PREMIO BIODIVERSIDAD PARA LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE

Ayer asistí, por la tarde, a la entrega de unos premios que la Fundación BBVA concede para la Conservación de la Biodiversidad a diferentes organizaciones y personas con relevantes méritos en la materia.   En esta Décima Edición, el premio a las Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en España se ha concedido "al Fiscal de Sala, fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo y unidades Técnica y Policial" de dicha fiscalía.  Está dotado con una importante cantidad de dinero que se invertirá -según señaló ayer Antonio Vercher, Fiscal de Sala galardonado- en la mejora de los medios técnicos para la realización de su labor.   No hay duda que la red de fiscales de medio ambiente está realizando una importante labor, y con el trabajo de las unidades técnicas y policiales, su eficiacia y su incidencia en los Tribunales es creciente.   Me alegro de verdad y quiero felicitar a los compañeros afectados, y desear que el dinero del premio supla un poco la pobreza de medios a que condena muchas veces la Administración a jueces y fiscales en el cumplimiento de nuestro trabajo.

PREOCUPACIÓN

Estoy preocupado por Cataluña.   No es sólo por mi condición de catalán y español y por el hecho de que el camino del proceso hacia la independencia a mi me obligaria -de derecho- a dejar de ser catalán o dejar de ser español.    Siento un desgarro grande que afecta a mi ánimo, porque yo quiero que a Cataluña le vaya lo mejor posible, y que a España le vaya lo mejor posible y el mejor camino de que eso ocurra es que no haya rupturas, que haya entendimientos y acuerdos   Tengo la sensación de que algunos creen que esto es como si se tratara de un club, en el que te das de baja y adiós.   Pero no es tan fácil.  Hay una gran cantidad de ciudadanos en Cataluña que no están por el proceso.   La ley española no permite esa declaración unilateral y el seguir por ese camino significa inevitablemente buscar el choque de soberanías: la catalana y la española que incluye naturalmente a Cataluña.   ¿Cómo pueden pensar los inspiradores del proceso que un estado puede quedarse mirando mientras una parte relevante de su territorio y de sus ciudadanos, sobre los que ejerce soberanía, decide que a partir de una fecha se auto gestiona, desconoce la soberanía estatal y dice adiós?  ¿Qué ocurre con todos los españoles que consideran a Cataluña una parte de España y que están amparados por la ley en esa creencia? ¿Qué ocurre con los catalanes -como yo- que no somos nacionalistas?.     Tengo además en mi pasado una experiencia que considero globalmente positiva pero que en este momento me asusta: fui fiscal más de tres años en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia.   Vi como el odio fue creciendo poco a poco en las poblaciones, inducido por políticos irresponsables, pero muy eficaces en ello.  Escuché a testigos que no se explicaban cómo empezaron a ver a sus vecinos de décadas como enemigos.    Contribuí a juzgar atrocidades cometidas por personas que pasados los años no podían razonar -salvo acogiéndose al hecho mismo de la guerra- como podían haber llegado a ello.     Todo aquello empezó con unos referéndums, unos referéndums "democráticos", unos referéndums ganados por mayorías amplísimas (bien es cierto que boicoteados por quienes eran contrarios a las declaraciones unilaterales de independencia).     Luego hubo declaraciones unilaterales de independencia, incluso reconocimientos internacionales.   Y luego, cuatro años de muerte e infierno.  

El discurso de algunos políticos ayer a mi me preocupa, pero estoy seguro de que a otras personas que están convencidas de que el camino de la independencia es posible y sin costes, les va a fortalecer en su idea.  Creo que se está diseñando un choque de trenes en el que no va a ganar nadie.    España tiene que ser un país ejemplar, hay que regenerar muchas cosas en mi opinión, entre ellas acabar con la corrupción, barrer a los políticos corruptos y construir una Justicia eficaz y absolutamente neutral para merecer confianza a todos los españoles: sobre eso hay mucho que hacer.    Y volver a hablar -y a escuchar- entre quienes tienen ideas diferentes haciendo política, poniéndose en el lugar del de al lado, defendiendo lo propio pero buscando puntos de encuentro.    Se hizo ya en la Transición, es decir, que se puede. 

BUENA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Leo con satisfacción que por mayoría el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido estimar la recusación de dos de los magistrados que iban a formar Sala en el Caso Gurtel.   Creo que las carreras profesionales de jueces y fiscales impulsadas o sostenidas por afinidades a los partidos políticos son devastadoras para la imagen de la Justicia.  Y creo que gran parte de los peores males de la democracia española están en la perforación política de la Justicia a través de jueces y fiscales (y asociaciones profesionales) afines a los principales partidos.   En este caso concreto me alegro porque el caso para mi era evidente.   No se trata de cuestionar la imparcialidad subjetiva de los afectados, sino la apariencia de imparcialidad.    Y esa en mi opinión no existía.    La abstención voluntaria hubiera sido quizá más deseable y no hubiera obligado a trasladar a compañeros de la Sala la decisión.   Pero finalmente -en reñida votación, es cierto- creo que la Sala de lo Penal ha tomado una postura que es buena para la Justicia.     Ojalá empiece a extenderse la idea de que para juzgar o intervenir en determinados asuntos el haber sido beneficiado o perjudicado directamente por alguna parte interesada es motivo de apartamiento.   Me comentaban el otro día -para oponerse a la recusación- que "o todos o ninguno".   Yo creo que han de ser todos, y si no se puede arreglar alguna de las cosas que ocurrieron en el pasado, hay que empezar a hacer bien las que han de llegar.

LA LINEA APIF FRENTE A LA ASOCIACIÓN DE FISCALES

No quería decirlo yo, ni la APIF ha publicitado, la queja que hemos hecho a la Inspección contra la práctica habitual entre los vocales de la AF en el Consejo Fiscal y la Ejecutiva de esa asociación de estudiar juntos los documentos reservados que se entregan a los vocales del Consejo y que afectan a las carreras profesionales, a las quejas, a los méritos o a las sanciones de los fiscales.  La AF en su último comunicado me releva de la discreción al dar ellos publicidad a nuestra queja.   Esos documentos son reservados para los vocales y no porque lo diga yo, o porque lo diga la APIF.  Son reservados porque lo indica la norma rectora del Consejo Fiscal: el art. 17 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal dice que "los consejeros tiene obligación de guardar secreto de la materia reservada de que tenga conocimiento en el ejercicio de su función en el Consejo, así como de los debates del mismo.  Se entenderá por materia reservada, toda aquella que, por afectar directa y personalmente a un determinado fiscal no deba ser de general conocimiento, y aquella otra que excepcionalmente, sea declarada como tal por el Fiscal General del Estado, salvo que el Pleno del Consejo se pronuncie en sentido contrario".

Es decir, que cuando los Comunicados de la AF recogen sin complejo alguno que "tras estudiar la documentación recibida" opinan esto o lo otro, lo hacen estudiando una documentación que los fiscales entregamos al Consejo para los vocales, solo para los vocales; no para las asociaciones de esos vocales y por tanto lo hacen vulnerando de manera evidente las normas que rigen el Consejo Fiscal.  No está mal para tratarse de fiscales.   En alguna ocasión, cuando he concursado a alguna plaza, la AF ha opinado públicamente de mi currículum: les trasladé que no podían hacerlo, que era material reservado al que no debían ni siquiera acceder porque era documentación para los vocales, no para ellos.   Pero es que además se jactan, y claro, eso es ya demasiado.   Ese estilo de considerar la Carrera Fiscal como algo en lo que pueden hacer lo que quieran sin límites marca una línea clara, que la APIF denuncia.   No tienen que enfadarse en la AF ni conmigo ni con la APIF, solo tienen que disculparse ante la Carrera y no volver a hacerlo y especialmente no deben volver a filtrar documentación los vocales electos.   Porque los vocales son fiscales elegidos por todos los compañeros y deberían comportarse como tales desde parámetros éticos elementales.  Y además y sobre todo porque la ley les obliga.

Curisosamente, toda la naturalidad que muestran para compartir con la ejecutiva de su asociación la información que llega al Consejo Fiscal se convierte en secretismo para informar a la Carrera (es decir, a quienes les eligen) de lo que hacen en el Consejo de porque votan a quienes votan y de porque no luchan por cuestiones básicas para los fiscales.   Pero eso es otra historia.

UNOS OPRIMEN A OTROS

En el último comunicado de la AF correspondiente al mes de julio, en relación con la decisión del TSJ de Canarias de entender que efectivamente en la Carrera Fiscal y en particular frente a las decisiones de los fiscales jefes sobre repartos de trabajo ha de regir el derecho administrativo general (en contra de la opinión del Consejo Fiscal que considera que el Reglamento de 1969 es suficiente al respecto), leemos lo siguiente:

En definitiva, vistas las posturas contrarias entre sí y como avanzábamos en el comunicado anterior, la conclusión no puede ser otra que la necesidad de la promulgación de un nuevo Reglamento de la Carrera Fiscal que supere las lagunas existentes en la actualidad y las dificultades prácticas para completarlas. 

En mi opinión esto no son simplemente "opiniones contrarias entre si" ni hay tantas lagunas jurídicas que no puedan solventarse con una buena formación.  En la Fiscalía las dos asociaciones mayoritarias han establecido una nueva jerarquía en la que las claves son la ausencia de reglas, la opacidad y por tanto la arbitrariedad.    Las "opiniones contrarias" en este caso no son sino entre unos fiscales que quieren que haya igualdad, transparencia y derecho administrativo en el trabajo y otros que prefieren mantener el status quo actual porque de él sacan tajada.    Porque ese es el objetivo de esa nueva jerarquía, el aprovechamiento de la ausencia de reglas para obtener beneficios profesionales para algunos, en estos días -sobre todo- para la AF.   Esto es lamentable, pero creo que es tan evidente como lo es el repasar la lista de fiscales jefes en España y comprobar sus afiliaciones asociativas; tan claro como ver que no hay aquí normativa contra el acoso laboral, o protocolos o reglas de protección de los fiscales en su trabajo.   O  ver qué le pasa a un fiscal cuando denuncia por acoso a su jefe.    O por ejemplo, repasar el comunicado y ver cómo se transmiten a la Carrera datos absolutamente sesgados o irrelevantes (son varias las referencias al carácter de los candidatos a quienes se apoya: ¿como es el caracter de los demas candidatos?) sin mencionar los datos de los demás o sin mencionar si los ponderados por la AF pertenecen o no a esa asociación.

En este comunicado se critica asimismo que la UPF haya pedido la remoción del Fiscal Jefe de Madrid.   ¿Y de que se extrañan?    Ese Fiscal Jefe debía-en mi opinión- haber sido removido u obligado a rectificar cuando impuso una distribución de trabajo con el voto en contra de la inmensa mayoría de la plantilla tras haber creado una desazón en los fiscales durante casi un año.   Pero es que ese fiscal jefe pertenece a la AF, fue elegido contendiendo con un candidato de la UPF que llevaba años en el cargo, la AF tiene mayoría en el Consejo y gobierna el PP.  Imposible la remoción por enfrentarse con la plantilla, y imposible obligarle a rectificar porque significaría que la jerarquía se ha equivocado.

El sistema que esa nueva jerarquía ha organizado no está establecido para crear condiciones de trabajo mejores y más justas para todos.  Ni siquiera está pensada para eso.   Está organizado para que unos fiscales puedan controlar la Carrera a costa de otros y que no pase nada.    Así, no hay ningún problema en elegir precisamente para la Inspección a una fiscal que -al margen de sus méritos- contribuyó con su voto en el Consejo a la expulsión de un joven y gran fiscal por faltas inexistentes y vulnerando sus derechos fundamentales.  Por eso, precisamente, no hay ningún apoyo en el Comunicado AF a lo ventajoso que resulta para todos que empiece a exigirse motivación en los nombramientos o que se empiece a introducir la interdicción de la arbitrariedad en la Fiscalía: frente a la arbitrariedad está la Constitución (art. 9.3), y eso suple la mayor parte de las "lagunas" que se quieran apreciar.      No se dan cuenta de que esta situación no puede continuar mucho tiempo más.

LOS TRAPOS SUCIOS Y LA DESLEALTAD, por Pilar Alvarez y Salvador Viada.

Considerar que alguien es desleal por el simple hecho de que intenta defender sus derechos es un planteamiento digno de ser estudiado. La lealtad nada tiene que ver con la estupidez ni con el dejarse pisotear. La lealtad no se mide por las injusticias que estés  (o que otros piensen que estés) “obligado” a soportar en silencio. La lealtad se mide por el respeto a la institución, por las ganas que tengas de construir una casa que de verdad sea la casa de todos, en la que queden atrás injusticias y en la que la discrepancia y la pluralidad se vean como un enriquecimiento para todos y no como una amenaza. Hoy en día proliferan los pronunciamientos públicos y privados sobre los supuestos efectos perniciosos que tiene la sentencia de 15 de mayo de 2015 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.  Muchos hablan de lo malo que sería que los jueces acabaran marcándonos los repartos de trabajo. Se olvidan, estos que así se pronuncian, que los jueces tienen encomendada la alta función constitucional de impartir justicia, restaurando la vulneración de derechos que pudieran producirse en todos los ámbitos, también en el seno de la Administración Pública, y, por supuesto, también en el seno de la Carrera Fiscal. Sostener que la Carrera Fiscal se encuentra al margen del derecho administrativo y del posible amparo de los Tribunales viene a ser olvidar que existe la Constitución y el derecho a la tutela judicial efectiva, también para los Fiscales, sí también. No se trata de que los jueces vengan o no a decirnos lo que tenemos que hacer, se trata del derecho a acudir a los Tribunales a solicitar se restauren los derechos que te han sido vulnerados. Si no queremos que esto suceda, si no queremos que los trapos sucios salgan de la casa común empecemos por respetar los derechos, de establecer una regulación, unas normas claras para todos, un sistema garantista que efectivamente repare las injusticias y vulneraciones de derechos que se produzcan y entonces, y sólo entonces, alejaremos ese temor que a algunos invade de que los jueces entren a regularnos. Eso sí, nunca debemos olvidar que ellos, los jueces, están ahí para eso, para restaurar el derecho cuando es vulnerado y que cada cual trata o debería tratar de llevar a cabo la función constitucional que le ha sido encomendada de la mejor manera posible.

LA FISCALÍA SIGUE IGUAL

Uno no sabe si es que la jerarquía de la Carrera (configurada a base de afinidades políticas alternativas durante muchos años) es más fuerte que cualquier FGE que pueda llegar, o que solo llegan a Fiscales Generales quienes no desean cambios en absoluto.  Pero lo cierto es que pasan los meses y los años y nada sustancial cambia en la Fiscalía en lo que se refiere a los derechos de los fiscales.   La ausencia de protocolos sobre acoso laboral, sobre estres laboral, la ausencia de baremos de trabajo, la falta de reglamentación interna adaptada a la normativa nacional e internacional sobre protección de los trabajadores y riesgos laborales, la desidia por suplir la falta de dicha normativa con aplicaciones analógicas de la ley hacen que los fiscales estemos absolutamente desprotegidos frente a los abusos.   Si un fiscal padece un estrés laboral excesivo debido a cargas de trabajo inasumibles (el reconocido en el ámbito laboral como síndrome del burnout), la Fiscalía no ofrece salida alguna porque no hay normativa: al revés, como se descuide le cae un expediente por retrasos; si hay retrasos, importa poco a la Fiscalía que las cantidades de trabajo efectivamente despachadas sean ingentes: como no hay baremos (y nadie está interesado en ponerlos), eso no cuenta.  La última ocurrencia es que el instructor de un expediente disciplinario se elija a dedo y sin motivación por el FGE que ha de imponer eventualmente la sanción por retrasos (de verdad que no doy crédito a cosas como esta): el que ha de sancionar elige sin restricciones a quien ha de investigar y proponer la sanción.    Si se discrepa por un fiscal de una distribución de trabajo, el Consejo Fiscal le dice que no puede recurrir en vía contenciosa y analizan su queja solo desde la perspectiva del reglamento preconstitucional (ahora parece que están estudiando un poco la cuestión a la vista de los primeros pronunciamientos jurisdiccionales en contra de su posición).  Si un compañero sufre acoso laboral, como no hay protocolos, su situación es de auténtica indefensión: si denuncia y presenta pruebas, no se investigaran salvo que se trate de pruebas directas (como si el acoso fuera normalmente una práctica que se hace en plaza pública); si pide la baja por depresión no se le garantiza que su reincorporación se realice en Fiscalía diferente a donde sufrió el acoso, o se le niega la reincorporación a pesar de lo que digan los médicos.   Habrá el compañero de luchar en interminables contenciosos porque sus pretensiones se desestimarán con toda probabilidad en la Fiscalía ante la mirada distraída del Consejo Fiscal (eso si no incoan expediente al denunciante -incluso para echarle-, como es notorio que ya ha ocurrido).   Lo mismo con el bochornoso sistema de concursos, o con tantas otras deficiencias profesionales. Este es el panorama que sufren bastantes fiscales.   Además, cuidado con quien se queje.  Porque la falta de diligencia en arreglar los problemas no es la misma que la que se tiene para poner a caldo donde se pueda al quejoso.   Es increíble que lo que la Fiscalía aplica a terceros se lo niega a los propios.

Mientras, naturalmente, las jefaturas se asignan con todo rigor en su inmensa mayoría a los asociados de quienes nos representan en el Consejo Fiscal.   Todo eso esta atado.

¿No va siendo hora de cambiar un poco todo esto?  ¿De mirar simplemente como está la carrera judicial, que tiene graves problemas, pero que avanza en aspectos que aquí simplemente se silencian?  ¿No va siendo hora de que la Fiscalía General invierta en serio energía en arreglar todo este desastre?

LOS FISCALES DE MÁLAGA EXIGEN

Hace unos meses, la APIF hizo una reclamación pública al Ministerio exigiendo una corrección del número de plazas de tercera categoría respecto de las de segunda a fin de evitar que fiscales con muchos años de antigüedad en la segunda categoría siguieran cobrando como abogados fiscales recién ingresados.   Le propusimos al Ministro un cambio en la normativa, que la estudiaran y que finalmente establecieran un tiempo para ascender de tercera a segunda y que quien fuera de tercera que cobrara de tercera y quien fuera de segunda cobrara de segunda estuvieran ambos donde estuvieran.    Pasa el tiempo y ni la Fiscalía General parece sentirse excesivamente concernida por estas reclamaciones ni el Ministerio desde luego hace el mínimo caso hasta la fecha de estas peticiones.   La situación es lamentable porque en este aspecto, como en otros, los fiscales están abandonados desde el punto de vista administrativo.    Hay otros temas importantísimos que la jerarquía no aborda: el establecimiento de baremos de trabajo, el establecimiento de un sistema disciplinario justo equiparable al de los jueces, el establecimiento de reglas internas de impugnación de decisiones de las jefaturas, el establecimiento de un Portal de Transparencia en la Fiscalía y varios más.   Personalmente creo que la jerarquía de la Fiscalía solo reacciona a base de recursos (ahora están pensando que ¡vaya!, como resulta que un Tribunal en Canarias ha decidido que a los Fiscales también se nos aplica el derecho administrativo general en nuestras relaciones con la institución, pues hay que "reflexionar" sobre este tema).   Y quizá aquí no haya finalmente otro remedio que lanzarse por ese camino.   Pero mientras tanto, unos cuantos fiscales de Málaga -quizá la Fiscalía de España más afectada por este problema- han hecho llegar al Ministerio otra protesta en el mismo sentido.   Este asunto es penoso (y además una injusticia) y la Institución debería plantarse ante el Ministerio para arreglarlo.

CONCLUSIONES DEL OBSERVATORIO DE LA PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDECIA JUDICIAL EN EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA AP DE VALENCIA

Leer cosas como está pueden producir tristeza, porque evidencian con toda su crudeza la extrema politización de los nombramientos en la Judicatura, fruto de un sistema creado por el bipartidismo en el que lo importante es la colocación de los afines y además a ser posible en puestos claves de la Justicia.   El informe es desolador ya que cualquier analista imparcial ha de concluir que las razones del nombramiento están clarísimas pero no son precisamente las que han de mejorar la Justicia.   Si alguien creía todavía que algún cambio en la buena dirección era posible, pues ahí está la respuesta.   Y sigue la fiesta.
Quiero dar las gracias a la Plataforma por hacer estos estudios que ejemplifican como muy pocas cosas los males de la Justicia española.

ANALISIS

1.- El Consejo basa su decisión en la “ actividad jurisdiccional de calidad “ del candidato a pesar de que  resulta ser el candidato que menor actividad jurisdiccional tiene acreditada, ya que  ha dedicado quince años de su carrera profesional a las tareas de Decano, Secretario y Conseller de Justicia en el gobierno autonómico y Vocal del CGPJ ( desde 1998 hasta 2013 ).

2.- Se destaca la calidad de sus resoluciones a pesar de que solo lleva un año trabajando en la AP frente a Magistrados que acreditan 15 y hasta 28 años de servicio en la Audiencia. Su último destino antes de dedicarse a la tarea gubernativa y política  fue un juzgado de instrucción en el año 1998.

 3.- Se destaca su capacidad resolutiva por triplicar el modulo de dedicación del Consejo. Se trata de un mérito discutible. No se encuentra en la convocatoria y en cualquier caso no se menciona el intervalo de tiempo en el que se ha desarrollado dicha capacidad resolutiva ( que no puede ser superior a un año ).

4.- Se cita el conocimiento profundo de la Audiencia Provincial, aunque como se ha señalado el candidato únicamente lleva un año trabajando allí, destacándose  de su programa de actuación las referencias a oficina judicial, a los temas de transparencia, a la apuesta por las nuevas tecnologías y al funcionamiento de las Salas de Gobierno. Las referencias son genéricas y como viene siendo habitual no se comparan los diferentes programas de los candidatos, ni sus propuestas, por lo demás similares porque la capacidad de actuación del órgano es también muy limitada.

5.- Se omite que el candidato únicamente tiene un año de experiencia en órgano colegiado penal y carece de experiencia en órgano colegiado civil (ambos méritos específicos de la plaza que se convoca). Varios candidatos  tienen experiencia en ambas jurisdicciones. Un magistrado ejerce en la AP desde el año 1986 y es presidente de sección desde el año 1999. Una candidata con 15 años de experiencia en órgano colegiado acredita resoluciones de especial relevancia jurídica que le han merecido el otorgamiento de la Cruz de San Raimundo de Peñafort.

6.-  El Consejo destaca que “ los cargos para los que ha sido nombrado fuera de la carrera judicial han estado siempre relacionados con la misma”. Desconocemos que se quiere justificar con esta afirmación ya que  los demás candidatos han dedicado toda su vida profesional al ejercicio de la función jurisdiccional. El Consejo se decanta, sin embargo, por quien acredita méritos diferentes a los estrictamente jurisdiccionales y gubernativos, que son los exigidos en la convocatoria.

7.- El candidato elegido desarrolló su tarea política en  el gobierno del PP desde el año 2003 al año 2008.Posteriormente fue elegido Vocal  del CGPJ a propuesta del PP. Algunos cargos políticos de ese partido  en la comunidad van a ser enjuiciados en la AP por hechos cometidos durante  dicho periodo. Elementales razones de prudencia  vinculadas a la apariencia de neutralidad del máximo representante de la AP, desaconsejaban este nombramiento máxime viniendo del órgano encargado de velar por la independencia del Poder Judicial.

8.- Ni en esta convocatoria ni en ninguna otra apreciamos como se valora lo previsto en el Aº 3 del Reglamento : En la provisión de las plazas a que se refiere este Reglamento se impulsarán y desarrollarán medidas que favorezcan la promoción de la mujer con méritos y capacidad.

9.- El candidato elegido es miembro de la APM.

ENTRADA NÚMERO 1000, Y UNA MALA ESPECIE DE FISCALES

Son con esta mil entradas las que se han producido en este blog.   Mil ocasiones para poner de manifiesto los problemas de la Justicia en España, de resaltar el trabajo de los buenos profesionales y de denunciar los abusos cuando se producen.   Miras para atrás y ves cuanto trabajo se ha hecho y que magros los resultados obtenidos.  Aunque quizá esta sea tarea de siembra y que la siega llegará en unos años, en unos lustros tal vez por otros compañeros.

Y mira que siento tener que completar esta entrada censurando a una especie de fiscales que se dedican a resaltar de manera sistemática y muchas veces en falso cualquier aspecto negativo que afecta a un compañero.    En alguna ocasión yo mismo he sido víctima de esas prácticas, pero no es ciertamente en lo que me afecta a mi lo que más me preocupa.   Esos individuos -algunos están perfectamente identificados-, incapaces antes de faltar al respeto de otros de investigar, de averiguar lo ocurrido, de contrastar con el afectado o con terceros lo que critican, hacen daño gratis porque ni siquiera les reporta beneficio la ofensa.   Si esas conductas, además, se desarrollaran por un casual en el contexto de la jerarquía de la Fiscalía, las fronteras con el acoso laboral, o con las prácticas  señaladas como nocivas por el Ministerio de Trabajo serían muy tenues.       Me encantaría ver que en el régimen disciplinario, que en la normativa -inexistente- de protección de riesgos laborales de los fiscales, que en un Reglamento postconstitucional del Ministerio Fiscal pudieran crearse las bases para poder denunciarse estos hechos, que pudieran ser investigados y que cayera quien cayera, se pudieran sancionar.   No es mal deseo para esta entrada número 1000, y desde luego algo así creo que mejoraría mucho el ambiente de la Fiscalía.

OTRA MÁS DEL CONSEJO FISCAL

Realmente uno no sabe ya que decir.   Las distribuciones de trabajo en las fiscalías es el problema más grave que afecta a muchos fiscales, y en ocasiones es el origen de auténticos abusos de unos contra otros.   La doctrina que la Fiscalía General ha venido manteniendo ante las quejas de los fiscales sobre distribuciones de trabajo es la de que se trata de facultades de los jefes y que se trata de una cuestión interna que no debe salir del ámbito del Ministerio Fiscal.  El Consejo Fiscal participa de esa idea: las equiparan en el CF ¡nuestros representantes! a instrucciones u órdenes de servicio de la Administración, art. 21 de la LRJPAC, de manera que conforme al Reglamento de 1969, la única posibilidad de impugnación la ha de conocer el Consejo Fiscal para establecer si en esa distribución hay "falta de equidad".     Algunos, y singularmente la APIF, exigimos la aplicación del derecho administrativo en las relaciones de los fiscales con la institución, y por tanto, ante decisiones de los jefes y singularmente en esta materia, debe proceder recurso de alzada ante el superior jerárquico y agotada la vía administrativa, debe caber recurso contencioso administrativo.  Pues bien, el Consejo Fiscal, tanto el anterior como el actual, dicen que no, que en esta materia la alzada son ellos y que no hay recurso contencioso que valga.   De manera que ellos, que dibujan la jerarquía de la Carrera conforme a la militancia a sus asociaciones, que pertenecen a asociaciones en las que militan la inmensa mayoría de los Fiscales jefes de España, deciden que son ellos -en alzada- y nadie más quienes resuelven las quejas contra las distribuciones de trabajo de los fiscales jefes elegidos por ellos, aunque el Consejo Fiscal no es superior jerárquico de nadie en la Fiscalía. Equiparar una distribución de trabajo en una Fiscalía (con consecuencias que pueden durar años, que pueden cambiar la vida profesional de los fiscales, que pueden desviar inclinaciones profesionales, que pueden alterar las posibilidades de conciliación de la vida familiar y profesional) a las instrucciones y órdenes de servicio administrativas -no recurribles-, es un argumento que puede dar un mal jefe en defensa de sus pareceres, pero no un representante de los fiscales afectados como son los vocales del CF, en mi modesta opinión.

En estas, un bravo fiscal en Las Palmas (asociado a la APIF) recurrió una decisión de su jefe sobre distribución de trabajo que le afectaba, y me cuentan que la incredulidad de los magistrados de lo contencioso era pareja a la nuestra.  Naturalmente que ha de regir el derecho administrativo común  en la Fiscalía, naturalmente que el recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico, naturalmente las distribuciones de trabajo no son "instrucciones u órdenes de servicio administrativas", naturalmente que cabe recurso contencioso administrativo contra esas decisiones.  Naturalmente.    Hoy la sentencia recaída lo aclara sin dudas, y sin embargo, ayer mismo recibimos en la APIF la notificación de otro acuerdo del CF que vuelve a insistir en el mismo desafuero: no hay más alzada que ante ellos, no tenemos razón, no hay recurso.    A la vista de la sentencia de Las Palmas, he oído que algún vocal se va disculpando (desde luego no a la APIF), pero no he visto que desde el CF, que no defiende a los fiscales de a pie sino a la jerarquía de la institución, se disculpen por obligarnos a litigar, por obligarnos a defender lo obvio, por obligarnos a gastar dinero, por obligar a los fiscales a luchar en los Tribunales para conseguir cosas que deberían estar claras.   Tampoco se disculpó nadie por echar a un fiscal que en mi opinión vale mucho más que aquellos que le querían echar, así que deberíamos estar acostumbrados.  

¿Y la Fiscalía General del Estado? ¿Porque no empieza a dotar de instrumentos jurídicos seguros para garantizar la tutela judicial efectiva de los fiscales?  ¿Cuantos meses hacen falta para eso?  ¿Porqué tenemos que remar algunos -en este momento, la APIF- contra la corriente de obstáculos legalmente no existentes, pero consolidados por la práctica interesada de la casta dominante de la Fiscalía?  Una sola Instrucción bastaría para aclarar las cosas.   Pero no se hace.   Hace unos meses, un vocal del Consejo me decía "Salvador, tu es quieres reformas muy rápido, y nosotros vamos más despacio".   Lo que está ocurriendo ahora no tiene que ver ni con la velocidad de las reformas ni con el tocino: tiene que ver con el mantenimiento del poder en la Fiscalía.   La Fiscalía necesita importantes cambios que no van a venir de quienes la han politizado y privado de su esencia.  Veremos que pasa en el futuro porque parece que es tiempo de cambios.