Se puede leer en el programa electoral del PSOE, partido que con toda seguridad va a gobernar España en los próximos años, entre sus compromisos lo siguiente:
"Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que garantice un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales".
Estoy de acuerdo con ese cambio siempre que como condición previa se refuerce la posición institucional de imparcialidad del Ministerio Fiscal eliminando la influencia política del Gobierno sobre la institución. Ese cambio no lo defiende el PSOE; de hecho se ha opuesto al mismo en varias ocasiones defendiendo que el Fiscal debe estar en la órbita gubernamental porque el Gobierno lo necesita como instrumento para realizar su política criminal. A mi modo de ver, se trata de cosas contradictorias: o el Fiscal investiga los delitos con imparcialidad o es el instrumento de la política criminal del Gobierno. Pero las dos cosas no. Asumir que se va a sustituir a los jueces de instrucción independientes en la investigación de los delitos por un órgano del que se defiende su vinculación al Gobierno y todo ello sobre la bandera de fortalecer las garantías constitucionales es como tomarnos un poquito el pelo en mi opinión. Otra cosa sería que efectivamente el Gobierno declinara en el Parlamento gran parte de sus potestades para elegir al FGE y se modificara el EOMF para fortalecer la independencia del FGE. En ese caso, si a la dirección de la investigación por el Ministerio Fiscal, y si rotundamente. Pero de otro modo, párense un momento a pensar qué hubiera sido de todos los casos de corrupción que hemos padecido en estos últimos años si la llave de esas investigaciones estuviera en manos únicamente de un Fiscal dependiente del Gobierno.
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