martes, 28 de enero de 2014

CATEGORÍAS EN LA CARRERA FISCAL: ESE GALIMATÍAS, por Susana Gisbert

Si de verdad hay algo difícil de explicar a un profano, o incluso a un estudiante de Derecho o un opositor, es la división en categorías en la carrera fiscal. Pocas cosas resultan más inexplicables.
            A priori, parece sencillo, hay tres categorías como bien sabemos: Abogados Fiscales, Fiscales y Fiscales de Sala. Pero cuando se intenta analizar el paralelismo con la carrera judicial, que siempre parece la medida de todas las cosas, empieza el problema. Uno recuerda al interlocutor que las categorías de la carrera judicial son Juez, Magistrado y Magistrado del Tribunal Supremo, y empieza a notar cómo éste comienza a perderse. Y con razón.
            Así, por arriba, parece absurdo o cuanto menos irracional que si la máxima categoría judicial es la de Magistrado del Tribunal Supremo, la máxima categoría de la carrera fiscal no sea la de Fiscal del Tribunal Supremo. Pero entonces, es cuando uno tiene que explicarle a su interlocutor que no, que no es lo mismo Fiscal de Sala que Fiscal del Tribunal Supremo, porque ésos no son necesariamente Fiscales de Sala. Y se empieza a marear. Cuando se continúa con la explicación de que los Fiscales de Sala no necesariamente actúan en el Tribunal Supremo, alucinan. Y cuando añades que pese a que se llaman Fiscales de Sala no pertenecen a Sala alguna y que los hay que no van a Sala, empiezan a enloquecer. Y entonces es cuando intentas salvar la cosa diciendo que somos de Primera, de Segunda y de Tercera, pero el interlocutor no parece muy convencido.
            Y de ahí, pasas a la categoría intermedia, la de los Fiscales, ese inmenso cajón de sastre al que pertenecemos la mayoría, de distintos pelajes, condiciones y, desde luego, cargos. Pero como este inmenso grupo, algo así como el equipo de “resto del mundo” de los partidos benéficos, parece que se hace más comprensible, pues renuncias a tratar de matizar con que no todos somos iguales, que los hay que son decanos, coordinadores y delegados varios y los que no lo son, y que en este grupo hay además jefes, por supuesto, salvo que no estén incluidos en la categoría anterior. No vaya a ser que el interlocutor se desmaye.
            Y, para acabar, le hablas de la la tercera categoría, como la guinda del pastel. Empezando por un nombre que nadie entiende, el de Abogado Fiscal, que siempre hay algún momento en que nos preguntan si hacemos declaraciones de renta, lo cual es totalmente comprensible a la vista de tal nomenclatura, dicho sea de paso. Y cuando parece que al menos, en lo que a ellos respecta, la cosa está clara, pues no lo está tanto. Porque no es fácil explicar que alguien pueda permanecer en una plaza de Abogado Fiscal pese a ser Fiscal con tal de que la pillara antes de ascender, y que ahí puede permanecer in secula seculorum haciendo el mismo trabajo que sus compañeros por bastante menos dinero. Ni que alguien no pueda aspirar a esa plaza en el lugar que anhela por el hecho de que, por ser más antiguo en el escalafón, le haya alcanzado un ascenso como a quien alcanza un rayo. Y que, al contrario, uno puede ser Abogado Fiscal y ocupar plaza de Fiscal y cobrar más de lo que teóricamente corresponde a su categoría. Y entonces el interlocutor se queda definitivamente ojiplático.
            Así que, ante este panorama, renuncias a explicar cómo es posible que en una misma Fiscalía, cada una de las personas que hacen exactamente el mismo trabajo pueda tener un sueldo distinto, porque te quedas sin argumentos
Y ya, te olvidas de comentar la razón por la que nuestra nomenclatura parece militar, con tanto teniente, área, zona o, antiguamente, destacamento. Eso, mejor te lo dejas para cuando se recupere del susto, si es que para enotnces no ha decidido dejar de estudiar Derecho o abandonar la oposición.

Y digo yo que, con tantas veleidades reformistas como ha habido. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido convertir nuestra organización en algo razonable?. ¿O es que preferimos que siga siendo incomprensible?

SUSANA GISBERT
FISCAL (Fiscalía Provincial de Valencia)

domingo, 26 de enero de 2014

CLAVE PARA LA JUSTICIA

Solo hay un órgano en el seno de la Fiscalía sustraído, sobre el papel, al poder del FGE; solo un órgano en el cual es posible asentar una resistencia contra la influencia política en la Fiscalía.   Solo un órgano en el Ministerio Fiscal capaz de esgrimir independencia respecto del FGE.  Es complicado, claro, porque los vocales del Consejo Fiscal son al fin fiscales y en su profesión están sometidos a la disciplina del jefe.  Pero en tanto que elegidos por los fiscales, los vocales son nuestros representantes, elegidos para luchar por nuestros intereses, en nuestra defensa y en defensa de los mejores valores de la profesión.   Cuando el Consejo Fiscal, en lugar de mantener sus lealtades en el conjunto de los fiscales, las sitúa en posiciones de complacencia con el FGE, la Carrera Fiscal queda desprotegida ante cualquier arbitrariedad.   Por eso, el secreto, la falta de transparencia, la afinidad política o ideológica, la indiferencia ante las demandas de los fiscales resultan cancerígenas no solo para el Consejo Fiscal, para la confianza de los Fiscales, sino también para evitar el control político en la institución.    Las lealtades de los vocales han de estar muy claras: por cada uno de los fiscales y por la imparcialidad de la Institución; pero la tentación de inclinarse hacia el Fiscal General afín es grande (y la posible recompensa, también), y cuando eso ocurre el efecto es tremendo y no solo para la Fiscalía.

En este sentido, ser vocal no es fácil.  Porque si las lealtades han de estar claras,  las fuerzas para quebrarlas son sólidas.   Pero de ello depende la seguridad profesional de los fiscales: que tengan alguien que pueda atender imparcialmente sus conflictos con la jerarquía.  Que haya alguien que pueda atender con garantías quejas sobre abusos, sobre discrepancias profesionales con independencia de quien manda.   Que haya alguien que obligue a la institución a ser transparente en las cosas que afectan a los fiscales porque se trata de representantes de los fiscales.   Que en casos de expedientes a fiscales, vele -con independencia de la jerarquía- por que se respeten las garantías debidas a estos.   Cuando se producen connivencias entre el Consejo Fiscal y la jerarquía, la desprotección de los fiscales en caso de conflicto es absoluta.   Hoy, tras décadas de éxitos de las asociaciones dominantes en la Carrera por colocar afines en la jerarquía, el panorama ofrece una identificación evidente entre jerarquía y las asociaciones que han estado siempre presentes en el Consejo.  Y encima, el jefe del Ministerio Fiscal hoy es el líder histórico de la asociación mayoritaria.   La tormenta perfecta para que un fiscal no encuentre protección en nadie si tiene algún conflicto con la jerarquía.   En nadie, como hemos visto que ha ocurrido con un compañero que espera ahora readmisión.  Y por tanto, también para que el principio de unidad se imponga sin las fisuras de una eventual resistencia profesional, que tendría que pasar por el Consejo.

Esa inversión de las lealtades de los vocales (en vez de la Carrera, la asociación propia; en vez de los fiscales, el FGE afín) nos ha conducido a esta situación.  Por eso hay esas diferencias entre el trabajo que soportan unos y otros; por eso la percepción de politización es tremenda; por eso no hay el mínimo esfuerzo por aligerar el control del trabajo de los fiscales, aumentando la mecanización y la inseguridad respecto al propio criterio; por eso mantienen el secreto en la gestión de los asuntos que nos afectan; por eso el Consejo no ha luchado por los derechos de los fiscales con problemas disciplinarios; por eso se mantiene un sistema disciplinario falto de garantías; por eso no se ha batallado por el mantenimiento de los sustitutos ni ha obligado al FGE a plantar cara al Ministerio en esos casos.   Por eso, lentamente, la Fiscalía decae.

La salida no puede ser otra que el cambio en la composición del Consejo. Y a partir de ahí, poco a poco, creando vínculos de confianza con los fiscales ir construyendo una estructura sólida de hábitos, de prácticas comunes en la Fiscalía que sirva para dar seguridad a los fiscales frente a cualquier arbitrariedad, para poner límites a lo que la jerarquía puede hacer en la Fiscalía; para con la transparencia abrir la puerta al control jurisdiccional de los agravios que se puedan sufrir; para ir poco a poco construyendo una institución que de confianza a los ciudadanos, que pueda asumir nuevas tareas procesales y sobre todo que pueda garantizar que la Justicia se aplica igual para todo el mundo, sin excepciones.    

sábado, 25 de enero de 2014

HECHOS; Y NI UNA PALABRA

Cada día recibo un email de compañeros que -como yo- tratan de convencer a los fiscales de que la mejor opción para que las cosas mejoren en su profesión lo mejor es que les voten a ellos.   La asociación afín al FGE presume en su campaña de hechos y no palabras.   Y creo que es justo reconocer que hay muchos hechos que tienen que ser destacados.   Porque no han fracasado en aquello que se han propuesto, ni mucho menos.   En los dos años que el FGE ocupa el cargo, salido de las filas de esa asociación y elegido por el Gobierno del PP, han sido elegidos compañeros muy valiosos (al igual que aquellos con quienes compitieron y que no tuvieron suerte) fiscales Jefes pertenecientes a la Asociación de Fiscales (escribo de memoria), el Teniente Fiscal del TS, el cargo más importante de la Carrera; el Secretario Técnico del FGE, y su teniente; el fiscal jefe de Barcelona, el de Madrid, el de Málaga, el de Albacete, el de Asturias, del de Canarias, el de las Palmas, el Teniente Fiscal de la Audiencia Nacional, el miembro nacional de Eurojust, el director del CEJ y un suplente del CGPJ (estos tres últimos salidos de la última ejecutiva de la AF).   Eso son hechos, y en positivo.     La jerarquía de la Fiscalía sale hoy de un grupo de fiscales agrupados bajo una siglas y eso debería conllevar una responsabilidad cuando las cosas no van bien, o van muy mal.  Nada tendría de particular todo esto (cuando gobierna el PSOE, la UPF hace lo mismo, quizá con menos prisa pero con las mismas intenciones), sino fuera porque ahora se nos ocultan esos datos para inundarnos con "comunicados" hechos a lo largo de los años sobre nuestros problemas profesionales.   A mi me parece que si uno manda en la Carrera, como es claro que aquí ocurre, sobran los comunicados y lo que hay que hacer es responder de lo actuado y de como están las cosas.    Pero hoy parece que si el trabajo ahoga en algunas fiscalías y el servicio no se puede prestar en condiciones, nadie tiene en la Fiscalía ninguna responsabilidad; si la FGE aceptó la reducción dramática de sustitutos y cargó sobre las espaldas de los fiscales su trabajo, la responsabilidad no es de nadie.  Si el sistema informático no funciona, pues lo mismo; si la Fiscalía está politizada, tampoco nadie asume eso; si el sistema disciplinario está huérfano de garantías (nos lo dicen desde el Consejo de Europa), igual.   Poder si. pero responsabilidad no.

En relación con el tema disciplinario, ahí si que tiene razón la AF.  No palabras.  De hecho, ninguna: todavía se espera en la Carrera con atención qué tienen que decir la AF y la UPF de la expulsión de un fiscal merced al voto de sus vocales en el Consejo Fiscal, vulnerando sus derechos fundamentales y el principio de legalidad.   Todo un presagio de lo que nos espera como esto no cambie.

miércoles, 22 de enero de 2014

UNA FISCAL DE MADRID

Hace unos días me llegó el mensaje por email de una compañera a la que no conocía -ni conozco-.  Me decía que no podía imaginar el deterioro en que desde hace un tiempo se ha convertido el trabajo de la Fiscalía.   Yo, que puedo imaginar mucho, me puse telefónicamente en contacto con ella y tras explicarme la situación, incompatible a mi juicio con una normativa mínimamente aceptable sobre riesgos laborales (que nadie en la jerarquía ni en las asociaciones mayoritarias ha planteado hasta ahora), le animé a escribir una carta explicando como veía ella la situación.   Transcibo el texto y me pregunto si realmente se puede seguir así, de verdad y en positivo.  Esto son los hechos de muchos fiscales todos los días, y yo creo que algo hay que decir, y que cambiar.


HISTORIAS DE UNA FISCAL DE MADRID

La vorágine en la que nos hallamos deviene del órdago de servicios casi sin solución de continuidad que se nos insertan no solo en un cuadro de servicios sino en varios que de forma algo similar al sudoku, necesitan ser encajados por los propios fiscales gracias a la ayuda y benevolencia de otros fiscal (que no siempre pueden) y no por quien ha de organizarlos. A ello se une la dispersión de sedes en los que ha de servir esos servicios, con constante pérdidas de tiempo, concentración y rendimiento físico e intelectual a lo que se une la esquizofrenia resultante de compatibilizar materias tan distintas como juicios penales y juicios de sala,  guardias de juicios rápidospor cierto elegidos por el policía que realiza el atestado- guardias de 24 horas , guardias de faltas inmediatas (elegidas por el  policía que confecciona el atestado) y las guardias de hasta 40 detenidos, donde es las diez de la mañana (momento en que se consiguen turnar en los juzgados los atestados aportados por la policía entre los dos juzgados de detenidos), cuando por fin los obtenemos, repito  a las 10 de la mañana (estamos esperando desde las nueve) los atestados y detenidos que nos corresponden. Y  la cuestión que se plantea es cómo se pueden estudiar asuntos en los que se vela por legalizar la situación personal de un privado de libertad, si sobre las 12 de la mañana hay que bajar a calabozos con todo leído y trillado: Es así,  y con presiones del juzgado  como se leen con  premura, para finalmente  bajar en un” totum revolutum” rápidamente con 30, 35, o 40 detenidos y atestados de órdago, como desarticulación de  clanes de las cañada por narcotráfico, mas atracadores con disfraz a mano armada en joyerías, más boleros a los  que hay que visitarles a las diez de la noche en el hospital y ( todo sin comer, bueno una mísero sándwich de máquina a las 5 de la tarde, que agradezco de corazón).

Bien  para finalmente terminar destrozados y volver al día siguiente ¿frescos como lechugas?, a ¿dónde?, puede ser de nuevo a….  (Los juzgados de Plaza Castilla: faltas, declaraciones, exploraciones de menores), Juicios de Audiencia Provincia ( en c/Santiago de Compostela), Juicios de lo Penal….. (en c/ Santiago de Camarillo, lunes, martes y miércoles)o bien  en la misma sede de Camarillo  para otro servicio  donde se cubre el llamado “servicio de permanencia”, durante ocho horas,  amén de las declaraciones en nuestro juzgado, y juicios de faltas muchas veces con señalamientos extemporáneos sin haberse citado con antelación al fiscal ( no como al letrado), pues existe la idea de que siempre hay uno, y no entienden que  no tenemos el don de la ubicuidad, ni somos sus asesores a su disposición permanente. A todo ello, se une que la otra posibilidad del día siguiente sea acudir a la   correspondiente especialidad que puede ser totalmente ajena al Derecho penal con sus correspondientes vistas y por tanto señalamientos y el despacho de papel,  por supuesto en otra sede judicial y al otro extremo de Madrid. Ello supone una mente un tanto esquizoafectiva a la hora de concentrar y abarcar todo lo que se supone que ha de ser ejercicio de una justicia eficaz eficiente, con el suficiente estudio, dada la responsabilidad inherente  al servicio al que estamos llamados, donde el justiciable no es un mero papel o número más, aunque al final parece que nuestra función se reduce a meros tramitadores de papel donde el numero y/o estadística predominan en nuestro riguroso quehacer. En este sentido a todo lo anterior se une que es precisa la llevanza estadística de todos los juicios rápidos, abreviados, y de audiencia, declaraciones ante el juzgado, comparecencias de prisión, recursos, contestaciones de recurso, por supuesto escritos de acusación, juicios de faltas ,recursos y ejecutorias, internamientos, expedientes de expulsión, y las estadísticas de la especialidad correspondiente todo ello sin solución de continuidad, con el retraso y desconcentración que acarrea la mera contabilización de tan ingente tarea. A lo que debe añadirse que en el despacho sede, de los tantos a los que hay que acudir, con sus distintos ordenadores, y sillas…..se hallan esperando asuntos en el casillero para su despacho con una paciencia honorable y digna, y que requieren que la mente y el cuerpo de quien los ha de resolver se hallen en las más óptimas condiciones de serenidad, lucidez, concentración para poder despacharlos con la dignidad que merecen, con seriedad, conocimiento de la materia, rapidez y eficiencia, que es lo mínimo que se pide en un servicio público que lleva inherente esta responsabilidad.

La consecuencia, es que cualquier día aterrizas de juicios de Sala, con una violación de rumana ausente  con prueba preconstituida en  videoconferencia, y sin casi testigos directos, peleando como una jabata, más otros tantos  juicios de narcotráfico, y te apresuras a llegar al despacho, donde como Penélope, está esperando el casillero hasta arriba,(ojo son asuntos que también precisan nuestro estudio y resolución, pero ahí duermen esperando que salgamos corriendo de los servicios para poderlos meter mano), pues bien esperando por fin acometerlos nos encontramos en nuestra maravillosa mesa (gracias que la tenemos todavía) y  nos  encontramos, dos presos urgentes, una expulsiones, urgentes claro,  y hasta tres juicios rápidos de hace dos años que durmieron el sueño de los justos en el juzgado, pero hete aquí que los imputados en sede de diligencias previas  “reconocieron “ los hechos, así que dos años después se reconvierten en “rápidos” y se señalan ¿cuándo? para mañana…..en la guardia de rápidos normal, a la que va otro compañero y junto al resto de atestados que esa mañana se incluyan en la guardia normal. Y al día siguiente, servicios claro ¿pero dónde? Allí no claro, en otro extremo de Madrid,,…Así que a despacharlos lo más rápido que se pueda, sin familia, sin hijos, sin vida propia…Por supuesto el stress es tan solo un trastorno que nada tiene que ver con el sistema, es una mera anomalía.

El descanso para los justos.

martes, 21 de enero de 2014

TU VOZ EN EL CONSEJO: LA APIF

Estos días por venir son importantes para la Carrera fiscal.  Tras haber sido convocadas elecciones, tres candidaturas aspiran a que sus miembros ingresen en el Consejo Fiscal.    Para dos de ellas (AF y UPF) no es una novedad: están ahí desde siempre.   Para la tercera, sin demasiados asociados, sin subvenciones, sin conexiones algunas con la jerarquía, marginada en la información del Consejo Fiscal hasta ahora, se trata de un reto grande.  La lógica dice que el peso de la militancia se volverá a imponer, y que otra vez habrá seis de la AF y tres de la UPF.   Pero votan 2400 fiscales y la militancia no llega al 25 por ciento de la Carrera.   Además hay otro factor a considerar.   Estas elecciones significan algo distinto de las que ha vivido la Carrera Fiscal hasta ahora: son unas elecciones en las que unos fiscales se enfrentan a la jerarquía buscando apoyo en los demás fiscales.   Se enfrentan para decirles que no nos gusta como se llevan las cosas en la Institución: que estamos hartos de arbitrariedad en nombramientos; que estamos indignados de padecer un sistema disciplinario que nos reprochan ya desde Europa; que los fiscales de muchas Audiencias, Fiscalías de Área y Secciones Territoriales no pueden más de trabajo; que somos fiscales, no jueces de garantías, y que queremos que se perciba al Fiscal como impulsor de la aplicación de la ley por igual a todo el mundo.    Eso obviamente no va contra la AF o la UPF; eso va contra el modelo de Ministerio Fiscal que a lo largo de las décadas esas asociaciones y los partidos políticos han diseñado, y en el cual esas asociaciones están ya institucionalizadas.   Esas dos asociaciones no pueden cambiar el sistema porque ellas son parte principal del sistema.  Por eso están nerviosos a pesar de tener muchos más militantes, a pesar de que la inmensa mayoría de la jerarquía forma parte de sus filas.   Están nerviosos porque su militancia son fiscales y no pueden estar seguros de que estos no quieran trabajar en una Fiscalía limpia, transparente, dinámica y prestigiosa.

En estos días hablaremos de candidatos, de condiciones de trabajo de los fiscales, del sistema disciplinario, de la arbitrariedad en los nombramientos, de la expulsión de un compañero, de la falta de reacción institucional a ese hecho cuando lo readmitieron los Tribunales, de la transparencia en el Consejo, de la politización de la Fiscalía y de muchas más cosas.   Pero sobre todo cada fiscal ha de tener claro, asociados y no asociados, que el cambio en el Consejo es el único camino para decirle a la jerarquía que ha llegado la hora de cambiar de verdad.   Y para prestarle un enorme servicio a la sociedad española.

Os dejo el enlace con la web de la APIF, donde encontrareis el programa electoral, el vídeo de campaña, y donde se publicarán las noticias relevantes de la campaña electoral.

domingo, 19 de enero de 2014

OPOSICIONES A LA CARRERA FISCAL, por Uxía de Andrés y Álvaro Gimeno

Corren malos tiempos para los opositores a la carrera fiscal: a la ya de por sí dureza de la oposición, se han añadido una serie de dificultades adicionales.
Tras la congelación sufrida en el año 2012, la incertidumbre sobre el número de plazas y sobre si la oposición va a ser convocada o no, supone un estrés añadido y una imposibilidad de planificación tanto académica como en la propia vida personal. A esto hay que sumar que la supresión de las becas para la preparación de oposiciones y la situación de desempleo de algunos progenitores de los que el opositor depende, ha forzado que mucha gente tenga que o bien dejar la oposición o bien combinarla con un trabajo. Todo ello en una situación de modificaciones legislativas constantes.
De las más de 350 plazas anuales convocadas para ambas carreras entre los años 2009 a 2011, se ha pasado a la ausencia de convocatoria en 2012, 50 plazas en 2013 y 100 previstas para el presente año, que aún no han sido convocadas, siendo  fruto de la negociación parlamentaria, dado que el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado partía, un año más, con una cifra de 50, sumiendo a los opositores, por tercer año ya, en la más absoluta incertidumbre, dándose el caso de haber más opositores aprobados que plazas en la última convocatoria.
La convocatoria a las carreras judicial y fiscal, como poder del Estado, no puede quedar sujeta a tasas de reposición del 10% ni depender de criterios políticos, por lo que consideramos que es necesario la consecución de forma urgente de un Pacto de Estado en materia de Justicia que garantice un número mínimo de plazas, atendiéndose al número total de jubilaciones y composición de la planta respecto a la media europea, durante, al menos una legislatura, pese a todo ello, los opositores seguiremos luchando día a día por conseguir nuestro sueño, porque la defensa de la legalidad bien lo merece.

Uxía de Andrés y Álvaro Gimeno
Portavoces de la Plataforma de opositores a jueces, fiscales y secretarios judiciales.

https://www.facebook.com/groups/216616651775940/

ADIÓS, por María Jesús Moya

¡Qué vienen  las elecciones!
¡Adiós! os decimos todos.
¡Adiós! con el pañuelito
En vos yo ya no confío
porque la Justicia ha dicho:
lo de Frago no fue lícito
Y es sabido que actuasteis
en secreto y  al unísono.
Ahora es tarde, ese día,
deberíais  haber partido.
El pueblo no debería 
pagar  por el estropicio.
Si el GRECO supiera esto,
¡al cielo el grito habría ido!
Y ahora …
que el silencio, que el olvido,
que diré que ¡yo no he sido!
¿Creéis que ese es buen cobijo?.
Y mientras, el tiempo pasa 
Y el reingreso no ha ocurrido.
Que ya lo pagará el pueblo
por la crisis deprimido.
A mi servicio me debo.
No  os confiaré mi destino.
Quien  hace un cesto hace ciento
Quiero trabajar tranquilo,
que podéis arrodillarme
quitando el pan a mis hijos.
¡Adiós! os decimos todos.

 ¡Adiós! con el pañuelito.


María Jesús Moya Martínez (Fiscal  no poeta)

Votaré por Frago, votaré a la APIF para que no me pase lo mismo.

sábado, 18 de enero de 2014

LA (PARTE DE LA) UPF QUE PUEDE CAMBIAR LAS COSAS

Como es natural, yo distingo siempre entre asociaciones y fiscales.  No son lo mismo.  Porque no hay fiscal que esté de acuerdo por completo con lo que hace asociación alguna, incluso militando en ellas. Tengo el máximo respeto por fiscales de todas las asociaciones, aunque esté seguro de que siendo magníficos en el trabajo no quieran cambiar nada del sistema establecido.  Sin embargo hay quienes si quieren.   Quiero referirme aquí a un grupo de fiscales de la UPF, que no se siquiera si son "sector" pero si que se que son compañeros que aspiran a cambiar casi todo lo que está establecido en la Fiscalía desde hace tiempo.   Algunos, en el TS; otros, en alguna Fiscalía de Sala.  Pero bastantes son fiscales de trinchera, que se prodigan en el Foro de Facebook, y con quienes coincido en infinidad de ocasiones.    Una de ellas me hace el honor de escribir aquí de vez en cuando, y deseo que lo haga cada vez que le apetezca.  Quieren cambios progresistas, claro; pero profesionales.   Se lamentan del maltrato que se le dio al compañero expulsado, luchan por un sistema justo para todos los fiscales, rechazan la arbitrariedad, firman cartas y protestan por las injusticias que se comenten.   Bastantes firmaron el Manifiesto de la APIF por más garantías profesionales y estuvieron cerca del afectado.   Llegado el momento apoyaré la candidatura de alguna de esas compañeras que intervienen en el Foro al Consejo (la APIF solo presenta cinco candidatos) porque estoy seguro que harían un magnífico papel renovador para la Carrera.   Yo estoy, desde la firmeza de mis convicciones, convencido de que esa parte de la UPF quiere y puede -con ayuda- cambiar las cosas.

DESPOLITIZACIÓN Y AF

La Fiscalía hoy está hegemónicamente dominada por la Asociación de Fiscales.  El FGE, lider histórico de la AF que fue elegido por el PP cuando comenzó la legislatura, ha preferido elegir o recomendar cuando ha podido a miembros de su antigua asociación, preferentemente de su ejecutiva, para ocupar puestos de responsabilidad.  Así, el miembro nacional de Eurojust o el Director del CEJ o un vocal reserva del CGPJ, pertenecientes todos a la anterior ejecutiva de la AF fueron patrocinados por el FGE ante el Gobierno o el PP.   La jefatura de la Carrera (incluído el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, elegido también por el FGE) pertenece a la AF.   La mayoría de los vocales elegidos en el Consejo Fiscal por la Carrera son de la AF (6 electos a los que sumar algún institucional).   Las jefaturas principales de España, salvo alguna que se escapa o que no ha dado tiempo a renovar, están a cargo de militantes de la AF, así como Tenientías, TSJs, delegados, especialistas...  Un dominio como nunca ha tenido la AF, ni por supuesto la UPF en la Carrera Fiscal.    Ese poder, como decía el tío de Peter Parker, conlleva una gran responsabilidad.   De hecho, la mayor parte de la responsabilidad.   Porque esa situación de poder  la han acumulado imponiendo su criterio de favorecer a sus asociados a costa del resto, integrando ese hecho gran parte de los "logros" de esa asociación en estos cuatro años.   Y los resultados de esa gestión están hoy ahí.    ¿Se ha perpetrado algún atropello contra algún compañero en el terreno disciplinario en estos tiempos?  La responsabilidad es de la AF, que debería haber luchado para que no ocurriera: ellos lo saben, claro.  Ni una palabrita de rechazo a lo ocurrido se les ha oído.  ¿Ha sucumbido la Fiscalía ante la pretensión del Ministerio de Justicia de suprimir los sustitutos sin ampliar plantillas?  La responsabilidad de la falta de lucha o de resistencia es más de la AF que de nadie porque nadie domina como ellos en el Consejo Fiscal para poder poner pie en pared ante ese desafuero.   Aparte de mantenerse al margen tanto de la Carta de los 200 como de la única huelga que contra los atropellos del Ministerio de Justicia secundaron otras asociaciones de fiscales y muchos compañeros.  ¿Están los fiscales mejor o peor profesionalmente que hace cuatro años?  Creo que es claro que peor, y hace cuatro años ya estábamos mal.   Pues aquí con la UPF, comparten también ahí responsabilidad.     Si los jefes elegidos por la AF (apoyando a su antiguo líder) responden o no, si suben o no el nivel de lo que había, si son correctos y solidarios con los compañeros o no, es responsabilidad suya.   Y si la Fiscalía está politizada, en contra de uno de los postulados nominales de la asociación a lo largo de los años, es culpa, sin duda alguna de la AF.   Porque no se puede  politizar algo que ellos controlan, sin ellos.    El mensaje del GRECO es un reproche que se les hace directamente.    Ojalá se den por aludidos y reflexionen.

viernes, 17 de enero de 2014

EN NUESTRAS MANOS

Que la Fiscalía necesita cambiar su régimen jurídico ha dejado de ser únicamente una aspiración legítima de los fiscales: es algo que ya se nos reclama incluso por evaluadores de las garantías en la lucha contra la corrupción (último informe GRECO, Consejo de Europa).   La politización de la Justicia desacredita su funcionamiento y daña el trabajo de miles de jueces y de fiscales.  En la Fiscalía la politización es nuclear, aparece desde su origen: el nombramiento directo del FGE por el Gobierno en persona de su confianza, y la extensión de su mandato con la legislatura hace que no pueda percibirse una autonomía real por más que todos los Fiscales Generales se esfuercen en decirnos lo contrario.   Hace falta trabajar en ese sentido y hay que hacerlo desde el propósito de crear una estructura en la Fiscalía que un Fiscal General entrante no pueda alterar de manera sustancial.  Eso exige la existencia de áreas del Ministerio Fiscal que no puedan ser controlados por el FGE, entre ellos y principalmente, la Inspección y el Consejo Fiscal.    La garantía de la indemnidad y del respeto al trabajo de los fiscales; la seguridad de que no puede haber sanciones por meras discrepancias con la jefatura y que estas han de solucionarse sin cortar cabezas; la garantía de la protección del propio criterio en un contexto de respeto a la normativa general de la Fiscalía; la equidad en el reparto de trabajo; y tantas otras cuestiones profesionales dependerán al final de que haya en la Fiscalía alguien imparcial para resolver conflictos.    Si no hay alguien así, si todo el mundo depende o está en sintonía forzosa con el FGE; si el FGE está arropado por consejeros de su confianza y por un Inspector Fiscal obligado a obedecer, no hay garantías de nada para nosotros dentro de la Institución.  Creo que la experiencia de muchos años me exime de argumentar más.   Y garantías son lo que nos exigen en el Consejo de Europa, en cuanto al régimen disciplinario de los fiscales.    No es solo la cuestión de los nombramientos; es que la zanahoria sirve para la cabeza del escalafón, pero la amenaza del palo sirve para la cola.  Esas cosas han de acabarse si queremos que la Fiscalía reviva, si queremos que poco a poco podamos mejorar nuestras prestaciones, nuestras condiciones de trabajo, si queremos evitar la sombra permanente de que los gobiernos -a través del FGE pero no sólo de él- incidan materialmente en la Justicia, si queremos adquirir el prestigio y la confianza para asumir las nuevas funciones procesales.  Nadie lo va a hacer por nosotros; pero nosotros podemos hacer un gran servicio a nuestra comunidad.  

jueves, 16 de enero de 2014

EL INFORME GRECO Y LA FISCALÍA

Está ya disponible el informe GRECO (Grupos de Estados contra la Corrupución, en el Consejo de Europa), sobre la evaluación realizada a España en relación con la situación de parlamentarios,  fiscales y jueces y la corrupción.    El informe tiene mucho que comentar, tanto en relación al reconocimiento de la ínfima popularidad de los políticos en España, como en relación a la escasa presencia de la corrupción entre jueces y fiscales.   Los problemas para nosotros, tal como nos ven desde fuera en un aspecto en el que yo estoy completamente de acuerdo, están relacionados con la extrema politización de los órganos de gobierno de la Judicatura y de la Fiscalía.   En relación con esta última, se reclama reconsiderar el sistema de selección del FGE, la duración de su permanencia en el cargo (hoy ligada al gobierno que le nombra) y el establecimiento por ley de las relaciones entre el FGE y el Gobierno, haciendo referencia a la necesaria transparencia.   Se reclama también autonomía en los medios materiales de la Fiscalía respecto del Gobierno.  Se trata de la necesidad de un código de conducta para los fiscales y sobre todo me interesa destacar que se habla de la necesidad de instaurar un procedimiento disciplinario garantista e imparcial para los fiscales.

Estas reclamaciones las viene haciendo un sector de la Fiscalía desde hace mucho tiempo.   Hoy percibo ciertos movimientos de los responsables de que estemos como estamos (básicamente la jerarquía de la Carrera y las asociaciones que les empujaron a esos puestos) de colocarse a la cabeza de la manifestación.   No, compañeros.    Si la Fiscalía está politizada es porque algunos han permitido esa politización para sacar tajada a lo largo de décadas en connivencia con los partidos políticos de gobierno.  Si no es transparente es porque a algunos les ha convenido la oscuridad para llevar los asuntos de todos de espaldas a la Carrera y conforme a sus preferencias.  Si estamos sometidos en medios materiales al Ministerio es porque ni la jerarquía ni las asociaciones subvencionadas han puesto jamás pie en pared para decir que hasta aquí.   Si el sistema disciplinario esta huérfano de garantías (como en el corto intervalo de unas semanas ha dicho el Consejo de Europa y la Audiencia Nacional, y venimos reclamando algunos fiscales incluso con campañas en la Carrera) es para que la jerarquía pueda hacer con la carrera profesional de los fiscales practicamente lo que quiera, como amenaza y aviso de navegantes díscolos.   Esto hay que cambiarlo, claro.   Pero que no nos tomen por tontos.

miércoles, 15 de enero de 2014

MUCHOS JEFES Y POCOS INDIOS… 5 AÑOS DESPUES, por Susana Gisbert

Hace poco tiempo, alguien me recordaba un artículo que publiqué en la web de UPF hace más de cinco años (concretamente, en Abril de 2008). Y, como la memoria es flaca, y con los años más, tiré de hemeroteca y conseguí encontrarlo. Y al leerlo, me encuentro con la sensación de que podía haberlo escrito ayer mismo, y todo lo dicho tendría actualidad. Lo cual dice muy poco de nuestra carrera y de quienes rigen sus designios.
         Aun a riesgo de parecer pedante, me ha venido a la cabeza la famosa frase de Fray Luis de León “Decíamos ayer...” (juzgad por vosotros mismos: aquí dejo el enlace) porque efectivamente, los problemas apenas apuntados recién reformado el Estatuto Orgánico, son hoy exactamente los mismos, o mayores incluso. Con la excepción, quizás, de que esa subespecie a la que me refería entonces, los “fiscales de a pie” han sido rebautizados vía Foro de Fiscales como “trincheristas”.
Pero, por lo demás, la vida sigue igual, como dice la canción. Nos encontrábamos en esa época con los problemas que suscitaba la supuesta creación de cada vez más plazas especializadas, lo que en realidad era una no-creación, porque se trataba, ni más ni menos, que de inventar una especialidad con su consiguiente jefe, decano, delegado, coordinador, o lo que sea, pero sin aumentar el número de fiscales, con lo cual se ha de detraer la plaza en cuestión de la plantilla de los fiscales de a pie, o trincheristas, como más guste.
¿Ha cambiado algo? Pues nada de nada. Siguen existiendo, que yo sepa, decanos, delegados, coordinadores y enlaces, además de jefes y tenientes superiores y provinciales, y jefes de fiscalías de área. Para acabar de redondear el pastel, hay coordinadores que coordinan y que no coordinan (la llamada categoría administrativa de coordinador), que visan y que no visan, hay decanos de materias específicas y decanos que no la tienen, decanos de secciones territoriales que han de actuar como mini jefes, cuya diferencia con los jefes de la Fiscalías de área es inexistente, hay decanos con exención de otras funciones y sin ellas, y hay delegados de fiscalías especiales con sede en las Fiscalías provinciales, que luego actúan en las Fiscalías superiores y, entre éstos, hay temporales y definitivos, con y sin exención. Y, para rizar el rizo, hay secciones especiales y especializadas, que no es lo mismo.
Es decir, que el panorama descrito en 2008 es exactamente el mismo con el añadido de la creación de los decanatos, que añadió un escalón más en esta caótica no-estructura. Los conflictos entre quién hace o no hace un juicio de una materia concreta, con qué criterio se determina, cómo se resulven las yuxtaposiciones entre secciones materiales y procesales o de distintas competencia y hasta quién debe visar siguen sin existir. Y la materia a la que los fiscales se dedican en mayor medida, dicho sea en términos estrictamente cuantitativos, esto es, el Derecho Penal de toda la vida, sigue quedando como algo residual aunque sea la mayor parte de nuestro trabajo. Y surgen las discusiones si esos directores (tengan el nombre que tengan) han de ir a otro sitio porque no hay nadie más libre, o cuando los no directores se encuentran que les coincide su guardia, o sus juicios, con un juicio de la especialidad a la que pertenece, voluntaria o forzosamente. Y, habida cuenta la eliminación de los sustitutos, que venían como mano de santo en estos casos, la cosa se pone todavía peor.
¿Y alguien ha hecho algo? ¿Y se ha concretado alguna cosa vía legal o reglamentaria? Pues no. Seguimos en la misma. Y cada vez más fiscalías de sala de materias concretas, que conllevan la no-creación de secciones y jefes en cada fiscalía. Y además, dado el tamaño de algunas Fiscalías, algunos fiscales ostentan más título de este tipo que la Duquesa de Alba.
Y encima, hay que añadir a todo esto las reuniones anuales de delegados -o lo que sean- de cada materia, que están muy bien para unificar criterios, pero en la práctica suponen un viaje más de alguien cuyos servicios han de ser cubiertos. Y que, además, en algunos casos, son el único curso de esa materia que existe, con lo cual los mismos delegados acuden un año tras otro mientras el resto de fiscales que se dedican a ello no tienen posibilidad de intercambio de ideas ni de engrosar su currículum.
Así que, pensemos lo que ha cambiado el mundo en casi seis años. Nuevas tecnologías, móviles de multitud de prestaciones, redes sociales… Y lo que ha cambiado la carrera fiscal. O mejor, lo que no ha cambiado. El famoso Libro Blanco ya ha amarilleado y aquí seguimos como siempre. Más de lo mismo.


SUSANA GISBERT

FISCAL (Fiscalía Provincial de Valencia)

lunes, 13 de enero de 2014

CARTA ABIERTA DE 200 FISCALES AL FGE

Tenemos los fiscales pocas herramientas técnicas para organizarnos, para ponernos de acuerdo, para intercambiar opiniones o para hacer reclamaciones juntos.   Yo creo que no es casual, pero es lo que hay.  Sin embargo, hace poco más de un año, un fiscal al que me he referido en otras ocasiones, David Mayor, tuvo la feliz idea de crear un foro de debate en Facebook, al que solo acceden los fiscales que tengan cuenta en dicha red social.    Hoy sobrepasa dicho foro ampliamente el número de 600 fiscales, y en él con sentido del humor, libertad y respeto, se opina, se consulta, se sugieren temas de debate de actualidad y profesional, se comentan experiencias, destinos y muchas cosas más. En este contexto, surge ahora una iniciativa aquí insólita.  206 Fiscales -de uno en uno, con independencia de que estén o no asociados- han suscrito una Carta abierta dirigida al FGE lamentando la situación en que se ha colocado a las Fiscalías y a los fiscales a raíz de la Instrucción 3/2013.   Creo que urge que la FGE replantee la cuestión y que empiece a pensar hacia abajo en lugar de hacia arriba.   A continuación reproduzco la Carta abierta -que todavía pueden los fiscales suscribir: comunicadosustitutos@outlook.es-; pero me interesa resaltar que si alguien pretendía que los fiscales permanecieran indiferentes ante las cosas que les ocurren, pasivos ante la pasividad del Consejo Fiscal y desunidos por la falta de herramientas de comunicación, creo que se equivocaba.   La Fiscalía de los próximos años y la actitud de los fiscales que la servimos no va a parecerse a la que aquellos que ocupan hoy la jerarquía han visto.   Hay mucho que hacer de una forma que no puede imaginar quien no siga de cerca la cuestión de las redes sociales, y más vale que se den cuenta pronto porque las cosas cambian aquí muy rápido.  Por cierto, el foro ha elegido a una representante de los firmantes para atender a la prensa y aclarar dudas: Susana Gisbert Grifo, Fiscal de Valencia.


CARTA ABIERTA AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO     

Excmo. Sr.:
           
            Mediante la presente comunicación es nuestra voluntad hacerle llegar nuestra iniciativa en relación con la situación derivada del nuevo régimen de sustituciones en la carrera fiscal. Esta iniciativa ha surgido en el Foro de Fiscales en Facebook. El Foro de Fiscales, que cuenta ya con más de 600 miembros,  constituye un grupo profesional y un punto de encuentro abierto a todos los fiscales, asociados o no, con el fin de responder a la creciente  demanda de un lugar común en el que todos los fiscales puedan comunicarse de modo ágil, libre y respetuoso sobre los principios de respeto mutuo y con la única finalidad de hacer confluir todas aquellas iniciativas, debates o cuestiones de interés profesional de toda la carrera. En el Foro de Fiscales esta comunicación sobre el régimen de sustituciones ha tenido el apoyo de más de 200 fiscales, por el momento, continuando abierto el proceso de adhesión a la misma.

            Los fiscales firmantes queremos expresar nuestro rechazo y grave preocupación por las consecuencias que el nuevo régimen de sustituciones conlleva, lo que, sumado al mismo o similar problema en la carrera judicial, puede perjudicar gravemente los derechos de los justiciables y a la Justicia en sí.

            Efectivamente, tal como se advirtió desde distintas instancias y desde algunas Juntas de Fiscales, la supresión de los sustitutos es algo inasumible. Apenas transcurridos unas semanas desde su implantación, ya se empiezan a percibir sus graves disfunciones y las previsibles e irremediables consecuencias para el ciudadano.

En primer lugar, retrasos, suspensiones y aplazamientos al no disponer de una bolsa de sustitutos a la que acudir en caso de enfermedades repentinas o de corta duración, como podemos comprobar con sólo echar un vistazo a la prensa.

En segundo término, y más grave si cabe, dicho régimen supone una disminución ostensible en la calidad de nuestro trabajo y, por tanto, en el servicio al ciudadano, al que nos debemos. No olvidemos que nuestra profesión se debe a una firme vocación de servicio público. Y en estas condiciones, es imposible prestar un servicio público de calidad y en un tiempo razonable.

Asimismo, esta regulación hace ilusoria la decidida apuesta por la especialización que debe informar nuestra actuación. Es difícil defender la especialización de la carrera fiscal, o de la judicial, si en el momento en que hay alguna baja, se considera que cualquiera es apto para suplirla, si se ha presentado voluntario, o incluso si no lo ha hecho y es llamado de manera forzosa.

No vamos a entrar en el modo de organizar dichas sustituciones, ni mucho menos en la remuneración que se perciba por hacerlas. La labor de un profesional sólo puede ser suplida por otro profesional –independientemente de si es o no titular-, no por unos emolumentos que compensen en mayor o menor medida el sobreesfuerzo injusto que se nos exige.

En definitiva, se trata de una medida cuyos beneficios –un discutible ahorro- en modo alguno compensan sus consecuencias. Un servicio prestado en estas condiciones no hará sino empeorar la ya pobre imagen de la justicia que se percibe desde la ciudadanía. Y que, a la vista de las escasas perspectivas de creación de nuevas plazas, perpetuará y agravará los problemas ya existentes.

Entendemos además que perjudica nuestra dignidad profesional, ya que conlleva una consideración implícita e incierta de que actualmente no se hace todo lo que se puede hacer, y que es totalmente injusta con el cuerpo de sustitutos, algunos de los cuales llevan prestando sus servicios a la Fiscalía de una manera admirable desde hace muchos años. No podemos despreciar el dato de que, durante el pasado año, alrededor de un 15% de los asuntos –hasta el 20% en algunas Comunidades- fueron despachados por fiscales sustitutos, por lo que esta medida supone la efectiva supresión de al menos un 15% de los medios humanos con los que contaba la fiscalía, y disminuye todavía más la ratio de fiscales por ciudadano. Nos preocupa especialmente que no se garantice en todo caso ni tan siquiera la sustitución externa de las licencias por maternidad y reivindicamos que se establezca así normativamente sin margen de discrecionalidad. 

Del mismo modo que dos incendios no pueden ser apagados a la vez por un solo bombero y que un médico no puede atender a dos pacientes simultáneamente, nuestra carrera no puede asumir el doble de trabajo sin graves consecuencias para los ciudadanos. No hay que olvidar que, además de perseguir delitos, nuestra labor comprende materias tan sensibles como la protección de menores o desvalidos, violencia de género y doméstica y que somos quienes debemos garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, y que mal podremos hacerlo en estas circunstancias.

Asimismo, tampoco se puede perder de vista el notable incremento de delitos de compleja investigación, como ocurre con los casos de corrupción, que exigen una respuesta firme e inmediata que es difícil o imposible dar sin los medios adecuados.

Por último, no vamos en entrar en estos momentos en el anuncio de otro tipo de medidas de apoyo a esta reivindicación –como las que ya se utilizaron en otra ocasión-. Creemos que  basta con la explicación de las terribles consecuencias que conllevará la aplicación de la medida para lograr que su revisión sea al menos tomada en consideración. Y no hay peor consecuencia que una inevitable ralentización o paralización de los procedimientos. No perdamos de vista que una justicia lenta deja de ser justicia.


Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que se tome en consideración la revisión del régimen de sustituciones establecido y se dispongan los medios económicos y los marcos normativos necesarios para garantizar una digna prestación del servicio esencial de la administración de justicia y que se  haga sobre la determinación de módulos objetivos con máximos de carga de trabajo en orden a garantizar la calidad del mismo sin merma de la celeridad que ha de acompañar al funcionamiento de la justicia. 

sábado, 11 de enero de 2014

SI QUEREMOS UNA REGENERACIÓN DE LA FISCALÍA HACE FALTA UNA NUEVA INSPECCIÓN

Hace poco más de un año pedí una plaza de libre designación, para la cual se organizó una audiencia de los candidatos en el Consejo Fiscal.  Antes de entrar, mientras esperábamos, un Fiscal de Sala felicitó por su nombramiento a la candidata que esperaba entrar a ser evaluada, delante de mis narices y de las de otro candidato.  Al entrar en el Consejo, el FGE me aseguró que nada estaba decidido, y como prueba, dijo que "como no puede ser de otra forma, he dado libertad de voto al Teniente Fiscal y al Inspector".    Pero claro que estaba todo decidido.    Este modo de actuar es incompatible con el trato que merecen los fiscales.   Así de claro.    Y en particular, que en algún momento el Inspector Fiscal haya tenido que obedecer lo que el FGE le decía en el Consejo Fiscal es lamentable.   Si hay alguien en la Carrera que ha de gozar de la máxima independencia del FGE es el Inspector, a fin de que el régimen disciplinario, las necesidades materiales de la Fiscalía y la promoción interna puedan ser atendidas por criterios profesionales y no políticos.  Si hay alguien cuyos informes y decisiones han de estar protegidos frente a la influencia del FGE, es él.    Estoy convencido de que si la Inspección funciona bien, la Fiscalía funciona mucho mejor.   He dicho ya que la Fiscalía debe crear mecanismos para frenar el dominio absoluto del FGE en la Institución.    Lo creo firmemente, y creo que la mejor manera de empezar a ello es dotar a la Inspección de autonomía en su actuación.   El FGE que llega a la Fiscalía ha de encontrarse con un marco regulado de actuación, no con plenos poderes para asignar fiscales adscritos donde desee -incluso sin plaza vacante-, para elegir o no establecer sustitutos o eméritos, o para acordar en tiempos de escasez donde crea plazas o no (la Unidad Central de Cooperación Internacional crece con dos plazas en estos días si se cumplen los pronósticos, mientras los fiscales de trinchera son obligados a sustituir por la Instrucción en vigor).   Todo eso habría de establecerse por la Inspección, con criterios profesionales y con independencia de la voluntad única del FGE.    Y consecuentemente, los fiscales de la Inspección han de ser elegidos por cualquier criterio que no sea la estricta confianza.    No entiendo tampoco, si realmente se eligieran como se debe, es decir valorando su competencia, porqué establecer limitaciones de permanencia en la misma.   Al revés, deberían ser los Inspectores la creme de la creme de la Carrera, e inamovibles.     En garantía de todos.

miércoles, 8 de enero de 2014

227 FOLIOS PARA IMPUTAR

La lectura del Auto del Juez de Palma para imputar a la Infanta me produce una sensación de desasosiego y un poco de irritación.   Jamás he visto que para imputar a nadie haga falta argumentar las razones como si de una sentencia condenatoria se tratara.    La imputación es -en la más suave de las acepciones- la garantía que se ofrece a alguien contra la que hay sospechas, incluso remotas, de haber intervenido en la comisión de un delito.   No hacen falta certezas, no hacen falta pruebas de gran peso: basta con que el Juez considere necesario oír la versión de esa persona (recordemos que el Juez tiene la obligación de investigar los delitos con "todas" las circunstancias que concurran en los mismos (art. 299 LECr.)).  Y para que esa persona pueda declarar sin la obligación de los testigos de  decir verdad, y por tanto en conflicto procesal si ha tenido alguna partipación en los hechos, se le posibilita la declaración con ciertas garantías (Ver STS 10 de julio de 2013).   Por eso son tan raras (aunque últimamente curiosamente proliferan) las impugnaciones de las imputaciones, y por eso no es normalmente un Auto lo que acuerda la imputación de alguien (y menos de cientos de páginas de fundamentación), sino que se acuerdan citaciones en condición de imputado por Providencia, sin motivación, y se cita hasta por telegrama.      De verdad, estamos perdiendo un poco el sentido común.

martes, 7 de enero de 2014

INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DEMOCRACIA REAL

Que el poder trata de expandirse es una máxima de la política, y de ahí que las democracias se organicen con contrapoderes, y la importancia del Poder Judicial como contrapoder del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los grandes Grupos de Presión que practican lo que se ha venido a llamar lobbying.
Por eso se dice que la calidad de un sistema democrático se mide por la independencia real de los  Jueces y Tribunales, pues cualquier influencia directa o indirecta del poder político o económico en el ámbito de la administración de justicia, pone en riesgo la efectividad de los derechos y garantías de la ciudadanía frente a un ejercicio arbitrario del poder o un abuso de posición dominante.
En España los Tribunales deberían controlar de manera efectiva y sin excepciones la potestad reglamentaria y la actividad administrativa, y por tanto al poder ejecutivo, y a todos los grupos poderosos económicos y asociaciones que tratan en su propio interés y torciendo la norma que nos hemos dado todos, controlar un sector de la economía o una faceta de la vida de los ciudadanos.
Pero la realidad es que nuestros Tribunales no están dimensionados para dicho control, y su independencia se puede fácilmente amenazar.
Actualmente es evidente que ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Ministerio Fiscal vienen ejerciendo su función de garantes de la independencia judicial. De hecho existen personas autorizadas que se atreven a criticar ambas instituciones por lo contrario en muchos casos públicamente conocidos. La inamovilidad judicial para preservar dicha independencia también es relativa, pues el Juez puede ser suspendido o separado de la carrera judicial por muchas causas que no dependen de su profesionalidad o voluntad.
En este contexto político, y en un momento en que han aflorado casos de corrupción que afectan a notables personalidades de la política, de los sindicatos y de la economía, se reforma el Consejo General del Poder Judicial, y se crea la novedosa figura del Promotor de la Acción Disciplinaria, cuando es difícil encontrar un Juzgado en los que no pueda encontrar una causa, que debidamente enfocada, permita inquietar al Juez con un expediente disciplinario. Por ejemplo por retrasos, aunque no exista desatención, y pese a que se ha despojado a los jueces de toda capacidad organizativa en sus juzgados, y no se les dan los medios adecuados para ejercer su función de forma efectiva, aunque se les mantiene en la superior dirección de dichos Tribunales.
Por ejemplo, se ha llegado a sancionar por la Comisión Disciplinaria del Consejo general del Poder Judicial a un Juez Central de lo Contencioso-Administrativo, pese a que el Instructor del expediente sancionador calificó la posibilidad de sancionar a ese Magistrado como una "clara injusticia", pero que efectuaba el pliego de cargos tras tres propuestas de archivo, forzado por la misma Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial para que formulara propuesta de sanción por falta muy grave, sanción que finalmente, tras recurso del propio Magistrado, fue anulada por la sección 7 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en su sentencia 3010/2013, de 5 de julio.
Si parece increíble el caso, imagínense la intranquilidad que llevó a su función al Magistrado sancionado, que además de Magistrado puede su salario ser la fuente de ingresos personal y de su familia, y su sentimiento de impotencia e injusticia, que le llevó con mucho esfuerzo, como nos pasaría a cualquiera de los ciudadanos que no tenemos una asesoría jurídica a nuestro servicio, a recurrir la sanción. 
Es más, debería denunciarse con más coraje y fuerza, que muchos de los instrumentos de trabajo necesarios para el desempeño de la función judicial no se les proporciona a los jueces. Por ello vienen siendo suplidos en muchos casos por ellos mismos, a cargo de su sueldo, ante el incumplimiento político de dotarles adecuadamente para el ejercicio de su función, incumplimiento que como se ha venido produciendo desde que ingresan en la carrera judicial con mucho esfuerzo, es asumido incluso voluntariamente por nuestros jueces y magistrados, sin excesivas protestas.
Me refiero no sólo a recursos humanos, como un equipo organizado por ellos, una policía judicial dependiente orgánicamente de los jueces y no del ejecutivo, o peritos adecuados a los asuntos complejos que deben resolver, y dimensionamiento de esos asuntos que les permita tener tiempo adecuado para su estudio y resolución. Me refiero también a medios tan básicos como un portátil moderno, códigos o la propia toga.

Si no resolvemos esta deficiencia democrática grave, acabaremos gobernados por lobbys o grupos de presión, algunos sin escrúpulos.

EXIGIR RESULTADOS

El cambio en la Fiscalía ha de partir desde abajo, ya que desde arriba nunca lo harán.   El FGE lo nombra el Gobierno entre juristas de su confianza (ahora incluso es amigo personal del Ministro de Justicia).   Es muy difícil que de entre los elegidos por el Gobierno salga una reforma interna que ciegue las posibilidades de presión del Gobierno sobre la Institución.   Además, en mi opinión y como defiendo constantemente, las asociaciones mayoritarias están ya institucionalizadas.  Todos los miembros del Consejo Fiscal, desde hace mucho tiempo pertenecen a una de las dos asociaciones, incluyendo los vocales natos.   La Fiscalía de hoy, en lo bueno y en lo malo, es el resultado de esa hegemonía de ambas asociaciones en gobernar al Ministerio Fiscal durante décadas.   Hoy son parte del sistema, sus miembros más relevantes lo son asimismo de la Fiscalía: empezando por el propio FGE, y siguiendo por el Teniente Fiscal del TS y por el Inspector Fiscal.   De esas asociaciones, no cabe esperar cambios para la Carrera, al menos sin una presión grande de las bases.    Los que queremos cambios, porque estamos hartos de ver que esto no funciona, que las quejas son constantes y en áreas muy distintas (condiciones de trabajo, sistema informático, castas políticas en la Fiscalía y politización de la Institución, arbitrariedad en los nombramientos, olvido de las demandas laborales de los fiscales, sistema disciplinario sin garantías (y sin calidad en su aplicación), opacidad en la tramitación de las cosas que nos afectan, entre otras cosas), debemos empezar a exigir resultados en todo aquel a quien se confían responsabilidades.     Cuando un jefe lleva diez años en un puesto (seguramente también cuando lleva cinco), puede saberse sin dudas si su gestión ha respondido a lo que se espera que haga el Ministerio Fiscal en esa jefatura.     Por eso es increíble que antes de decidir la renovación de los jefes no se haga un estudio sobre su gestión, sobre la base de las expectativas creadas con su nombramiento.   En todos los concursos de la Unión Europea y de Naciones Unidas, para cada plaza que sale, se redacta una memoria de lo que se espera del candidato.   Solo así se puede contrastar lo que se pedía con el resultado de la gestión.   Si lo único que importa es que el elegido sea de una asociación o de otra, o que sea de la confianza de alguien, entonces no hay nada que hacer.  Y no habrá ningún cambio.

Ese estilo de llevar las cosas aquí, en la que nada importa (me comentaban unas compañeras magníficas fiscales hace un par de días que me estaba quemando "para nada" al decir estas cosas); en la que cinco, diez o quince años de ejercicio de responsabilidades profesionales se presumen buenos sin rendir cuentas de lo hecho y de lo no hecho, sin presentar al análisis un balance de resultados;   en la que un FGE sucede a otro sin que pase nada -salvo que unos pocos fiscales son promocionados al cambiar las influencia de las fuerzas en la Fiscalía-, sin que se note cambio alguno; en la que nadie tiene el estímulo de mejorar nada porque nada te va a pasar salvo que te equivoques gravemente; en la que el color dominante ha de ser el gris en su completa gama de tonos, es en definitiva la razón última de que la Fiscalía tenga hoy la imagen social que tiene.    Yo disfruto, por ejemplo, al ver al Fiscal Especial de Tráfico, dando la cara (y a veces saliendo con ella magullada), saliendo en los medios, acertándose y equivocándose, pero preocupado porque las cosas mejoren y por concienciar a la gente de que hay un problema que hay que solucionar.     Y no entiendo -y no creo que el Consejo Fiscal deba apoyarla- renovación alguna sin presentación y valoración de resultados en la gestión.    Valoración que hay que hacer escuchando a la plantilla (cuando no sea de confianza, claro), leyendo sus Memorias y atendiendo a las explicaciones del interesado o interesada.   Y a partir de ahí, empezar a construir muchas cosas más.

sábado, 4 de enero de 2014

DIAGNÓSTICO DE MALES EN LA FISCALÍA

Soy fiscal desde hace treinta años y nunca he querido ser profesionalmente otra cosa.   Para conservar la ilusión en esta profesión, tras tantos años y en el dificilísimo estado actual de las cosas, yo defiendo la necesidad de cambiar muchas cosas.   La preocupación fundamental de las asociaciones mayoritarias de colocar a cuantos más de sus miembros en la jerarquía de la Fiscalía ha producido a lo largo de los años una serie de efectos negativos.  Para los partidos políticos de gobierno esta situación está bien: siempre tendrán un afín por ahí en las alturas de la Fiscalía.  Pero en términos profesionales la cuestión es distinta.   En mi opinión, desde ese punto de vista, el peor efecto es que se han olvidado de aquellos que no forman parte de la jerarquía: fiscales obligados a asumir la carga de trabajo de sustitutos despedidos, condiciones de trabajo muy duras, anulación de la iniciativa individual, y desconfianza al libre criterio en el ejercicio de nuestra profesión (que obviamente obliga a conocer y respetar las instrucciones generales impartidas, pero no a seguir formularios al pie de la letra).    Y se han negado a aprender nada de nadie: la única verdad es la suya, para eso son más y están apoyados alternativamente por un FGE elegido por el partido político afín.

Han aceptado, al ocupar la jerarquía, un entendimiento de los principios de unidad y dependencia que confiere toda la razón a quien ha sido elegido jefe por las asociaciones mayoritarias y por el FGE afín de turno.   El fiscal de trinchera (o el independiente) está hoy desamparado, hasta el punto increíble hace unos años, de que puede ser expulsado un compañero vulnerando sus derechos fundamentales (ignorándose que el fiscal había discrepado de su jefe por la vía estatutaria), sin haberle oído en el Consejo Fiscal, y sin que nadie de la AF, de la UPF, de la jerarquía haya movido un dedo para denunciar el atropello o para pedir disculpas.   Eso ha pasado aquí; y ha pasado en unión de otras cosas lamentables, como el mercadeo de cargos, el desprecio a quejas de fiscales que tardan años en resolverse o la justificación de nombramientos en criterios excéntricos para elegir al favorito de la jerarquía o de la asociación dominante.    Y todo favorecido por una opacidad contraria a la dignidad de funcionarios de la escala más alta de la administración.


Hoy las asociaciones mayoritarias (en mi opinión, más todavía la AF que la UPF) están instituticionalizadas: es imposible que puedan actuar contra la jerarquía (que ha salido de sus mismas filas, de sus dirigentes); imposible que puedan siquiera dejar de identificarse con los deseos, muchas veces inspirados por las reglas de la política partidista cuando no por la subordinación al Ministerio de Justicia,  de quienes mandan en la Fiscalía.    Para ellas es imposible, demasiados cargos, demasiadas expectativas de colocación, demasiada lealtad a la jerarquía afín (y deslealtad a la no afín); no pueden luchar por los derechos o por las condiciones de trabajo de los compañeros si ello supone enfrentarse a la voluntad del que manda; no pueden hacer que la Inspección funcione con independencia del FGE; no pueden imponer unas reglas equitativas, impulsar al Fiscal General en la dirección correcta en su gestión, aún obligándole a rectificar.    No pueden dar transparencia al Consejo Fiscal y a la Fiscalía (y como no pueden, ni lo intentan).  No pueden -no lo han hecho hasta ahora y tampoco lo van a hacer en el futuro- regenerar la Fiscalía.     

Vaya panorama.

jueves, 2 de enero de 2014

AÑO NUEVO, ¿VIDA NUEVA, EN LA FISCALÍA?

He preguntado en la Inspección si hubo o no informe del Consejo Fiscal sobre la Instrucción sobre sustituciones.   Me dicen que no, aunque el tema "se trató" en el Consejo, al tratarse de una cuestión organizativa del Ministerio Fiscal.    Creo honestamente que no basta con un tema así se trate, sino que ha de haber un pronunciamiento claro -plasmado en un informe o una resolución- rotundo y contrario sobre el particular.   El tema ha afectado a muchos fiscales sustitutos (que han sido despedidos) y a muchos fiscales que han de asumir el trabajo que queda del despido de los anteriores.    Pero este problema no es sino la evidencia de que la Fiscalía General ha caído ya bajo el poder del Ministerio de Justicia, ante la falta de resistencia -ignoro porqué razones- de quienes dirigen la institución.   El Ministerio quiere ahorrarse algo más de dos millones de euros anuales y la Fiscalía asume dicho sacrificio sin resistencia y a costa del sobreesfuerzo de unos y del despido de otros.   Este hecho  ha merecido incluso una crítica moderada de la AF en su último comunicado (que aplaudo sin reservas), lo que da idea de la gravedad del tema.   Y si a eso sumamos que la Fiscalía General condiciona -quebrantando sus promesas y plazos- la publicidad del proyecto ya elaborado de nuevo Estatuto Orgánico a que se apruebe el proyecto de ley procesal penal por el Gobierno, pues tenemos un cuadro aproximado de las relaciones de subordinación orgánica de nuestra Institución respecto del Ministerio de Justicia.   La pólvora que se quemó por la FGE sobre problemas con el Ministerio hace unos meses eran fuegos artificiales: la realidad es esta.  Y si esto es así, si la Fiscalía no puede oponerse de igual a igual al Ministerio en cosas propias de la Fiscalía, ¿no hay que empezar a preocuparse por los asuntos que despacha el Minsterio Fiscal, entre ellos los que afectan al partido del Gobierno o al poder financiero?    Yo creo que si el Ministerio quiere suprimir los sustitutos y cargar sobre las pesadas espaldas de algunos fiscales, la Fiscalía ha de decir que no.   Que no se puede asumir ese trabajo.  Que ahorren de otro lado.    Salir a la opinión pública denunciando el problema: no solo que lo hagan unos fiscales, o unas asociaciones, no.  Ha de ser la Fiscalía General y además plantando cara, apoyada en el Consejo Fiscal.   Que el coste de decisiones políticas lo asuman los políticos, no los fiscales ni la Justicia.   El mayor activo profesional que tenía el actual FGE era -en mi opinión- su posición firme sobre la inadmisión de decisiones ministeriales en nuestro trabajo: hoy dudo mucho que esto siga siendo así.   Creo que necesita un buen Consejo también para ayudarle en esto.