REFORMAR EL ESTATUTO ORGÁNICO

Si realmente el PP quiere una Fiscalía independiente y defensora de la legalidad no basta con el nombramiento de Eduardo Torres Dulce.  Es verdad que a Eduardo le llevo escuchando la necesidad de esa independencia como paso necesario para actuar imparcialmente desde que me daba clases en la antigua Escuela Judicial, hace más de 27 años.  Pero no basta con un nombramiento.   Hace falta un cambio en el Estatuto, y un cambio de mentalidades y hábitos de actuación.  Un cambio que establezca la necesidad del mayor consenso posible en el nombramiento del Fiscal general.  Un cambio que garantice que el Gobierno no puede dirigir instrucciones al Fiscal general y mucho menos instrucciones para asuntos concretos (con sanciones incluidas, en tal caso); un cambio que establezca un plazo -para el Fiscal- diferente del que marcan los tiempos políticos parlamentarios; un cambio en el cual se garantice la no represalia (por la vía del veto en los nombramientos u otro tipo de castigos profesionales: recuerdo un caso, por ejemplo, en el que se habló de "cambio de pupitre", cuando se trasladó a un Fiscal del Supremo de Sala por discrepar de su jefe con apoyo de la Junta) de los fiscales que cuestionen por la vía estatutaria las órdenes del Fiscal General.  Y para ello es preciso que haya mayor transparencia en el funcionamiento del Consejo Fiscal, unido a una mayor asunción de competencias de dicho órgano y quizá de una revisión del modo de elección de los vocales para evitar mayorías absolutas que no responden a esas proporciones en la Carrera.

Si se crea un ambiente de mayor libertad en el seno de la Carrera fiscal (pensemos, por ejemplo, que el Ministerio ha impedido deliberadamente la creación de un canal de comunicación entre los Fiscales como el que supuso la activación de las protestas -y la huelga- de los Jueces en febrero de hace dos años);  si finalmente se asienta ese nuevo clima, y se consolida realmente una independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno, nuestra Justicia penal habrá entrado en el camino correcto; nuestra democracia ganará en calidad; disminuirá la corrupción (porque se perseguirá sin obstáculos, temores ni recelos) y se habrán creado las bases para mejorar la eficacia de nuestra Justicia penal.   Tengo todavía que verlo, claro -mis reticencias a lo que dicen los políticos son antiguas y creo que muy justificadas-, pero si algo así ocurriera estaríamos ante un cambio histórico.