ANTE UN CAMBIO EN EL ESTATUTO DEL MINISTERIO FISCAL

Por mandato constitucional, el Fiscal ha de actuar "en todo caso" con arreglo a los principios de legalidad e imparcialidad.  Es claro que no se puede ser imparcial si se depende de alguien interesado en el proceso.   Por ello, los fiscales hemos reclamado durante décadas una "autonomía" que nos permita trabajar con libertad en casos en los que el poder pueda estar interesado.  Esa "autonomía" es lo más a lo más que llegamos, porque aunque no sea poco, no pedimos, como podría ser razonable, una independencia como la propia del poder judicial, especialmente si consideramos el futuro cambio de papeles en el proceso penal.  Además, es mayoritaria entre los fiscales la reclamación de autonomía para el Fiscal General del Estado respecto del Gobierno que le nombra, y no de los fiscales respecto de sus jefes (algo que a mi juicio habría que regular también).   Pero esa autonomía del FGE tiene un objetivo que choca estéticamente  con la confraternización con el poder político y económico.   Todos somos independientes profesionalmente de quienes no tienen poder alguno.   La autonomía se reclama respecto de quien tiene poder, especialmente poder político, y se reclama para actuar con profesionalidad, con imparcialidad (y por tanto, con libertad) fundamentalmente en casos de corrupción.   No se reclama para que luego no se ejerza, sino para que se actúe con energía en esos casos a que me refiero.   Solo eso confiere credibilidad a la Institución.  Esa autonomía exige un compromiso de quien la disfruta para combatir el crimen del poderoso.   A mi modo de ver -y desde el punto de vista legal- podríamos discutir si está garantizado que si el Fiscal General quiere actuar con libertad pueda hacerlo; pero no está garantizado el obligar al FGE a actuar en sentido contrario a su parecer desde dentro de la Carrera en ocasiones en que profesionalmente se decida que procede.    O en otras palabras, se confiere un gran poder a quien dirige el Ministerio Fiscal (con libertad casi absoluta para nombrar cualquier cargo con independencia de méritos profesionales) y se le confiere cierta autonomía (más nominal que real en mi opinión) respecto del Gobierno de turno.   Pero nada garantiza -más allá de la honorabilidad o competencia del elegido- la diligencia en su conducta para perseguir el crimen del poderoso.     El sistema de elección ya es un obstáculo (pocos políticos españoles elegirían como FGE a alguien en el que no confiaran para que pueda actuar luego libremente contra intereses propios).   Pero es que nada garantiza desde el punto de vista interno, de la Carrera Fiscal, que el FGE haya de rendir cuentas, rendir su criterio, o afrontar responsabilidades.   Si el Fiscal General decide que no se investigue, no se investiga; que no se recurra, no se recurre.  Que no se acuse, no se acusa.    Y son cosas que el Fiscal General puede hacer, porque tiene un enorme poder dentro de la institución y en el ámbito operativo de la Justicia.  No hay contrapesos internos, no hay mecanismos para obligar a actuar al FGE contra su criterio, ya que siempre éste acaba prevaleciendo.   Ello -unido a la discreccionalidad de la que antes hablaba- produce además una sensación de esterilidad entre los fiscales de cualquier defensa de criterios contrarios a la jerarquía: están condenados al fracaso, aunque encuentren solidaridad y afecto entre los compañeros.  Puede ser razonable que se le confiera al FGE autonomía respecto del Gobierno y un poder casi absoluto en la Fiscalía; pero ello ha de conllevar una responsabilidad porque ese poder se le confiere con un fin principal, aunque haya otros: para luchar sin ataduras en la delincuencia del poderoso, o en aquellos casos en los que el poderoso tenga intereses.   No están reguladas las correcciones internas (en el seno de la propia Fiscalía) a la traicion del FGE a esa confianza que el ordenamiento jurídico le confiere al darle autonomía en su actuación.    A mi juicio, al tiempo que hay que proteger mejor la posición del FGE respecto del poder, hay que proteger mejor a la Fiscalía, a la Carrera Fiscal y a la Justicia española de hipotéticas desviaciones en la actuación del FGE.     Por supuesto, hago abstracción aquí de situaciones presentes o pasadas.   Es esta una reflexión relativa a la posición del Ministerio Fiscal y espero con interés -pero sin mucha confianza- el nuevo Estatuto del que tanto se habla, surgido de la propia FGE, a ver si tiene algo de este razonamiento mío, o no.