jueves, 8 de junio de 2017

CARTA DE LA APIF AL FGE: VALORE LOS MÉRITOS PROFESIONALES YA

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales entregó ayer al FGE la siguiente carta solicitando que se aplique la ley vigente desde hace 10 años para valorar los méritos profesionales de los fiscales.  Esa reforma se hizo para limitar moderadamente el poder del Fiscal General a la hora de realizar nombramientos.  Parece que no fuera con ellos: ni Conde Pumpido, ni Torres Dulce, ni Madrigal, ni ahora Maza han puesto en marcha la Sección Permanente de Valoración.  Es increíble, pero cierto.  El Parlamento hace una ley para moderar los poderes del Fiscal General y éste ignora con toda paz esa norma con lo que sus poderes no se moderan.   Y en el Consejo Fiscal, pues lo mismo: ¿Para que valorar méritos si podemos elegir a los nuestros con toda libertad? A ver si ahora hay más suerte.



Excmo. Sr.:

La reciente dimisión del Fiscal Jefe Anticorrupción con todas las circunstancias que concurrieron en su nombramiento y en el corto periodo de tiempo en que ha desempeñado sus funciones, creemos que evidencia las deficiencias del sistema de elección de altos cargos en la Fiscalía.   Como V.E. conoce, el art. 13.2 del EOMF establece con carácter imperativo la creación de una Sección Permanente de Valoración en el seno de la Inspección Fiscal a fin de “centralizar toda la información sobre méritos y capacidad de los Fiscales, con la finalidad de apoyar al Consejo Fiscal a la hora de informar las diferentes propuestas de nombramientos discrecionales en la Carrera Fiscal”.  Desde 2007, fecha en que se introdujo dicho precepto en el Estatuto a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Vasco en el Parlamento con la finalidad de que los méritos de los aspirantes a cualquier plaza de elección discrecional fueran valorados, la citada Sección no ha funcionado jamás.  Se limita la Inspección Fiscal a señalar si un candidato es apto o no apto, o dicho de otro modo, a revisar los requisitos formales, pero no se analizan en absoluto los méritos de cada cual.   Eso permite que se produzcan con frecuencia nombramientos inexplicables desde una perspectiva profesional, nos coloca a los fiscales en situación de indefensión al no poder combatir razones por las cuales nuestras trayectorias profesionales se ignoran y además y eso creemos que debe ser motivo de reflexión en una organización creada para la defensa de la legalidad, se ignora la ley.    Por ello, la APIF solicita con toda firmeza que con anterioridad a que se cubra la plaza de Fiscal Jefe Anticorrupción, V.E. ordene la creación de la Sección Permanente de Valoración, establezca los criterios de funcionamiento de dicha Sección, y someta los mismos a informe en el Consejo Fiscal tras consulta a las asociaciones.   Acaso esa aportación de V.E. al funcionamiento del Ministerio Fiscal pudiera en el futuro evitar que intercambios de nombramientos, o inspirados por instrucciones gubernamentales, o designaciones por afinidades asociativas se produzcan como se han producido en nuestra institución en el pasado, y los méritos de cada cual sean reconocidos y valorados sin perjuicio de que la decisión del nombramiento corresponda a quien corresponda.   Esa laguna en nuestro procedimiento de elección de cargos en la Fiscalía –no obstante la previsión legal de un procedimiento de evaluación de méritos profesionales- le fue denunciada a V.E. en el Parlamento en su comparecencia de fecha 1 de marzo pasado, y creemos que hay que corregir esa situación desde ahora mismo.    Por tanto, solicitamos a V.E. proceda con carácter inmediato a cumplir con el tenor del art. 13.2 del Estatuto, que ya lleva demasiado tiempo (diez años, ni más ni menos) siendo paladinamente ignorado por la Fiscalía General y por el propio Consejo Fiscal, dando trámite de este escrito para informe al Consejo Fiscal.  


Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


Madrid, a 6 de junio de 2017



La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)


miércoles, 7 de junio de 2017

LA REFORMA DE LA FISCALÍA QUE PROPONE CIUDADANOS

No quiero ser demasiado optimista para no llevarme luego el disgusto.  Pero la reforma del Estatuto que propone Ciudadanos y que necesitaría ser consensuada con otros partidos, sería si se aprobara un hito para la despolitización de la Justicia española.   ¿Que es la politización de la Justicia?  Pues precisamente la capacidad de los partidos para influir en las actuaciones judiciales algo que por lo que se refiere al Gobierno y la Fiscalía se ha venido produciendo desde hace demasiado tiempo.   Con eso es con lo que creo que hay que acabar.   La importancia de la intervención del Parlamento en el nombramiento del Fiscal General (aspecto con el que coincide la propuesta de Podemos); un presupuesto propio; la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo Fiscal que acabaría con que ese órgano importantísimo se mantuviera como un feudo cerrado en el que la mayor parte de los fiscales no tienen oportunidad alguna de sentirse representados; la potenciación de las funciones del Consejo; la creación de incompatibilidades de los vocales para promocionarse desde el Consejo Fiscal, siendo increíble que esto se haya permitido con toda tranquilidad y sin escándalo alguno en el Consejo; la puesta en marcha de mecanismos de valoración de méritos en los fiscales a efectos de promoción; la fijación del modo de relacionarse el Gobierno con la Fiscalía, el reforzamiento de la autonomía del fiscal del caso, la potenciación del valor de las Juntas de Fiscalía y varias otras cosas cambiarían la Fiscalía para convertirla en un órgano muy poderoso para el ejercicio de sus funciones,  para la lucha efectiva contra la corrupción, realmente independiente del Gobierno y sometido al control parlamentario.   Esa Fiscalía, en mi opinión, si podría -en un tiempo prudencial- asumir la investigación de los delitos.  La de ahora, ni de broma.

Una reforma así permitiría a los fiscales recuperar sus expectativas de carrera profesional -hoy secuestradas por quienes dominan el Consejo-; permitiría defender sin miedo sus derechos profesionales; defender sus criterios profesionales con la confianza de que el hecho de hacerlo no es enfrentarse con la jerarquía de la institución; permitiría luchar por cuestiones como la mejora del régimen disciplinario, que habría que abordar con toda seriedad: observo con simpatía que el Fiscal Inspector sale del Consejo Fiscal con lo que se le priva de la facultad de defender en el Consejo sus actuaciones cuando entran en conflicto con fiscales no presentes en el mismo. Una reforma así, en mi modesta opinión, supondría el comienzo del fin de lo peor que puede sentir un fiscal en su trabajo: el miedo profesional.

Si como sostiene el Gobierno, en contra de lo que yo pienso, ni influye ni tiene intención de influir actualmente en la Fiscalía, estoy seguro que no les importará aceptar la nueva reforma: al fin y al cabo si no influyes y no quieres influir para qué mantener este sistema tan sospechoso.   Y así de paso impedirían que un Gobierno poco respetuoso con la independencia de la Justicia, en el futuro pudiera hacerlo.   Hay días buenos y malos, y este creo que para la Justicia ha sido bueno. Veremos que pasa.


APOLOGÍA DE TERESA GÁLVEZ

Ayer me encontré con ella cuando volvía -muy cansada- caminando desde la estación de Atocha tras haber estado en la declaración del expresidente de la Comunidad murciana.   Había pasado un trago muy difícil.   La jerarquia había decidido que las fiscales de Púnica no podían imputar a esa persona, pero no habían puesto obstáculo a la imputación de otros que estaban en semejante posición.  Cosas que pasan.  El caso es que un fiscal que va una declaración con ese condicionante en su actuación está muy incómodo.   Teresa se comportó como la gran fiscal que es.   Preguntó para descubrir la verdad, para esclarecer los hechos, llevaran estos donde llevaran.  Preguntó con imparcialidad.   Hubiera sido más cómodo, como se hace en otros casos, "pasar" de preguntar.   Si no averiguas no hay problemas de conciencia.   Como decía un perito de Hacienda cuando le preguntaban sus superiores por un caso: "¿De verdad, de verdad lo quieres saber?  Estarás más cómodo si no lo sabes cuando te pregunten".   Pero Teresa no lo hace así, pregunta lo necesario para saber todo lo que pasó.    Momentos después del interrogatorio el Juez de Instrucción del TSJ de Murcia incoó abreviado contra el investigado, colocando a la jerarquía de la Fiscalia en una posición bastante poco airosa.   ¡Que lástima que fiscales como ella tengan vedado el acceso a los puestos de dirección de la Fiscalía!  La indecencia de la politización produce esos efectos.   ¡Bien hecho, compañera!

domingo, 4 de junio de 2017

EL CAMBIO DE LOS FISCALES DEL TRES POR CIENTO

Una de las sorpresas de los últimos tiempos en la Fiscalía fue la decisión del dimitido Fiscal Jefe Anticorrupción de quitar a los fiscales que llevan el conocido asunto del "3 por ciento", que ellos mismos con su trabajo inteligente han conseguido sacar adelante y que recientemente ha supuesto la admisión como investigado aforado por el TSJ de un auténtico peso pesado en la política y la justicia en Cataluña, Germà Gordó, exconsejero de Justicia de la Generalitat y ex número 2 de Convergencia Democrática de Cataluña, además de esposo de una vocal del Consejo General del Poder Judicial.  La situación en mi tierra, Cataluña, es muy complicada, pero creo que la Fiscalía debe funcionar siempre con la seguridad de que quien infrinja la ley va a ser perseguido, sin extrañas inhibiciones o cambios inexplicables en sus pretensiones procesales.  Cuando durante tanto tiempo se ha debatido sobre la pasividad de la Justicia en relación con la persecución de los delitos de corrupción en Cataluña, siempre bajo la sospecha de la presión política para ello, resulta que unos fiscales promueven una investigación muy difícil que se lleva desde un Juzgado de El Vendrell (Tarragona) por un Juez de Instrucción, que consigue penetrar como un cuchillo en el muro de silencio que son las tramas de corrupción y consigue que el  TSJ de Cataluña inicie una investigación contra un importante aforado.  Y en esas, una de las primeras decisiones de el dimitido Fiscal Jefe es la de cambiar a esos fiscales del caso.  Muy poderosas tenían que ser esas razones pero  no se explicaron bien.   Lo cierto es que ahora el Fiscal Jefe ya no está, y salvo que la orden de remoción viniera desde arriba (en cuyo caso las razones mal dadas no serían otra cosa que un pretexto y habría que empezar a indagar por las verdaderas razones, y si son de naturaleza política o profesional), el nuevo Fiscal Jefe que ha de ser elegido en Anticorrupción puede tener una opinión diferente sobre la continuidad de los fiscales en el caso.  ¿Y si el nuevo Fiscal Jefe "confía" -como confiamos muchos- en el trabajo de los fiscales del 3%, que llevan mucho tiempo estudiando y trabajando el asunto y que lo impulsaron ante el Juez de Instrucción?  ¿Se abrirá otra crisis en la Fiscalía?  ¿Es esto razonable? Nadie me va a preguntar nada, pero a mi el trabajo de esos compañeros, visto desde fuera y conociéndoles personalmente como les conozco, me parece que ha ido bien hasta ahora.   La decisión depende ahora del Fiscal General. Ojalá acierte.

jueves, 1 de junio de 2017

DIMITE EL FISCAL ANTICORRUPCIÓN

La situación era ya insostenible, incluso con los baremos que aquí se aplican a la jerarquía.  Nunca tenía que haber sido elegido con lo que se sabía cuando lo fue, y la responsabilidad de ello es del Fiscal General y de la Asociación de Fiscales.  Y el desprestigio de lo ocurrido a la Fiscalía durante estos terribles meses también tiene a esos mismos responsables.   Ni la evidencia de que la gestión no era buena (aunque la Fiscalía ha de investigar las filtraciones de sumarios secretos -que son delictivas-), ni fundamentalmente la reprobación parlamentaria (que es un hecho capital, nuclear para quien ha de tener la confianza de la sociedad) les hizo mover un pelo.   Bueno, ha tenido que ser un hecho que me parece increíble que haya ocurrido: que el Fiscal Jefe Anticorrupción de España tuviera intereses en una sociedad panameña. En el GRECO de Estrasburgo nos van a poner como ejemplo de malas prácticas durante lustros.  No se puede olvidar que ese nombramiento vino desde arriba, que hay evidencias de que había intereses poderosos para colocarle a él y también para cargarse al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.  Todos estos poderes fácticos de la Justicia "facilmente reconocibles" y perfectamente conocidos, son la causa de los males que padecemos los ciudadanos y los profesionales y no merecen ningún aprecio ni reconocimiento.  ¡Ya está bien!.   No tengo confianza alguna en que el sistema se regenere desde dentro: los que llevan sacando tajada de esto durante tantos años no van a impulsar cambio alguno que les impida seguir sacando ventajas en beneficio propio y de políticos protectores y en perjuicio del resto: cuando veo a compañeros acosados, amedrentados o machacados por infracciones menores y veo el jolgorio en otros barrios de la Fiscalía se me revuelve el corazón.  Pero el Parlamento ha de tomar cuenta de esto, ha de impulsar cambios para que al menos las más modernas promociones de jueces y de fiscales puedan verse liberadas en sus vidas profesionales de esta putefracción.   La corrupción se ha extendido demasiado porque nadie la ha parado como se debe parar.  Y los fiscales han de reaccionar sin miedo: el silencio de quien debe hablar y la inacción de quien debe actuar ayuda a que los males no se arreglen.

sábado, 27 de mayo de 2017

NO TENEMOS QUE RESIGNARNOS, por Miguel Pallarés Rodríguez (Portavoz de la APIF)



Este pasado miércoles 24 de mayo hemos comparecido ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados los representantes de las tres asociaciones de fiscales para trasladarles nuestras propuestas para un mejor funcionamiento de la Justicia, me atrevería a decir para, de una vez, ponerla en el siglo XXI y arrancarla del XIX.
Previamente, el miércoles anterior, habían hecho lo propio los representantes de las asociaciones de jueces. Es curioso que, a pesar de que algunas de estas asociaciones han defendido que la instrucción de las causas penales debe corresponder al Ministerio Fiscal, todas señalaron que con el Estatuto del Fiscal existente mejor no, preferible dejarlo aparcado para otro momento. Esto, ¿es coherente? ¿nos merecemos que sea esa la aportación de todas las asociaciones de los jueces? ¿no habría sido mejor afirmar que nuestro proceso penal ya no aguanta más?   Los jueces saben el papelón que estamos haciendo en Europa por mantener la figura arcaica del juez de instrucción.
No tenemos que pensar que esta Comisión no sirve de nada. Creo que ha llegado la hora de la Justicia y más en particular del M.F. Es inevitable, a pesar de todas las resistencias, que la instrucción la lleven los fiscales. Vamos a ganar en rapidez y en eficacia. No obstante, para ello, es preciso abordar unas reformas necesarias:
Primero: Sin modificar el articulo 124 de la CE introducir en el EOMF, como requisito del candidato a FGE,   que cuente con el respaldo de 2/3 del Congreso u otra mayoría cualificada que se establezca. Con  ello conseguimos terminar de una vez con el FISCAL GENERAL DEL GOBIERNO y dar vida al FISCAL GENERAL DEL ESTADO que fue siempre lo que quiso el constituyente y el legislador de 1981.
Segundo: BLINDAJE DEL FISCAL DEL CASO. Para ello es preciso:
A)     Prohibición de la facultad de dictar órdenes singulares por los fiscales jefes al fiscal que esté llevando un asunto, un caso.    
B)     Prohibición de remoción del fiscal que lleve un caso y  de avocación del caso por el fiscal jefe  salvo por causa muy justificada y contando con la aprobación del Consejo Fiscal que tendrá competencia para anularla.

Tercero: AUTONOMIA DEL MINISTERIO FISCAL. Lo cual requiere los siguientes presupuestos:
A)     Autonomía económica, presupuesto propio
B)     Autonomía organizativa con nombramientos y ceses de sus cargos por la propia institución sin que sea el Gobierno el que siga teniendo la competencia en esta materia.
C)     Autonomía en materia disciplinaria  desapoderando al Gobierno de  algo que resulta inexplicable.
D)    Autonomía en la selección y formación de los fiscales.
Cuarto: Elección de un modelo de MF al cual se le va a encargar la instrucción. Yo me decanto por el modelo italiano aprovechando la estructura del nuestro. Este modelo nos lleva a UNIFICACIÓN DE CARRERAS, entendiendo ambas como Magistraturas (postulante y decidendi).
Quinto: El esquema del proceso penal ha de quedar claro. A mi juicio deben establecerse tres fases: la primera es la instrucción, al mando de ella, de forma soberana está el Fiscal. En esta fase sólo cabe que el perjudicado o la acusación popular anuncien que quieren personarse. Al final de esta fase se puede articular un traslado a ellas para que soliciten pruebas teniendo el Fiscal competencia para denegarlas. También en esta fase la Defensa del investigado podrá solicitar pruebas con la misma facultad del Fiscal. Terminada este primer hito pasamos a la fase intermedia en el que el Juez de garantías oirá al investigado y admitirá la personación de las acusaciones privadas resolviendo sobre las pruebas no practicadas por el Fiscal. Si accede a ellas las practicará el órgano judicial.  La tercera fase es el juicio oral.     

Sexto: Cambio del sistema de funcionamiento de la Institución MF. Introducción de principio democrático en su funcionamiento. Para ello es necesario:
A)     EL FGE debe tener órganos que sirvan de contrapeso y control. No puede ser una magistratura absolutista. Este control debe corresponder al Consejo Fiscal y a la Junta de Fiscales de Sala.
B)     Hay que reforzar la competencia de los órganos colegiado, Consejo Fiscal y Juntas de Fiscales.
C)     El principio de actuación de estos órganos debe ser por mayoría acabando con la imposición del criterio del Fiscal Jefe contra lo mantenido por la mayoría.  
Si conseguimos transmitir estas ideas a los que tienen la competencia legislativa podremos empezar a ver la luz de una vez. Hay mucho en juego, tenemos que ilusionar e ilusionarnos. El camino está ahí tenemos que empezarlo. No te resignes, merece la pena intentarlo.
Si te apetece ayudarnos en esta tarea súmate a nosotros, también es el momento de demostrar que somos muchos los que pensamos así.
Migel Pallarés Rodríguez

Portavoz APIF

jueves, 25 de mayo de 2017

POR FAVOR, FISCALES, RECORDAD ESTO EN LAS ELECCIONES AL CONSEJO FISCAL

Una noticia me ha sorprendido esta mañana y para que me sorprenda a estas alturas ha de ser especial.   El titular dice así: "El Gobierno premia a uno de los vocales del Consejo Fiscal que salvó a Moix".

La plaza (retribuida según la prensa con casi 128.000 euros brutos anuales) fue ofrecida a los fiscales  para que la solicitaran por un correo de fecha 13 de enero de este año.   Se nos dice que la Fiscalía presentó como único candidato al Gobierno a Antonio Roma.  El 21 de febrero tuvo lugar el Consejo Fiscal en el cual se eligieron a los fiscales jefes de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional, contado los elegidos con los votos únicamente de los vocales de la Asociación de Fiscales.  El nombramiento del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional recayó en el Portavoz de esa asociación, el más moderno de los peticionarios.   Sabíamos -y ya protesté amargamente desde este blog- que una de las vocales de la AF aspiraba a un puesto muy importante -que obtuvo- el mismo día de las votaciones, saliendo de la Sala del Consejo Fiscal mientras se votaba su plaza.  Y ahora sabemos que otro vocal estaba ese día pendiente de que el FGE le propusiera para la plaza que finalmente ha obtenido por nombramiento del Gobierno.   Es decir, que el nombramiento del Fiscal Jefe Anticorrupción, en favor del candidato del Fiscal General, se produjo con el apoyo de los vocales de la AF, dos de los cuales esperaban un beneficio del Fiscal General en esas fechas o en ese mismo día.  Y además consiguen el nombramiento del Portavoz de su asociación frente a varios fiscales más antiguos incluido el anterior Fiscal Jefe (que el Gobierno quería remover).

A mi me parece que había un evidente conflicto de intereses entre dos vocales (el interés propio en obtener un cargo del Fiscal General y su deber de velar por los derechos de los fiscales razón por la que fueron elegidos), y que ese conflicto solo se podia resover dimitiendo antes de las votaciones; y también creo que requiere muchas explicaciones lo que huele a un intercambio de cromos -en la línea de los deseos del Gobierno- en las que probablemente son las dos fiscalías más importantes de España.   Como aquí nadie objetiva los méritos de nadie, porque los Fiscales Generales no muestran inquietud alguna por desarrollar el art. 13.2 del Estatuto desde el año 2007, pues luego ocurren estas cosas.    Estoy un poco harto de este "carajal", pero le pido a los fiscales que recuerden estas cosas cuando vayan a votar para el Consejo Fiscal.    Entre esto y lo de la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional me han dado el día.   (Nela, un beso grande desde el cariño y el respeto profesional: no sabes como lo he sentido).



miércoles, 17 de mayo de 2017

REPROBACIÓN PARLAMENTARIA AL FISCAL GENERAL

Algo está cambiando para bien.  El hecho mismo de que el Congreso por una mayoria importantísima haya hecho una reprobación al Fiscal General elegido por el Gobierno tiene una relevancia extraordinaria.   Hemos vivido desde la Transición con Fiscales Generales que, por razon del bipartidismo, solo podían ser reprobados por el Gobierno (hasta 2007 podían ser -y en ocasiones, lo fueron- libremente removidos por éste).  En esos días, cuando un Fiscal General se sentaba delante del Ministro lo hacía con la conciencia de que su cargo estaba en el aire en función de lo que el Gobierno del Ministro decidiera con lo que su autonomía estaba limitadísima.   En 2007 -merced al impulso del Fiscal Conde Pumpido- cambió el sistema hacia una inamovilidad del Fiscal General durante la legislatura, de manera que en el plano teórico el Fiscal General no puede ser cesado -salvo por causas específicas- por el Gobierno que le nombra.   Digo teórico, porque el Gobierno conserva instrumentos poderosos para condicionar el actuar de los Fiscales Generales -a quienes elige por razones de confianza, o de "mucha" confianza- que de hecho pueden forzar su dimisión, como vimos ya hace un par de años.   Por ejemplo, el Gobierno controla y proporciona los medios materiales y personales de la Fiscalía, hace los nombramientos que le propone el Fiscal General -y puede rechazar las propuestas-, tiene la última palabra en el régimen disciplinario de los Fiscales, entre otras cosas que prefiero no recordar ahora.

Pero ahora -venturosamente- entra otro sujeto político en escena, a mi juicio mucho más legitimado que el Gobierno para examinar la labor del Fiscal General que es "del Estado", no "del Gobierno".  Ese sujeto es el Parlamento, el Congreso de los Diputados, que además parece que se interesa por la Fiscalía y por la Justicia.   Si el Fiscal es el órgano encargado de velar por que la ley se aplique en los Tribunales, el poder legislativo que hace las leyes tiene que tener un vínculo claro con la legitimidad del Fiscal General.   Un reproche de esa magnitud hacia el Fiscal General por parte de todos los grupos parlamentarios salvo el que sostiene al Gobierno, es para reflexionar sobre legitimidades, sobre el acierto o no de la actuación del Fiscal General y sobre la posibilidad de abandonar.  Desde mi punto de vista, esta no es cuestión de coraje personal, de ser un valiente dispuesto a luchar como los últimos de Filipinas.   Es una cuestión relacionada con el prestigio de la Fiscalía.    De reflexionar si esos nombramientos, por mucha confianza que se tuviera en ellos, no han sido un catastrófico error -previamente advertido internamente- para el Ministerio Fiscal, con independencia obviamente de la competencia que yo no discuto de cada candidato; si el sistema de nombramientos, sin baremos ni evaluación de méritos, no facilita ese y otros errores; si no politiza y desacredita a la institución el confiar para estos nombramientos en los apoyos de los vocales en el Consejo Fiscal de la asociación conservadora, que al tiempo que votan a quien el FGE desea para la Jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, dándole así una "legitimidad" que luego se esgrime como un aval, se ven favorecidos por el FGE en puestos importatísimos tanto una vocal del mismo Consejo (para mi, el mayor escándalo) como el propio Portavoz de esa asociación, elegido en competencia con media docena de fiscales más antiguos que él, incluído el Fiscal Jefe anterior.

Y si a todo se considera que no, que no ha habido errores, que no importa que no haya baremos aunque la ley establezca un órgano -que no se crea- para realizarlos, que es igual el precio que se pague por los votos que se consideran necesarios en el Consejo Fiscal, que no  importa que se fastidien los fiscales con méritos no valorados, que no se ha politizado la Fiscalía y que toda la oposición parlamentaria en realidad está equivocada, pues nada, a seguir.

jueves, 11 de mayo de 2017

¿ORDENÓ USTED EL CÓDIGO ROJO?

Ayer viendo la comparecencia del Fiscal General del Estado en la Comisión de Justicia, por un momento soñé con un desenlace diferente.  Imaginé que reconocería errores, que se pondría en el lugar de la oposición o de tantos fiscales que estamos atónitos; que pensaría en qué sería lo correcto si la situación fuera la misma pero lo ocurrido fuera responsabilidad de otro partido, de otro Fiscal General, con otros investigados conspirando para que les fuera nombrado un fiscal que ha de conocer de sus causas.   Porque pensemos que habría hecho el PP en la oposición si unos investigados de un caso grave de corrupción que afecta a altos dirigentes del PSOE fueran sorprendidos en esas conversaciones; pensemos que dirían, no se, el Sr. Alonso o el Sr. Rajoy si finalmente ese fiscal fuera elegido por el Gobierno, tras no renovar a su predecesor que llevaba dos años en el cargo y que no quería ese nombramiento; que habrían hecho en el grupo parlamentario si hubiera trascendido la intención de cambiar a los fiscales encargados del caso por ese Fiscal Jefe recién nombrado.  ¿Habría en ese caso votado lo mismo en el Consejo Fiscal la Asociación de Fiscales?  La vida no es como las películas, pero hubiera sido espectacular ver a Jack Nicholson en el Parlamento.