Una reciente encuesta del CIS -de la que se han hecho eco con profusión los medios de comunicación- pone de manifiesto la bajísima opinión que los españoles tienen del funcionamiento de la Justicia (ver la página 55 del informe que enlazo). El 74 por ciento de los españoles consideran que funciona poco o nada satisfactoriamente, mientras un 12,4 por ciento no contesta a la encuesta. De manera que todavía hay una minoría que opina que la Justicia funciona muy bien (0,8) o bastante bien (11.6). Son resultados para pensar en cambiar muchas cosas. No en vano hay -solo en la Justicia penal- más de 1.140.000 asuntos penales pendientes a finales del año pasado.
En mi opinión, mucho más urgente que modificar el Código Penal (que pronto llegará a la treintena de reformas desde 1985), sería introducir una reforma procesal penal radical, que atribuyera al fiscal la investigación; que estableciera plazos tasados de duración de las investigaciones; que introdujera el principio de oportunidad reglada en la acusación; que renunciara a la investigación contradictoria; que instituyera un Juez de garantías para la investigación; que regulara la proporcionalidad en la investigación. En fin, cosas que hay ya en toda Europa y en muchas otras partes del mundo.
Por lo que a la Fiscalía se refiere, habría que pensar en introducir un cuerpo de Ayudantes del Fiscal, como también ocurre en muchos lugares de Europa; estudiar un trasvase de efectivos entre las Carreras Judicial y Fiscal; despolitizar la Fiscalía de una vez para garantizar la aplicación igual de la ley para todo el mundo. Y potenciar el mérito y la capacidad en las Carreras Judicial y sobre todo Fiscal (la arbitrariedad aquí es mucho menos revisable que en la judicatura), que alentara y estimulara de una vez el estudio y el bien hacer, en lugar de lo que ahora tenemos.
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