Éste penoso asunto del maltrato al fiscal Ignacio Stampa tiene, sin embargo, una luz; alguien que actuó con integridad en el cumplimiento de sus funciones a la vista de la carta que el compañero Stampa remitió a la AF, su antigua asociación, explicándoles lo que le había pasado y que yo tomo como referencia para este comentario. Me refiero a Carlos Ruiz de Alegría, veterano fiscal curtido en mil batallas, teniente fiscal del TSJ de Madrid, buena persona, campeón de ajedrez, inteligente y discreto, como el afectado, que no ha dicho ni pío durante todo el padecimiento que le han hecho pasar.
El 8 de julio del año pasado le asignan a Ruiz de Alegría una denuncia de Vox por revelación de secretos remitida a la Secretaría Técnica, que se interpone contra Ignacio Stampa (y contra otras personas), en la causa conocida como Tandem -equiparable, en mi opinión, por su gravedad en la corrupción a las chapuzas de Strauss y Perlovitz, que terminaron derribando el Gobierno de Lerroux en la Segunda República-. Ruíz de Alegría se pone a investigar, de manera diligente, y ordena recibir declaración a diversas personas, incluidas las mencionadas en los medios de comunicación como contrapartes de los fiscales en el partido Podemos -José Manuel Calvente entre ellos, aunque no pudo declarar por la epidemia- y reclama diversa documentación disponible en el Juzgado sobre los famosos chats del equipo jurídico de Podemos. El día 5 de octubre acuerda, tras la investigación, en un fundadísimo escrito archivar las actuaciones; el Fiscal Jefe del TSJ asume ese criterio y lo remite como propuesta de archivo a la Secretaría Técnica, cumpliendo con lo señalado en el art. 25 del EOMF. Lo hace "para su conocimiento y aprobación", lo que va más allá de la letra del art. 25. ¿Porqué a la Secretaría Técnica? El art. 25 apartado segundo del EOMF dice que los fiscales "pondrán en conocimiento del Fiscal General del Estado los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer", luego esa comunicación a la Secretaría Técnica, es en realidad a la Fiscal General. Y las respuestas de la Secretaría Técnica son, en realidad, de la Fiscal General porque ninguna jerarquía existe entre la Secretaría Técnica y cualquier Fiscalía territorial.
El borrador de archivo se contesta por la Secretaría Técnica, "sugiriendo"-tal cual-, nuevas diligencias, entre ellas, que declare José Manuel Calvente, que no lo había hecho, y tambien el compañero de Stampa en Tandem, como testigo. Ruiz de Alegría acepta la "sugerencia" (que viene -como digo- de la autoridad de la Fiscal General, por vía de su segundo). Así que practica las nuevas diligencias "sugeridas". Tras la práctica de las diligencias "sugeridas", nuevo archivo de Ruiz de Alegría (23 de octubre), y nueva remisión del borrador del archivo aceptado por el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid a la Secretaría Técnica.
Antes de esa fecha, el día 16 de octubre, el Teniente Fiscal del TS, Luís Navajas, había mandado una carta a Stampa y se había disculpado en público por haber hecho unas declaraciones contra él, basándose en informaciones falsas que no comprobó en su día. Todo el mundo, y tambien, lógicamente el Instructor y la Secretaría Técnica, conocían el contenido de esa insólita disculpa. Además, hay un hecho relevante: el día 27 de octubre se celebraba el Consejo Fiscal donde Stampa no es confirmado como fiscal anticorrupción y por tanto, es apartado por la FGE de la causa Tandem, sin ningún apoyo en el CF, ni siquiera de su asociación. Es decir, el Instructor, Ruíz de Alegría, concluyó su investigación antes de dicho CF, perjudicando lo mínimo posible al compañero, pero la Secretaría Técnica, no.
Más de un mes después de tener el borrador del archivo (día 2 de diciembre, las fechas cuentan porque hay un fiscal sometido a unas diligencias de investigación penales que se mantienen vivas únicamente a instancia de la jerarquía), nuevas "sugerencias" de la Secretaría Técnica. Ruíz de Alegría, se niega a practicarlas. Dice, en una resolución, que son "estériles e inútiles para el esclarecimiento de unos hechos que entiendo meridianamente esclarecidos". El día 15 de diciembre, el Fiscal Jefe del TSJ, avoca la investigación, y, en contra de su anterior criterio sobre el archivo de las actuaciones, acepta practicar las nuevas "sugerencias", que como decía Ruíz de Alegría resultaron estériles e inútiles, y finalmente, acuerda archivar las diligencias el mes de febrero (cuatro meses más tarde de lo que quería el instructor). De esa avocación se dio cuenta, como es preceptivo, al Consejo Fiscal, pero no se trasladó al mismo la información relevante de las Diligencias que explicaban la avocación, como había pedido Stampa y le denegó el Fiscal Inspector.
Unicamente con el Decreto de avocación, es decir, de asunción del asunto por el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid, al CF le bastó para dar su aprobación. Una aprobación -a posteriori- que había supuesto la continuación de la investigación penal a un fiscal por hechos que el Instructor (y su Jefe, aunque esto no lo sabía el CF), en dos ocasiones, habían querido archivar porque no había elementos de prueba para seguir con la causa, tras practicar incluso las diligencias que le "sugerían" desde la Fiscalía General. Si la intervención del CF se ha de limitar a ver el Decreto que redacta el que avoca, creo que sobra el trámite.
Pero ahora la AF tiene toda la información: ojalá actúen los vocales en el CF y exijan las responsabilidades a que haya lugar, algo que yo, como fiscal, agradeceré sinceramente.
Es evidente que hace falta una regulación mucho más potente de los derechos de los fiscales, una exigencia mucho mayor en el Consejo Fiscal, y una conciencia mucho mayor entre los fiscales de que nuestros derechos profesionales son la garantía de una Justicia mejor y de la salvaguardia de los derechos de los ciudadanos: ayer fue Frago; hoy, Stampa y podía haber sido también su compañero, que se libró de la ignominia por esos azares de la vida, siendo tan inocente como lo era Stampa; pero mañana, cualquiera de nosotros o cualquier otro ciudadano si a la jerarquía de la Fiscalía se le mete eso entre ceja y ceja.
Y además, ante la reforma procesal que propone el Ministerio, me parece claro que con estos mimbres no es posible que la Fiscalía asuma la investigación criminal, porque los ciudadanos perderían ciertas garantías que hoy tienen con los jueces de instrucción. Las avocaciones, tal como están hoy, con las garantías que hay hoy; las "sugerencias" de la FGE, y no órdenes, que es lo que debe dar si considera que hay que hacer algo concreto, asumiendo entonces su responsabilidad; la falta de requisitos en los nombramientos, con poder absoluto del Fiscal General, que hace que todo el mundo sepa que lo mismo te pueden nombrar que te pueden cesar, lo que obliga en ocasiones a comportamientos extraños incluso ante meras "sugerencias" por parte de quienes quieren mejorar profesionalmente en la Carrera; todo ello resulta al final un desastre carente de garantías, no para los fiscales solo, sino para los ciudadanos. Podemos hacernos idea si imaginamos a una Audiencia Provincial revocando un auto de archivo de un Juez "sugiriéndole" la práctica de diligencias, y además, pudiendo echarle o promocionarle en su puesto cada cuatro años. Ridículo, ¿no? Pues esto es lo que ocurre aquí. Y es una lástima, porque la investigación por el Fiscal es, en el terreno de los principios, mucho más garantista que la Judicial. Pero con este Ministerio Fiscal hiper politizado y organizado sin ninguna garantía interna frente al poder de la jerarquía, ni de broma.
De todo esto, sin embargo, Ruíz de Alegría, con un valor -comparado con otros- como el de un espartano en las Termópilas, sale robustecido. Porque está claro que la Institución funciona, en su integridad, como un martillo pilón si se trata de imponer un criterio, incluso si es un criterio injusto o arbitrario. Un martillo que solo puede encontrar como resistencia la actuación profesional de fiscales individuales que obren con el coraje y la integridad necesaria.
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