MINISTERIALES Y ANTIMINISTERIALES

Me llaman y escriben compañeros de diversas Fiscalías (Madrid, Baleares, Valencia, Audiencia Naciomal y alguna otra), señalando la indignación del FGE por el procedimiento del nombramiento de Teresa Gálvez como Corresponsal Nacional de Eurojust dado que no fue notificada la Fiscalía General previamente de dicho nombramiento por el Ministerio.   Incluso en alguna visita reciente a alguna Fiscalía comentó el tema a los compañeros.

María Teresa Gálvez, -para quien no lo sepa- es mi mujer.  El Ministerio la ha nombrado ante la evaluación que se va a hacer de España en esa institución a principios del próximo año, que el Ministerio tiene interés en que salga bien, como persona que conoce la materia y tiene experiencia como muy pocas en esta cuestión.   El nombramiento, como todos los de Eurojust es competencia exclusiva del Ministerio y puede recaer -como así ocurre- en jueces o fiscales.   De hecho, el Ministerio puede cesar sin dar ni razones a todos y cada uno de los miembros del staff de Eurojust, y hacerlo de un plumazo.  En el caso de este nombramiento no lleva aparejado ni cambio de destino, ni relevación de funciones ni retribución añadida.    Pero a juzgar por los emails que le han enviado a mi mujer algunos compañeros de cooperación en la Fiscalía, y por lo que leo que dicen esos compañeros de varios lugares, ha habido una falta grave por parte del Ministerio: no se ha comunicado el mismo previamente a la Fiscalía, lo cual Maria Teresa ignoraba porque no tenía porque saberlo ni podía influir en que se notificara o que no se notificara.   El Fiscal General -afirman algunos de sus subordinados- no sabía nada del nombramiento, y dicen esos subordinados que eso es un atentado contra la autonomía funcional de la Fiscalía en la que mi mujer estaría por en medio al nivel de un infiltrado ministerial.
Si a mi me hubieran nombrado algo así, y hubiera visto la reacción de algunos, hubiera hecho dos cosas: intentar hablar con el FGE, y hablar con el Ministerio.   La fiscal afectada es lo que ha hecho.  El FGE no ha podido contestar a sus mensajes y llamadas.  O sea, que no conoce lo que María Teresa tiene que decir.   En el Ministerio -al nivel que Maria Teresa puede hablar- le dicen que si, que naturalmente, que el FGE fue informado por cortesía institucional con mucha anterioridad al nombramiento, el que aquí se cuestiona y también se notificó previamente al CGPJ el de la Juez que ocupa ahora el puesto de número dos de Eurojust.  Le dan hasta detalles.

Pero no, nosotros somos fiscales.   Debemos creer lo que diga el FGE;  y aunque haya bastante lógica en lo que se dice en el Ministerio… no, somos fiscales.  Yo debo creer al FGE.

Si el Ministerio -cuyo titular es amigo del FGE y que de hecho fue su valedor para que fuera elegido en el cargo que ocupa- le ha ocultado el nombramiento de un fiscal a la Fiscalía General del Estado, es una falta de cortesía indudable; hasta de respeto; si es así, comprendo la indignación del FGE que creo que debe dirigirse con energía contra el autor del agravio, el Ministro -su amigo-, pero no contra María Teresa, que no tiene el poder de informar previamente a nadie, ni capacidad de defensa frente a las imputaciones de ciertos compañeros.   La Fiscalía en ese caso debería -en mi opinión, que naturalmente no pesa nada- recurrir el nombramiento; o mejor, dirigir una carta al Ministro quejándose con contundencia de esa falta de cortesía con la Fiscalía y hacer pública esa carta.     Si el Ministro admitiera la falta, entonces María Teresa -que en su puesto depende del Ministerio- debería dimitir fulminantemente, o al menos yo se lo aconsejaría.   No se ha hecho así en la Fiscalía, que yo conozca, pero ojala el Consejo Fiscal fuerce una acción en tal sentido por nuestra propia dignidad como fiscales; si yo estuviera en el Consejo, vaya si reclamaría una protesta de la Fiscalía ante el Ministro sobre la base de lo que afirma el FGE, a quien disciplinadamente debo creer.

El problema es que este asunto se utiliza por algunos fiscales para arrastrar el nombre de una profesional veterana, leal e intachable, en una cuestión en la que ninguna culpa tiene, dando pábulo a rumores y murmuraciones contra ella en lugar de reaccionar contra quien supuestamente realiza el agravio -en este caso, el Ministro-.  Eso está mal, y estoy seguro que el FGE estará de acuerdo. 

Sin embargo, el Ministerio de Justicia aunque a algunos no les guste, existe y tiene ciertas competencias exclusivas en materias que afectan a la Fiscalía que puede que no debiera tener, pero que la lealtad institucional obliga a respetar hasta que se cambien.  En su funcionamiento actual el Ministerio ha nombrado a la totalidad de los cargos que el FGE ha propuesto, casualmente pertenecientes los de mayor importancia a la asociación que el actual FGE había liderado durante dos décadas, factor que desde luego no contribuye a despolitizar la Fiscalía, en mi opinión.   El Ministerio ha llegado a ceder a la insistencia de la Fiscalía en nombramientos competencia exclusiva del Ministro. Incluso ha echado de la Carrera a quién el FGE ha pedido que echen.  Como bien se yo y padecí en mis carnes, el Ministerio de Justicia puede decidir no nombrar a quien el FGE propone, pero este Ministerio del PP no lo ha hecho jamás: en esto la sintonía es absoluta.   Además, el Gobierno tiene otras competencias como es la de nombrar o proponer a cargos (por ejemplo el del propio FGE) sin que la Fiscalía pueda decir ni mu.     ¿Habría que cambiar eso? Seguramente si, pero es lo que tenemos y disciplinadamente lo acatamos.

Pero, ojo, que quede claro, todos esos nombramientos no pueden servir de coartada para mermar la autonomía funcional del Ministerio Fiscal, que siempre ha de quedar a salvo ante faltas de respeto institucional como la que hemos visto aquí.  Creo que hay que exigir una reparación al Ministro, insisto; que quede claro que la Fiscalía no es ministerial a pesar de algunos se lo deban todo al Gobierno de turno.   Aunque también creo que la reacción de algunos compañeros (mi mujer ha recibido unos emails que dan vergüenza ajena) parece que obedece a otros propósitos diferentes, qué le vamos a hacer.   

Para mi, la razón esencial de reclamar la independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno es la de posibilitar la lucha contra el delito que afecta al poderoso.   No la concibo para otra cosa, y en términos profesionales yo no soy ni ministerial ni anti ministerial, salvo que el Ministerio condicione la lucha imparcial de todo crimen, incluído el del poderoso político o económico; es decir, salvo que se influya políticamente en la actuación profesional de la Fiscalía.    Esa es a mi juicio la cuestión nuclear.   Y por eso creo que la Fiscalía ha de ser independiente y ha de estar despolitizada  ¿Se ponen en peligro esos principios con la Corresponsal de Eurojust, que está a las órdenes de otro cargo ministerial, el Miembro Nacional de Eurojust?

Por cierto, no me divierten nada estas cosas.