REGULEN LA ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Se anulan muchas sentencias en el Tribunal Supremo por escuchas telefónicas practicadas sin respetar los requisitos establecidos por la propia jurisprudencia.   Ya he dicho en otras ocasiones que en mi opinión ello es debido a que el Juez de Instrucción, a la vez que garante de los derechos del investigado tiene que averiguar lo que ha sucedido, lo que supone a veces un conflicto que resuelve erróneamente.   Pero resulta lamentable que una materia como esta, que afecta a varios derechos fundamentales, carezca de regulación legal.  El art. 579 de la LECr., es el precepto básico para fundamentar una intervención de las comunicaciones, y es evidente que resulta absolutamente insuficiente.   Lo triste es que es una cuestión de pereza legislativa.  No es complicado regular la materia, porque hay un buen número de paquetes de doctrina en el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional así como en los Tribunales de derechos humanos, amén de legislaciones -como la alemana, por ejemplo- que regulan con minuciosidad los requisitos, los delitos en cuya investigación pueden adoptarse las intervenciones, los plazos y la competencia para adoptarlas, así como los recursos.   Aquí, en España y 2012, nada.  Ahora, al hilo de la Sentencia que ha de pronunciar el Tribunal Supremo en el asunto Garzón, habrán de fijarse nuevos límites a las intervenciones telefónicas.  Pero realmente no es de recibo que esta materia esté abandonada a la interpretación jurisprudencial y huérfana de una normativa mínimamente aceptable.

DERROCHE DE DINERO PÚBLICO

No puedo estar más de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer el Ministro de Economía de castigar penalmente a los gasten más dinero público del que permite el presupuesto.  Algunas cosas han cambiado con la moneda única, y entre ellas, que el control monetario no está en manos nacionales (con la posibilidad de devaluaciones de la moneda o de emisión de moneda).  Ahora hay que someterse a una disciplina presupuestaria que nos imponen desde fuera.  Esos administradores de dinero ajeno que -derrochando el dinero que administran- han puesto a España contra las cuerdas, disparando el déficit, poniendo en solfa la solvencia de nuestro país, comprometiendo incluso el sistema de pensiones, hacen objetivamente un daño mayor que si simplemente robaran el dinero público.  Todo ello es evidente cuando además quienes actúan así lo hacen ocultando la existencia de deudas contraídas, escondiendo facturas o falsificando la contabilidad pública.

No estaría mal tampoco, que los partidos políticos responsables de la colocación de un individuo condenado por corrupción, malversación de caudales públicos u otro delito de corrupción, fueran considerados responsables civiles respecto de las cantidades defraudadas, salvo que ellos mismos hubieran denunciado al infractor. Ello les obligaría a actuar con mucho cuidado a la hora de elegir a quien ha de administrar bienes públicos, y sobre todo excitaría su celo a la hora de denunciar a los corruptos que aparecieran entre sus filas.

Los interventores van a tener que estar ahora muy atentos.

PIDEN OTRO PACTO DE ESTADO

Leo que la portavoz del CGPJ acaba de demandar de los partidos políticos un Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, cuyo modelo es en España "obsoleto y anacrónico".   Yo he visto ya el fracaso de varios Pactos de Estado por la Justicia. Probablemente esta materia merecería un Pacto global de las fuerzas políticas y que nuestro modelo organizativo de la Justicia es malo, y nuestro modelo procesal penal es muy malo.   Sin embargo, a mi me suena esto -tras la mayoría absoluta del PP- a cortina de humo para dilatar la reforma del Consejo.  En este momento, y en relación con el CGPJ yo preferiría que el PP cumpliera con lo prometido en la campaña electoral: cambiar el sistema de elección de los vocales y volver al sistema anterior a 1985.   De esta manera, por lo pronto, la influencia política en el Consejo disminuirá de manera muy grande.   Ya no sería posible, por ejemplo, que el Presidente del Consejo fuera elegido desde el Gobierno, antes de que saber el nombre de los vocales que legalmente han de elegirlo, como ha sucedido hasta ahora.

Y las dos asociaciones judiciales más vinculadas a los partidos políticos (APM y JD) irían poco a poco entendiendo que su influencia ya no iba a venir de los partidos, sino de los jueces que eligieran a sus representantes en el Consejo.  Quizá así, poco a poco, ya digo, fueran desvinculándose de Génova y Ferraz.  

TANTA CORRUPCIÓN

Tengo especial aversión hacia los corruptos.  Y hoy, en España, estamos viendo demasiados casos de corrupción.   Desde Presidentes de Comunidades Autónomas hasta individuos que reconocen gastarse en cocaína fondos públicos, pasando por extrañas contrataciones, donaciones, malversaciones e infracciones fiscales de todo tipo, por no hablar de algún juez condenado por cohecho (aún más repugnante todavía).   Abrir el periódico hoy causa desazón, con un mínimo de sensibilidad en relación con estos temas.   A mi me parece que no ha calado suficientemente la idea de que un corrupto es un estafador de los ciudadanos, un tipo despreciable que causa un daño muy superior al beneficio que él obtiene de su delito.  Ahí no habría de haber banderías: ningún partido debería proteger a los corruptos que aparecieran en su seno y ningún corrupto debería contar con otra cosa que el desprecio incluso de dentro de sus filas.  Desgraciadamente, las cosas no son así; la colaboración para su castigo, la denuncia de esos sinverguenzas casi nunca proviene de las filas en las que militan.   Antes de eso, se cierran filas, se les protege, se ponen las manos en el fuego y se sugieren persecuciones o conspiraciones de todo tipo.   No se, creo que estamos ante un problema muy grave del que se habla menos de lo que se debería.

También creo que nuestro sistema procesal tiene que mejorar mucho para ser eficaz contra esta lacra: fueros, privilegios, millones de causas pendientes (o en tramitación), politización de la Justicia, falta de medios, estrechas posibilidades para la conformidad, falta de recursos para recuperar lo sustraído, falta de alicientes procesales para ello, escasa protección a testigos... En fin, muchas cosas que podrían mejorarse.

Por cierto, he notado en mi Fiscalía una muy mayoritaria satisfacción por el nombramiento del nuevo FGE.

MEDIDAS ANUNCIADAS

Escuché ayer al Ministro de Justicia insinuar la habilitación del mes de agosto para celebrar juicios.   Me parece bien: con el montón de asuntos penales pendientes que hay en España, hay que tener imaginación y explorar zonas que hasta ahora se habían abandonado.  Sin embargo, harán falta muchas más cosas para sacarnos del foso, y el cambio de procedimiento y el cambio de mentalidades serán inevitables.    Por otra parte, el Ministro del Interior anuncia el endurecimiento del castigo de la multireincidencia y la facilitación de la expulsión del extranjero que delinque.  No se como lo van a hacer eso de la multireincidencia, pero recuerdo que el Código Penal lleva 26 modificaciones desde 1995 (particularmente recordadas por su dureza las 5 del año 2003), que ya hay preceptos que contemplan la agravación de la reiteración de conductas ilícitas -incluso elevandose de falta a delito en algunos casos- y que España está a la cabeza del número de presos por 100.000 habitantes (tenemos alrededor de 75.000 presos actualmente) habiendo ya trabajos sobre el particular (ver los gráficos de la página 12).   El coste de mantener a un preso es elevado (si no recuerdo mal, eran hace unos meses de 45 euros diarios), factores que determinan que otros países opten por otro tipo de medidas (la expulsión de extranjeros delincuentes es frecuente) en lugar de encerrar a más y más gente con el sufrimiento que se causa al preso y sus familiares, con los efectos contrarios a una posible reinserción y además con el coste que ello supone.   Medidas como la conciliación con la víctima, como los trabajos en beneficio de la comunidad (bien organizados y que realmente se hagan) o de la libertad vigilada (auténticamente vigilada) podrían ser algunos de los remedios alternativos a la prisión en delitos menores.   De todas maneras, me temo que esto está más ligado a la ideología que a una valoración técnica de la situación, así que a prepararse.

LA JUSTICIA IGUAL PARA TODOS

Hemos oído al Jefe del Estado afirmar tal cosa hace unos días, y realmente puede compartirse -con matices- la afirmación si se entiende de esta manera: si se prueba que alguien ha cometido un delito, la ley en España se aplicará por igual para todos. Ahora bien, ¿puede sostenerse que nuestra LECr. garantiza una investigación igual para todos? Creo que no. Las inmunidades e inviolabilidades son el primer obstáculo. Para investigar a un parlamentario hace falta el suplicatorio, y la necesidad de hacer público el propósito de investigar elimina la sorpresa (la posibilidad de pinchar teléfonos, intervenir correspondencias o buscar en inmuebles). Por tanto, es muy dificil investigar a parlamentarios en el tipo de delitos complejos que en sus funciones es imaginable que cometieran. Además, están los aforamientos, cuestión que se conecta inmediatamente con la politización de la Justicia. ¿Porque hay necesidad de establecer cuotas políticas en el CGPJ? ¿Porque esa resistencia tradicional a despolitizar la Fiscalía? Quien desde la política controla a la Fiscalía puede intentar controlar algo muy importante, que es la información de que dispone el Fiscal; y conociendo dicha información puede pretender sustituir el criterio del Fiscal con arreglo a sus propias valoraciones. Por eso es tan contrario a una Justicia igual para todos, que el Fiscal no tenga autonómía respecto del Gobierno. Sin duda alguien dirá que puede ser bueno para otras cosas, pero yo afirmo que para la Justicia es un riesgo muy grande, y desde luego, devasta la imagen de imparcialidad de la institución. La primera y más importante tarea que tiene la Fiscalía por delante es recuperar su imagen de imparcialidad y de neutralidad política. Y luego muchas más cosas, pero esa para empezar. ¿Y porqué ese interés en dominar políticamente la mayoría del CGPJ, porqué ese empecinamiento y bloqueo entre los bloques ideológicos en su seno en relación con ciertos nombramientos para el Tribunal Supremo o los TSJs?. ¿Porqué el intercambio de cromos que hemos tenido que ver en ocasiones?

Y luego, aunque obviamente ya no es cuestión de Justicia, sino de gracia, está la cuestión de los indultos.

A mi me parece que nuestras leyes de orgánicas y de enjuiciamiento no están diseñadas para garantizar la veracidad de la afirmación del Jefe del Estado. Y por eso -además de razones de pura técnica procesal- creo que necesitan un cambio.

QUIZÁ ALGO VAYA A CAMBIAR

Me gusta el elegido para Secretario de Estado de Justicia. Conozco a Fernando Román desde que estuvimos juntos en la Fiscalía de Madrid, y deje de verle con frecuencia cuando aprobó las oposiciones de lo contencioso. Pero es un tipo competente y del estilo que describen los anglosajones como "open minded". Puede ser un buen escudero de un Ministro que quiera cambiar las cosas. Me dicen, además, que han nombrado al Fiscal General dándole garantías de que podrá obrar con plena autonomía, con partidas presupuestarias propias y con libertad para trabajar. Siempre he defendido ese modelo de separación de la Fiscalía respecto del Gobierno, así que reconozco que con estas informaciones me estoy animando. Ojalá la cosa salga bien.

HACHAZO

Hay tres maneras de que mi sueldo disminuya: o que me lo congelen y haya inflación; o que me lo bajen; o que me suban los impuestos. Pues en estos dos últimos años he conocido las tres modalidades. Ahora, con congelación y subida de impuestos (por cierto, sin aviso previo en la campaña electoral, a tan solo 10 días de la investidura). Yo me compadecía de los colegas griegos a quienes bajaban el sueldo hasta un 20 por ciento. Pues bien, ya no estoy lejos respecto de mi nómina de mayo de 2010. Cada día tengo más claro que falta un tipo penal en nuestro Código, que castigue al administrador de caudales públicos que genere déficit en su gestión (es decir, que o gaste o comprometa el gasto de lo que no tiene). Porque esas conductas en estos tiempos en los que el control de la política monetaria está en Europa hacen más daño que si robaran directamente el dinero.

Cuando veo a comunidades tradicionalmente fuertes económicamente, aplazar las pagas de los funcionarios, o cerrar hospitales y universidades en vacaciones, no puede evitar pensar que merecen un castigo los responsables incluso aunque no hayan robado.

Y me gustaría también, ya que estamos, ver muchos menos coches oficiales llevando a gente a sus trabajos. Y todo ello desde el convencimiento de que la organización actual del Estado es demasiado cara, y que el ahorro significativo debería de producirse ahí. Pero es más sencillo atacar las nóminas. En fin.

EDUARDO TORRES DULCE

Vengo defendiendo que la misión de la Fiscalía no debe ser la de arreglar los problemas de la Fiscalía, sino contribuir a solucionar los de la Justicia desastrosa que padecemos.   Hoy está en todos los periódicos que Eduardo Torres Dulce va a ser nombrado Fiscal General.   En algún medio se supedita el nombramiento a que lo acepte.   Ojalá lo haga.   Tengo con Eduardo -además de una gran amistad enfriada en el tiempo- diferencias grandes sobre la posición del Fiscal en el proceso penal.   Y alguna otra diferencia por hechos del pasado, unidas a varias otras cosas que debo agradecerle y le agradezco.    Creo que algunas cosas que necesita la Fiscalía las solucionará de manera natural; la supeditación al sentido común de la generalidad de las decisiones, y una corrección de la arbitriedad imperante hasta ahora; los defectos de organización, así como mayor concesión a la independencia de criterio de los Fiscales por no hablar de la rectificación de alguna de las recientes Circulares o Instrucciones dictadas por la FGE de deficiente calidad.  Los resultados en las elecciones del Consejo Fiscal muestran que es el hombre fuerte de la Carrera.  Creo que es bueno que alguien así esté al frente de la Fiscalía.   Especialmente si llega fortalecido por la promesa electoral del PP de dotar de independencia al Ministerio Fiscal.  De verdad, no veo a Eduardo acatando a estas alturas de su vida y con la categoría que ha alcanzado, órdenes del Presidente del Gobierno o del Ministro, o incluso del Director General de Justicia (como tuve la desgracia de ver en el pasado con algún otro Fiscal General).  Ahora bien, el reto fundamental en la España de hoy no es el arreglar esos problemas recurrentes de la Fiscalía, sino colocar al Ministerio Fiscal en posición para contribuir con eficacia a reducir el número de asuntos penales pendientes (casi 1.200.000), agilizar la Justicia, mejorar el servicio público, contribuir a mejorar la implantación de nuevas tecnológias y potenciar su imparcialidad.   Esa es la tarea que hay que emprender.

RUÍZ GALLARDÓN

Como una buena noticia recibo el nombramiento como ministro de Justicia al alcalde de Madrid.   De todos los candidatos que venía escuchando (muy por encima, por ejemplo, de Federico Trillo), este es el único del que cabe esperar la energía, la voluntad y la habilidad para que la Justicia mejore.   Aunque trabajó muy poco como Fiscal, lo cierto es que lo hizo, formando parte incluso de Tribunales de oposiciones.   Le he tratado puntualmente, y siempre le he visto interesado en las cuestiones de la Justicia, así que ahora tendrá su oportunidad.   No le va a faltar trabajo.  La Justicia penal en España está en una situación catastrófica: con un proceso decimonónico; con un CGPJ y una Fiscalía dominados por la política partidista; con unas asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales adaptadas y sumisas a esa politización; con un atraso crónico (casi 1.200.000 asuntos pendientes a final del año pasado, y creciendo) derivado de una carencia de medios alarmante y de un proceso no concebido para una sociedad moderna; con un fuerte corporativismo en las carreras judicial y fiscal; con un porcentaje muy significativo de fiscales y jueces sustitutos a los que se niega cualquier salida profesional, incluso la formación; y con una imagen penosa ante la opinión pública.   Por si fuera poco, la situación económica no le va a permitir gastar, sino que va a tener que ahorrar.  A ver como lidia con esto.  

Me llama la atención los nombres que se han quedado fuera del Gobierno: González Pons, Trillo, Astarloa o Piqué.  Algunos sonaban incluso para Justicia.

Para los Fiscales, la única incógnita relevante es ahora la de quien será el FGE: las quinielas se han abierto mucho.

OTRA VEZ MÁS

He perdido la cuenta de las veces que el CGPJ ha devuelto la propuesta de la Comisión de Calificación por no ponerse de acuerdo en el nombramiento de un Magistrado del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal.   Creo que son cinco las veces, pero pueden ser hasta siete en los últimos cuatro años.   La razón es que nadie se baja del burro: ni los progresistas dejan de apoyar a su candidato (un catedrático de gran prestigio) ni los conservadores dejan de votar al suyo (un fiscal muy brillante -y querido amigo mio-).   Y todos a bloque y a piñón fijo.   El prestigio del Consejo o del Tribunal Supremo, que se resiente después de años y años de faltas de acuerdo; o la incomodidad que se causa a los candidatos rechazados (que son los dos más votados y también un montón de buenos juristas) les hace reflexionar a estos vocales.  Ahora han vuelto a rechazar a los candidatos preseleccionados.   Lo que ocurre es que la posición de vocal del Consejo es el paradigma de la atribución de poder sin responsabilidad.   Pueden seguir haciendo esto durante otro lustro y no les va a pasar nada.   Y como eso, pues otras cosas también.      Me parece muy triste.