LA TORTURA EN ESPAÑA

Estuve ayer en el acto que en el Círculo de Bellas Artes de Madrid tuvo lugar para que mi querido Carlos Jiménez Villarejo anunciara su renuncia al escaño en el Parlamento Europeo, para el cual fue elegido recientemente.   Carlos renuncia, pero yo le vi tan fuerte, tan ilusionado como siempre.   Lo he dicho varias veces aquí: todos tenemos cosas que pueden ser reprochadas, pero Carlos ha sido para mi el modelo de fiscal que yo tomé hace tiempo.   Tras su lamentable depuración en la Fiscalía  Anticorrupción se jubiló anticipadamente, pero siguió en la lucha por sus convicciones.   Y ahora, tras lo ocurrido estos meses con su "fichaje" por Podemos, su elección y su dignísima renuncia (según parece, situaciones de parlamentarios europeos que renuncian a ese momio solo por considerar que sus fuerzas no son las de antes ha habido muy pocos), estoy seguro de que seguirá en la pelea.

Carlos habló ayer de la tortura en España, de la denuncia que ha hecho de la misma en el Parlamento Europeo, y tomó como referencia una reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la que se absuelve a unas decenas de acusados por pertenencia a organización criminal tras anular sus declaraciones policiales y señalar la necesidad de conferir de mayores garantías las declaraciones judiciales prestadas tras una incomunicación.   También hizo referencia, y a esto me quiero ahora centrar, a la última Memoria de la FGE en la que se señala que el año pasado hubo hasta 106 Diligencias Previas por torturas en España, 95 por tratos degradantes realizados por funcionarios públicos, y 8 por omisión de la obligación de impedir torturas, con un incremento de la cifra de Previas por torturas de más de un 130% respecto del año anterior.  La lectura del texto de la Memoria tiene un apartado específico sobre este particular que evidencia por un lado los problemas de estadística en la FGE -dadas las deficiencias del sistema informático- que obliga en gran medida a registrar "palote a palote".   Pero por otro, la Memoria señala la existencia de un problema que crece.  A mi me parece que la tortura (incluso en sus modalidades menos penadas) es un delito que puede ser reducido en España incrementando los controles.    No estoy de acuerdo con las afirmaciones de que haya aquí torturas generalizadas: sencillamente, yo no me lo creo y no veo evidencias de ello. Pero los datos muestran que se dan malos tratos, que se atenta contra la dignidad de las personas y que también se recogen algunos casos de tortura pura y dura; y además que esto está ocurriendo de manera creciente.  Contra eso hay que luchar de manera comprometida.  Esta es una ocasión para que la FGE ponga en marcha mecanismos específicos para la prevención y castigo de estas conductas, ligadas a la protección de los derechos humanos y también a la validez de las pruebas de cargo.    Sobre este tema hay que estar siempre en guardia, no desdeñar las denuncias por creer de entrada en el buen funcionamiento del sistema.  Hay que verificar lo que ha ocurrido, y para ello tenemos instrumentos: ver el Protocolo de Estambul de 1999, que además de nuestra jurisprudencia ha de servir de referencia.  El mayor número de condenas del TEDH a los Estados en esta materia se producen no por las torturas en si mismas, sino por no investigarlas, ya que hay un deber de investigar por parte del Estado, ligado al derecho a no sufrir torturas ni tratos infamantes por parte de los ciudadanos.    La Fiscalía General tiene ahí, en mi opinión, algún trabajo que hacer.