UNIDAD CENTRAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Desde el Consejo Europeo de Tampere, hace ya muchos años, la idea dominante en la cooperación judicial penal en Europa es la de eliminar controles entre las autoridades concernidas.  Es decir, que las comunicaciones entre jueces y fiscales encargados de asuntos que requieran de la ayuda de compañeros de otros países se realice de manera bilateral y directa.   La Unión Europea crea mecanismos e instituciones para facilitar eso: se crea la Red Judicial Europea (a la que pertenecí durante varios años), los Magistrados de Enlace, la normativa de Buenas Practicas en cooperación, o Eurojust (que es un organismo europeo, pero cuyas delegaciones son elegidas por los Gobiernos; eso determinó la increíble Instrucción 3/2011 que establece reservas de comunicación al Fiscal o Juez elegido para dirigir la oficina española de Eurojust en La Haya, en los casos de secreto sumarial, mermándose así desde la misma Fiscalía las posibilidades de cooperación efectiva en la cooperación penal), con sus dos Decisiones.  En la misma línea se avanza con otros instrumentos comunitarios como el reconocimiento mutuo de resoluciones, el Convenio del 2000 y su Protocolo (en el cual yo formé parte de la Delegación Española durante muchos meses para su elaboración), o en las recientes tramitaciones europeas sobre configuración de Eurojust y Fiscalía Europea.   Quiero decir, sin darme pisto, que conozco un poco la materia.   Pues bien, esa idea germinal de suprimir o disminuir la influencia de la Autoridad Central, tradicionalmente los Ministerios de Justicia, se está diluyendo en la Fiscalía con la creación de otra Autoridad Central.  Ahora, aquí.   Cambiamos de patrón en materia de cooperación penal, y este parece ser particularmente exigente.   La Nota interna de la Fiscalía sobre viajes al extranjero (remitida a todos los fiscales y que yo -como es natural- acataré a rajatabla), es particularmente expresiva de lo que digo.   La instrucción establece que todo viaje que se realice al extranjero por un Fiscal en el ejercicio de sus funciones ha de pasar por la Unidad de Cooperación Internacional.  Lo pague o no el Estado Español.    Incluso se recuerda lo que todos sabemos, que no te puedes marchar al extranjero sin pedir permiso, cuando viajes por tu cuenta.   No habla de las vacaciones, menos mal. ¿Para qué todo eso?  ¿No basta con que el Fiscal del asunto, o su Fiscal jefe, o el Fiscal de Sala Especialista haya considerado la actividad necesaria? ¿No basta con que el Ministerio haya autorizado el desplazamiento cuando tiene que pagarlo?  ¿Que valor añadido tiene esa necesidad de autorizaciones, canalizaciones y permisos de la Unidad de Cooperación?  Sin duda debe ser algo muy importante, pero yo no lo acabo de ver.    Este sistema de centralización es nuevo; hemos sobrevivido sin él muchos años; nuestra aspiración hace unos años era la de poder trabajar en régimen de recíproca confianza de manera directa con jueces y fiscales de otros países en la lucha contra el crímen internacional.   Pero se erige poco a poco otra Autoridad Central.