jueves, 21 de diciembre de 2017

NO ESTA MAL PARA EMPEZAR

La noticia de que el nuevo Fiscal General obliga al Fiscal Jefe de Madrid a acatar el art. 27 del EOMF en un asunto en el que se dirimía el acatamiento del fiscal del caso a una orden de no investigar un asunto de corrupción es algo positivo.   A veces pienso que algunos jefes que no se enteran bien de los requisitos del art. 27 del Estatuto deberían ser conminados a copiar a mano el texto cincuenta veces,   a ver si se enteran.  Todavía me acuerdo de aquella Fiscal Jefe de La Coruña, luego ascendida.   Debemos a la AF y a Torres Dulce el nombramiento del Fiscal Jefe de Madrid y otras desdichas.   Que no se olviden. Y bien el nuevo FGE.

sábado, 16 de diciembre de 2017

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y LA ASOCIACIÓN DE FISCALES

Mira que la APIF insistió en modificar el Reglamento del Consejo Fiscal en cuanto al régimen electoral del mismo.  El sistema mayoritario actual ha propiciado 30 años de una composición exactamente igual en el Consejo, 6 vocales de la AF y 3 de la UPF, ya que se trata de un sistema de régimen mayoritario buscado y mantenido por los partidos políticos que han  gobernado España en este tiempo.  Ese sistema electoral ha dejado fuera del espacio donde teóricamente se defienden los intereses de los fiscales (las asociaciones mayoritarias no siempre participan de esa concepción) a más de dos tercios de los fiscales durante décadas.    El Consejo Fiscal es responsable de la nula defensa que los fiscales encuentran en todos los aspectos de su vida profesional, salvo en la promoción de los amigos y afines, claro y eso durante 3 décadas, que se dice pronto.   Son las cosas que tiene la influencia, de la que me extenderé un poco más en próximos días respecto de la triste Comisión de Formación de la Fiscalía General, a la que yo no vuelvo a asistir hasta que no haya cambios.

Pues nada.  El Consejo Fiscal ignoró en sus informes sobre la modificación del Reglamento dichas peticiones de la APIF -y lo entiendo, los vocales electos han hecho todo lo posible para mantener sin cambios ese momio de influencias profesionales en que han convertido el Consejo Fiscal-.   Y tampoco el Ministerio de Justicia -asesorado por un exportavoz de la AF- ha accedido a introducir un sistema corrector, un sistema que abriera potencialmente el Consejo Fiscal a la mayoría de los Fiscales.  Se acaba de publicar en el BOE una reforma del Reglamento del Consejo Fiscal que introduce un cambio positivo pero mantiene el régimen  electoral que denuncio.    Bueno, pues nada.

He visto con escándalo que unos fiscales son alojados en su visita a Madrid para una reunión en el Ministerio en un simpático Hostal en Chueca, popular barrio de Madrid.  Para desayunar, como no hay tal servicio en el citado Hostal se les ofrece un sobre con 10 euritos para que se organicen ellos mismos.   Estas son las condiciones que se brindan a algunos fiscales para desplazarse: se lo comenté ayer la una abogada del Estado y no podía creerlo, pero es así.    El Consejo Fiscal que nos viene defendiendo ferozmente a los Fiscales en estos últimos 30 años tiene aquí algo que decir.  También podría hacer algo en materia de concursos, de baremos máximos de trabajo, en valoración de méritos, en retribuciones, en transparencia, en garantías profesionales, en el régimen disciplinario y en otras cosas de ese estilo.  Entiendo que no se pueda estar en todo, pero vamos, habrá un término medio.



En estas, el Ministro de Justicia,  después de una reunión colectiva con asociaciones de jueces y fiscales para hablar de retribuciones, ha encontrado tiempo para recibir privadamente a la nueva Presidenta de la AF, estrechando de esta manera relaciones entre la AF y el PP.    Supongo que la representante de la asociación mayoritaria habrá podido agradecerle el gesto de mantener el régimen electoral al Ministro, y al tiempo habrá podido exigir disculpas por las presiones políticas que había para colocar fiscales jefes amigos de investigados por corrupción en las principales fiscalías de España, y que contaron finalmente con el apoyo de los vocales de la Asociación de Fiscales ,ofreciendo asi la Fiscalía una imagen lamentable de politización.  O por el caso omiso que se hace a las reclamaciones de los fiscales sobre discriminaciones y retribuciones (que hoy los fiscales tiene que gestionarse, y ganar en los Tribunales sin apoyo alguno de la institución); o sobre concursos o sobre protección de riesgos laborales; o un reglamento no franquista o un nuevo régimen disciplinario; quizá, al menos por las condiciones de alojamiento de los fiscales.   Si no consigue un caramelo para los fiscales empezaré a pensar mal.


martes, 12 de diciembre de 2017

RECLAMACIONES ECONÓMICAS PARA LOS FISCALES

La APIF acaba de presentar en el Ministerio un documento reclamando mejoras retributivas para los fiscales en la reunión que al efecto se esta celebrando cuando escribo estas líneas.   Desde fuera de la Fiscalía pudier sorprender que desde el Consejo Fiscal se haya mantenido desde el año 2010 una nula combatividad en esta cuestión presionando al Fiscal General para que inicie un proceso que convergiera con el que los jueces han iniciado.   La realidad es que es a mi no me sorprende nada.  Ni en riesgos laborales, ni en mejoras retributivas ni en aspectos elementales del bienestar laboral de los fiscales el Consejo Fiscal ha servido para nada.   Ahora se inicia un proceso de negociación arrastrado el Ministerio por el trabajo de los jueces.   Esperemos que entre las asociaciones de fiscales se pueda dar una linea de actuación común y realmente reivindicativa que se traduzca en mejoras reales para los fiscales.   Las propuestas de la APIF para empezar a hablar se reproducen a continuación.    Quiero hacer hincapié en que los fiscales y los jueces han sido básicamente quienes han soportado la carga de combatir el problema independentista en Cataluña, y que ello en muchos casos se está traduciendo en situaciones complicadas personalmente para jueces y fiscales en esa Comunidad Autónoma.  Creo que ha llegado el momento de incrementar la retribución general de jueces y fiscales -recuperando lo que se nos rebajó en 2010- y abordando de una vez una retribución realista que no discrimine a jueces y fiscales de otros altos funcionarios del Estado.     Estas son las propuestas de partida de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, sin perjuicio claro está de que la unidad asociativa necesaria para abordar estas cuestiones obligue a modificar algún aspecto:


RECLAMACIONES DE MÍNIMOS APIF PARA REUNIÓN DÍA 12 DE DICIEMBRE CON MINISTERIO DE JUSTICIA

1)    Regreso al nivel retributivo de 2010, con carácter lineal y general para todos los fiscales.
2)    Implementación del complemento retributivo de segunda categoría a todos aquellos fiscales de segunda categoría que ocupen plaza de tercera categoría, en la forma que se está ganando actualmente por varios compañeros en los Tribunales de Justicia.
3)    Revisión de las retribuciones de Fiscales Jefes, Tenientes Fiscales, Fiscales de las Fiscalías especiales y Fiscales del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
4)    Establecimiento de un complemento específico de destino a los Fiscales que ocupen plaza en Cataluña.
5)    Revisión de las retribuciones en las Guardias con el criterio de igualar las cuantías para todos los tipos de guardias dignificando su cuantía.
6)    Elevación del complemento de destino de los fiscales de tercera categoría para equipararlo con los de los fiscales de segunda en aquellas Fiscalías en las que desempeñen los mismos trabajos que estos, evitando así que esta cuestión se dirima en los Tribunales.
7)    Incremento de la gratificación que por fallecimiento se concede a las familias de fiscales fallecidos mientras están de servicio (actualmente es de 200 euros).
8)    Establecimiento de baremos mínimos y máximos de volumen de trabajo en las Fiscalías, cuestión ligada a la de riesgos psicosociales que actualmente la Fiscalía no reconoce ni evita.
9)    Aumento de la partida de productividad a fin de poder compensar adecuadamente a los fiscales que sobrepasan en su trabajo los límites máximos establecidos en el punto anterior.
10) Estudio de la creación de un plan de pensiones para fiscales y jueces con aportaciones públicas y privadas al margen del régimen general de la seguridad social.


Madrid, a 12 de diciembre de 2017

MI GRAN AMIGO JOSÉ MARÍA ROMERO DE TEJADA

No me lo podía creer.  Me enteré por la mañana, por la radio de que José María, el más afectuoso, generoso y bondadoso de mis amigos.   Volé a Barcelona, estuve con Tere y me conmoví recordando cosas que nos habían pasado.   Ahora evoco muchas conversaciones que tuve con él, siempre medio en serio medio en broma, casi siempre a carcajadas.    Recuerdo que fue él quien levantó la Asociación de Fiscales con la celebración de un Congreso increíble en Barcelona hace muchos años, como cuando quienes ahora la dirigen no estaban en la Asociación, cuando éramos cuatro gatos antes de ser muchos más gracias a él.   Recuerdo que fue él el único vocal de la AF que se opuso desde el Consejo Fiscal a tragar con el Ministerio para echar a Jiménez Villarejo cuando se le removió de la Fiscalía Anticorrupción.   Recuerdo a José María, desde su bondad, atribuir a erorres lo que yo veía que eran actos de mala fe, en  alguna ocasión dirigidos hacía él mismo.  Era un hombre bueno, familiar y con una ilusión reciente que diluía cualquier disgusto o contratiempo: sus nietas con las que se volcó en estos años.    Me dijo Tere que había perdido a un gran amigo.  Bien lo se yo.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

LA ULTIMA GRABACIÓN DE LEZO

Yo concurse a la plaza de Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.  Creí que podía competir con mi curriculum para ese puesto.  No puedo sin embargo competir con el dopaje político, tan ligado a la corrupción.  Las últimas grabaciones hechas públicas sobre las recomendaciones que el expresidente del Gobierno Aznar y el ex ministro Zaplana realizan a través del expresidente de la Comunidad de Madrid (antes de que ingresara en prisión) para que el Ministro de Justicia "asegurara" en el puesto al actual portavoz de la AF, evidencian las cosas que ocurren en esta carrera en ocasiones.  Los interlocutores interceptados sabían antes de que terminara el plazo para solicitar la plaza que el anterior Fiscal Jefe no seguiría -mucho antes de la decisión del Fiscal General-, y tambien sabían que el actual Fiscal Jefe concursaba a la misma.  Quien más aspirara al puesto no importaba nada, como que el elegido fuera el más moderno de los aspirantes.   Luego que me cuenten lo del mérito y la capacidad, a ver si llego a entenderlo bien bien.  

martes, 24 de octubre de 2017

INFORME APIF SOBRE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO FISCAL

El Ministerio de Justicia va a modificar el Reglamento del Consejo Fiscal a fin de posibilitar el voto en todas las sedes de la Fiscalía, lo que indudablemente es algo muy conveniente que se pueda realizar.  Sin embargo, al margen de dar la APIF una valoración positiva a esa reforma, se ha solicitado al Ministerio de Justicia, así como en su día se solicitó al Consejo Fiscal que ignoró por completo nuestra petición, que se modifique el sistema electoral que ha consagrado el 6 y 3 durante más de treinta años, y que en nuestra opinión es la causa de que en el Consejo solo estén presentes representantes de las dos asociaciones mayoritarias que juntos no alcanzan en asociados sino un porcentaje muy bajo de los fiscales que formamos parte de la Carrera.  Además, interesamos en su día y reproducimos ahora, que se establezca un sistema de valoración de méritos para los nombramientos discrecionales, que se ponga en funcionamiento la Sección Permanente de Valoración, y que se establezcan incompatibilidades en los vocales que concurren en situación de ventaja con otros compañeros para puestos de libre designación.   Todo ello creemos que es necesario, pero ya se sabe que las mayorías minoritarias ni los Gobiernos en sintonía hasta ahora no manifiestan demasiado interés en cambiar cosas como esas.     Reproduzco a continuación el texto del escrito que la APIF ha enviado al Ministerio de Justicia.





EXCMO. SR.:

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con fecha 11 de octubre pasado ha sido requerida para informar sobre el borrador de un proyecto de RD que modificaría el RD 437/1983 sobre funcionamiento del Consejo Fiscal.  La APIF muestra su conformidad con el texto que se  nos remite en cuanto tal, pero consideramos que el mismo en modo alguno corrige los defectos del sistema de elección de los vocales del Consejo Fiscal sino que por el contrario perpetúa un sistema que es muy poco representativo de las sensibilidades de la Carrera Fiscal, y por tanto muy discutible en términos democráticos.   El actual sistema electoral de elección de los vocales no hace sino perpetuar la composición del mismo desde hace 30 años, desde la reforma del año 1987, por RD 572/1987, gobernando el Partido Socialista Obrero de Español, a fin de introducir una corrección al sistema absolutamente mayoritario que aparecía diseñado en el art. 14 del RD 437/1983, de 9 de febrero, mediante la limitación del número de candidatos al que los electores pudieren otorgar su voto de manera que la por entonces recientemente creada Unión Progresista de Fiscales no se encontrara de manera muy probable fuera del Consejo Fiscal. De esta manera se impuso la norma de la limitación de voto en relación con los puestos a cubrir, no permitiéndose que los electores pudiesen votar a más de seis candidatos en lugar de los nueve que podían ser votados hasta esa fecha.

El sistema, desde ese año, ha permitido que siempre haya seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, asociación de la que han salido varios fiscales generales del Estado elegidos por un Gobierno del Partido Popular y   cuyo anterior Portavoz hoy es asesor del Excmo. Sr. Ministro de Justicia, y tres vocales de la UPF, asociación de la que algunos de sus portavoces han llegado a ser ministros del Gobierno de la Nación o Consejeros de Justicia autonómicos, siempre en Gobiernos en los que está presente el Partido socialista.   Creemos que el actual sistema mayoritario no satisface los criterios constitucionales de  proporcionalidad que establece el art. 68 de la Constitución Española, así como los criterios de representación proporcional que establece la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.   El sistema que ahora prefiere no modificarse es en opinión de la APIF la principal causa (con la elección gubernamental del Fiscal General) de que la Fiscalía española no consiga sustraerse a la politización que lastra su credibilidad y que ha sido reprochada en muchas ocasiones desde instancias nacionales e internacionales. 

La APIF adjunta con el presente escrito el documento que presentamos al Consejo Fiscal intentando sin éxito que las asociaciones presentes en dicho Consejo fueran sensibles a esta situación.   Ahora debemos reiterar en trámite de informe la conveniencia para el interés general en abrir el Consejo Fiscal a la Carrera Fiscal y no exclusivamente cerrarlo a dos asociaciones que no suman juntas ni el 25 por ciento de los fiscales de la Carrera Fiscal en el que proponíamos un sistema de recuento extraido de las reglas del sistema D´hont que rige en nuestra normativa electoral, con un artículo 25 que tendría la siguiente redacción:

Art. 25
Serán proclamados electos los nueve candidatos que obtengan mayor número de votos. En caso de producirse empate será preferido el de mayor antigüedad en la carrera y, si fuere igual, el de mayor edad. No obstante, si el empate afectara a candidatos de distinto sexo, y los de un mismo sexo no hubieran obtenido un mínimo del 40% de candidatos electos en el cómputo global, el empate se resolverá en favor del candidato perteneciente a ese sexo.

La proclamación de los candidatos será proporcional repartiéndose los vocales de la siguiente manera:
A.- La obtención de vocales se hará dividiendo el total de los votos obtenidos  por las distintas asociaciones que hubieran presentado candidatos por el total de votos emitidos. El coeficiente obtenido será el el porcentaje que corresponde a cada asociación en el Consejo Fiscal. El número de vocales adjudicado a la correspondiente asociación se obtendrá de multiplicar este porcentaje por 9 y dividirlo por 100. Tal número determinará el total de vocales por aproximación obteniendo un vocal más siempre que la parte decimal exceda de 5. (Por ejemplo 3,87 dará lugar a cuatro vocales, mientras que 3,4 dará lugar a tres vocales).
B.- Los vocales que serán nombrados, correspondientes a cada asociación, será por orden descendente en número de votos hasta alcanzar el número de vocales obtenidos.
C.- En el caso de candidaturas independientes obtendrán plaza como vocal en el caso de que el número de votos obtenidos alcance al menos 10 % del total de votos emitidos en cómputo nacional.

Desde otro punto de vista, creemos que debe rectificarse la norma que informamos para introducir en el funcionamiento del Consejo Fiscal criterios objetivos de nombramiento para los diferentes cargos discrecionales en la Carrera Fiscal, poniendo en funcionamiento la Sección Permanente de Valoración que se creó en la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal en 2007, art. 13.2 y que todavía no tiene virtualidad práctica, de manera anómala aunque poco sorprendente en nuestra opinión.


Y debe, en los términos que señalamos en nuestro escrito adjunto, establecerse un régimen de incompatibilidades de los vocales electos para promocionar desde las votaciones en el Consejo Fiscal al que ellos mismos pertenecen.   Esa práctica lamentable que se confronta con la normativa administrativa (art. 23 de la Ley 40/2015) en un buen número de casos propicia situaciones de complicidades entre vocales del Consejo Fiscal con el Fiscal General en conflicto con su condición de representantes de los fiscales.  

Sin otro particular, reciba testimonio de nuestra consideración más distinguida.



Excmo. Sr. Director General de Relaciones con la Administración de Justicia




martes, 19 de septiembre de 2017

EL VALOR DE LA LEY

España es un país complejo, con un pasado complejo y compuesto de territorios complejos.  Mucha gente piensa diferente y hay ideas diferentes para casi todo.   Tenemos coletivamente un pasado turbulento, con una terrible guerra civil cuyos ecos todavía se escuchan, y una dictadura muy larga de un tipo sanguinario que murió en el poder.    Además,  hemos visto como algunos de nuestros representantes políticos desde la Transición han perpetrado delitos de corrupción, han manipulado la Justicia, se han comportado en demasiadas ocasiones de manera indigna y no han actuado en beneficio de todos sino solo de algunos.   A pesar de todo ello, somos un país de los más desarrollados del mundo, gozamos colectivamente de derechos y libertades que en muchos otros lugares ni sueñan, y además tenemos paz.    La fuerza que está detrás de esas ventajas, de ese marco privilegiado de convivencia, es la ley.    Una ley que es democrática, con todas las imperfecciones que se quiera apuntar.   Pero si la ley emana de un Parlamento de todos, sobre la base de una Constitución votada por todos, la ley es legítima y hay que obedecerla.   Podría decirse que el respeto colectivo a la ley es garantía de seguridad y progreso en nuestro futuro y el de nuestros hijos.    Claro que hay leyes injustas y algunas personas en España han conseguido una protección superior que el resto frente a las infracciones de la ley.  Por eso hay que tener una actitud crítica hacia la ley, buscando su mejora, y siempre vigilante ante quienes tienen poder para abusar.    Y hemos de ser conscientes de que podemos cambiar las leyes (incluida la Constitución) para que sigan siendo expresivas de la voluntad colectiva, pero es difícil concebir una libertad para todos fuera de la ley.  

Los fiscales tenemos una vocación que puede sintetizarse en la de defender la ley y exigir su aplicación.   Todo el mundo tiene que respetar la ley, pero los fiscales trabajamos para exigir que la misma se respete, como garantía de la libertad de todos y de la existencia de nuestra democracia.   Hay gente que este oficio le gusta y gente que no, pero eso es lo que hacemos: estudiamos las leyes y exigimos que se apliquen.    Ello no es incompatible con que nos gusten mucho o poco los dirigentes políticos, los gobiernos, nuestros jefes en la fiscalía o la línea más o menos politizada de la institución.      Mas o menos lo mismo que pasa a numerosos ciudadanos.    Pero por encima de ello, los fiscales buscamos la aplicación de la ley que ha de hacerse siempre en la más justa de las interpretaciones.

Lo que ha ocurrido en Cataluña, lo que está ocurriendo, es indudablemente una cuestión política, pero ha llegado un punto en que por algunos (o muchos) se ha decidido quebrantar la ley y por eso la Fiscalía debe actuar.  La ley ha de ser protegida y ese es el trabajo de la Justicia, constituyendo un delito para un fiscal no perseguir los delitos que se comentan.   Para justificar la vulneración de la ley se habla de derechos internacionales o subyacentes, o derechos naturales a decidir; pero oigo esos argumentos mucho más desde sectores políticos concretos o desde la ignorancia de las normas, que desde ámbitos jurídicos.    En mi opinión, esos supuestos derechos chocan  con la ley (por lo que dificilmente son derechos reconocibles en Tribunales nacionales o internacionales), y eso como fiscal es lo importante, aunque también chocan con el sentido común: el derecho a decidir de algunos se enfrenta con el derecho reconocido en la Constitución a decidir de todos por lo que es dificil que el conjunto quiera reconocer ese derecho únicamente a un sector de la población.   De todos modos, aquí las razones políticas son muchas y muy diversas y todas son legítimas, pero hay que respetar la ley.


viernes, 8 de septiembre de 2017

NO HAY DOS SOBERANÍAS

Este no es un blog político ni tengo personalmente ningún interés en entrar en ese tipo de cuestiones. Pero lo que está ocurriendo en Cataluña, mi tierra, me llama a aconsejar a quien tenga dudas de qué hacer lo mismo que aconsejaría a mi hijo con independencia de las ideas políticas que puedan sostenerse.   Solo hay en España una soberanía, la del pueblo español.   La normativa que emana del Parlamento catalán, si contradice la Constitución española deja de tener validez si el Tribunal Constitucional suspende su vigencia.   Si eso ocurre ya no son normas vigentes, no han de ser obedecidas y su incumplimiento no genera sanción alguna para nadie.    Si alguien tiene la sensación de que la Fiscalía y la Justicia española no tiene músculo para perseguir a varios cientos (incluso muchos cientos) de funcionarios o cargos públicos, se equivoca.  Si alguien tiene dudas de buena fe respecto de qué hacer cuando tenga que afrontar el dilema que el Gobierno de la Generalitat esta planteando a funcionarios y cargos públicos, que tenga en cuenta que en juego está la inhabilitación y la responsabilidad civil, en el mejor de los casos y que estos no son delitos difíciles de perseguir.   Realmente me cuesta entender como unos políticos pueden llevar a la gente que cree en ellos por el camino de la desobediencia sin advertir de las consecuencias que de manera muy probable van a tener que afrontar.   Me da pena que se maneje así a la gente.
Por otra parte, he de señalar que la Fiscalía en esta ocasión ha hecho lo que tenía que hacer.  No hay sobreactuación.   Ha sido tan grosero el enfrentamiento con las leyes vigentes que no ha habido margen alguno para la interpretación legal.   Confío en que estas notas, que escribo desde el amor a Cataluña y Barcelona, mi tierra natal, ayuden a alguien a tomar la decisión correcta.  

domingo, 23 de julio de 2017

VOCALES DEL CONSEJO FISCAL Y REUNIONES CON LAS ASOCIACIONES

Estoy un poco harto de ciertos hábitos que los vocales electos en el Consejo Fiscal tienen en su relación con las asociaciones que les proponen.   Si esas relaciones tuvieran únicamente por objeto canalizar a través del CF las aspiraciones de mejora profesional de los fiscales, las mejoras salariales, las mejoras en medios materiales o las injusticias que se padecen por muchos fiscales en repartos, en concursos de traslado o en retribuciones, pues yo diría que está bien.  Pero visto que en el CF ese tipo de cosas parece que importan menos y que las notas informativas de las asociaciones (sobre todo la AF, no recuerdo esta práctica publicitada por la UPF recientemente) se extienden justificando nombramientos pues creo que hay que decir algo.     Los vocales del CF, según su Reglamento, no están sometidos mandamiento vinculante alguno, y les vota toda la carrera se supone para que nos defiendan a todos.   Esos encuentros en los que se explica públicamente, como si eso nos favoreciera a todos, que se han reunido con los vocales de su asociación y en las que les explican cuales son los candidatos de su preferencia me parecen son como poco una intromisión ética que yo reputo intolerable para los vocales (me sorprende que estos acepten ese tipo de reuniones en las que se les proponen y discuten nombres y currículums cuando sus lealtades no han de estar con las asociaciones sino con los electores y de entre ellos con los mejores curriculums para cada puesto).   Para cosas como estas se estableció el delito del art. 428 del Código Penal.   Pero sobre todo, me parece increíble hasta donde ha llegado la falta de respeto hacia el resto de los fiscales por parte de sus representantes.

miércoles, 19 de julio de 2017

¿TRABAJAMOS PARA LOS BUENOS?

Son tantas las cosas que ocurren en la Fiscalía que uno no debería sorprenderse, pero es que lo del ascenso del Fiscal Jefe de Las Palmas a la plaza de teniente fiscal de la Secretaría Técnica, caliente todavía la sentencia que considera que vulneró los derechos fundamentales de una candidata al Congreso en periodo electoral, me deja otra vez con la boca abierta.   A veces me pregunto si la Fiscalía no la manipula desde fuera algún invisible "señor oscuro" con unas reglas ocultas.   Nada puede probarse, pero veamos algunos datos:

1) El 23 de noviembre de 2015 llega un documento anónimo a la Fiscalía de Las Palmas, del que la Fiscalía deduce que Victoria Rosell, juez en excelencia desde hace un mes y candidata de Podemos al Parlamento, podía haber cometido una infracción disciplinaria.
2) Para averiguar si es cierto se incoan en la Fiscalía Diligencias informativas, que tienen un contenido sustantivo importante, con aportación de grabaciones, testificales, documentos, etc..
3) El día 2 de diciembre, Victoria Rosell va a la Fiscalía a ver que pasa, que se ha enterado por la prensa, y le confirman la investigación pero no le dejan copia de las actuaciones.
4) A partir del día 3 aparecen en la prensa nacional y local informaciones y artículos de opinión sobre "la investigación de la Fiscalía a la candidata de Podemos": sin duda, la noticia deseada por cualquier candidato a unas elecciones a cuenta de la Fiscalía.
5) El día 4 de diciembre -después de las noticias filtradas- la Fiscalía informa a la opinión pública de que está investigando una infracción disciplinaria a la Juez.
6) El día 5 comienza la campaña electoral.
7) El día 11 se acuerda la suspensión de las Diligencias de la Fiscalía por el TSJ de Canarias,  pero ya es tarde, porque ese mismo día la Fiscalía las da por concluidas y las envía al CGPJ, competente para las sanciones disciplinarias de los jueces.
8)  El día 18 acaba la campaña electoral.

Se perfectamente, como todos los que trabajamos en la Fiscalía, que el periodo electoral es un periodo de ralentización de causas que afectan a políticos y a candidatos, con la finalidad de interferir lo menos posible en las elecciones.   Pues en este caso ocurrió lo contrario.   La APIF se escandaliza entonces, y pide la dimisión o el cese del Fiscal Jefe, y la Fiscalía General, dirigida entonces por Consuelo Madrigal, no contesta y mantiene al Fiscal Jefe.

Cuando el 7 de marzo de 2016 el TSJ de Canarias resuelve que se han vulnerado varios derechos constitucionales de la afectada, tampoco hay reacción alguna de la Fiscalía General, todavía dirigida por Consuelo, salvo la de recurrir la sentencia.

Uno en esa situación no puede por menos que pensar que el Fiscal Jefe de Las Palmas actúa concertadamente o a las órdenes de la Fiscalía General, dado que en la Fiscalía incluso  la apariencia de desobediencia se hace pagar muy cara, y si no que le pregunten a un joven Fiscal aragonés cómo  se lo hizo saber el ya ex Fiscal Jefe de Las Palmas desde su puesto en el Consejo Fiscal.

Si no hay reproche, sanción disciplinaria, remoción o nota de prensa, es que todo está en orden, es decir que la Fiscalía estaba de acuerdo.

Ahora, el Tribunal Supremo revoca parcialmente la sentencia del TSJ pero sigue reprochando a la Fiscalía que vulnerara los derechos a un justo proceso de la Sra. Rosell, con un fundamento jurídico que dice:

“es suficiente a efectos de este procedimiento de derechos fundamentales entender que las diligencias preprocesales practicadas, en los extremos que hemos indicado, menoscabaron con su realización la plena efectividad del derecho fundamental  un procedimiento con todas las garantías ( artículo 24.2 CE ) al invadir aspectos esenciales del procedimiento disciplinario reservado al CGPJ y vulnerar el derecho de defensa, y, en consecuencia, deben ser declaradas nulas en los términos razonados”.

Es evidente que la situación de ese Fiscal Jefe en Las Palmas, en este momento es insostenible.  Pero en lugar de que la institución mostrara algún tipo de reproche al afectado, va y lo premia.   Yo no lo entiendo: si alguien hace algo contrario a los hábitos de la Fiscalía (esté bien o mal, en campaña electoral la Fiscalía es muy prudente; además, no recuerdo un caso en investigar en la Fiscalía a un Juez por una infracción disciplinaria); y por si fuera poco, lo hace tan mal que la Fiscalía es condenada en los Tribunales, pues ¿como es que se le promociona?  ¿Es eso mérito y capacidad?  No lo creo.  Pero si el tema es que se confía en ese Fiscal, ya que el puesto al que va es de confianza, la cuestión me preocupa más.  Se confía más en quien hace estas cosas que en quien no las hace.  Mal asunto.   Y se constata, sin apenas margen para la duda, que lo ocurrido contó y cuenta con el apoyo de la institución.    El Consejo Fiscal, por su parte, hasta ahora y para no variar, silente.   Hay gente que no va a entender que todo esto se hace trabajando para los buenos. Supongo que los jueces harán algún comunicado denunciando la situación y nada, patada a seguir.  

SIEMPRE HAY ALGÚN IGNORANTE OPORTUNISTA

Una reciente sentencia del TSJ de Madrid resuelve un asunto muy importante para los fiscales, expresión de la clamorosa injusticia retributiva que padece en muchos aspectos la carrera fiscal ante la indiferencia del Consejo Fiscal, de la jerarquía y de las asociaciones mayoritarias.  Se trata de unos recursos que interponen unos fiscales de Málaga contra el régimen retributivo de quienes ocupando plazas de tercera pertenecen a la segunda categoría.   Quienes hemos estado al tanto de este asunto desde antes de su interposición sabemos que hay que mantener la discreción porque aparte de que los recurrentes que arriesgan su dinero, tienen también mucho que ganar y la batalla jurídica está todavía desarrollándose.   Pero algún oportunista que no sabe derecho administrativo alienta  a la extensión de efectos a los fiscales cuando para ello es preciso que la sentencia sea firme.   Lo que menos hace falta es que muchos fiscales vayan al TSJ a pedir extensiones de efectos poniendo en riesgo doce demandas más interpuestas por fiscales que han arriesgado dinero, tiempo e ilusiones.   Este es el mal de nuestra carrera, que hay demasiado oportunista a quien no le importan los problemas de los demás, solo sacar tajada del trabajo ajeno.

lunes, 10 de julio de 2017

LA SECCIÓN PERMANENTE DE VALORACIÓN (Y YO QUE CREÍ QUE NO EXISTÍA)

Cuando en 2007 se reformó el Estatuto del Ministerio Fiscal creándose en el seno de la Inspección la Sección Permanente de Valoración, la enmienda del PNV que hizo posible su incorporación al texto legal se fundamentaba así:


Por otro lado, la propuesta de creación de un Servicio de Valoración de Méritos obedece a que una unidad de estas características ha de servir para que los principios de mérito y capacidad, además de objetivación, dispongan de la necesaria virtualidad práctica que sirva de fundamento a las propuestas de nombramientos discrecionales que deba informar el Consejo Fiscal.

Ahora, ante la  petición de la APIF de que se constituya una Sección de Valoración de méritos, se contesta que ya existe.  Y que al parecer, funciona estupendamente. Se dice que el día 18 de diciembre de 2007 hubo un Consejo Fiscal para valorar la reforma y que el acta de la sesión refleja que "en el debate suscitado algunos de los vocales manifestaron su parecer de que no era propiamente una Sección para valoración de méritos, salvo en el aspecto de cumplimiento de los requisitos legales para ocupar la plaza ofertada".  Desde entonces la SPV funciona recogiendo toda la información que les mandamos los fiscales.  Como si se llamara "Sección Permanente de Recopilación",  potato potato, quien se va a quejar.  Es decir, que no se valora.  No hay baremos, no hay criterios de valoración. Hay recopilación de materiales del que quiera enviarlos.   Pero no valora entre otras razones porque en el Consejo Fiscal (nuestros representantes) no quieren que valore.   Es mejor que nada se valore aquí para que se pueda apoyar a los propios o denostar a los ajenos sin que haya demasiados argumentos de peso en contra.  Eso no lo quiso arreglar ningún Fiscal General anterior, porque tampoco les convenía: mejor para nombrar a los afines no tener que lidiar con currículums contrastados.   Cuanto menos razones objetivas para valorar el mérito y la capacidad, mejor.   Vaya nivel.