En el último comunicado de la AF correspondiente al mes de julio, en relación con la decisión del TSJ de Canarias de entender que efectivamente en la Carrera Fiscal y en particular frente a las decisiones de los fiscales jefes sobre repartos de trabajo ha de regir el derecho administrativo general (en contra de la opinión del Consejo Fiscal que considera que el Reglamento de 1969 es suficiente al respecto), leemos lo siguiente:
En definitiva, vistas las posturas contrarias entre sí y como avanzábamos en el comunicado anterior, la conclusión no puede ser otra que la necesidad de la promulgación de un nuevo Reglamento de la Carrera Fiscal que supere las lagunas existentes en la actualidad y las dificultades prácticas para completarlas.
En mi opinión esto no son simplemente "opiniones contrarias entre si" ni hay tantas lagunas jurídicas que no puedan solventarse con una buena formación. En la Fiscalía las dos asociaciones mayoritarias han establecido una nueva jerarquía en la que las claves son la ausencia de reglas, la opacidad y por tanto la arbitrariedad. Las "opiniones contrarias" en este caso no son sino entre unos fiscales que quieren que haya igualdad, transparencia y derecho administrativo en el trabajo y otros que prefieren mantener el status quo actual porque de él sacan tajada. Porque ese es el objetivo de esa nueva jerarquía, el aprovechamiento de la ausencia de reglas para obtener beneficios profesionales para algunos, en estos días -sobre todo- para la AF. Esto es lamentable, pero creo que es tan evidente como lo es el repasar la lista de fiscales jefes en España y comprobar sus afiliaciones asociativas; tan claro como ver que no hay aquí normativa contra el acoso laboral, o protocolos o reglas de protección de los fiscales en su trabajo. O ver qué le pasa a un fiscal cuando denuncia por acoso a su jefe. O por ejemplo, repasar el comunicado y ver cómo se transmiten a la Carrera datos absolutamente sesgados o irrelevantes (son varias las referencias al carácter de los candidatos a quienes se apoya: ¿como es el caracter de los demas candidatos?) sin mencionar los datos de los demás o sin mencionar si los ponderados por la AF pertenecen o no a esa asociación.
En este comunicado se critica asimismo que la UPF haya pedido la remoción del Fiscal Jefe de Madrid. ¿Y de que se extrañan? Ese Fiscal Jefe debía-en mi opinión- haber sido removido u obligado a rectificar cuando impuso una distribución de trabajo con el voto en contra de la inmensa mayoría de la plantilla tras haber creado una desazón en los fiscales durante casi un año. Pero es que ese fiscal jefe pertenece a la AF, fue elegido contendiendo con un candidato de la UPF que llevaba años en el cargo, la AF tiene mayoría en el Consejo y gobierna el PP. Imposible la remoción por enfrentarse con la plantilla, y imposible obligarle a rectificar porque significaría que la jerarquía se ha equivocado.
El sistema que esa nueva jerarquía ha organizado no está establecido para crear condiciones de trabajo mejores y más justas para todos. Ni siquiera está pensada para eso. Está organizado para que unos fiscales puedan controlar la Carrera a costa de otros y que no pase nada. Así, no hay ningún problema en elegir precisamente para la Inspección a una fiscal que -al margen de sus méritos- contribuyó con su voto en el Consejo a la expulsión de un joven y gran fiscal por faltas inexistentes y vulnerando sus derechos fundamentales. Por eso, precisamente, no hay ningún apoyo en el Comunicado AF a lo ventajoso que resulta para todos que empiece a exigirse motivación en los nombramientos o que se empiece a introducir la interdicción de la arbitrariedad en la Fiscalía: frente a la arbitrariedad está la Constitución (art. 9.3), y eso suple la mayor parte de las "lagunas" que se quieran apreciar. No se dan cuenta de que esta situación no puede continuar mucho tiempo más.
lunes, 6 de julio de 2015
viernes, 3 de julio de 2015
LOS TRAPOS SUCIOS Y LA DESLEALTAD, por Pilar Alvarez y Salvador Viada.
Considerar que
alguien es desleal por el simple hecho de que intenta defender sus derechos es
un planteamiento digno de ser estudiado. La lealtad nada tiene que ver con la
estupidez ni con el dejarse pisotear. La lealtad no se mide por las injusticias
que estés (o que otros piensen que estés) “obligado” a soportar en silencio. La
lealtad se mide por el respeto a la institución, por las ganas que tengas de
construir una casa que de verdad sea la casa de todos, en la que queden atrás
injusticias y en la que la discrepancia y la pluralidad se vean como un
enriquecimiento para todos y no como una amenaza. Hoy en día proliferan los
pronunciamientos públicos y privados sobre los supuestos efectos perniciosos
que tiene la sentencia de 15 de mayo de 2015 de la Sección Segunda de la Sala
de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias. Muchos hablan de lo malo que
sería que los jueces acabaran marcándonos los repartos de trabajo. Se olvidan,
estos que así se pronuncian, que los jueces tienen encomendada la alta función
constitucional de impartir justicia, restaurando la vulneración de derechos que
pudieran producirse en todos los ámbitos, también en el seno de la
Administración Pública, y, por supuesto, también en el seno de la Carrera
Fiscal. Sostener que la Carrera Fiscal se encuentra al margen del derecho
administrativo y del posible amparo de los Tribunales viene a ser olvidar que
existe la Constitución y el derecho a la tutela judicial efectiva, también para
los Fiscales, sí también. No se trata de que los jueces vengan o no a decirnos
lo que tenemos que hacer, se trata del derecho a acudir a los Tribunales a
solicitar se restauren los derechos que te han sido vulnerados. Si no queremos
que esto suceda, si no queremos que los trapos sucios salgan de la casa común
empecemos por respetar los derechos, de establecer una regulación, unas normas
claras para todos, un sistema garantista que efectivamente repare las
injusticias y vulneraciones de derechos que se produzcan y entonces, y sólo
entonces, alejaremos ese temor que a algunos invade de que los jueces entren a
regularnos. Eso sí, nunca debemos olvidar que ellos, los jueces, están ahí para
eso, para restaurar el derecho cuando es vulnerado y que cada cual trata o
debería tratar de llevar a cabo la función constitucional que le ha sido
encomendada de la mejor manera posible.
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