COMUNICADO APIF SOBRE JUSTICIA UNIVERSAL

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) acaba de hacer público un comunicado sobre la reforma de la LOPJ sobre jurisdicción española por crímenes internacionales (genocidio, crímenes contra la humanidad, o de guerra) que a partir de ahora solo se perseguirán si los responsables son españoles, o residen habitualmente en España siempre que se haya denegado su extradición.   Recordemos que en la actualidad bastaría con que hubiera víctimas españolas para habilitar la jurisdicción española sobre esos crímenes:esa exigencia se suprime ahora.

El Comunicado de la APIF dice así:

La ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF), manifiesta su desolación por la nueva restricción a la jurisdicción española en lo que se refiere a la persecución de crímenes gravísimos de ámbito internacional, que determinará por un lado la existencia de espacios de impunidad para los culpables; por otro, el archivo de causas abiertas en los que las víctimas de dichos crímenes han sido ciudadanos españoles, añadiendo más sufrimiento para ellos y eliminando sus esperanzas de Justicia; y además, una pérdida de valor de nuestro país como baluarte en la lucha contra crímenes internacionales gravísimos.    La APIF considera que la aplicación de la jurisdicción universal para ciertos crímenes ha de mantenerse necesariamente si queremos construir un mundo que acote progresivamente espacios de impunidad para los peores criminales, y también en consideración a las víctimas de esos crímenes (que se cuentan muchas veces por cientos de miles), al cumplimiento de compromisos internacionales y a deberes de solidaridad entre los seres humanos.   

Desde mi punto de vista, la aplicación del principio de justicia universal requiere compromiso.   No basta con que en la ley se diga que España será competente para conocer de ciertos crímenes gravísimos, sino que hace falta que nuestro país, y singularmente, el poder político y el poder judicial estén dispuesto a asumir los costes de esa declaración, a veces con países de gran peso internacional que tienen intereses en que esos crímenes no se investiguen o castiguen.    Perseguir delitos internos no supone problema alguno porque es una consecuencia de la soberanía nacional.  Pero perseguir delitos tremendos cometidos en el exterior cuando estos supongan gravísimas violaciones del derecho penal internacional requiere un compromiso importante.  Compromiso de defender nuestra ley, de respetar las convenciones internacionales sobre derechos humanos y de avanzar en ellas.  Compromiso de luchar por la Justicia, incluso de luchar porque la misma se haga cuando las víctimas son ciudadanos españoles.  El caso Couso y las revelaciones de Wikileaks probaron que ese compromiso era inexistente.   Estaba la ley, pero no la voluntad de defender su aplicación.  Desde entonces siento empatía con esa familia que busca desesperadamente justicia mientras se jugaba por detrás de la cortina para que en España no la hubiera para ellos.   Pero ese compromiso -que como casi todos los compromisos importantes no sale gratis- se asienta en la convicción de que España es un país con voluntad de defender los derechos humanos de todos frente a cualquiera, dentro de las posibilidades de nuestro sistema judicial.    Desgraciadamente esa idea ha cedido (justicia "quijotesca" se la llama). Y con ella -además de con la corrupción y la catástrofe económica en la que vivimos, claro- nuestra imagen internacional poco a poco decae.  Desde luego no ayuda nada a mejorar las cosas el drama de Ceuta de estos días, que ya ha merecido el reproche de la Unión Europea.  En fin.