IGUALDAD ANTE LA LEY

Desde que ingresé en la Fiscalía, hace ya muchos años, he defendido la necesidad de que el Fiscal fuera independiente del Gobierno.  La razón de esa necesidad es la de que el Fiscal pueda actuar en todo caso con imparcialidad, lo que no es posible si debe obediencia al ejecutivo.  Pero en realidad, tras la imparcialidad, está la satisfacción de otra necesidad más importante, de la que aquella es instrumental: que la ley se aplique igual para todos.  Para todos significa para todos.  Es decir, que nadie, por importante que sea su cargo institucional; por relevante que sea su posición en el sistema financiero; por su condición de ministro o exministro; por su parentesco con tal o cual figura institucional; por su calidad de juez o de fiscal..., nadie está por encima de la ley.   Solo un fiscal imparcial puede garantizar que eso sea así.   Y aún con la imparcialidad, no basta.  Porque el Fiscal ha de ser diligente; ha de investigar: raramente se encuentra lo que no se busca; ha de tomar la iniciativa en la búsqueda de la verdad.   Si no lo hace así, si se limita a esperar a que alguien le haga el trabajo, en mi opinión no cumple con su función de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" que señala la Constitución.  

Hace unos años un fiscal jefe anticorrupción que entendía que la iniciativa en la investigación correspondía al Ministerio Público fue pura y llanamente depurado llegándose a cambiar el Estatuto del Fiscal para poder hacerlo.   Hoy, nueve años después, echo de menos la energía de aquel Fiscal extraordinario.  Y pienso que menos abusos se hubieran cometido si su ejemplo se hubiera generalizado.

DELITOS SOCIETARIOS

Vengo de un curso sobre blanqueo de capitales, organizado espléndidamente por una fiscal a la que yo no conocía, Maria Elena Lorente. Un gran curso, con un nivel muy alto. Ha habido hasta cuatro ponentes de la Fiscalía Anticorrupción, a cual más documentado, eficaz en la exposición y cercano al asistente. La Fiscalía, creo, está en muy buenas manos. Y mientras atendía a sus lecciones, yo pensaba en la falta que va a hacer la competencia (y el coraje) profesional cuando empiecen a abrirse diligencias por delitos societarios contra todas esos administradores de entidades financieras que han estado durante años presentando balances alterados a los accionistas por la existencia de enormes pérdidas contables ligadas a la depreciación de los inmuebles. Entidades que han repartido dividendos y que han presentado su estado financiero como saludable, cuando hoy vemos que hay que inyectar enormes cantidades de dinero que no tenemos para salvarlas de la quiebra, mientras las acciones caen y con ellas caen arruinados muchos pequeños accionistas. Supongo -y espero- que pronto empezará el baile procesal.

ACUERDOS PROCESALES

El acuerdo procesal entre el Fiscal y las defensas puede dar mucho juego.   Vaya por delante que en mi opinión y vista la doctrina Botín establecida por el Tribunal Supremo sobre el papel de la acción popular, ésta no podría obstaculizar un acuerdo procesal entre el Fiscal, el acusado y los perjudicados.

Pero el consenso procesal -desde la perspectiva del Fiscal- requiere en mi opinión el tener claro qué se pretende con él.  La defensa busca un trato ventajoso en la penalidad que se le va a imponer, reconociendo los hechos y "negociando con su libertad" en palabras de Fenech.  El Fiscal, sin embargo, debe ponderar las condiciones del trato desde la perspectiva de la Justicia y sobre la base de las pruebas de que dispone.   Si tiene pruebas sólidas -o si puede conseguir más a corto plazo- la negociación solo puede tener por objeto acortar el proceso, pero no a costa de concesiones excesivas especialmente en casos de corrupción, considerando los tiempos que vivimos.   La pena a imponer podrá ser menor, pero deberá mantener una proporcionalidad con el delito cometido.    Nunca me han hecho gracia (y he sido Fiscal anticorrupción durante muchos años) los acuerdos en los que el acusado elude la prisión a la que el Código Penal le lleva, por el hecho de devolver lo sustraído: recuerdo uno que invirtió lo sustraído en comprar un terreno que al tiempo del juicio valía 10 veces más que lo que sustrajo.  La devolución le permitía seguir forrándose y encima reclamaba no ir a prisión.   En esos casos, ya digo, especialmente de corrupción, la Justicia creo que se desacredita.   Se que no son pocos fiscales opinan lo contrario.  Y quizá razones prácticas abonen la defensa de acuerdos ventajosos para la defensa: se ahorra mucho tiempo, se ahorran varias instancias y además tras el recorrido procesal no hay garantías de que la pena impuesta fuera a ser superior a la conformada.

Yo soy partidario de los acuerdos, pero distinguiendo algunas cosas: a mi modo de ver, si los perjudicados son particulares, el Fiscal ha de tomar muy en serio su criterio sobre el acuerdo, ya que pueden verse afectados en el sentido de no cobrar, o cobrar mucho menos.  Además, los delitos cometidos tienen aquí mucha importancia: los de corrupción -por ejemplo- son delitos que además de ir contra el patrimonio público lesionan otros bienes jurídicos que la reparación no restaura.   También es importante el modo de la devolución del dinero, la cuantía de la misma y la esencia de la confesión (que ha de ser completa y concordante con las pruebas que tiene la acusación).

En defecto de instrucciones generales de la FGE (este me parece un buen campo para que la Secretaría Técnica elabore una doctrina a seguir), si la Fiscalía tiene pruebas sólidas, en casos de corrupción mi opinión es que es no es mala opción llevar al acusado a juicio (ahí habrá de probarse su responsabilidad, se contrastarán los actos realizados por el acusado y otras personas -estableciendo el alcance de la podredumbre del acto-, y se le podrá imponer una pena ajustada a la responsabilidad que se haya declarado)  o al menos negociar pensando solo en la proporcionalidad entre delito cometido -como puede probarlo el Fiscal- y pena.

  Salvo, claro está, que el acusado con el que se negocia conduzca al Fiscal a tener pruebas contra otro acusado de mayor importancia -como hacen los americanos, y hacíamos en el Tribunal Penal Internacional-.  Pero eso aquí se da poco.

ALFREDO BARDAJÍ

En los años 70 y 80, la Jefatura de Sanidad de Tarragona tenía una vivienda -que a mi me encantaba- para el Delegado Territorial.  Grande y luminosa, un buen piso donde vivía mi tío, Alfredo Bardají, funcionario del Cuerpo Médico Nacional de Sanidad, con su mujer y sus hijos.  Hubo, sin embargo, un conflicto que puso en riesgo su posición y su continuidad en aquella casa.  La Generalitat proyectó un minitrasvase de agua del Ebro para el suministro a Tarragona que en opinión de Bardají podía suponer un riesgo para la población debido a que las aguas del río, en el lugar donde se planeaba el trasvase, venían contaminadas de diferentes productos químicos, y también de mercurio -letal para el ser humano-.   Alfredo Bardají, un hombre muy inteligente, sabía perfectamente lo que le iba a pasar a él si advertía lo que según su opinión experta podía pasar a la población de Tarragona.   Nadie de los que le conocían entonces -sin embargo- dudó de que fuera a hacer otra cosa que cumplir con su obligación: informó contra el trasvase y aconsejó que las aguas se tomaran más arriba del cauce del río donde la contaminación era menor.   Poco después fue destituido por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, y su confort profesional se vio completamente comprometido.   Como era un buen médico consiguió reorganizar su vida profesional.   Pero nunca he tenido yo, Fiscal durante más de 28 años, un ejemplo más claro de como ha de comportarse un funcionario honesto.   Nunca he dejado de pensar, cuando he tenido que actuar con riesgo profesional (ha habido algunas ocasiones), en el ejemplo de Alfredo Bardají, que falleció anteayer en Tarragona.   He releído las noticias publicadas en la época sobre el episodio que relato, y también sobre las obras que fue necesario luego acometer para intentar corregir el desastre de haber desoído al responsable de la Sanidad en Tarragona.   A nadie se le cayó entonces la cara de vergüenza por aquella destitución, ni reconocieron su arbitrariedad algunos políticos.  Pero el cariño de sus vecinos, de sus conciudadanos, lo sintió mi tío hasta el final.   Para mi, la pérdida de mi tío Alfredo, "mi segundo padre" como me dijo ayer mi prima, ha sido un golpe muy duro.

DEMASIADAS CONDENAS A ESPAÑA EN EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO

En el último año, España ha cosechado siete condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  Algunas de esas condenas tienen que ver con las deficiencias de nuestro sistema procesal penal, en particular referido al hecho de que la casación no admite la práctica de prueba por lo que la condena en el Tribunal Supremo de un acusado absuelto sin oirlo directamente suele entenderse que colisiona el art. 6.1 del Tratado Europeo de Roma de 1950.  Pero también hay otro tipo de condenas que derivan de prácticas deficientes: la sentencia Alony Kate c/ España condena a nuestro país por el hecho de que un magistrado que resolvió un recurso de apelación contra una orden de prisión, fue más tarde ponente de la sentencia -condenatoria- contra el acusado.   Esa sentencia fue, para ese acusado, confirmada en casación e inadmitida ante el Tribunal Constitucional.   Y en Estrasburgo nos condenan por vulneración del derecho a un juez imparcial.  Por idénticas razones, España ya había sido condenada el 26/10/2010 en el caso Cardona Serrat c/ España: otro auto de prisión que confirma la Sala sentenciadora.

En el caso Otegi c/ España, nos condenan -por unanimidad- por violación del derecho a la libertad de expresión (el acusado había sido condenado por el Tribunal Supremo por injurias al Rey), y creo que la sentencia explica muy bien los límites que para el Tribunal de Estrasburgo fija el art. 10 del Convenio.

Las sentencias están en la página del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la mayoría están traducidas al español.

No creo que debiera ignorarse que tantas condenas evidencian fallos en nuestro sistema, que también por ahí hace aguas, y en nuestra práctica forense; también debe mencionarse que los instrumentos internos de control de las resoluciones judiciales no son suficientes aparentemente; y quizá debería enfatizarse un poco el hecho de que cada una de esas condenas es analizada por expertos de muchos países que se forman un juicio determinado sobre nuestro sistema de enjuiciamiento.   Pensemos que estamos hablando de un Tribunal de Derechos Humanos, y que nos están condenando.   Las reparaciones a los perjudicados, obvio es decirlo, suelen llegar tarde y desde luego no corrigen ni de lejos el daño causado.

SIN CONVOCATORIA

Tiempos duros para la Justicia.   El Ministerio de Justicia ha acordado no convocar oposiciones de jueces y fiscales el próximo año.   La medida es grave, porque estamos hablando de que ni siquiera se va a reponer la plantilla de las jubilaciones y bajas que se vayan produciendo.   Entiendo perfectamente las razones, pero esta crisis está acabando con demasiadas cosas y no creo que sean las adecuadas.  Menos jueces y fiscales supondrán, si no hay cambios procesales, un mayor atasco del que tenemos.  Alguno dirá que bueno, visto el desastre del sistema que tenemos actualmente -mucho más de un millón de causas penales pendientes en España- un poco de empeoramiento no se va a notar.  Pero yo creo que si se notará, porque las causas penales, cada una de ellas, suponen un problema -muchas veces un drama- para alguna persona.   Y habrá más retraso.  Se me hace evidente -en el ámbito de la Fiscalía- que los fiscales de las Audiencias Provinciales y Fiscalías de Área serán los diréctamente perjudicados por la medida. Dudo mucho que se adelgace en plaza alguna ni el Tribunal Supremo, ni el Constitucional, ni las Fiscalías especiales, ni los adjuntos a Fiscales de Sala, ni de los TSJs. Por otra parte me acuerdo ahora de las vueltas al mundo que algunos se han dado no hace tanto tiempo con cargo a los presupuestos de la Fiscalía; en las plazas de primera creadas a toda prisa y a costa de más plazas de menor rango. Me pregunto también por la coherencia de un sistema que cierra la entrada al ingreso en las carreras judicial y fiscal y permite al mismo tiempo la convocatoria de cientos de plazas de jueces y fiscales sustitutos.  Jueces y fiscales a los que cuando son nombrados se les priva de cualquier vía de incorporación a las carreras o al menos de formación como se hace con los titulares.  Y me pregunto por último si nadie ha pensado en reconducir un poco la magnitud de un órgano como el CGPJ -en mi opinión, mal concebido y demasiado politizado- para reducir su presupuesto a los tiempos dramáticos que vivimos.    Pienso, sin ánimo de comparar, que los vocales del Consejo Fiscal compatibilizan sus funciones en el Consejo con su trabajo como fiscales.  Y están muy honrados de hacerlo.

HACE FALTA QUE VENGA LA APIF

Noto la falta de presencia de mi asociación profesional, la Independiente de Fiscales. Después de haber visto como se han llevado las cosas con el anterior FGE que consideraba razonable la proporción 1-1-1 (es decir, en los nombramientos, un fiscal de la UPF, otro de la AF y otro del resto -el 70 por ciento de la carrera-) y de ver como el PP ha colocado ya a varios fiscales de la AF en puestos de responsabilidad, creo que la Carrera necesita mas que nunca una tercera vía, la de la neutralidad política, la de la defensa de la profesionaidad con independencia de adscripciones. Sin embargo, hay que creer que eso es posible: hay que luchar, hay que sacar una nueva página web (la que tenemos está inactiva desde hace mucho tiempo); hay que estar en contacto con los asociados, ir a las Fiscalías a explicar el proyecto y hay que sacar una publicación electrónica para distribuirla entre toda la carrera. Las cosas no cambian solas, hay que ayudar un poco; y aunque los cursos de la APIF son muy celebrados (el que organiza Pepe Caballero en unos meses tiene el doble de solicitudes que de plazas) hay que hacer más cosas. Tengo afecto por los miembros de la dirección de la Independiente y confío en ellos; se que luchan con un sistema pensado para que no haya nadie más que los afines a un partido o a otro. Se también que para ciertos tiburones ser de la Apif es ser carne de cañón, y se que no hay medios y que a veces cunde el desaliento. Pero no hay que rendirse: hay mucho que hacer para conseguir que algún día en la Fiscalía nadie pueda esperar que le toque la lotería por ser de tal o cual asociación o por ser amiguete de tal o cual gerifalte. Para eso hay que hacer mucho más de lo que ahora se está haciendo, en mi modesta opinión.

CURSO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Francisco Moreno, fiscal de la Unidad de Apoyo, ha organizado un curso corto en el CEJ sobre protección de datos, al que he asistido.   Dentro de lo anticuado y poco útil para el conjunto de los fiscales que considero el sistema de formación continua actual, he de decir que el formato de dos días me parece el mejor.  Sugiero que las ponencias del curso -por cierto, muy bien pensado y con unos ponentes espléndidos- se envíen a todos los miembros de la carrera.  Ya se lo pedí a la Directora del CEJ hace muchos meses y no ha sido posible.  Pero sigo pensando que el gasto de un curso para que solo lo aprovechen una veintena de fiscales no es racional y menos después de escuchar hoy a la vicepresidenta del Gobierno sobre la situación económica de nuestro país.

Quiero destacar la ponencia del Fiscal Francisco José Hernández, de la Fiscalía de Granada, que acortando las distancias con el auditorio con bromas y diversos trampantojos, lo ha bordado.  Ese tipo, al menos sobre la materia de que se ocupaba, sabe mucho.

EL PROGRAMA DEL FGE

El Fiscal General ha anunciado en diversas ocasiones estos días sus proyectos para la Fiscalía y para la Justicia penal en España.   Ha hablado de la supresión de las faltas; de la potenciación de los Juicios rápidos; de la introducción de factores reglados en los nombramientos en la Fiscalía; la visualización de la independencia del Fiscal respecto del Gobierno; un nuevo proceso penal... Son proyectos muy importantes que en algunos aspectos ayudarán a mejorar las cosas.   En el buen camino, pero no creo que sea suficiente.

No me cuento entre los que creen que el Juez de Instrucción sea una institución garantista en absoluto.   No es ni mucho menos un Juez de garantías.  El Juez de instrucción está comprometido con la investigación y por ello tiene un conflicto con el investigado.   Ese Juez no garantiza debidamente los derechos del inculpado porque tiene obligaciones diferentes: está escindido en sus deberes.  Debe averiguar la verdad -esa es su misión- y si para hacerlo ha de restringir los derechos del investigado lo puede hacer.   El Juez de garantías es otra cosa.  Ese juez no está comprometido más que con los derechos del acusado, con que la investigación se realice sin indebidas vulneraciones de los derechos del investigado.  No conviene confundir ambas figuras, porque no son lo mismo.    La pervivencia del Juez de Instrucción (cuya ventaja indudable es la independencia) condena al sistema procesal español -además de continuar siendo una rara avis en Europa- a un sistema de investigación que hoy es abiertamente inquisitivo.

Estoy de acuerdo con la supresión de la mayor parte de las faltas, no de todas; aunque podría abordarse en ese terreno la atribución de facultades de discrecionalidad al Fiscal en la persecución de ciertas faltas así como de ciertos delitos menores, ante la evidencia de que no se puede perseguir todo.   Debería abordarse también un estudio de las competencias de la Fiscalía que hoy están hiperdesarrolladas.   El Fiscal interviene en demasiadas cosas y no hay medios para tanto: hay que seleccionar.  Habría que poner un tiempo máximo para la investigación de los delitos -como pasa en media Europa-, rindiendo cuenta el investigador al Juez de garantías en caso de sobrepasarlo.    Habría que acabar con la investigación contradictoria, fuente principal de los atrasos de nuestra Justicia penal.  Es bueno potenciar el modelo de enjuiciamiento de los Juicios rápidos (pensemos en las posibilidades del art. 801.2 de la LECr.).  Pero hay que abordar ya mismo el tema de la ejecución, donde infinidad de procedimientos se atascan.  Hay que introducir la mediación con las víctimas como medio alternativo al castigo, y -muy importante- abordar de una vez la supresión de ciertos aforamientos e inmunidades carentes de fundamento en una democracia avanzada.

Hay que aumentar la atribución de libertad a cada fiscal en su trabajo (eliminando controles -pero manteniendo el visado, claro-: no me gusta ver en Juicio a Fiscales "atados" a un escrito) y exigir también la responsabilidad de quien se equivoca o no respeta el contenido de instrucciones y circulares.  Me llama la atención la impunidad -penal y disciplinaria- del Fiscal cuando el Juez es condenado por seguir las peticiones del propio Fiscal.

Me gusta oír hablar de "blindaje" a los Fiscales, pero claro, para ello hay que garantizar que la política de nombramientos y ceses no suponga en la práctica un castigo a los Fiscales "blindados".   Tampoco me parece que la cuestión de los nombramientos se arreglen con la ficha curricular.   Hace falta transparencia en el Consejo Fiscal (un órgano que necesita una reforma profunda en mi opinión); hace falta motivación en los nombramientos; hace falta hablar un poco sobre la inspección fiscal; hace falta oir a los candidatos; y ha de haber espacio para el recurso en caso de decisiones arbitrarias.  

Mucho trabajo, si.  Pero si es tiempo de reformas, mejor que estas se orienten a arreglar las cosas de verdad.

JD RECLAMA LA INTERVENCIÓN INTERNACIONAL EN SIRIA

No se bien el motivo, pero me llegan al correo electrónico con frecuencia comunicados de Jueces para la Democracia.  El más reciente habla de Siria.   Comparto cuanto dice JD, y pienso en la extrema crueldad de su Jefe de Estado (que debe estar asustado al ver lo que le ocurrió a Gadafi hace unos meses),  y también de la familia de ese individuo que está machacando a su pueblo.  La lectura de los periódicos y el ver en las noticias de lo que está pasando en Homs resulta aterrador desde hace más de un mes.   Ojalá no tenga que ver nunca más una foto de un representante político español dándole la mano entre sonrisas a ese carnicero.  Y espero que pronto los crímenes de Bashar El Assad se juzguen en un Tribunal internacional o quizá en su propio país.

Recuerdo que ya está operando el Tribunal Internacional para los Crímenes cometidos en el Líbano, especialmente establecido en Leidschendam (localidad vecina a La Haya) para la investigación y enjuiciamiento -entre otros- del magnicidio del exprimer ministro libanés Rafiq Hariri en 2005, del que fue considerado el régimen sirio uno de los primeros sospechosos (aunque tres años de investigaciones parece que inclinan la responsabilidad del crimen hacia Hezbollah).

Por cierto que el próximo Fiscal Jefe de ese Tribunal es el canadiense Norman Farrell, antiguo jefe de apelaciones y subjefe de la Fiscalía del Tribunal de Yugoslavia y un tipo que era muy apreciado -por su buen trato y preparación- por quienes trabajaban con él.

¿NOS AFECTA LA DIMISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA AF?

En primer lugar quiero decir que un compañero de la UPF, muy apreciado para mi, me ha venido a contar esta mañana el buen trato profesional, más de compañero que de jefe, le ha dado el FGE en un momento personalmente complicado.   Estas cosas se agradecen y no solo por los afectados.

Me están llamando compañeros para que les cuente qué está pasando en la Asociación de Fiscales.  La verdad es que no lo se, ya que hace tiempo que no pertenezco a la asociación mayoritaria.   Aunque no me puedo llamar amigo suyo, reconozco en Francisco Jiménez Villarejo capacidad y vocación de Fiscal, además de una elegancia personal que seguro que le viene de familia.   Ya digo que no conozco los detalles de las razones de su dimisión al frente de la Asociación de Fiscales –aunque es evidente que no ha sido fácil para él-, pero aunque en principio no debería afectar a quienes no pertenecemos a esa asociación, el asunto tiene su importancia.   En dos comidas recientes con fiscales, comentando esta cuestión de la dimisión de Jiménez Villarejo, se repitió por diferentes comensales miembros de la AF el siguiente comentario que encierra una preocupación: “¡Precisamente ahora, que ganamos!”, aludiendo al nombramiento del FGE y al dominio de la AF en el Consejo Fiscal.  No creo honestamente que el hecho que comento tenga ningún efecto para hacer tambalear la situación de desproporcionado dominio de la AF en la Carrera.   Esto parece más un tema de diferencias o incompatibilidades para trabajar juntos que otra cosa.   De hecho quedan en la Comisión Ejecutiva compañeros con muchos años de dedicación a la asociación y con las ideas claras; y leo además en la página web de la AF que entra en la Ejecutiva un fiscal –José Hidalgo- que si algo tiene es sentido común. 

Pero no deja el asunto de ser relevante para el resto de los fiscales.   Por un lado, porque el terreno que más me preocupa en relación a la AF es el de sus relaciones con los partidos políticos, aspecto que se menciona en los comunicados emitidos por el dimisionario y por quienes permanecen: no acierto a adivinar que está pasando en relación a eso.  En clave interna de la Fiscalía General la vocación internacional de Jiménez Villarejo y su posición al frente de la AF favorecían quizá la realización de ciertos proyectos expansivos de la Fiscalía que se vienen defendiendo desde la especialidad de relaciones internacionales, aunque cosas como estas no dependen nunca de una sola persona. También habrá que ver como afecta este movimiento interno de la asociación en las relaciones con el Consejo Fiscal y si las tensiones de la Ejecutiva se pueden trasladar a dicho órgano (y eso si que tiene importancia para toda la Carrera).    En fin, que lo ocurrido parece –por ahora- un pequeño lío, lleno de pequeñas incógnitas.