COMUNICADO DE LA APIF A LA CARRERA FISCAL Y A LA OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA EXPULSIÓN DE UN FISCAL

COMUNICADO DE LA APIF SOBRE LA SEPARACIÓN DE SERVICIO DE UN FISCAL

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ante la separación de servicio acordada por el Ministerio de Justicia respecto de nuestro compañero Juan Antonio Frago, quiere manifestar a la Carrera y a la opinión pública, lo siguiente:

1)      Que tal como manifestamos en su día en una Carta abierta al FGE, creemos que la sanción de expulsión de la Carrera Fiscal es respecto de los cargos que se le reprochan al expedientado absolutamente desproporcionada.

2)      Con independencia de ello, que será una cuestión que deberá ser resuelta por los Tribunales de Justicia, queremos señalar que creemos que el procedimiento sancionador, especialmente ante el castigo disciplinario más grave que puede imponerse a un Fiscal, tiene graves deficiencias en lo que se refiere a garantías procesales.

3)      Sorprende, por ejemplo, que siendo preceptiva la audiencia del Consejo Fiscal antes de que el FGE proponga la sanción al Ministro –que es el competente para adoptarla- no se establezca la audiencia del afectado en dicho Consejo Fiscal, cuando si es preceptivo escuchar al Inspector, que es quien eleva la propuesta de sanción al Consejo Fiscal.  Es decir, los vocales escucharon a quien proponía la sanción, pero no a quien iba a ser sancionado.

4)      Sorprende también que no sea preceptivo el escuchar al expedientado por el Fiscal General o por el Ministro antes de adoptar la sanción disciplinaria más grave que se puede imponer a un fiscal.

5)      En el caso concreto, resulta que la ofendida por la conducta de Frago, su Fiscal Jefe, es vocal del Consejo Fiscal, de manera que todos los vocales la conocían –llevan trabajando con ella tres años- pero casi nadie conocía a Frago, por lo que era más necesaria en nuestra opinión la citación de éste para que pudiera explicarse.

6)      Además, todas las actuaciones relativas al expedientado, incluso concluido el expediente, han estado rodeadas de un secreto intolerable para la Carrera Fiscal que tiene derecho a saber cuales son los criterios de interpretación de las faltas disciplinarias que pueden determinar la expulsión de un fiscal.   El Consejo Fiscal necesita un cambio radical en su regulación, y en la APIF reclamamos -como hicimos en su día al FGE-lo siguiente:

a.      La gradualidad de las sanciones, de modo que no pueda imponerse como primera sanción la expulsión de la carrera si los hechos no son tan extraordinariamente graves, como en este caso, no lo aparentan;

b.       La audiencia oral y presencial del fiscal interesado ante los órganos competentes para proponer o informar la sanción, en particular, ante el Consejo Fiscal en los supuestos de su competencia;

c.        La intervención en los expedientes disciplinarios de un fiscal adicional o de un representante de otra institución pública en garantía del cumplimiento de la legalidad y de los derechos de los interesados, tal y como se regula en el régimen disciplinario judicial;

d.      La regulación de las incompatibilidades entre las funciones de jefatura,  las representativas, las de provisión de cargos  y las disciplinarias en el Consejo Fiscal, de modo que no sea el mismo órgano que informa el  nombramiento de jefes el que decida posteriormente sobre los expedientes disciplinarios originados por presuntas insubordinaciones frente a esos mismos jefes. A estos efectos, la mera abstención formal en un órgano tan reducido no supone suficiente garantía de no contaminación del resto del mismo.

e.       Una modernización en su funcionamiento que establezca para los fiscales las mínimas garantías que los fiscales procuramos para el común de los ciudadanos.

Madrid, a 5 de abril de 2013