INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DEMOCRACIA REAL

Que el poder trata de expandirse es una máxima de la política, y de ahí que las democracias se organicen con contrapoderes, y la importancia del Poder Judicial como contrapoder del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los grandes Grupos de Presión que practican lo que se ha venido a llamar lobbying.

Por eso se dice que la calidad de un sistema democrático se mide por la independencia real de los  Jueces y Tribunales, pues cualquier influencia directa o indirecta del poder político o económico en el ámbito de la administración de justicia, pone en riesgo la efectividad de los derechos y garantías de la ciudadanía frente a un ejercicio arbitrario del poder o un abuso de posición dominante.

En España los Tribunales deberían controlar de manera efectiva y sin excepciones la potestad reglamentaria y la actividad administrativa, y por tanto al poder ejecutivo, y a todos los grupos poderosos económicos y asociaciones que tratan en su propio interés y torciendo la norma que nos hemos dado todos, controlar un sector de la economía o una faceta de la vida de los ciudadanos.

Pero la realidad es que nuestros Tribunales no están dimensionados para dicho control, y su independencia se puede fácilmente amenazar.

Actualmente es evidente que ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Ministerio Fiscal vienen ejerciendo su función de garantes de la independencia judicial. De hecho existen personas autorizadas que se atreven a criticar ambas instituciones por lo contrario en muchos casos públicamente conocidos. La inamovilidad judicial para preservar dicha independencia también es relativa, pues el Juez puede ser suspendido o separado de la carrera judicial por muchas causas que no dependen de su profesionalidad o voluntad.

En este contexto político, y en un momento en que han aflorado casos de corrupción que afectan a notables personalidades de la política, de los sindicatos y de la economía, se reforma el Consejo General del Poder Judicial, y se crea la novedosa figura del Promotor de la Acción Disciplinaria, cuando es difícil encontrar un Juzgado en los que no pueda encontrar una causa, que debidamente enfocada, permita inquietar al Juez con un expediente disciplinario. Por ejemplo por retrasos, aunque no exista desatención, y pese a que se ha despojado a los jueces de toda capacidad organizativa en sus juzgados, y no se les dan los medios adecuados para ejercer su función de forma efectiva, aunque se les mantiene en la superior dirección de dichos Tribunales.

Por ejemplo, se ha llegado a sancionar por la Comisión Disciplinaria del Consejo general del Poder Judicial a un Juez Central de lo Contencioso-Administrativo, pese a que el Instructor del expediente sancionador calificó la posibilidad de sancionar a ese Magistrado como una "clara injusticia", pero que efectuaba el pliego de cargos tras tres propuestas de archivo, forzado por la misma Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial para que formulara propuesta de sanción por falta muy grave, sanción que finalmente, tras recurso del propio Magistrado, fue anulada por la sección 7 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en su sentencia 3010/2013, de 5 de julio.

Si parece increíble el caso, imagínense la intranquilidad que llevó a su función al Magistrado sancionado, que además de Magistrado puede su salario ser la fuente de ingresos personal y de su familia, y su sentimiento de impotencia e injusticia, que le llevó con mucho esfuerzo, como nos pasaría a cualquiera de los ciudadanos que no tenemos una asesoría jurídica a nuestro servicio, a recurrir la sanción. 

Es más, debería denunciarse con más coraje y fuerza, que muchos de los instrumentos de trabajo necesarios para el desempeño de la función judicial no se les proporciona a los jueces. Por ello vienen siendo suplidos en muchos casos por ellos mismos, a cargo de su sueldo, ante el incumplimiento político de dotarles adecuadamente para el ejercicio de su función, incumplimiento que como se ha venido produciendo desde que ingresan en la carrera judicial con mucho esfuerzo, es asumido incluso voluntariamente por nuestros jueces y magistrados, sin excesivas protestas.

Me refiero no sólo a recursos humanos, como un equipo organizado por ellos, una policía judicial dependiente orgánicamente de los jueces y no del ejecutivo, o peritos adecuados a los asuntos complejos que deben resolver, y dimensionamiento de esos asuntos que les permita tener tiempo adecuado para su estudio y resolución. Me refiero también a medios tan básicos como un portátil moderno, códigos o la propia toga.

Si no resolvemos esta deficiencia democrática grave, acabaremos gobernados por lobbys o grupos de presión, algunos sin escrúpulos.