DIAGNÓSTICO DE MALES EN LA FISCALÍA

Soy fiscal desde hace treinta años y nunca he querido ser profesionalmente otra cosa.   Para conservar la ilusión en esta profesión, tras tantos años y en el dificilísimo estado actual de las cosas, yo defiendo la necesidad de cambiar muchas cosas.   La preocupación fundamental de las asociaciones mayoritarias de colocar a cuantos más de sus miembros en la jerarquía de la Fiscalía ha producido a lo largo de los años una serie de efectos negativos.  Para los partidos políticos de gobierno esta situación está bien: siempre tendrán un afín por ahí en las alturas de la Fiscalía.  Pero en términos profesionales la cuestión es distinta.   En mi opinión, desde ese punto de vista, el peor efecto es que se han olvidado de aquellos que no forman parte de la jerarquía: fiscales obligados a asumir la carga de trabajo de sustitutos despedidos, condiciones de trabajo muy duras, anulación de la iniciativa individual, y desconfianza al libre criterio en el ejercicio de nuestra profesión (que obviamente obliga a conocer y respetar las instrucciones generales impartidas, pero no a seguir formularios al pie de la letra).    Y se han negado a aprender nada de nadie: la única verdad es la suya, para eso son más y están apoyados alternativamente por un FGE elegido por el partido político afín.

Han aceptado, al ocupar la jerarquía, un entendimiento de los principios de unidad y dependencia que confiere toda la razón a quien ha sido elegido jefe por las asociaciones mayoritarias y por el FGE afín de turno.   El fiscal de trinchera (o el independiente) está hoy desamparado, hasta el punto increíble hace unos años, de que puede ser expulsado un compañero vulnerando sus derechos fundamentales (ignorándose que el fiscal había discrepado de su jefe por la vía estatutaria), sin haberle oído en el Consejo Fiscal, y sin que nadie de la AF, de la UPF, de la jerarquía haya movido un dedo para denunciar el atropello o para pedir disculpas.   Eso ha pasado aquí; y ha pasado en unión de otras cosas lamentables, como el mercadeo de cargos, el desprecio a quejas de fiscales que tardan años en resolverse o la justificación de nombramientos en criterios excéntricos para elegir al favorito de la jerarquía o de la asociación dominante.    Y todo favorecido por una opacidad contraria a la dignidad de funcionarios de la escala más alta de la administración.

Hoy las asociaciones mayoritarias (en mi opinión, más todavía la AF que la UPF) están instituticionalizadas: es imposible que puedan actuar contra la jerarquía (que ha salido de sus mismas filas, de sus dirigentes); imposible que puedan siquiera dejar de identificarse con los deseos, muchas veces inspirados por las reglas de la política partidista cuando no por la subordinación al Ministerio de Justicia,  de quienes mandan en la Fiscalía.    Para ellas es imposible, demasiados cargos, demasiadas expectativas de colocación, demasiada lealtad a la jerarquía afín (y deslealtad a la no afín); no pueden luchar por los derechos o por las condiciones de trabajo de los compañeros si ello supone enfrentarse a la voluntad del que manda; no pueden hacer que la Inspección funcione con independencia del FGE; no pueden imponer unas reglas equitativas, impulsar al Fiscal General en la dirección correcta en su gestión, aún obligándole a rectificar.    No pueden dar transparencia al Consejo Fiscal y a la Fiscalía (y como no pueden, ni lo intentan).  No pueden -no lo han hecho hasta ahora y tampoco lo van a hacer en el futuro- regenerar la Fiscalía.     

Vaya panorama.