¿COPAGO?

Entre las soluciones que se esbozan para desatascar la Justicia en España (más de un millón de asuntos pendientes de tramitación en cada jurisdicción, civil y penal), alguien ha apuntado la posibilidad del copago, es decir, de exigir una tasa para acudir a la jurisdicción.  La medida no ha generado una reacción adversa unánime, ya que varios colectivos profesionales se muestran partidarios de la misma.   No vendrá mucho a cuento, pero todavía me acuerdo de los Secretarios de arancel y de la diligencia con la que manejaban sus Juzgados (por la cuenta que les traía).   De todas maneras, creo que -en el ámbito de la justicia penal-  la solución no está en el copago, sino en la adopción de un proceso penal razonable e inspirado por el sentido común.   Quizá a alguien el coste procesal le pueda ahorrar la interposición de un recurso, pero creo que esa no es la cuestión.   El problema está en acabar con la instrucción contradictoria, instaurar un proceso en el que el Juez lo sea de garantías y que el Fiscal tenga margen para decidir si investiga o no.    Un proceso en el que la mediación con las víctimas y los acuerdos procesales revestidos con todas las garantías sean nucleares. Para ello será preciso previamente profundizar en la despolitización de la Fiscalía, regular el sistema de nombramientos (para evitar arbitrariedades que terminan sometiendo el criterio de los Fiscales) y dotar de mayor autonomía a los Fiscales en el ejercicio de sus funciones respecto del FGE.  Todo lo que no sea ir en esa dirección, creo que son simpáticas ocurrencias que quieren enmascarar la realidad: nuestra Justicia no está preparada para las necesidades de los ciudadanos del siglo en que vivimos ni al entorno territorial en que estamos situados.