Estimadas compañeras y estimados compañeros:
Desde el Comité Nacional de Huelga queremos hacer un llamamiento a toda la carrera judicial y fiscal para que el miércoles 20 de febrero ejerza su derecho constitucional a la huelga. Se trata de ejercer el referido derecho desde la responsabilidad y con la esperanza de contribuir a que la ciudadanía tenga la Justicia que merece, así como que jueces, magistrados y fiscales podamos obtener las justas reivindicaciones que exigimos en defensa de nuestro estatuto profesional y de unas condiciones de trabajo adecuadas. También nos encontramos en un momento clave, ante la reforma que se pretende del Consejo General del Poder Judicial, con la finalidad de subordinarlo al poder ejecutivo y limitar la independencia judicial.
El éxito de la huelga resulta necesario para poder obtener la mejora y modernización de la administración de justicia. Debemos recordar que las reivindicaciones de la convocatoria de huelga son ampliamente compartidas por las personas que integramos la carrera judicial y fiscal. Adjuntamos el manifiesto con las citadas reivindicaciones, el cual podrá ser leído en las concentraciones que se celebren durante la jornada de huelga, en defecto del que pueda elaborarse por los representantes territoriales de las asociaciones convocantes. Lamentamos que el Ministro de Justicia haya sido incapaz de escuchar a las asociaciones de jueces y de fiscales y de abrir espacios de diálogo para la búsqueda conjunta de soluciones a todos estos importantes problemas. Ante esta situación, tenemos el deber de mantener y ratificar la convocatoria de huelga, así como llamar a todos los jueces, magistrados y fiscales a que la secunden y expresen su disconformidad con la situación actual. El éxito en el seguimiento de la huelga permitirá que, tras el 20 de febrero, podamos seguir buscando soluciones desde una posición reforzada, en beneficio de la ciudadanía y de las condiciones profesionales de la carrera judicial y fiscal.
Madrid, 18 de febrero de 2013
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES
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MANIFIESTO DE REIVINDICACIONES
Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión
pública:
1.- En el mes de octubre de
2012, la
Comisión Interasociativa de Conflicto, constituida por todas
las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la vista de los proyectos que el
Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas de los profesionales, de los
ciudadanos y de su propio programa electoral, inició diversas medidas de
conflicto solicitando del Ministerio:
A.- Un incremento
de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el
Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes,
Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y
Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de
Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja
litigiosidad. Es imposible que con ese escaso número de jueces se pueda hacer
frente a 9 millones de asuntos anuales.
B.- La
paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado
era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los
Jueces.
C.- Que se
mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos
conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos.
Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La
media europea está entre el 3 y el 4%.
D.- La retirada
del proyecto de Reforma de la
LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces y Fiscales.
Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real Decreto-Ley y
se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la supresión
automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados suplentes y 300
fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y fiscales (ya
tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos judiciales,
lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles dilaciones
que, por falta de medios, sufrimos hace años.
E.- Que no se
establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las tasas
no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han impedido e
impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para hacer valer
sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del “tasazo” hasta el momento
presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de litigios respecto
al año pasado. Tras la convocatoria de la huelga, el Ministro de Justicia ha
indicado que se va a proceder a una revisión de la Ley de Tasas Judiciales, sin
especificar de forma escrita el alcance que pueda tener esta hipotética
modificación. En todo caso, estas manifestaciones demuestran el carácter
precipitado, improvisado e injustificado con el que se aprobó la norma, como ya
denunciamos en su momento.
2.- Lejos de asumir su
responsabilidad en la politización del órgano de gobierno de los jueces, el
Ministro se ha limitado a culpar públicamente a las Asociaciones de tal
politización; y paradójicamente, para justificar ante los ciudadanos el
incumplimiento de su programa electoral, ha llegado a afirmar que la elección
de los Vocales por las Cámaras despolitizará el CGPJ.
3.- Determinados
acontecimientos que hemos conocido pueden hacer sospechar el fundamento último
de las reformas, el motivo oculto que las guía y el objeto que pretenden
conseguir: dominar el Consejo General del Poder Judicial, suprimir de facto la
independencia judicial (que, como la tutela judicial efectiva, se convertirá en
una mera declaración carente de contenido) e imponer a los jueces y fiscales un
trabajo inasumible que permita crear espacios de impunidad. Impunidad de la
que, por una u otra vía, se han de beneficiar los diversos implicados en casos
de corrupción extremadamente graves que estamos conociendo.
4.- Y es que, siendo el
indulto una medida de gracia excepcional, su concesión reiterada por parte del
Gobierno en contra del criterio del Juez o Tribunal Sentenciador y Fiscalía a
supuestos gravísimos (y especialmente a políticos condenados por corrupción)
tiene un alto coste: el escándalo de la ciudadanía, que constata la existencia
de esos espacios de impunidad. Precisamente por ello, la apuesta de nuestros
gobernantes es reducir el presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano
de Gobierno y reducir un 25% el número de jueces y fiscales del país que menos tiene en Europa; y a los pocos
que quedan, ponerles a sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad
en todos ellos. Así se ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima
investigación de los casos de corrupción (y también de todos los demás, aunque
estos no importen tanto al Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el
juez y fiscal sobrecargado, estresado y presionado cometa un error que lleve a
frustrar el fin del proceso. El objetivo que perseguimos es crear las
condiciones para que la
Justicia se aplique
por igual para todos los ciudadanos sin excepción.
5.- Expresamos
nuestra preocupación por el drama social de las ejecuciones hipotecarias y pedimos
soluciones efectivas para la protección de los afectados, en el ámbito del
trámite parlamentario de las propuestas e iniciativas legislativas que se están
abordando.
6.- Nos oponemos
a la privatización de los Registros Civiles para que se siga manteniendo como
un servicio público y gratuito, ya que lo contrario perjudicará a la economía
de los ciudadanos.
7.- Lamentamos
que el sistema preferido para arreglar los problemas de la justicia penal sea
el endurecimiento de las penas a través de improvisadas reformas del Código
Penal, colapsando así de manera recurrente fiscalías y juzgados.
8.- Las
Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses intentando negociar con el
Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar medidas que no supongan quebranto alguno
para el justiciable (concentraciones, paros de una hora...). Ante la
incapacidad del Ministro de Justicia para gestionar la crisis, hemos solicitado
ser recibidos por el Presidente del Gobierno, sin respuesta. Y por ello, sin
desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos obligadas a convocar esta
jornada de huelga con las siguientes reivindicaciones:
1.
Incremento de la inversión
pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios
materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de
acuerdo con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y
poder prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus
derechos fundamentales.
2.- Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del
Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar
la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a
convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.
3.- Derogación de la
LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, y
dotación inmediata de presupuesto suficiente para la designación de jueces y
fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta judicial y fiscal.
4.- Derogación de la
Ley 10/2012, o modificación urgente de la misma, a fin de que
las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a la tutela judicial
efectiva de los ciudadanos.
5.- Reforma de la Ley
del Indulto, porque en la actualidad incumple el deber de sujeción al derecho
de todos los poderes, propiciando la discrecionalidad política de forma
arbitraria, al no requerir explicación alguna para su concesión, y dejar sin
efecto las condenas.
No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen
preciso, en interés de la
Nación y de su imagen internacional, un fortalecimiento del
Poder Judicial, como último garante del Estado. Lamentamos que, a pesar de
haber expresado nuestra voluntad de desconvocar esta huelga si se hubiera
producido una respuesta institucional suficiente, por parte del Ministro de
Justicia no se haya adoptado ninguna iniciativa para desbloquear esta situación
de conflicto. Pedimos al poder político que abandone toda tentativa de recortar
las competencias del Consejo General del Poder Judicial y que el Ministerio de
Justicia empiece a actuar como un gestor competente, dotando realmente a la Administración de
Justicia de los medios personales y materiales imprescindibles, que mejoren la
paupérrima situación, en vez de recortar aún más los escasos medios con que
contamos.
Madrid, 18 de febrero de 2013
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA
DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES
Ha sido todo un éxito. Más del 60% está muy bien y habría que ver cuántos no se han declarado expresamente en huelga para no significarse o para que no les descuenten el sueldo.
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