Desde que ingresé en la Fiscalía, hace ya muchos años, he defendido la necesidad de que el Fiscal fuera independiente del Gobierno. La razón de esa necesidad es la de que el Fiscal pueda actuar en todo caso con imparcialidad, lo que no es posible si debe obediencia al ejecutivo. Pero en realidad, tras la imparcialidad, está la satisfacción de otra necesidad más importante, de la que aquella es instrumental: que la ley se aplique igual para todos. Para todos significa para todos. Es decir, que nadie, por importante que sea su cargo institucional; por relevante que sea su posición en el sistema financiero; por su condición de ministro o exministro; por su parentesco con tal o cual figura institucional; por su calidad de juez o de fiscal..., nadie está por encima de la ley. Solo un fiscal imparcial puede garantizar que eso sea así. Y aún con la imparcialidad, no basta. Porque el Fiscal ha de ser diligente; ha de investigar: raramente se encuentra lo que no se busca; ha de tomar la iniciativa en la búsqueda de la verdad. Si no lo hace así, si se limita a esperar a que alguien le haga el trabajo, en mi opinión no cumple con su función de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" que señala la Constitución.
Hace unos años un fiscal jefe anticorrupción que entendía que la iniciativa en la investigación correspondía al Ministerio Público fue pura y llanamente depurado llegándose a cambiar el Estatuto del Fiscal para poder hacerlo. Hoy, nueve años después, echo de menos la energía de aquel Fiscal extraordinario. Y pienso que menos abusos se hubieran cometido si su ejemplo se hubiera generalizado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario