curso nos demuestra como están las cosas aquí.   Cosas que en ocasiones puede entenderse que guardan un penoso parentesco con conductas prohibidas incluso en el Código Penal, artículos 428 y 429.   ¿Cambiarán algún día?   ¿Pondrán de una vez transparencia en como tratan a los fiscales?  ¿Se acabará la influencia de las asociaciones sobre "sus" vocales?  ¿Se acabará la indecencia del "minipunto"?  Yo no lo se, porque llevan ya tanto tiempo haciendo lo mismo...

FINALMENTE, QUERELLA DE LA FISCALÍA

Ayer el FGE tuvo un casi unánime apoyo para interponer la querella por los sucesos del 9N en Cataluña, que la Fiscalía del TSJ no aceptó ante la orden del FGE.    La Fiscalía ha resuelto tras actuar de manera autónoma del Gobierno aunque finalmente en el sentido perseguido por éste: algunos se podrían haber ahorrado los mensajes.  La Fiscalía no es el FGE, es mucho más y en muchos aspectos mucho más importante que el FGE.  En este caso los fiscales del TSJ de Cataluña han actuado correctamente en términos estatutarios.   Y con coraje, porque no es fácil en los tiempos que corren plantarle un art. 27 del EOMF al FGE.    Se dice que la presión ambiental en Cataluña influye mucho: puede ser.  Pero al fin, nuestro jefe es quién es; y nuestras carreras profesionales dependen de quien dependen, no del ambiente.   Osea, que mi reconocimiento a los fiscales catalanes (del TSJ, quiero decir)  por la defensa de su criterio profesional.   Asimismo, el FGE ha actuado como debe hacerlo en defensa de su interpretación del derecho, que es en este caso respaldada por la jerarquía de la Carrera.   El FGE ha soportado la impaciencia del Gobierno (cada día me convenzo más que debería ser delictiva la presión sobre el FGE) en que la Fiscalía actuara y le ha plantado cara.  Está bien.   Ha asumido riesgos, porque un revés ayer lo hubiera debilitado mucho.

El camino hacia la independencia unilateral de Cataluña tarde o temprano habría de chocar con la ley española.   Para la Fiscalía ese momento ya ha llegado.   La formación de la voluntad de la Fiscalía ha seguido todos los pasos, todas las garantías, y ahora no es solo la voluntad desnuda del FGE, sino también de quienes más rango tienen en la institución.  La querella tiene hoy una autoridad mucho mayor que hace una semana.   Veremos que pasa.

UNA FISCALÍA EFICIENTE

Hace ya casi dos años, pedí desde este blog la adscripción de analistas a la Fiscalía, como sucede en la totalidad de los Tribunales internacionales.   Analistas que pueden -con su dedicación exclusiva a la observación de ciertos procesos económicos o políticos- anticiparse a lo que puede llegar a ocurrir y permitir así a la Fiscalía una mejor reacción.   La Fiscalía ideal -la nuestra obviamente no lo es- debe ser independiente del Gobierno, debe actuar con autonomía, pero también y sobre todo, debe ser eficaz.   La autonomía ha de ser instrumental para la eficacia, para aplicar la ley por igual para todos. Yo creo que para ser eficaces hay que mejorar mucho.  Por ejemplo, se pone como argumento para justificar nuestra falta de eficacia en la lucha contra la corrupción o contra la delincuencia económica, el que "faltan medios".   Faltan, es verdad, pero en mi opinión deberían faltar para acudir a vistas de lo social, para asistir a juicios de faltas o para viajar a dar cursos internacionales.   No deberían nunca faltar para la lucha contra la corrupción.  Ese es un problema de organización interna.    ¿Es que esperamos a que amplíen cincuenta plazas o sesenta o setenta para -entonces si- tener medios para luchar contra la corrupción?  Esto es como una broma.   Los jueces pueden quejarse porque su estructura está predeterminada por la ley y es rígida.  Pero la Fiscalía no.  Hay que ser mucho más eficiente.   Quizá si hubiera habido analistas en la Fiscalía la reacción de nuestra institución hubiera podido anticiparse a lo que ha ocurrido ahora con la consulta catalana y tener claras las ideas y las querellas para una reacción inmediata o para de manera inmediata señalar que la cuestión no es delictiva.  Y no esta exposición pública de dudas, de competencias o de atribuciones que nos hace mucho daño y se lo hace también a bastantes ciudadanos.

REUNIÓN DE LA APIF CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA

La dirección de la APIF se ha reunido esta mañana con el Ministro de Justicia y su equipo.   Un hombre cordial, correcto, sin regatear el tiempo que nos ha concedido.   Bien.   Es consciente -y nosotros- de que el tiempo que queda de legislatura no es largo, y que grandes cosas no podrán ya realizarse.   Pero aventura reformas en la LECr., en la LOPJ y en el Código Penal, si bien no de la entidad que planeaba su antecesor.   Le hemos planteado una serie de reclamaciones profesionales que parten -en su mayoría- de unos presupuestos: que no sean caras, que sean de su competencia y que sean de tramitación sencilla y rápida.   Están colgadas en la página de la APIF.    ¿Mi impresión?  Llevo ya conocidos varios ministros (el ver sus retratos colgados me hace tomar conciencia de los años que han pasado).   Y no tengo buenos recuerdos de casi ninguno.   Dicen, sonríen, anotan, prometen, pero luego no cumplen o hacen lo contrario de lo que prometieron.   Ojalá éste sea una excepción, pero habrá que esperar para juzgar.

LA CARNE

Mantenerse firme frente a las presiones del Gobierno no garantiza un buen FGE.  Pero sin mantenerse firme ante esas presiones es imposible ser un buen FGE.   El nuestro, afortunadamente, parece que está aguantado este bochornoso espectáculo de especulaciones y anuncios sobre la actuación de la Fiscalía.   Es muy difícil mantener la imparcialidad cuando te van dando la matraca sobre lo que tienes que hacer.   Al final no sabes si lo que tienes jurídicamente que hacer realmente lo haces porque lo tienes que hacer o porque te presionan para que lo hagas.   Las declaraciones de una líder del PP anunciando la querella de la Fiscalía contra el Presidente de la Generalidad castigan la imagen de imparcialidad de la Fiscalía.  Especialmente si -como señala El Mundo a través de la siempre bien informada María Peral- esa líder política es "la encargada de escenificar las prisas con las que quieren actuar el Gobierno y el partido".   Supongo que el FGE está soportando una fuerte presión estos días. Por el bien de la Fiscalía, debe aguantarlas; debe dejar que los profesionales que él mismo ha nombrado en los puestos claves afectados por la tormenta hagan su trabajo con criterios estrictamente profesionales.    El ideal hubiera sido que en estos años la imagen de la Fiscalía hubiera crecido en autonomía respecto de los poderes políticos y económicos.   Eso no tiene ya remedio, pero ahora hay que dejar las cosas claras. Y lo que diga el Gobierno, o la oposición, o el partido del Gobierno o cualquier político, será muy respetable, pero los profesionales deben actuar con criterios profesionales, siempre por esos criterios y solo por esos criterios.  Ayer las declaraciones de Eduardo Torres Dulce me gustaron porque dejaron claro que serán los hechos los que determinen si hay "carne de proceso penal, o carne de archivo" y que esa decisión sobre la clase de carne la tomará la Fiscalía con objetividad e imparcialidad.   Veremos.

EL CURSO DEL CONSEJO FISCAL

Hace unos meses la APIF organizó un curso sobre la defensa de los derechos de los fiscales en tanto que funcionarios públicos.   La necesidad del curso era palmaria, ya que se habían producido una serie de barbaridades en el seno de la Carrera fiscal para con los fiscales: desde que no se conteste a las quejas de los fiscales, a que se sostenga una distribución de trabajo de un fiscal jefe con la oposición de más del 80 por ciento de la plantilla, a la arbitrariedad en los nombramientos (cuotas, opacidad, argumentos como "la personalidad" de un candidato para elegirlo), cierre sistemático de filas con la jerarquía de la Carrera, hasta culminar con la expulsión de un fiscal por faltas inexistentes según declaró más tarde la jurisdicción contencioso administrativa.   Y todo ello sin mover un pelo.    El presente Consejo Fiscal llegó a sostener por unanimidad que la reclamación de un Fiscal por una decisión de su fiscal jefe relacionada con la asignación de un lote de trabajo que consideraba arbitraria no era recurrible ante los Tribunales.    Y todo ello mientras la opacidad en el funcionamiento de la institución es inaceptable para estado democrático, sin que los vocales electos se planten contra este estado de cosas.   Le pregunté el otro día al FGE las razones por las cuales la Fiscalía había quedado excluida de la Ley de Transparencia, sin que supiera darme explicaciones.  Ahora el Consejo Fiscal organiza un curso que lleva por título "El Consejo Fiscal y la defensa de los derechos estatutarios de los fiscales. Perspectivas de futuro".  Pero el curso es muy diferente del de la APIF.  Son ponentes la mayor parte de los vocales del presente Consejo y algunos de los anteriores.    Además de asociados relevantes de AF y UPF.   Pero no han invitado a ninguno de los dos asociados de la APIF que se han visto obligados a litigar en los Tribunales contra decisiones avaladas por el Consejo Fiscal, lo que les hace consumir tiempo, intranquilidades y dinero, ni tampoco a ningún representante de esta asociación para exponer allí nuestras quejas sobre como se lo montan.   Debemos recordar que esto es un curso institucional, no es un curso de amigos o un curso organizado por una asociación.  Que tiene interés para todos los fiscales, no solo para quienes forman parte de la jerarquía de la Carrera.   Por eso, con todo afecto, la APIF ha enviado al Director del curso, con copia al Fiscal General, una carta quejándonos de estos extremos.    La carta está publicada en la web de la APIF.

Mientras no se acepte que la Fiscalía está al servicio de la sociedad y no pertenece a unos pocos, vamos a estar de uñas.

COMUNICADO ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

Con la esperada ausencia de APM y AF (gobierna quien gobierna, no lo olvidemos), las demás asociaciones profesionales de jueces y fiscales han suscrito un Comunicado que recoge una serie de puntos en los que ha habido consenso en la lucha contra la corrupción.  Tal como yo lo veo el Comunicado es una señal de alarma a la sociedad del sistema judicial y fiscal que padecemos en España, una protesta contra la politización de la Justicia (que firma incluso JD, asociación por la que tengo auténtica simpatía, pero que tantas veces ha estado representada en el CGPJ a instancia de los partidos políticos progresistas).    Creo que hace falta adoptar las medidas que pedimos muchos jueces y fiscales en ese Comunicado, y también algunas más.  Algunos creen que es mejor ponerse de perfil y "ser fuertes".    Se equivocan.

COMUNICADO DE ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.

El desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno. La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española. Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:

* Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial.

* Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.

* Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

* Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.

* Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

* Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

* Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

* Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.

A 5 de noviembre de 2014

Suscriben:

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

Foro Judicial Independiente

Jueces para la Democracia

Unión Progresista de Fiscales

LUIS NAVAJAS, TENIENTE FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

El FGE con el voto favorable de los vocales de la AF propuso ayer al Gobierno en nombramiento del fiscal Luis Navajas como número 1 de la Carrera Fiscal.   Todo lo que rodea este nombramiento me parece positivo.    Por un lado, Luis -que ha sido mi jefe desde hace ocho años- es un fiscal de gran categoría, un fiscal cuya independencia y al mismo tiempo lealtad a la Institución y a la ley valoro especialmente; y además un tipo muy llano, con gran sentido del humor, no interesado desde siempre en las historias de la política en la Fiscalía y preocupado mucho más por cada fiscal que por su adscripción ideológica.  Por tanto, alguien ideal para el puesto al que hoy ha sido promocionado.   Luis prestigiará a la Fiscalía General y también al Fiscal General.   Además, me encanta que la AF, finalmente, haya decidido, en un puesto fundamental en la Fiscalía, no apoyar a un candidato salido de entre sus filas por el mero hecho de serlo.   Luis era el más antiguo y competía con otros candidatos asociados a la AF.  Han apoyado a Luis unánimemente.   Pues me parece estupendo como signo de que algunas cosas pueden empezar a moverse, al menos si se compara con el tremendo Consejo anterior.    Desde luego no voy a pensar que después de tantos años de hacerse sistemáticamente lo contrario en las asociaciones dominantes, las cosas ya han cambiado.   Pero esto es un gesto espléndido que elogio sin reservas: no es un puesto cualquiera, es el número 2 del FGE.   Y este es el camino, que seguido durante algunos años, haría que la Fiscalía recuperara ciertas pulsiones que hoy se han perdido.    Una buena noticia

EL PEOR PROBLEMA DE LOS FISCALES

Entre la castrense estructura del Ministerio Fiscal español y la ausencia absoluta de garantías internas de que las reclamaciones de los fiscales serán examinadas y resueltas imparcialmente, el mayor problema que afrontan los fiscales en su quehacer diario es el de la distribución de trabajo.   Esa es una cuestión responsabilidad de los fiscales jefes, pero que al mismo tiempo sirve para medir su talla o su falta de ella.   El Consejo Fiscal suele hacer bloque con los fiscales jefes.  Eso es lógico en una Carrera en la que la jerarquía la componen en su mayoría asociados a los dos asociaciones que copan el Consejo Fiscal desde hace más de treinta años.  Han llegado a decir incluso, hace solo unos meses ante el recurso de un compañero, que las distribuciones de trabajo cuando son cuestionadas por los fiscales, no son recurribles ante los Tribunales.     Sin reparar sin duda en que una distribución de trabajo arbitraria es capaz de ser causa de acoso laboral; que ligada a la distribución de trabajo hay cuestiones esenciales, tales como la conciliación de la vida familiar y laboral (una broma para muchos fiscales que durante las noches o los fines de semana terminan de despachar el papel que les entra); o que pueden afectar a la salud y el equilibrio psíquico; o a la dignidad profesional; o al nivel del servicio que se presta (no es lo mismo calificar diez causas al mes, que calificar setenta) y también en ocasiones a los ingresos de los fiscales.  Porque una mala distribución del trabajo en una Fiscalía, permitiendo que unos pocos fiscales, en general más antiguos, se beneficien de la mayor cantidad de trabajo que se asigna a otros, determina que en caso de vacantes a cubrir por sustitución los más cargados no puedan materialmente hacer ese trabajo extra, que es retribuido.   Esta falta de compañerismo, que es un mal endémico en la Carrera, no se debería  tolerar ni un día más.   Si hay Fiscales Jefes que se ven incapaces de organizar equitativamente el trabajo de su Fiscalia, han de ser removidos porque esa es su primera obligación.  Y nunca renovados, razón por la cual considero esencial que antes de una renovación la plantilla sea oída en votación secreta.  Y si el Consejo Fiscal es incapaz de ser un árbitro imparcial en esta materia, hay que ir a los Tribunales (que se puede, esto sigue siendo incluso para la Carrera Fiscal un Estado de Derecho). Si una mala o injusta distribución de trabajo provoca depresiones, bajas, o menosprecio profesional, hay que empezar a denunciar (hay varias vías para ello).   Hay que agruparse sin miedo y denunciar.   La situación en la que viven demasiados fiscales es vejatoria y ofende al compañerismo.  Y no hay normas internas ni para establecer repartos ni para garantizar la equidad en los lotes.

Solo solucionando ese problema, o al menos, solo haciendo valer nuestros derechos al respecto, la Fiscalía mejorará.   Solo así podrá distribuirse la productividad equitativamente; solo así podrá recuperarse el sentido del compañerismo.   Y solo así muchos fiscales empezarán a sentirse otra vez partícipes de una tarea común.  

EL FISCAL GENERAL SE MUEVE A SOLICITUD DE LA APIF

Hay una enorme cantidad de cosas que hacer para mejorar la vida profesional de los fiscales y para darles unas garantías mínimas en su trabajo.  Eliminar la arbitrariedad es una de ellas.   La arbitrariedad es algo íntimamente ligado a la falta de transparencia, y si algo no hay en la Fiscalía es efectivamente, transparencia.   Pues bien, la APIF está trabajando intensamente en mejorar aspectos básicos en el funcionamiento de la Fiscalía.  Entre ellos, introducir con normalidad el derecho administrativo para los fiscales, crear condiciones para que puedan impugnarse las resoluciones que nos afectan, acabar con la opacidad y crear -si crear, porque la Fiscalía hoy está más anclada en la época preconstitucional que en el siglo XXI- una Institución donde todo el mundo sepa que puede hacer, que puede hacer la jerarquía, y como defenderse de los abusos.   En esta línea está la iniciativa de solicitar al FGE la creación de un Protocolo de actuación en casos de abusos laborales y sexuales, y de conciliación de la vida profesional de los fiscales.  Nos gusta como fiscales que el FGE se mueva en esta dirección.   Haremos muchas más cosas, porque el trabajo que hay delante es enorme. Y recordamos a los fiscales que todos somos necesarios y bienvenidos en esta tarea tan compleja.

UN ASUNTO CAPITAL PARA LA CARRERA FISCAL

En el TSJ de Las Palmas se está dirimiendo un asunto que es capital para la Carrera Fiscal y también para la Fiscalía.  Se trata de un recurso contencioso administrativo que un competentísimo fiscal especializado en la materia ha planteado contra una distribución de trabajo acordada por el Fiscal Jefe.   El asunto tiene tela.   El Fiscal Jefe asigna un lote de trabajo a un fiscal que no lo había pedido habiendo otro compañero (el recurrente) interesado, sin oír a la Junta de Fiscales y luego, tras ser requerido a convocarla, sin permitir la votación.   Se desoyen por la Jefatura las solicitudes realizadas por el fiscal interesado a pesar de que con posterioridad a la asignación se aprueba en Junta unas reglas de distribución de lotes de trabajo que el Jefe se niega a aplicar al caso en cuestión.   El compañero agraviado recurre en alzada ante el Fiscal Jefe del TSJ de Canarias  en noviembre de 2013, con un escrito que debe servir de modelo de impugnación de este tipo de cuestiones para los Fiscales.   A la Junta se la oye votando, lo que es natural tratándose de un órgano colegiado (art. 26.4 de la Ley 30/1992 y 24.2 del Estatuto de Ministerio Fiscal).  Pero algunos Jefes creen que oír a la Junta es solo escuchar unas opiniones.  Con eso parece que les basta.   El recurrente se queja con abundancia de razones de ese modo de proceder, incluyendo varias vulneraciones individuales y orgánicas, que detalla minuciosamente.

La Inspección Fiscal (en consulta elevada por el Fiscal Jefe sobre quien era competente para conocer de la alzada) decidió que el asunto debía ser resuelto por el Consejo Fiscal, que se pronunció sobre la cuestión.  Y el Consejo Fiscal, en su habitual y cerrada defensa de la jerarquía, decide por unanimidad que "la decisión adoptada por el Fiscal Jefe..., no constituye en si mismo un acto o resolución administrativa susceptible de recurso en la vía administrativa, en los términos que determina el art. 107.1 de la LRJ-PAC, sino únicamente, de revisión dentro de la propia organización interna del Ministerio Fiscal...", señalando que no hace falta Junta para distribuir el trabajo entre los fiscales, y también que "a los meros efectos dialécticos" aún cuando debiera ser oída la Junta antes de tomar la decisión de sustituir o cambiar a fiscales en los lotes de trabajo, se trataría de una mera irregularidad subsanable a posteriori.  Por inmensa mayoría (11 votos a 1) se considera en el Consejo Fiscal que la decisión del Jefe no es contraria a la equidad, ni arbitraria ni irracional.

Y lo mejor de todo: el Consejo Fiscal (formado por los "defensores de los fiscales", que elegimos nosotros para que velen por nuestros derechos) considera por unanimidad que estas cuestiones afectan a la organización interna del Ministerio Fiscal "sin que puedan resultar fiscalizables en la vía jurisdiccional".

Unos campeones.

Afortunadamente, parece que están equivocados, y que si pueden ser fiscalizables estos actos en vía jurisdiccional.  Y ojalá el compañero gane su recurso y haga descender un poquito a la jerarquía de la Carrera al mundo de los derechos y garantías profesionales.

¿CAMBIAR AL FGE?

Leo -y me dicen que la noticia está bien construida y contrastada- un artículo en el periodico digital vozpopuli en el que se habla de "encontrar una salida digna" al FGE para nombrar a otro fiscal "con una voluntad más decidida y menos titubeante que Torres-Dulce, y, desde luego, con mayor sintonía hacia el departamento ministerial".  

Me alarma enormemente que esto pueda ser cierto aunque ya digo que me aseguran que la noticia la han contrastado bien.   El FGE es nombrado por el Gobierno y eso es ya un lastre para su credibilidad.   Pero desde hace unos años se estableció para el mismo un plazo de actuación como garantía para su actuar imparcial.   Ese plazo coincide con la legislatura y por tanto no le pueden echar.   No es una cuestión de salidas dignas, es que no pueden.    Si ese es el punto de partida para establecer una relación de diálogo y consenso, que es lo que ayer nos prometió el nuevo Ministro de Justicia en la toma de posesión de su equipo, vamos mal.    Con todas las discrepancias que yo pueda tener con el FGE, me parecería inadmisible una maniobra para echarle antes de que su plazo venza y un retroceso grande para la Fiscalía y para la credibilidad de la Justicia española.    La ventaja es que no pueden hacerlo sin contar con la anuencia del afectado, y en este tema, puede estar seguro el lector que yo cierro filas con el FGE (y no estará solo conmigo, seguro) si decide aguantar.

CONCURSOS DE TRASLADO

Hay un serio problema en la Fiscalía (uno de tantos) que la jerarquía no encuentra como soluicionar.  Se trata de los concursos de traslado.  Hubo un tiempo en el que había un gran número de vacantes en la plantilla, de manera que podían convocarse concursos cada tres o cuatro meses y la gente podía moverse de donde está.   Hoy la plantilla está bloqueada y casi nadie se puede mover.  De hecho el sistema de concursos a resultas solo permite el cambio de los fiscales que quieren irse a otro sitio donde un fiscal deja vacante por haber encontrado hueco en otro lado.  La movilidad es mínima.  Y ello supone principalmente para los fiscales más jóvenes un grave perjuicio ya que llegan forzosos a un sitio y de ahí -les vaya bien o mal- no pueden salir.    Hay que pensar en soluciones a este problema.    Si se pudiera crear en cada Fiscalía una serie de plazas "flotantes", de manera que hubiera plazas que permitieran a los fiscales salir de esa Fiscalía y llevarse su nómina a la Fiscalía de destino, quedaría un hueco a ser cubierto por otro fiscal que a su vez pudiera llevarse también sus derechos económicos.   Habría que fijar un máximo de incorporaciones en las Fiscalias (un porcentaje máximo de la plantilla) para evitar que algunas se rellenaran a costa de otros.   Pero de esta manera podría haber movilidad.   No creo que sea complicado (conceptualmente es bastante sencillo), pero se trata de que importe algo que la plantilla pueda trabajar en condiciones satisfactorias aunque haya que dedicar unas horas a diseñar el sistema.   Podría tambíén estudiarse un sistema de intercambios de plazas entre fiscales con audiencia a otros fiscales interesados, como ocurre en otros cuerpos de la administración.  

Está claro que la plantilla bloqueada, en una institución en que las jubilaciones son mínimas en relación con el volumen de gente joven, genera una serie de problemas que solo importan a quien los padece, pero es que a veces se padece mucho por ello.

CON LOS FISCALES DE LAS PALMAS

Me fui ayer a la Fiscalía de Las Palmas a estar con los nueve compañeros que se han unido a este proyecto de cambio en la Justicia que es la APIF, y con otros fiscales de esa ciudad.   Tengo la sensación de que ahora va empezar una nueva época en la Fiscalía.   Son fiscales con ganas de cambiar, con ganas de acabar con la arbitrariedad, con la politización, con el miedo para decir lo que en realidad consideran que pasa y con ganas de cambiar las cosas y además fiscales con larga experiencia en el oficio.    Treinta años de lo mismo, es decir, de una alternancia de influencias y de composición de la jerarquía por parte de la AF y de la UPF (según gobierne el PP o el PSOE) han dejado las cosas muy claras: la Fiscalía no está bien, más bien está cada vez peor, las condiciones de trabajo de los fiscales no mejoran o empeoran, algunas jefaturas se ejercen de manera absolutamente contestada por la plantilla, que no puede hacer nada para hacer valer el sentido común o simplemente los derechos de cada cual y que cuenta con el respaldo de la jerarquía y del Consejo Fiscal que supuestamente está para defender a los fiscales que lo elegimos.   El sistema disciplinario sin garantías de ningún tipo, los salarios bajos, la categoría tercera vigente con lo que muchos fiscales hacen exactamente lo mismo que sus compañeros pero cobrando mucho menos.   Obligaciones impropias de fiscales como la estadística se mantienen y potencian; ningún poder existe internamente que sea contrapeso al poder de la jerarquía, ninguna defensa interna frente a posibles abusos.   Opacidad en las decisiones que nos afectan, falta de motivación en los actos del Consejo Fiscal o del FGE; imposibilidad de cambiar de destino por bloqueo de la plantilla y desinterés en crear alternativas que permitan cierta movilidad.    No tiene la jerarquía, como si todavía fuéramos aquí 1000 fiscales como hace 35 años, interés en que cambie nada.   Eso sí, cuando llegan las renovaciones de sus cargos, oye, se activan como campeones.    Todo esto no puede seguir así en nuestra opinión.  Por eso, cuando la APIF (que es naturalmente compatible con cualquier ideología individual, pero abiertamente hostil a la politización de la Justicia) recibe la incorporación de varios compañeros que dicen: "estamos aquí para ayudar a cambiar esto en beneficio de todos", pues uno cree que quizá estamos en el principio del cambio esperado.  

UN GRAN JURISTA: ALBERTO MANUEL LÓPEZ

Acaba de publicar en la Revista Jurídica La Ley un gran artículo el fiscal destinado en Jaén Alberto Manuel López que se titula "La motivación de los actos del Ministerio Fiscal".    Aborda ese fiscal la importancia de la motivación de los informes y resoluciones como instrumento preventivo de la arbitrariedad.    Se refiere no solo a la motivación de los actos procesales en los que inteviene el Fiscal, materia no regulada en el Estatuto salvo en el ámbito disciplinario, sino que aborda también la cuestión de la falta de motivación de los actos administrativos del Ministerio Fiscal.  A tal efecto, señala la vinculación de la Fiscalía a la legislación administrativa ordinaria que exigen normalmente motivación de los actos administrativos.   Recordemos que en el ámbito interno de la promoción profesional en la Fiscalía la motivación es la excepción, no la regla, empezando por el FGE que no se siente en la obligación de motivar jamás un nombramiento, y el Consejo Fiscal, ni se lo exige, ni por su parte explicita las razones de sus decisiones en la materia.    El artículo de este gran jurista, cuya lectura recomiendo encarecidamente a todos los fiscales, viene ilustrado con un importante cuerpo de jurisprudencia muy clarificadora de la situación obsoleta en la que se encuentran las prácticas habituales en nuestra institución.   Una situación obsoleta, digo, que se mantiene por la obstinación de quienes se benefician profesionalmente de la misma al hacer imposible el control jurisdiccional de nombramientos arbitrarios, y varias consecuencias, todas negativas, pero una muy principal que es la extrema politización de la Fiscalía española.

COMUNICADO APIF TRAS LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA

Ante la dimisión presentada por el Ministro de Justicia Sr. Ruiz Gallardón, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, sin perjuicio de reconocer el gesto personal de la dimisión, manifiesta lo siguiente:

                   

1.  La gestión del Ministro de Justicia ha empeorado objetivamente la situación respecto de cómo la encontró hace tres años a pesar de las ilusiones que su llegada alimentó en algunos y que pronto decepcionó.    El incumplimiento de la promesa electoral del PP sobre la despolitización de la Justicia, básicamente a través de la reforma de la LOPJ en cuanto al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y el mantenimiento de la intensa politización en la Fiscalía son los dos grandes baldones que pesan sobre su gestión.

 

2.   La Ley de tasas, que a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional, supone una restricción importante al derecho de los ciudadanos a reclamar ante la administración de Justicia; la eliminación de los jueces y fiscales sustitutos pero con mantenimiento de eméritos en Fiscalías sin sobrecarga de trabajo; la inexplicable cicatería en aumentos necesarios de plazas en la Carrera fiscal que no tendrían ninguna repercusión presupuestaria; la pereza legislativa a la hora de afrontar de una vez la modernización del Ministerio Fiscal; los retrasos en la implantación de un sistema informático eficaz para la Justicia y en particular en la Fiscalía; la treta -tan frecuente entre nuestros políticos- de pretender aparentar que se solucionan problemas complejos con simples reformas del Código Penal; la elección para los más altos cargos de la Justicia a juristas conocidamente afines; la incapacidad de tratar con los colectivos de la Justicia, sobrando algunas expresiones ofensivas e innecesarias; la merma retributiva y una gestión alimentada básicamente de gestos, deja a la Justicia peor de lo que estaba por difícil que pudiera parecer cuando tomó posesión. 

 

3.  Nos encantaría, dada la elegancia de su dimisión, poder señalar algunas cosas positivas, alguna mejora perceptible, pero nos resulta complicado.    En todo caso, esperamos que durante el tiempo que resta de legislatura el nuevo titular del Ministerio sea capaz de cambiar la dinámica actual, iniciar una fase de diálogo, despolitización y mejora real de la Justicia en beneficio de la sociedad.    

 

 

Madrid, a 24 de septiembre de 2014

 

La Comisión Ejecutiva de la APIF

ÉTICA, COMPAÑERISMO Y HUMANIDAD, por PILAR ÁLVAREZ, Fiscal.

Desde ayer estoy madurando la idea de escribir estas líneas y creo que estoy en la obligación moral de hacerlo. Y por qué desde ayer se preguntará más de uno, pues, entre otras cosas, porque me contaron una historia terrible que exige que de una vez por todas digamos lo que muchos pensamos pero no nos atrevemos a decir en voz alta. Somos una Carrera de rumores y de dimes y diretes. Me han dicho que fulanito es un peligro o que se escaquea, y eso lo vamos propagando de café en café hasta que se convierte en realidad virtual de esta carrera nuestra. Para ejemplo el tan conocido por todos, hasta el aburrimiento, añadiría yo, caso Frago. Esos rumores incesantes de "hay mucho más" que nadie concreta pero que avalan en la consciencia de muchos la expulsión de un compañero vulnerando sus derechos y el principio de legalidad que todos prometimos un día defender. Muchos saben que nunca me ha atraído la pesca, con todos mis respeto a los pescadores, alguno de los cuales aprecio mucho, y mucho menos la pesca en río revuelto, pero todos leímos la afirmación que de la APIF y de mi misma hizo una asociación supuestamente hermana. Y así podría nombrar múltiples ejemplos, el mío sin ir más lejos. Muchos, o la mayoría, conocen que hace unos años presente una queja y una denuncia contra mi Fiscal Jefe. Al final la denuncia quedó en un cajón para siempre y la queja la resolvieron de aquella manera dos años después. Pero a lo que iba es que me ha llegado la noticia cierta, por dos testigos directos de las conversaciones que además son absolutamente fiables, que en la Fiscalía General, al parecer, hay más de uno que me conoce por "esa chica que se queja tanto". Sí esa chica que se queja tanto, lo que viene a ser llamarme quejica. Ahora bien se olvidan, esos que así me llaman, de añadir alguna explicación a que se guardaran esas quejas en los cajones durante años. Defender los derechos de uno no es ser quejica, es ser valiente, y mucho, en esta Carrera nuestra donde se echan de menos los derechos y las garantías. Si uno cree que está siendo tratado injustamente, en mayor o menor medida, tiene derecho a quejarse, a buscar soluciones. Y ya está bien de tanta rumorología, frases inconclusas y conversaciones de café. El que tenga algo que decir que lo diga claramente y lo demuestre con hechos y pruebas. Lo contrario, en ocasiones, causa un daño terrible al agraciado con los rumores. Por ello, señores y señoras, seamos serios, somos Fiscales y con rumores y sospechas lo único que debemos hacer, como hacemos sobre el papel que despachamos diariamente, es pedir un sobreseimiento provisional, cuando no un archivo directo. En las conversaciones de café apliquemos la misma regla, que la humanidad y el compañerismo debe ser lo último que perdamos junto con la dignidad.

LA APIF CRECE

En la Fiscalía poca gente da el paso de asociarse.    La mayoría de los fiscales (casi el 70 por ciento) no están asociados.   Está por hacer un estudio de esa desconfianza a la agrupación en la defensa de los intereses profesionales, pero es la realidad.     Una realidad tan evidente como la de que la Fiscalía, la Justicia española e incluso la democracia española necesitan de cambios.   En cuanto a la Fiscalía los cambios son urgentes para que la institución funcione dignamente; para que cumpla su papel especialmente en los delitos que afectan directa o indirectamente al poder político y económico que han conseguido infiltrarse en la Institución; para que se convierta en garante de que la ley se va a aplicar sin distinciones tanto al más poderoso como al más vulnerable.    En ese terreno hay mucho que trabajar, pero en ese terreno solo trabaja hoy una asociación, la APIF.   Una asociación que rechaza la injerencia política en la Justicia, en la Fiscalía y en la Judicatura. No solo que la rechaza: que la combate.    Una asociación comprometida con los derechos de los fiscales frente a los abusos de la jerarquía.   Ah, ¿pero hay abusos, dirá alguno?.   Pues claro: hay abusos en la promoción profesional, hay abusos en la hiperprotección de la jerarquía frente a los fiscales de a pie.   Por ejemplo, no está sancionado disciplinariamente el acoso laboral, en una carrera absolutamente jerarquizada.   ¿Como es eso posible?  Pues lo es porque quien ha mandado en la Carrera durante décadas no lo considera necesario.   ¿Y existen esos casos de acoso laboral, dirá otro?  El escenario para que ocurra es perfecto: jerarquía, todo por confianza, poder, y falta de controles.   Hay gente que en diversos lugares se queja de ello y la APIF va a actuar de manera enérgica en esta materia: ni una baja más por depresión en casos de abusos.  Insisto, iremos donde haga falta.  Hay abusos de otra índole claro: infinidad de cosas aquí se cocinan antes de entrar en el conducto reglamentario establecido.  Yo mismo me presenté hace unos años a una plaza, por ejemplo, en la que tuve que presenciar la felicitación a otra candidata por su nombramiento antes de la votación del Consejo: todo estaba ya cocinado.    Las influencias en este sentido se ejercen en la jerarquía por aquellos quienes la componen.  Los fiscales disconformes con distribuciones de trabajo, con conflictos con la jefatura, van a buscar amparo de sus reclamaciones a los órganos establecidos por la jerarquía y compuestos por la jerarquía.   Nada hay independiente, nada con garantías de imparcialidad en la institución.   Los expedientes disciplinarios -incluso con la reforma del Estatuto propuesta por el Consejo Fiscal- empiezan por fiscales elegidos discrecionalmente por el FGE y terminan decididos en sus casos más graves por el propio FGE.   ¿Es una broma?   No, es lo que tenemos.   Y además, y por si fuera poco, el sistema no funciona.   Los fiscales de trinchera viven en un mundo diferente al de la jerarquía, y ven no solo como sus condiciones de trabajo empeoran sino que padecen un ninguneo impropio (los concursos, las sustituciones, el sistema informático, la estadística, las retribuciones).   Pocos le deben aquí más a su competencia y a su eficacia que a su lealtad a una asociación dominante o a la confianza de quien da el cargo.  La  opacidad en los méritos y deméritos es absoluta.    Y la opacidad en el Consejo Fiscal la conocemos todos.   Por eso hay mucho que cambiar, mucho.    Mucha gente que yo conozco, compañeros que están en esas asociaciones mayoritarias, piensan lo mismo, que hay mucho que cambiar.   Ahora han de reflexionar si el cambio necesario, que va a venir necesariamente, puede proceder de quien mantiene este sistema durante décadas o habrá que hacerlo a pesar de ellos.  

En estas, la última semana se han afiliado a la APIF un importante número de fiscales.   Fiscales con anhelos de cambios, con hartazgo, con ganas de encontrar -como yo y como otros muchos- una salida a una institución que queremos pero que no ha conseguido evolucionar a mejor, sino a peor.    Aquí estamos para cambiar esto, sin miedo y con plena confianza.    Hoy somos más fuertes.   Y toda la fuerza que recibamos de los compañeros  será para cambiar la Fiscalía en un contexto de regeneración democrática.

EL CONSEJO FISCAL CONFORME CON EL NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Vengo diciendo desde hace tiempo que ni AF ni UPF están en posición objetiva para defender los derechos de los fiscales frente a la jerarquía de la Carrera.  No lo están porque ellos forman parte de esa jerarquía.   Demasiados cargos que defender (hoy están a codazos por las vacantes de fiscal de Sala que se resuelven en los próximos meses, eso si les preocupa).   Acaban de informar favorablemente -con alguna modificación sobre delegaciones del Promotor de la Acción Disciplinaria en la Inspección, según escuetamente nos dicen en un Comunicado los vocales de la AF además de alguna otra que no precisan: compañeros del Consejo, os pido mucha más transparencia, este tema es demasiado importante para los fiscales para ir con generalidades- un proyecto de régimen disciplinario para la Fiscalía que no añade ni una garantía procedimental en favor de los fiscales; con un Promotor de la Acción disciplinaria elegido discrecionalmente por el FGE (que es quien decide las máximas sanciones), en lugar de por los Fiscales en elección libre, directa y secreta, como defiende la APIF; con la previsión de que la Permanente del Consejo Fiscal, formada por los tres vocales natos del Consejo y tres electivos, pueda "ordenar" al Promotor que incoe expedientes contrariamente a su voluntad; que acentúa el poder de la jerarquía; que aumenta las multas (hasta 10.000 euros con nuestros sueldos menguando); que aumenta los plazos de prescripción de las mismas; que no recoge el acoso laboral (ni sexual) como conducta sancionable (os aseguro que en la APIF no vamos a tolerar ni un acoso laboral más en la Fiscalía española, ni ninguna negligencia más en su persecución y castigo, y que iremos a la jurisdicción que sea precisa para evitar esta lacra y contra quien haga falta ir); que no recoge como falta disciplinaria ni siquiera la omisión del deber de tramitar el procedimento del art. 27 del Estatuto; que se enfoca solo a preservar la disciplina interna sin conectarlo con el principio de unidad de actuación, como si fuéramos legionarios en Bosnia en vez de fiscales...   Todo con la "transparencia habitual" de un Consejo Fiscal incapaz de defender a los fiscales que les hemos elegido, y alineado con la jerarquía de la Institución, que es con quienes están más cómodos.  A la AF, incluso, le parece que en el Proyecto hay demasiadas garantías, ya que para expulsar a un fiscal debe bastar con el voto de dos tercios del Consejo, sin ser necesario el del FGE.   Parece que le han encontrado el gusto a esto de echar a la gente.  Transcribo lo que dice el Comunicado del Consejo Fiscal sobre el nuevo régimen disciplinario:

QUINTO. Propuesta de modificación del EOMF. 
La oportunidad coyuntural que la tramitación del Anteproyecto de LOPJ nos ha conferido para realizar la reforma al Estatuto con el fin de adecuarlo a dicho Anteproyecto justifica la elaboración de la presente propuesta en materia de régimen disciplinario, no regulada actualmente. Debemos destacar que la 
necesidad de tramitación conjunta con el texto del ALOPJ ha determinado la urgencia en el tratamiento de la materia. 
El Consejo Fiscal, tras el debate del texto presentado y de los informes aportados por las asociaciones y algunas Fiscalías, informa favorablemente la propuesta de modificación. 

A continuación encontraréis enlaces con el Proyecto y el informe de la APIF sobre el texto.

Propuesta de reforma de la FGE sobre el régimen disciplinario de los fiscales
Informe de la APIF a la anterior propuesta de reforma

UN NUEVO CENTRO DE PRÁCTICA JURÍDICA

Hace algunos meses me habló Purificación Pujol -mujer emprendedora donde las haya, jurista y autora de diversos libros jurídicos, además de tener con ella vínculos de parentesco- de la creación de una nueva Escuela de Técnica Jurídica y me invitó a formar parte del primer Consejo Académico, al que me siento muy satisfecho de pertenecer -siempre con el compromiso de no cobrar yo personalmente nunca ni un euro por estar ahí-.     Estoy a favor de todo lo que contribuya a mejorar el nivel de los operadores en la Justicia (en este caso, básicamente, los abogados) y este nuevo Centro plantea la enseñanza desde un punto de vista fundamentalmente práctico y en la búsqueda de la excelencia a través de un profesorado cuidadosamente elegido, con unos programas del máximo interés.   Espero que sea finalmente un proyecto útil para mejorar nuestra Justicia (empieza con un curso práctico de derecho civil), ya que me consta que hay muchas ilusiones puestas en el mismo.

¿QUE BUSCAN CON ESO?

El día 31 de julio pasado la FGE remitió a los fiscales a través del correo electrónico oficial (que funciona de pena: yo, por ejemplo, no lo he recibido) un proyecto muy importante para los fiscales.  Se trata del establecido para reformar el régimen disciplinario de la Carrera Fiscal, hoy huérfano por completo de garantías, y que trata de adaptarse al establecido a la Carrera Judicial.  Pero lo adaptan a su manera.  Como la estructura de la Judicatura y de la Fiscalía son diferentes, el proyecto hace una adaptación particular haciendo recaer en el FGE básicamente la responsabilidad de elegir al Promotor de la Acción Disciplinaria y también de decidir la sanción, especialmente las más graves.   Parece una broma, pero eso de la separación entre quien investiga y quien juzga no ha llegado a la Fiscalía.    La APIF -a pesar de que nos hemos enterado en septiembre de ésta modificación y de que no se nos ha dado traslado del informe del Consejo Fiscal sobre el Proyecto-  ha hecho una crítica muy severa del mismo, que entiendo avoca a la Fiscalía a ser considerada como una institución de perfiles autoritarios, mucho más de lo que ahora mismo lo es para quien así lo crea.   Se suben las multas, se aumentan las sanciones, se aumentan los plazos de prescripción, se aumentan asimismo las infracciones y no se recogen como infracción abusos laborales, sexuales, abusos en la distribución de trabajo o en los visados; ni siquiera se considera falta, al menos para compensar el gran número de preceptos que sancionan las desobeciencias de los fiscales, la omisión de la tramitación por los jefes del procedimiento establecido en el art. 27.   No interviene parte alguna imparcial en el proceso y da la sensación de que si se quisiera una carnicería, están las herramientas listas.   Un régimen impropio de estos tiempos, o quizá no.   En todo caso, confiemos en el buen sentido de la Institución, y que se acepten la mayor parte de las enmiendas que apuntamos que no tienen otro objetivo que mejorar la Fiscalía y la Justicia.

NUEVO CURSO, TRAS DOS AÑOS Y MEDIO PERDIDOS

Para la Fiscalía han sido dos años y medio perdidos, tirados alegremente, sin afrontar reforma alguna que deje una huella en años venideros.   Lo más remarcable de lo ocurrido en este tiempo ha sido la separación abusiva de un fiscal -y el bochorno de que los Tribunales reprochen a la Fiscalía esos abusos ante la indiferencia de la jerarquía que "ha acatado" el fallo sin mover un músculo-, y la constatación de que la jerarquía sigue imponiendo su ley con el apoyo del Consejo Fiscal.   (Por cierto, parece que llega al TS una inhibición de una Juez de Instrucción que ve responsabilidades penales en una aforada por falsificación de documentos incorporados al expediente que determinó la expulsión del compañero: tema grave, grave).  Así las cosas no hay manera de encontrar amparo ante distribuciones de trabajo contestadas por la inmensa mayoría de la plantilla, o ante actuaciones arbitrarias (o no justificadas) de ciertos jefes que obligan a acudir a contenciosos a los afectados.  No se ha avanzado nada (es triste decirlo, nada) en cuestiones de transparencia; la inspección fiscal necesita un aggiornamiento urgente; el Libro Blanco se ha quedado en otro texto más para estudiosos; el sistema informático de la Fiscalía sigue siendo desastroso (la jerarquía dice, como suele ser corriente, que la culpa no es de la Fiscalía); seguimos teniendo que hacer estadísticas inútiles; las dos asociaciones mayoritarias siguen decidiendo con criterios asociativos quien progresa y quien no en la Carrera (salvo alguna corrección del FGE, que hemos agradecido puntualmente); la Fiscalía sigue sin contar con mecanismos de protección frente a abusos del FGE; seguimos sin ser eficaces en la lucha contra la corrupción política y económica (yo veo ciertos delitos económicos que la Fiscalía no ve, curioso); sigue la politización; y sigue la indiferencia ante las escandalosas condiciones de trabajo que sufren muchos fiscales (incluyendo penosas retribuciones), entre las que cabe reseñar la existencia de acosos laborales que la APIF va a empezar a denunciar.

Queda un año y medio, y ahora se anuncia la distribución de un proyecto de Estatuto elaborado por la Fiscalía.  Veremos si es el mismo que se filtró ya hace algo más de un año.    Solo con que el FGE consiguiera cambiar el funcionamiento de la Inspección (no simplemente con un cambio de jefes, claro), convirtiéndolo en un órgano positivo, un órgano capaz de servir para evaluar el trabajo de los fiscales, para actuar con independencia del FGE, para ser riguroso en su actividad disciplinaria, para conocer las necesidades de la Fiscalía, para actuar cerca y en conexión con los fiscales, para servir de amparo efectivo a estos cuando sufran abusos, la contribución de Eduardo Torres Dulce en su paso por la FGE sería positivamente recordada, al menos en parte.   Y si diera algún paso hacia la transparencia del funcionamiento de la Fiscalía, ni te cuento.

ESTO FUNCIONA MAL PARA ESTOS DELITOS

Leo consternado que la adjudicación de una caja catalana a un banco le cuesta al Estado más de 11.000 millones de euros (casi dos billones de ptas., algo que cuesta imaginar), cifra que se corresponde con la mayor parte del dinero invertido en su rescate.   Nos dijeron que estas cosas no iban a costar nada al contribuyente: o calcularon de pena o nos engañaron.  Pero si eso me escandaliza desde fuera, ya que yo no soy economista y supongo que quienes rescataron el banco optaron por la solución menos mala, lo que me sorprende desde dentro es que pasados ya varios años tras las crisis, la reacción de la Justicia contra esos desmanes ha sido tibia.  Oiga, que estamos hablando de mucho dinero y dinero de todos los españoles.  Y una crisis añadida que obliga a una generación de jóvenes a buscar su futuro fuera de España y que ha elevado el desempleo hasta casi el 30%.  Ni se han considerado las preferentes como una estafa organizada cuando se emiten por entidades en quiebra técnica; ni se han considerado estafas las ampliaciones de capital sobre la base de unas cuentas evidentemente inveraces.  No se han acordado prisiones provisionales como regla general (ni particular), no se han desvelado judicialmente las complicidades políticas con los rectores de las cajas.   Sabemos muy poco de porqué se ha perdido todo ese dinero, quien se aprovechó de él, quien tiene que devolverlo.   Han pasado unos años, los rectores de esas cajas y bancos en crisis han superado los primeros impactos mediáticos y ahora, lentamente, nos vamos dando cuenta de hasta que punto nos han engañado, nos han timado.    El sistema judicial, para este tipo de delitos, funciona fatal.

LA TORTURA EN ESPAÑA

Estuve ayer en el acto que en el Círculo de Bellas Artes de Madrid tuvo lugar para que mi querido Carlos Jiménez Villarejo anunciara su renuncia al escaño en el Parlamento Europeo, para el cual fue elegido recientemente.   Carlos renuncia, pero yo le vi tan fuerte, tan ilusionado como siempre.   Lo he dicho varias veces aquí: todos tenemos cosas que pueden ser reprochadas, pero Carlos ha sido para mi el modelo de fiscal que yo tomé hace tiempo.   Tras su lamentable depuración en la Fiscalía  Anticorrupción se jubiló anticipadamente, pero siguió en la lucha por sus convicciones.   Y ahora, tras lo ocurrido estos meses con su "fichaje" por Podemos, su elección y su dignísima renuncia (según parece, situaciones de parlamentarios europeos que renuncian a ese momio solo por considerar que sus fuerzas no son las de antes ha habido muy pocos), estoy seguro de que seguirá en la pelea.

Carlos habló ayer de la tortura en España, de la denuncia que ha hecho de la misma en el Parlamento Europeo, y tomó como referencia una reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la que se absuelve a unas decenas de acusados por pertenencia a organización criminal tras anular sus declaraciones policiales y señalar la necesidad de conferir de mayores garantías las declaraciones judiciales prestadas tras una incomunicación.   También hizo referencia, y a esto me quiero ahora centrar, a la última Memoria de la FGE en la que se señala que el año pasado hubo hasta 106 Diligencias Previas por torturas en España, 95 por tratos degradantes realizados por funcionarios públicos, y 8 por omisión de la obligación de impedir torturas, con un incremento de la cifra de Previas por torturas de más de un 130% respecto del año anterior.  La lectura del texto de la Memoria tiene un apartado específico sobre este particular que evidencia por un lado los problemas de estadística en la FGE -dadas las deficiencias del sistema informático- que obliga en gran medida a registrar "palote a palote".   Pero por otro, la Memoria señala la existencia de un problema que crece.  A mi me parece que la tortura (incluso en sus modalidades menos penadas) es un delito que puede ser reducido en España incrementando los controles.    No estoy de acuerdo con las afirmaciones de que haya aquí torturas generalizadas: sencillamente, yo no me lo creo y no veo evidencias de ello. Pero los datos muestran que se dan malos tratos, que se atenta contra la dignidad de las personas y que también se recogen algunos casos de tortura pura y dura; y además que esto está ocurriendo de manera creciente.  Contra eso hay que luchar de manera comprometida.  Esta es una ocasión para que la FGE ponga en marcha mecanismos específicos para la prevención y castigo de estas conductas, ligadas a la protección de los derechos humanos y también a la validez de las pruebas de cargo.    Sobre este tema hay que estar siempre en guardia, no desdeñar las denuncias por creer de entrada en el buen funcionamiento del sistema.  Hay que verificar lo que ha ocurrido, y para ello tenemos instrumentos: ver el Protocolo de Estambul de 1999, que además de nuestra jurisprudencia ha de servir de referencia.  El mayor número de condenas del TEDH a los Estados en esta materia se producen no por las torturas en si mismas, sino por no investigarlas, ya que hay un deber de investigar por parte del Estado, ligado al derecho a no sufrir torturas ni tratos infamantes por parte de los ciudadanos.    La Fiscalía General tiene ahí, en mi opinión, algún trabajo que hacer.

LA TRANSPARENCIA SEGÚN EL CONSEJO FISCAL

He recibido un email con los acuerdos de la sesión última, celebrada en Barcelona, del Consejo Fiscal.  Si ese es el concepto de transparencia que van a mantener durante cuatro años, vamos listos.   Todavía tengo en la cabeza, y no lo mencionaría sino fuera porque quiero dar las gracias públicamente al FGE por no seguir el parecer del Consejo Fiscal, el caso del nombramiento de Teniente de la Fiscalía del TC.   Lo que hicieron fue lo de siempre: los de la AF, al candidato de la AF.  Los de la UPF, al de la UPF.  ¿Y los que no son de la AF o de la UPF?  Pues, eso, que se j...  Tengo claro que no hay un derecho de los fiscales a ser votado favorablemente, pero creo que lo mínimo es exigir una evaluación imparcial y una motivación suficiente.  Nos privan de ambas cosas.  Después de perpetrar la votación, ninguna explicación; ninguna razón de porqué no votaron al más antiguo -el número 54 del escalafón, según mi cálculo-, al único de los votados que había sido fiscal jefe (no se quien más aspiraba a la plaza), al que llevaba más tiempo en el Tribunal Constitucional.  Lo dejaron con 0 votos.   Me dicen cosas impublicables sobre las razones del veto: espero que no sean ciertas.  Pero está claro que por esta línea, ni mérito ni capacidad; y desde luego, olvidémonos de cambios hacia una mayor transparencia y menos arbitrariedad en la Fiscalía.   Gracias, Eduardo, por no seguir el consejo del sectarismo militante.

Seguimos igual ahora.  No sabemos quien pide las plazas, algo imprescindible para poder saber si los compañeros del Consejo actúan o no con arbitrariedad.   No sabemos porque votan a unos y no a otros, y la Inspección Fiscal no hace público (creo que ni siquiera se elabora) el informe que está previsto en el art. 13.2 del EOMF, por el Servicio Permanente de Valoración.   ¿Pero es que nadie en el Consejo Fiscal considera que hace falta un informe así que además está previsto en la ley?  ¿Es que nadie quiere tener esos datos para garantizar el acierto en la elección? ¿Es que a nadie realmente le importa el trabajo de muchos años que han hecho compañeros que no pertenecen a sus asociaciones? ¿Es que no pueden distinguir lo que son méritos profesionales de lo que son afinidades asociativas?   Pues parece que no.   La opacidad, la oscuridad en la toma de decisiones es en si misma sospechosa de arbitrariedad.  Y cuando encima el resultado parece arbitrario, pues eso.   Muchos años haciendo lo mismo han configurado un Ministerio Fiscal ideologizado, insensible a valores como es el mérito y la capacidad, si viene de quien no comparte tu ideología.   El otro día, un compañero joven, completamente asimilado a la doctrina imperante -y asociado- me sostenía delante de testigos que "si todos valemos para todo, es lógico que las asociaciones se inclinen por los propios asociados".   Estáis, queridos compañeros, fomentando ese pensamiento entre algunos jóvenes fiscales: lo esencial es la militancia y para justificar eso, se ningunean los méritos de la gente.  Estáis, queridos amigos, castigando al Ministerio Fiscal al privarle del talento independiente, y también a muchos fiscales que no están de acuerdo con vosotros.  Y os cargáis de manera deliberada el esfuerzo, la inteligencia, el mérito y la libertad de criterio.

En la plaza en comisión de servicios para el Tribunal Supremo no se le dice a la Carrera, como si no importara,  quien vota a quien y las razones de ello.  No sabemos los candidatos y por tanto no podemos contrastar nada.    Lo de siempre.

El segundo punto aborda la aprobación de una propuesta de reforma del EOMF en materia de responsabilidad de los miembros del Ministerio Fiscal.   Yo no he visto ningún documento sobre eso, y me gustaría que antes de que el Consejo Fiscal aprobara algo los fiscales pudiéramos haber dicho que nos parece.   ¿Se trata de endurecer el régimen disciplinario, o de regularlo con un mínimo de garantías?  El asunto de la expulsión de un fiscal con vulneración de sus derechos fundamentales debería inquietar alguna conciencia, pero de ello hace ya más de un año y no veo mucho propósito de enmienda en el patio.

No se nada de los Anteproyectos que se informan, y tampoco nos dice nada el Consejo en su nota informativa.   Voy ha intentar hacerme con el de Eurojust para escribir sobre él en cuanto lo reciba.
Si se creen que con estos comunicados algunos nos vamos a quedar tranquilos están muy equivocados.   Estas magras y genéricas explicaciones no son transparencia, porque de su lectura no nos enteramos de nada de lo que afecta a la Carrera Fiscal.