Es muy importante que todas las asociaciones profesionales de la Fiscalía se incorporen a la exigencia contra la Administración (Ministerio de Justicia y FGE) de una regulación adecuada de los derechos a la prevención de los riesgos para la salud y seguridad en nuestro trabajo. Por eso, saludo personalmente esta pasión que desde el curso de la APIF sobre prevención se ha generado en la AF y la UPF. Sin embargo, en el mes de marzo, cuando la APIF demandó a la FGE y al Ministerio de Justicia por infracción de la normativa de prevención, y cuando defendía esa asociación el derecho a la resistencia reconocido en la ley (art. 21 de la LPRL) para los fiscales que vieran en grave riesgo su salud por falta de medidas adoptadas por la administración, la UPF llegó a considerar delictivo el ejercicio ese derecho, ni más ni menos. ¡Que tipos! Solo se explica porque ellos ahora se confunden con la FGE, con el Gobierno y con el PSOE, de una forma en que nunca la Fiscalía hasta ahora lo había padecido - y que uno no podia ni imaginar-, y bien que les recompensan por ello. La AF, por su lado, fue más moderada y se limitó a desconocer ese derecho de los trabajadores. Pero ahora, tras el curso espléndido que ha dirigido Miguel Pallarés, la Carrera se ha dado cuenta de que hay una serie de derechos básicos que se desconocen para los fiscales -y solo para los fiscales-, desde hace 25 años. Se desconocen por los Gobiernos y Fiscales Generales, pero también por el Consejo Fiscal. 25 años. Estas prisas de ahora, ¿no suponen un reconocimiento implícito de que no se ha cumplido con las obligaciones asociativas, especialmente desde posiciones de poder? ¿Cuantos Fiscales de Sala, Fiscales Jefes, cargos variadísimos, han sido nombrados por los vocales durante esos 25 años? Muchos cientos, cuesta incluso hacer el recuento de los Fiscales Generales que ha habido. Pero nunca el Consejo Fiscal ha reparado que las cargas de trabajo tienen que ver con la prevención de riesgos, que los acosos tienen que ver con la prevención, que los derechos de fiscales embarazadas, o lactantes, o fiscales mayores o enfermos, tienen también que ver con la prevención de riesgos. Que es el puesto de trabajo el que ha de adaptarse al trabajador, y no al revés. ¿Cuantas veces el CF se ha desentendido de quejas sobre las distribuciones de trabajo, protegiendo a los jefes, y yendo a buscar una regulación al Reglamento franquista que habla de "equidad" en los lotes de trabajo en lugar de acudir a la normativa vigente? Estas asociaciones y sus vocales en el CF, no se han preocupado de nada de todo esto. Pero acumulando todo el poder en la Fiscalía al socaire del Gobierno afín de turno, se han dedicado a mantener exclusivamente su situación de poder, haciendo las concesiones necesarias al FGE de turno para seguir manteniéndolo y seguir aprovechándose. Para la Carrera Fiscal, en décadas nada ha cambiado a mejor, porque con esa actitud nada puede cambiar a mejor en la Fiscalía. Pero si -y mucho- para las élites de esas asociaciones que monopolizan los cargos más importantes en la Carrera, generando entre los fiscales la sensación de que no se puede hacer nada para cambiar las cosas, porque el poder lo reciben esas asociaciones de los políticos -a través del FGE de turno-, pero es un poder que no se atribuye para cambiar nada, solo para colocarse ellos y para que los Fiscales Generales tengan un arropo en el CF. Para cambiar las cosas hay que matener una actitud independiente del poder, no gregaria.
Ahora va a llegar un momento importante. Si el Ministerio y la Fiscal General no reaccionan de manera inmediata a nuestras reclamaciones sobre prevención de riesgos laborales, habrá que demandarles para que lo hagan. Veremos qué hace cada cual.
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