Leo sin sorpresa alguna el informe del Diputado del Común, el Defensor del Pueblo en Canarias, en que señala que las quejas sobre los retrasos de la Justicia son las más numerosas de las que realizan los ciudadanos canarios. No me sorprende nada, ya digo. Sin embargo, el Diputado no puede hacer nada al respecto:
"Manuel Alcaide, respecto a las quejas sobre el funcionamiento de la Justicia en Canarias, recordó que los defensores del Pueblo en España no tienen jurisdicción sobre las administraciones de Justicia porque son órganos independientes y dependen el Consejo General del Poder Judicial (CGPG)."
De acuerdo que él no puede hacer casi nada. Pero se pueden (y se deberían) hacer cosas muy importantes para arreglar el problema. Empezando por despolitizar el CGPJ, para poder llamarle de verdad "independiente"; continuando por despolitizar la Fiscalía; y pasando por cambiar el proceso penal, responsable principal de que en España vayamos camino del 1.250.000 asuntos pendientes a final del año pasado.
De todas maneras, no hay en este momento en España nadie (al menos hasta después de las próximas elecciones generales) en condiciones de afrontar una reforma con un calado semejante. Luego, seguramente, quien esté en esas condiciones no querrá asumir su realización, que supondría enfrentarse con las consecuencias de sus propias decisiones pasadas. Pero ahora mismo no queda sino esperar indignadamente.
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