EL CAMBALACHE Y LA FISCALÍA

Aquel famoso tango de Santos Discépolo, Cambalache, escrito en los años 30 del siglo pasado, describía la degeneración de unos valores éticos que sintetizaba en la frase "los inmorales nos han igualado". A mi me parece que en muchos casos podríamos decir que nos han superado. La última expresión es el Comunicado de la UPF, la asociación del Fiscal General y que ha estado detrás de todos los nombramientos y actuaciones relevantes del FGE (y de la anterior), en una identificación de objetivos que a mi me produce sonrojo. Pues bien, para la UPF, las sentencias del Tribunal Supremo anulando el nombramiento del Fiscal de Sala de Menores, generan "un efecto pernicioso para la autonomía del Ministerio Fiscal, sentando un precedente que podría afectar en el futuro, además, a las legítimas expectativas de promoción de las y los integrantes de la Carrera Fiscal". Naturalmente, los no designados por el Fiscal General y apoyados por la UPF no deben tener expectativas de promoción. A esos se les debe negar hasta el derecho a combatir resoluciones arbitrarias. A esos, como si fueran la decoración de un festín que se están dando a costa del resto, no les queda más que mirar y callar. Dificil encuentro mayor falta de conexión con el terreno que la que tiene últimamente la UPF. Efectivamente, los Tribunales están para atender las reclamaciones cuando hay desviación de poder, cuando se producen abusos, prevaricaciones u otros delitos. Para eso están los Tribunales. Cuando la política de nombramientos es tan sesgada, tan abusiva, tan bochornosamente sectaria como la que padece la institución desde hace mucho tiempo, e incluso cuando se acentúa a los niveles de los últimos nombramientos, "las legítimas expectativas de promoción de las y los integrantes de la carrera fiscal", reclaman una instancia para poder revisar las arbitrariedades. Cuando cambie el Gobierno y si otro Fiscal General de diferente signo procede a perpetrar los abusos que han realizado los anteriores, seguro que la UPF empieza a entender de que estoy hablando. Pero hasta entonces, se espera que yo, y todos los demás -como las plantas del banquete-, que miremos, callemos y no se nos ocurra recurrir nada. Cambalache puro.

GRABAR A UN FISCAL JEFE

Se han publicado unas grabaciones a mi juicio inequívocas sobre las instrucciones que le da un Fiscal Jefe para el despacho del papel pendiente a una compañera que ha obtenido la baja por un embarazo de riesgo, para ella y para el feto, cuando contaba con 45 años de edad. Le dice, cosas como estas: -"Lo que si, L..., lo que te haya entrado hasta hoy lo dejas despachado". - "Quiero decirte que cuando tiene una baja, el trabajo que le ha entrado antes de la baja lo tiene que dejar... lo tiene que ir haciendo hasta dejarlo despachado". La fiscal dice: "¿Mientras estoy de baja?" Y el Jefe: "Lo tienes que hacer, si" (tres veces seguidas). -"Otras Fiscalías harán lo que sea, pero aquí, antes de darte la baja el trabajo era tuyo y por tanto lo tienes que hacer tu"... -"Te estoy diciendo que el trabajo que tienes pendiente, lo tienes que hacer tu. Solo eso. No tienes que seguir liberando el lote. Solo lo que te ha entrado hasta hoy. Es así". Y así, hablan durante mucho rato. Es decir, el jefe quiere que la fiscal despache el papel que le ha entrado antes de la baja durante la baja médica que se le da por embarazo de riesgo. Ello tiene una perspectiva indudable de género, y es groseramente contrario a derecho. El art. 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una protección específica a la mujer embarazada, y más si se trata de un embarazo de riesgo, y no solo esa norma fundamental, sino también los arts. 8 y 14 de la Ley 3/2007 sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre otras. Pero claro, no podía haberse sabido nada de esto si la mujer afectada no hubiera grabado la conversación con su fiscal jefe. De hecho, el fiscal jefe, antes de saber que la conversación estaba grabada, negó como testigo en el expediente disciplinario abierto a la fiscal por retrasos en la tramitación del papel, haber dado las mencionadas instrucciones a la mujer. Hubiera sido imposible sin la grabación conocer que el fiscal también faltó a la verdad en el expediente, y al no decir la verdad, cercenó el derecho de defensa de la fiscal y faltó a un deber profesional y de compañerismo elemental. Entonces, ¿es una "deslealtad" grabar a quien crees que te acosa para acreditar que te acosa? A mi me parece que lo que está mal es el acoso. El acosado carece muchas veces de mecanismos para poder acreditar lo que le está ocurriendo. Yo creo que nadie grabaría a un fiscal jefe por escuchar lo que se dice una y otra vez, sino por la sospecha, fundada en hechos anteriores, de que esos episodios pueden repetirse otra vez. Se graba por necesidad de obtener pruebas. Recuerdo hace algunos años otro caso de denuncia de acoso. Como no había pruebas objetivas, unos compañeros de la víctima llamamos a otros fiscales que habían compartido trabajo con la persona supuestamente acosadora, y varios nos dijeron que si, que era cierto y que con ellos había actuado de esa misma manera. Pero solo una fiscal de los que llamamos accedió a declarar en la Inspección sobre estos hechos, los demás rehusaron y una llegó a decir que no declaraba por miedo a que le hicieran algo si contaba lo que ocurrió. Una fiscal. Esas cosas las vamos aceptando como cosas que ocurren en la Fiscalía, pero eso es todo lo contrario de la normalidad. El acosado tiene que buscar pruebas legítimas que acrediten el acoso y la grabación es una medida perfectamente legal. Obviamente, en la Fiscalía los acosos no son pan de todos los días, pero ocurren. Y cuando ocurren hay que ofrecer pruebas porque si no el acosador se librará porque tiene la presunción de inocencia, una posición de poder, y a veces, el apoyo de alguna asociación que le ayude tras haberlo encumbrado. Hacen falta pruebas. En este caso lamentable, para mi, tan grave como lo que se le dice a la fiscal por el fiscal jefe es negarlo ante el Instructor de las Diligencias, que por otra parte, rehusó unir la grabacion al expediente, impidiendo así demostrar la mentira del Fiscal Jefe. Cosas que pasan. Todavía espero una reacción de la Fiscalía General ante estos hechos, tras sancionar a la fiscal por retrasos, lo que ha determinado a esta a recurrir su sanción ante el Tribunal Supremo. Si se retrasó injustificadamente en el despacho del papel (el retraso sancionable es el retraso "injustificado") mantendrán la sanción y ella habrá pagado por los retrasos, aunque no por ello dejará de contar con mi afecto personal y mi reconocimiento al esfuerzo que realizó durante varios meses de angustia por el riesgo de pérdida de su primera hija. Pero lo ocurrido con el Fiscal Jefe para mi es un bochorno que debería haber ya movilizado a la Fiscalía General a la remoción del mismo.

LA CIRCULAR 2/2022 Y UNA AUTOJUSTIFICACIÓN EN DIFERIDO

La Circular de la FGE 2/2022, de 20 de diciembre sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal tiene mucha importancia porque marca el ámbito en el cual ha de desarrollarse en el futuro la actividad de investigación penal del Ministerio Fiscal, así como los límites a la misma, lo cual, considerando que está en el horizonte la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal, convierte la Circular en un instrumento muy relevante. De todos los puntos que se abordan hay uno que me ha llamado la atención. Recordarán que hace tres años, cuando quien ahora ostenta la condición de Fiscal General era el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de Dolores Delgado, se inició una investigación penal contra un fiscal, Ignacio Stampa. Esas Diligencias de investigación fueron atribuidas -dado el aforamiento de Stampa- a la Físcalía del TSJ de Madrid, siendo asignadas a un fiscal serio y profesional. Pues bien, a la decisión de archivar las diligencias por no estar acreditados los hechos (comunicada al FGE por razón del art. 25 del EOMF), la Secretaría Técnica, por medio de su entonces titular realizó por escrito unas "sugerencias" al instructor a fin de practicar más diligencias. El instructor tomó nota e incorporó al expediente las sugerencias que le hacía el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, a fin de garantizar el derecho de defensa de Stampa. Practicadas las diligencias de prueba sugeridas, volvió a proponer el archivo, pero nuevamente, el Jefe de la Secretaría Técnica volvió a hacer "sugerencias", que el instructor rechazó practicar, pero lógicamente volvió a unir al expediente las sugerencias que se hacían porque si no el investigado era dificil que pudiera defenderse de una investigación que no se agotaba en la práctica de las actuaciones que instructor había decidido. Copia de esas "sugerencias" fueron entregadas al investigado, antes de que el asunto fuera avocado por el Fiscal Jefe de la Fiscalía y se procediera al espurgo de las mismas. Gracias a ese talante garantista del fiscal instructor pudo saber Stampa que le estaban realmente investigando desde las alturas de la institución contra el criterio del instructor, y pudo defenderse de las actuaciones que se iban a practicar contra él en las Diligencias, ya que si las "sugerencias" no se hubieran incorporado el investigado no podría entender como se defiende de actuaciones del instructor, y que cuando se practican le aparecen más diligencias, y más, y más. Bueno, pues ahora la Circular referida del FGE prohíbe lo que hizo el instructor al unir al expediente las "sugerencias" y legitima la falta de publicidad de lo que hizo como Secretario Técnico el propio FGE, y por tanto establece la posibilidad de que por parte de la jerarquía de la Fiscalía se puedan dar instrucciones al instructor de unas diligencias penales corrigiendo su criterio en perjuicio del investigado sin que quede rastro en el expediente y por tanto contra el criterio del investigado..., y del instructor. No se establecen límites, puesto que la instrucción del superior puede venir tanto en cuanto a lo que se hace, como a lo que no se hace; tanto a cuestiones de derecho como a cuestiones de diligencias de prueba. Pensemos que estamos en el terreno de la asunción por el Ministerio Fiscal de una función tan importante (la investigación penal) que ha venido atribuida a un juez en nuestro derecho, es decir, que parece que precisa de un investigador con cierta independencia, como garantía, entre otras cosas, del derecho de defensa. Extendiendo este tipo de prácticas, nunca podremos saber si se hacen también "sugerencias" -y se acatan- en los expedientes disciplinarios. Uno no sabe si reir o llorar. Realmente, con esta concepción del Ministerio Fiscal creo que es muy difícil que se pueda asumir la investigación criminal en sustitución de los jueces de instrucción, sin merma de garantías básicas. La Circular dice en su página 73 (de las 231 que tiene): "Las órdenes de servicio, incluidas las notas de visado, que pudieran haber sido dictadas por la respectivas jefaturas en relación con las investigaciones incoadas, las comunicaciones realizadas al amparo del art. 25 del EOMF..., en ningún caso serán incorporadas al procedimiento de diligencias de investigación, por no formar parte de estas".

PRESUPUESTO PARA LA FISCALÍA

El único camino para la Fiscalía de adquirir un mínimo de la autonomía funcional que establece nuestro Estatuto (autonomía que se establece respecto del Poder Judicial, en el que la Fiscalía "está integrada", art. 2 del EOMF), es que se la dote de un presupuesto propio y diferenciado en los Presupuestos Generales del Estado. Porque si no es así, si se sigue con el modelo actual de que cualquier actuación de la Fiscalía (incluyendo el sistema a través del cual se articula toda su actividad, que es el sistema informático) va a depender de la voluntad del Ministerio de Justicia, no hay autonomía posible. Ni plantillas, ni concursos, ni medios materiales, ni medios personales, ni cuestiones operativas, ni comisiones de servicio..., todo depende finalmente de que haya presupuesto, que administra el Ministerio. ¿Sabe esto el Fiscal General? Pues claro. Él lo sabe perfectamente, lo llegó a decir en el Parlamento, pero a él (como a sus antecesores) le nombró el Gobierno y eso marca mucho. Cuando le he preguntado porque no se planta y pide de una vez un presupuesto diferenciado, me encuentro con una pared. Lo hará "a su manera". La realidad es que no puede. Cuando le nombraron no puso como condición la implementación de un presupuesto propio para la Fiscalía: al aceptar el cargo así no se va a poner a reclamar al Gobierno un presupuesto, porque él considera que eso favorecería a la oposición. Por eso impidió que la cuestión se votara en el Consejo Fiscal, a pesar de que todos los presentes -incluso él- sabíamos que es algo indispensable. Este tipo de Fiscales Generales (siempre sostenidos dentro de la Carrera Fiscal por una asociación profesional politizada: en este momento, la UPF) carecen de la independencia de criterio necesaria, están a caballo de la dirección de una institución que requiere independencia del Gobierno, pero ellos mismos son tributarios de la forma de su nombramiento. El FGE (ni este, ni sus predecesores) no puede cambiar nada, porque solo dos cosas alterarían la posición del Ministerio Fiscal español: la primera, un cambio en el modo de elección del Fiscal General, de manera que no tuviera miedo a que sus actuaciones "favorecieran a la oposición"; la segunda, un presupuesto propio administrado por la Fiscalía, que no puede pedir porque su concepción de la Fiscalía le incapacita a provocar un enfrentamiento con el Gobierno, aunque fuera por algo que es imprescindible para la Institución. Ah, bueno, queda la consecución del presupuesto "a su manera", es decir, más o menos por indirectas, como Gila. Bueno, pues ojalá le funcione.

SE HAN OFENDIDO

Sendos comunicados de hoy, de vocales de la AF y del Secretariado de la UPF evidencian que no les gusta mi estilo de dación de cuentas de lo que ocurre en el Consejo Fiscal. Y bien que lo siento. Deben entender que llevo poco tiempo en el Consejo, y que todavía no me he acostumbrado a ciertas cosas: a los abusos del poder, a los tejemanejes, a la docilidad con la jerarquía, al sectarismo, a la sumisión al Gobierno de turno, a la cobardía..., en fin, sobre todo, que no me he acostumbrado a callarme cuando tenido el honor de ser elegido por mis compañeros. Así que me parece que tendremos que seguir teniendo paciencia: yo, con ciertas cosas que se hagan en la Fiscalía; y algunos, con tener que oir mi opinión sobre ellas.

LA APIF Y LA DESPOLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es la tercera asociación (en número) de la Carrera Fiscal. Pero es una asociación creo que diferente. Porque tiene dos objetivos que son convergentes: la consecución de la despolitización de la Fiscalía y de la Justicia en España, y la defensa de los derechos profesionales de los fiscales. Esos derechos están amenazados, precisamente, por el alto grado de politización de la Fiscalía, que subordina las cuestiones profesionales a los intereses políticos de quienes la gobiernan. Así, a la Fiscalía le es vital tener un presupuesto propio para mejorar sus prestaciones, pero a la política le conviene que no lo tenga para poder seguir controlándola; a la Fiscalía le conviene que los mejores y más competentes ocupen los puestos de mayor responsabilidad, pero a la política le conviene que quienes los ocupen sean los más fieles y leales a sus intereses; a la Fiscalía le conviene que se garantice una actuación imparcial de la Fiscalía, pero al poder político eso no le conviene en absoluto. Y de esa manera, poco a poco, se perpetran atropellos de índole político-profesional que afectan a los fiscales, atropellos que siempre, provengan de gobiernos conservadores o progresistas, encuentran la oposición de la APIF. Esos atropellos, con el tiempo, aumentan en gravedad y en frecuencia. Los casos del fiscal Stampa, o el nombramiento de Dolores Delgado, o la política de nombramientos (de un sectarismo inexplicable) o el diseño y aplicación del sistema disciplinario para la Fiscalía (dirigido a intimidar de manera general mucho más que a reprochar conductas a los fiscales), son fenómenos que evidencian esa tendencia. La APIF tiene mucho trabajo. La nominación de la APIF como finalistas del Premio Hay Derecho (que se decidirá el próximo 27 de octubre) supone un espaldarazo a este modo de actuar asociativamente y al sacrificio y esfuerzo de los fiscales que se unen al proyecto. Y un reconocimiento de muchas personas que quieren ver como las cosas cambian en la Justicia.

LA REVOCACIÓN DE UN NOMBRAMIENTO DE DOLORES DELGADO

El otro día, en el Ministerio de Justicia, comenté el escándalo de los nombramientos de la Fiscal General que hasta el TS había llegado a anular por arbitrariedad la designación del Fiscal de Menores, y se me dijo desde el Ministerio que "eso prueba que el sistema funciona". Si no fuera tan grave, sería para reirse. No se fijan en que el bloque afín a Dolores Delgado apoye y ascienda a un fiscal de la asociación de Dolores Delgado, desconociendo méritos, capacidades y fijándose en la "capacidad de generar empatía" del elegido, pero se congratulan de que el Tribunal Supremo le de la razón a un recurrente que arriesga sus 3.000 euritos de costas, que tiene que esperar muchos meses a que se resuelva el asunto, y que tiene que afrontar todo tipo de molestias procesales (buscar abogado, jurisprudencia, recopilar documentos, procurador, acudir a Tribunales y demás). Todo para evidenciar una arbitrariedad como las que se producen casi cada vez que hay que hacer un nombramiento importante. También es verdad que como le vas a pedir a un alto cargo del Ministerio que empatice con las víctimas profesionales de la anterior Ministra de Justicia, pero vamos, se trataba de un magistrado de profesión así que ir a la raíz del problema que padecemos no hubiera estado de más. Si los fiscales queremos empezar a respetarnos, deberíamos acabar con este estado de cosas: baremos de méritos, y en igualdad o similitud de los mismos, la antiguedad (que significa entre otras cosas, experiencia) debe prevalecer. No puede ser que se elija al último candidato (de docenas de peticionarios) y decir que se trata de alguien muy competente (o de carácter estupendo) para justificar ese nombramiento olvidandose del resto. Me alegro de que ese compañero haya ganado el recurso, y espero que las cosas empiencen a cambiar.

LA FARSA DE LOS NOMBRAMIENTOS EN LA FISCALÍA

El sistema de promoción en la Fiscalía es, en su conjunto, una farsa. Si por farsa se entiende, como sostengo, "una acción realizada para fingir o aparentar". Aquí estamos ante un sistema pomposo, lleno de trámites a cumplir, pero que intrínsecamente busca poder conferir toda la libertad al FGE para elegir a quien le de la gana para cada puesto. Para contentar a los perjudicados por este sistema, de tanto en tanto, se hacen concesiones, repartiendo un poco. Pero ese reparto está también viciado por la falta de garantías. Vamos a ver: para que haya un sistema objetivo, ha de acreditarse la intención de quien interviene de actuar de manera imparcial y objetiva. Eso está acreditado que no ocurre. Cada asociación presente en el Consejo Fiscal tira para los suyos, y no de ahora, sino desde siempre. Se ha normalizado ese modo de actuar. Además, debería haber unas reglas mínimas de evaluación, un sistema de baremo de méritos, un sistema de clasificación de los candidatos, unas exigencias anunciadas antes para cada puesto que se intenta cubrir. Pues no. Ni la Sección Permanente de Valoración (concebida en 2009 como una aproximación a la valoración de méritos) funciona, ni ha funcionado nunca; ni hay baremos; ni hay anuncio de las condiciones requeridas para cada puesto, ni tampoco la justificación de las razones por las que se elige a uno y no a otro, son honestas. Se ocultan las verdaderas razones de la elección, que no tienen nada que ver con el mérito y la capacidad, ni con la experiencia, ni con el trabajo desempeñado, ni con nada de todo esto. Es práctica frecuente en estos tiempos que se llame por la Fiscalía General a fiscales para que pidan determinados puestos. Cuando llaman, se sabe que van a ser designados, y por tanto, otros candidatos ya no piden, porque además se hace saber que se ha llamado a tal o cual candidato. Si se sabe el nombre del elegido antes de conocer con quien puede competir, es claro que el concurso es una farsa. Las razones para elegir a unos y no a otros, no son objeto de constraste. Por ejemplo, elegir a alguien para un puesto porque hay que incrementar la cuota de mujeres en ciertos puertos, sería un argumento si no hubiera otras mujeres candidatas que la elegida, y especialmente si se anunciara en la convocatoria. Pero no se hace así: en realidad, cuando conviene elegir a una determinada mujer, el argumento del género se hace constar en la motivación. Y si lo que conviene es elegir a un determinado varón, se omite toda referencia al género. Voy, simplemente a título de ejemplo, a comparar un poco las trayectorias de las elegidas en el último concurso para dos plazas en el Tribunal Supremo con algunos datos de otros candidatos. Han sido elegidas las candidatas número 14 y número 24 de entre los peticionarios por orden de antiguedad. La 24 era la última de todos los candidatos. Ellas no tienen ninguna culpa de ser elegidas, vaya por delante, y por lo tanto, las felicito cordialmente. Pero unos datos nos ayudarán a entender porque digo que esto más que un concurso de méritos, es una auténtica farsa y un timo profesional para muchos fiscales. De la número 14 se resalta en la Nota Informativa de la Fiscalía, que es fiscal desde 1989, que desde 2015 está destinada en la Inspección Fiscal, y que fue vocal del Consejo Fiscal entre 2012 y 2014. Se omite que pertenece a la AF, y que aquel fue el famoso Consejo Fiscal autor del atropello que sufrió el fiscal Juan Antonio Frago, al que expulsaron injustamente con el voto favorable del Consejo Fiscal, y que supuso una condena durísima de la Audiencia Nacional a la Fiscalía. Bueno, cosas que pasan. De la número 24, que ingresa en la Carrera en 1994, se resalta que es una superespecialista en violencia de género, algo que sin duda debe ser verdad. Además, es Juez excedente. Los currículums de ambas acreditan que son dos buenas profesionales, pero no se aprecian méritos objetivos tan extraordinarios para superar a 13 y 23 compañeros y compañeras, respectivamente, con más antiguedad en el escalafón. Por ejemplo, la número 24 tiene una única publicación, un artículo publicado en un curso, en 2013. La número 14 recoge tres publicaciones de artículos doctrinales en su CV: el más antiguo de 2006; el más reciente de 2015. Hay candidatos con mucha mas producción científica (por ejemplo, el número 6, que además de haber sido fiscal jefe durante más de 15 años, tiene dos libros publicados, además de más de 10 artículos doctrinales). El numero 4 tiene un curriculum objetivamente mucho mejor. Doctor en Derecho, con amplísima experiencia internacional en la OLAF, y con una variedad en su experiencia (que incluye haber sido profesor asociado de derecho penal muchos años, o acreditar docencia de doctorado en inglés, o varias piublicaciones) incomparable con las elegidas. ¿Que no son mujeres? Vale (aunque esa exigencia hay que avisarla antes del concurso). Pues hay varias mujeres fiscales, de la máxima categoría profesional que ocupan los números 1, 2, 3, 7, 8 y 10, con muchos más años de servicio profesional, con mucho mayores responsabilidades profesionales asumidas (ha habido fiscales jefas en funciones, teniente fiscal durante muchos años de la Fiscalía Anticorrupción, Asistente nacional en Eurojust, o tenientes fiscales de la Fiscalía de Madrid, ni más ni menos) y además con mayor experiencia docente y producción científica. Compañeras que sacan más de 500 números en el escalafón y en algún caso más de diez años de prestación de servicios. Sobre eso, ni la Asociación de Fiscales, ni especialmente la Unión Progresista de Fiscales, dan explicaciones. Y por supuesto, la Fiscal General del Estado, nombra a quien quiere, pero que no se nos diga que es en atención al mérito y la capacidad, porque no es verdad. Si para una plaza hace falta (o se prefiere) alguien que haya pasado por el Consejo Fiscal, por la Inspección o ser una mujer, o una especialista en violencia de género, habría que indicarlo en la convocatoria. De esa manera, podrían discutirse las bases para establecer las exigencias de cada puesto. Pero no, aparentemente, es solo un concurso de méritos, concebidos estos con amplitud. Pero luego se elige por criterios subjetivos, cuando no caprichosos o arbitrarios, y obedeciendo en muchas ocasiones al reparto de candidatos entre los pertenecientes a las asociaciones profesionales. Esta verguenza la llevamos padeciendo décadas. Y es que no basta con resaltar lo brillante que es el elegido: hay que decir porqué es mejor que el no elegido. Especialmente cuando el escalafón nos marca ya un orden. Decir que la mejor es la última de los peticionarios requiere algo más que resaltar sus méritos. ¿O es que los 22 anteriores son unos incompetentes? ¿O es que no le importan a nadie? ¿O es que no tienen las influencias necesarias? ¿A que me voy acercando a la verdadera razón...? Las verdaderas razones de los nombramientos se esconden en muchos casos. Por eso la promoción en la Fiscalía es una farsa y las complicidades con este sistema equivocado son muy evidentes.

VIVIR INAUGURANDO PANTANOS

 La FGE ha anunciado la firma de un Convenio de Prevención de Riesgos con el Ministerio de Justicia para los fiscales.   En una nota de prensa, indican que se firma el Convenio, "cumpliendo así las previsiones de la ley 31/95, de 8 de noviembre (LPRL)".  Con un par.    27 años de retraso.   Y argumentando ante el Tribunal de lo social que sí había una normativa de prevención de riesgos para los fiscales, al oponerse -la Fiscalía y el Ministerio- a la demanda de la APIF.   

Esto tiene dos aspectos, en mi opinión.   Por  un lado, el desparpajo de presentar como un "paso fundamental para la seguridad y salud de los fiscales" la reversión de una situación creada y mantenida por esta Fiscal General y la generalidad de sus antecesores (quizá con la excepción de Consuelo Madrigal, que quiso firmar un Convenio semejante al de ahora, y el Ministerio del desastroso Catalá lo rechazó), desde el año 1995.   El desprecio sostenido por derechos laborales reconocidos a todos los trabajadores en España, aunque no a los fiscales, ha sido permanente, y solo la actuación enérgica de unos fiscales llevando a los Tribunales a los incumplidores les ha forzado a empezar a asumir sus responsabilidades.

El segundo aspecto a considerar es que, con todos los defectos que tiene el Convenio, es un principio.  El Ministerio y la Fiscalía, por esta vía, reconocen lo que se les reprochaba en la demanda, y se comprometen a empezar a arreglarlo.   Es cierto que se trata de un Convenio que radica en el Ministerio la principal responsabilidad de la prevención de riesgos laborales de los fiscales, algo absurdo en mi opinión porque nuestros riesgos provienen de la asignación del trabajo que nos hace la Fiscalía.   Pero hoy sabemos que Ministerio y Fiscalía, Fiscalía y Ministerio, son entidades hermanas por vía de la muy escasa imparcialidad objetiva de la Fiscal General del Estado.  De manera que si el Ministerio reclama algo para sí, amén por lo que a la Fiscalía General se refiere.   A mandar, Ministra.  Aquí seguiremos inaugurando pantanos.   Y algunos aplaudiendo el corte de la cinta.

 

¿SE LLEVA BIEN CON LOLA?

 Hemos llegado a esto.  Cuando se habla de un aspirante a una plaza, en el legítimo derecho a la promoción profesional en condiciones de igualdad con otros candidatos, lo primero que alguien pregunta es  ¿se lleva bien con Lola? .   Porque esta parece ser la clave.   Después de colocar, con todo tipo de fundamento salvo el mérito y la capacidad en relación a otros candidatos, a un número muy importante de colegas de asociación en la máxima categoría de la Carrera, el resultado de ello es la convicción de que ya puedes ser antiguo, tener méritos en forma de publicaciones, clases, destinos en el extranjero o lo que tu quieras.  Si te llevas bien con Lola tienes esperanzas y si no, pues eso.   Ya no digamos si te tiene algo parecido a la manía.  Hay unos cuantos que parecen estar en esa lista de malditos.

Para mi un Fiscal General y, mirando con mayor amplitud, la misma Institución, debería procurar que los ascensos estuvieran fundados en una objetivación de méritos profesionales, a fin de conseguir que el talento tuviera reconocimiento y premio.   Para eso debería haber interés en generar algo parecido a un sistema objetivo de valoración de méritos.  De la misma manera, las garantías profesionales de los fiscales no deberían verse por la Institución como obstáculos a la actuación libérrima de quien manda, sino como salvaguardias de la correcta actuación del Ministerio Fiscal.   Ya, eso es lo que debería ser.  Pero en la realidad, y así va esto, nada de eso se ve así.   Un antiguo FGE me decía, cínicamente: "Salvador, se puede nombrar a quien te de la gana, en unos meses nadie se acuerda".   Tal cual.  Aquí se ha abusado tanto que claro que nos acordamos, no dan tiempo para el olvido.     Ha llegado a un punto que hay más talento por abajo que por arriba.

¿QUE ESCONDE LA FGE?

 Yo creo que la felicidad por los cargos, en muchas ocasiones, dura poco.  Alegría cuando te nombran, pero luego hay que afrontar muchas dificultades nuevas, especialmente cuando no se está preparado para el nuevo cometido.  Creo que a veces se puede producir infelicidad y ansiedad.  Me llega un artículo de ABC en el que se anuncia que los vocales de la AF en el Consejo Fiscal van a acudir a los Tribunales para reclamar los papeles "secretos" (por decisión de la FGE) relativos al tema de la investigación penal realizada al fiscal Ignacio Stampa.  Hacen bien esos compañeros.   ¿Que esconde la Fiscal General? ¿Porque no pueden conocer los vocales del Consejo Fiscal (y toda la Carrera) las tripas de una investigación penal que concluyó en archivo y que el propio afectado insiste en que se conozca?   Ya sabemos que la mano derecha de la Fiscal General a base de "sugerencias" y dilaciones prolongó la investigación (y el archivo) durante varios meses.  No sabemos -quizá ese es el secreto- cual era el título de actuación del Secretario Técnico en este asunto.  O bien actuaba por si mismo, sin competencia alguna para hacer "sugerencias" a nadie y, por tanto, mirando de cerca el Código Penal; o bien lo hacía por órdenes de la Fiscal General, y por tanto esta se habría involucrado directamente en las diligencias, debiendo entonces explicar porqué lo hizo en un asunto en que el fiscal investigado lo era de un caso defendido por el despacho propiedad de su pareja.  Y explicar porqué no hizo ella misma esas "sugerencias" que al ser ignoradas determinaron la avocación del asunto del Instructor designado.    A lo mejor ese es el "secreto" que no se quiere desvelar.  Pero puede haber más secretos.   Se publicó el otro día en El Periódico de Catalunya un artículo tremendo sobre una supuesta reunión entre el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid, la FGE acompañada de su Secretario Técnico y el anterior Inspector Fiscal Jefe para debatir sobre el modo de avocar la investigación a Stampa en el TSJ por Carlos Ruiz de Alegría, en favor del Fiscal Jefe del TSJ.  ¿Es ese el secreto?  ¿Es cierto que la FGE intervino directamente en la avocación?  No es mala pregunta, y requiere explicación.   ¿Hay algo más todavía?  ¿Algo tan grave que compensa el bochorno de no revelar todo lo que hay?  ¿De verdad la Fiscal General va a dejar que sean los Tribunales quienes decidan esto?

Estamos acostumbrándonos en la Fiscalía a que se puedan hacer cosas graves sin que haya consecuencias para el que las hace, si el responsable está en la parte alta de la jerarquía.   A mi me parece increíble que algo así pueda pasar en una Fiscalía democrática; me parece muy mal que no se den todas las explicaciones posibles por parte de los responsables, incluida el hecho de que -como se ha publicado- se barajó abrir expediente a Ruiz de Alegría (el único tipo intachable en todo este affaire, además del propio Stampa); me parece una broma que para la mitad del Consejo Fiscal todo esto no requiera investigación alguna; y por último, creo que pone negro sobre blanco las manos en las que hoy día está la Fiscalía española.