PRESUPUESTO PARA LA FISCALÍA

El único camino para la Fiscalía de adquirir un mínimo de la autonomía funcional que establece nuestro Estatuto (autonomía que se establece respecto del Poder Judicial, en el que la Fiscalía "está integrada", art. 2 del EOMF), es que se la dote de un presupuesto propio y diferenciado en los Presupuestos Generales del Estado. Porque si no es así, si se sigue con el modelo actual de que cualquier actuación de la Fiscalía (incluyendo el sistema a través del cual se articula toda su actividad, que es el sistema informático) va a depender de la voluntad del Ministerio de Justicia, no hay autonomía posible. Ni plantillas, ni concursos, ni medios materiales, ni medios personales, ni cuestiones operativas, ni comisiones de servicio..., todo depende finalmente de que haya presupuesto, que administra el Ministerio. ¿Sabe esto el Fiscal General? Pues claro. Él lo sabe perfectamente, lo llegó a decir en el Parlamento, pero a él (como a sus antecesores) le nombró el Gobierno y eso marca mucho. Cuando le he preguntado porque no se planta y pide de una vez un presupuesto diferenciado, me encuentro con una pared. Lo hará "a su manera". La realidad es que no puede. Cuando le nombraron no puso como condición la implementación de un presupuesto propio para la Fiscalía: al aceptar el cargo así no se va a poner a reclamar al Gobierno un presupuesto, porque él considera que eso favorecería a la oposición. Por eso impidió que la cuestión se votara en el Consejo Fiscal, a pesar de que todos los presentes -incluso él- sabíamos que es algo indispensable. Este tipo de Fiscales Generales (siempre sostenidos dentro de la Carrera Fiscal por una asociación profesional politizada: en este momento, la UPF) carecen de la independencia de criterio necesaria, están a caballo de la dirección de una institución que requiere independencia del Gobierno, pero ellos mismos son tributarios de la forma de su nombramiento. El FGE (ni este, ni sus predecesores) no puede cambiar nada, porque solo dos cosas alterarían la posición del Ministerio Fiscal español: la primera, un cambio en el modo de elección del Fiscal General, de manera que no tuviera miedo a que sus actuaciones "favorecieran a la oposición"; la segunda, un presupuesto propio administrado por la Fiscalía, que no puede pedir porque su concepción de la Fiscalía le incapacita a provocar un enfrentamiento con el Gobierno, aunque fuera por algo que es imprescindible para la Institución. Ah, bueno, queda la consecución del presupuesto "a su manera", es decir, más o menos por indirectas, como Gila. Bueno, pues ojalá le funcione.