Estoy preocupado por el anuncio de ayer en El Mundo de la creación de una "célula de crisis" en relación con las pretensiones de independencia de algunos partidos en Catalunya. No, naturalmente, porque el Gobierno no tenga derecho a ello, sino porque incluye en la misma al FGE. Se que la creación de la "célula" ha sido desmentida por el Ministerio de Justicia, pero la información del periódico tenía demasiados detalles: hoy he esperado una rectificación del periódico, pero no dicen nada, ni siquiera recogen el desmentido del Ministerio. En todo caso, la mera noticia -aún siendo errada- creo que no facilitará el trabajo de los fiscales en Catalunya, y que sean percibidos como lo que son, como profesionales imparciales y no involucrados en la lucha política. No vendría mal un desmentido de la FGE, en mi opinión; y quizá una aclaración de las asociaciones en el Consejo Fiscal: si yo estuviera ahí de seguro que la pediría.
Pero hoy quiero comentar un paso que a instancias del FGE se da para añadir unas mayores dosis de objetividad en los nombramientos: me ha llegado una notificación de la Inspección por la que se me convoca -como peticionario a la Jefatura de la Fiscalía de Barcelona- a una entrevista en el Consejo para explicar mi programa de actuación. Es un paso positivo, que me anticipó el FGE cuando tomó posesión de su cargo, y que recoge una de las cosas que la APIF llevaba en su programa a las elecciones al Consejo. Saludo por tanto el gesto, que no fue capaz de realizar ni el anterior FGE ni tampoco impulsar la UPF en la anterior etapa. Quedan sin embargo muchas más cosas para que el sistema de nombramientos sea mínimamente objetivo. No hablo de que sea necesario obtener consensos amplios entre los vocales (eso provoca el cáncer de los repartos, de los 1-1-1 o de las componendas). Hablo, por ejemplo, de que los nombramientos sean motivados; de que en el caso de las Jefaturas, las Fiscalías puedan ser oídas mediante votación anónima sobre sus preferencias, especialmente en las renovaciones; de que haya una publicidad mínima (al menos para los candidatos) de los programas y currículums de los demás aspirantes con la finalidad de poder impugnar en su caso con fundamento las decisiones. En fin, algo normal me parece a mi, en un sistema en el que se aspira a que "el mérito y la capacidad" prevalezcan.
De todas formas, insisto, el hecho es un avance y como tal debe ser percibido y elogiado.
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