jueves, 25 de mayo de 2017

POR FAVOR, FISCALES, RECORDAD ESTO EN LAS ELECCIONES AL CONSEJO FISCAL

Una noticia me ha sorprendido esta mañana y para que me sorprenda a estas alturas ha de ser especial.   El titular dice así: "El Gobierno premia a uno de los vocales del Consejo Fiscal que salvó a Moix".

La plaza (retribuida según la prensa con casi 128.000 euros brutos anuales) fue ofrecida a los fiscales  para que la solicitaran por un correo de fecha 13 de enero de este año.   Se nos dice que la Fiscalía presentó como único candidato al Gobierno a Antonio Roma.  El 21 de febrero tuvo lugar el Consejo Fiscal en el cual se eligieron a los fiscales jefes de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional, contado los elegidos con los votos únicamente de los vocales de la Asociación de Fiscales.  El nombramiento del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional recayó en el Portavoz de esa asociación, el más moderno de los peticionarios.   Sabíamos -y ya protesté amargamente desde este blog- que una de las vocales de la AF aspiraba a un puesto muy importante -que obtuvo- el mismo día de las votaciones, saliendo de la Sala del Consejo Fiscal mientras se votaba su plaza.  Y ahora sabemos que otro vocal estaba ese día pendiente de que el FGE le propusiera para la plaza que finalmente ha obtenido por nombramiento del Gobierno.   Es decir, que el nombramiento del Fiscal Jefe Anticorrupción, en favor del candidato del Fiscal General, se produjo con el apoyo de los vocales de la AF, dos de los cuales esperaban un beneficio del Fiscal General en esas fechas o en ese mismo día.  Y además consiguen el nombramiento del Portavoz de su asociación frente a varios fiscales más antiguos incluido el anterior Fiscal Jefe (que el Gobierno quería remover).

A mi me parece que había un evidente conflicto de intereses entre dos vocales (el interés propio en obtener un cargo del Fiscal General y su deber de velar por los derechos de los fiscales razón por la que fueron elegidos), y que ese conflicto solo se podia resover dimitiendo antes de las votaciones; y también creo que requiere muchas explicaciones lo que huele a un intercambio de cromos -en la línea de los deseos del Gobierno- en las que probablemente son las dos fiscalías más importantes de España.   Como aquí nadie objetiva los méritos de nadie, porque los Fiscales Generales no muestran inquietud alguna por desarrollar el art. 13.2 del Estatuto desde el año 2007, pues luego ocurren estas cosas.    Estoy un poco harto de este "carajal", pero le pido a los fiscales que recuerden estas cosas cuando vayan a votar para el Consejo Fiscal.    Entre esto y lo de la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional me han dado el día.   (Nela, un beso grande desde el cariño y el respeto profesional: no sabes como lo he sentido).



miércoles, 17 de mayo de 2017

REPROBACIÓN PARLAMENTARIA AL FISCAL GENERAL

Algo está cambiando para bien.  El hecho mismo de que el Congreso por una mayoria importantísima haya hecho una reprobación al Fiscal General elegido por el Gobierno tiene una relevancia extraordinaria.   Hemos vivido desde la Transición con Fiscales Generales que, por razon del bipartidismo, solo podían ser reprobados por el Gobierno (hasta 2007 podían ser -y en ocasiones, lo fueron- libremente removidos por éste).  En esos días, cuando un Fiscal General se sentaba delante del Ministro lo hacía con la conciencia de que su cargo estaba en el aire en función de lo que el Gobierno del Ministro decidiera con lo que su autonomía estaba limitadísima.   En 2007 -merced al impulso del Fiscal Conde Pumpido- cambió el sistema hacia una inamovilidad del Fiscal General durante la legislatura, de manera que en el plano teórico el Fiscal General no puede ser cesado -salvo por causas específicas- por el Gobierno que le nombra.   Digo teórico, porque el Gobierno conserva instrumentos poderosos para condicionar el actuar de los Fiscales Generales -a quienes elige por razones de confianza, o de "mucha" confianza- que de hecho pueden forzar su dimisión, como vimos ya hace un par de años.   Por ejemplo, el Gobierno controla y proporciona los medios materiales y personales de la Fiscalía, hace los nombramientos que le propone el Fiscal General -y puede rechazar las propuestas-, tiene la última palabra en el régimen disciplinario de los Fiscales, entre otras cosas que prefiero no recordar ahora.

Pero ahora -venturosamente- entra otro sujeto político en escena, a mi juicio mucho más legitimado que el Gobierno para examinar la labor del Fiscal General que es "del Estado", no "del Gobierno".  Ese sujeto es el Parlamento, el Congreso de los Diputados, que además parece que se interesa por la Fiscalía y por la Justicia.   Si el Fiscal es el órgano encargado de velar por que la ley se aplique en los Tribunales, el poder legislativo que hace las leyes tiene que tener un vínculo claro con la legitimidad del Fiscal General.   Un reproche de esa magnitud hacia el Fiscal General por parte de todos los grupos parlamentarios salvo el que sostiene al Gobierno, es para reflexionar sobre legitimidades, sobre el acierto o no de la actuación del Fiscal General y sobre la posibilidad de abandonar.  Desde mi punto de vista, esta no es cuestión de coraje personal, de ser un valiente dispuesto a luchar como los últimos de Filipinas.   Es una cuestión relacionada con el prestigio de la Fiscalía.    De reflexionar si esos nombramientos, por mucha confianza que se tuviera en ellos, no han sido un catastrófico error -previamente advertido internamente- para el Ministerio Fiscal, con independencia obviamente de la competencia que yo no discuto de cada candidato; si el sistema de nombramientos, sin baremos ni evaluación de méritos, no facilita ese y otros errores; si no politiza y desacredita a la institución el confiar para estos nombramientos en los apoyos de los vocales en el Consejo Fiscal de la asociación conservadora, que al tiempo que votan a quien el FGE desea para la Jefatura de la Fiscalía Anticorrupción, dándole así una "legitimidad" que luego se esgrime como un aval, se ven favorecidos por el FGE en puestos importatísimos tanto una vocal del mismo Consejo (para mi, el mayor escándalo) como el propio Portavoz de esa asociación, elegido en competencia con media docena de fiscales más antiguos que él, incluído el Fiscal Jefe anterior.

Y si a todo se considera que no, que no ha habido errores, que no importa que no haya baremos aunque la ley establezca un órgano -que no se crea- para realizarlos, que es igual el precio que se pague por los votos que se consideran necesarios en el Consejo Fiscal, que no  importa que se fastidien los fiscales con méritos no valorados, que no se ha politizado la Fiscalía y que toda la oposición parlamentaria en realidad está equivocada, pues nada, a seguir.

jueves, 11 de mayo de 2017

¿ORDENÓ USTED EL CÓDIGO ROJO?

Ayer viendo la comparecencia del Fiscal General del Estado en la Comisión de Justicia, por un momento soñé con un desenlace diferente.  Imaginé que reconocería errores, que se pondría en el lugar de la oposición o de tantos fiscales que estamos atónitos; que pensaría en qué sería lo correcto si la situación fuera la misma pero lo ocurrido fuera responsabilidad de otro partido, de otro Fiscal General, con otros investigados conspirando para que les fuera nombrado un fiscal que ha de conocer de sus causas.   Porque pensemos que habría hecho el PP en la oposición si unos investigados de un caso grave de corrupción que afecta a altos dirigentes del PSOE fueran sorprendidos en esas conversaciones; pensemos que dirían, no se, el Sr. Alonso o el Sr. Rajoy si finalmente ese fiscal fuera elegido por el Gobierno, tras no renovar a su predecesor que llevaba dos años en el cargo y que no quería ese nombramiento; que habrían hecho en el grupo parlamentario si hubiera trascendido la intención de cambiar a los fiscales encargados del caso por ese Fiscal Jefe recién nombrado.  ¿Habría en ese caso votado lo mismo en el Consejo Fiscal la Asociación de Fiscales?  La vida no es como las películas, pero hubiera sido espectacular ver a Jack Nicholson en el Parlamento.





miércoles, 10 de mayo de 2017

PROPUESTA DE LA APIF PARA CAMBIAR EL REGLAMENTO DEL CONSEJO FISCAL

La APIF presentó al Fiscal General y al Consejo Fiscal unas propuestas para modificar el Reglamento del Consejo Fiscal.  A continuación transcribo la primera parte de su texto, y dejo para mañana el resto.  Tiene interés porque aspiraba a cambiar el régimen electoral del órgano de representación de los fiscales para conseguir que hubiera más pluralidad de la que PP y PSOE diseñaran hace ya más de treinta años.  El sistema que se plantea es el de la Ley D´ont, o alternativamente el que cada fiscal elector solo pueda elegir a un vocal, lo que provocaría previsiblemente una deseable pluralidad en la composición del Consejo Fiscal.   Pero no solo eso, la APIF proponía poner en marcha el Servicio Permanente de Valoración para que por fin se valoraran en la Carrera los méritos de los aspirantes a cualquier promoción profesional, y también la regulación de un sistema de incompatibilidades.  Nada de lo anterior se aceptó por el Consejo Fiscal.



INFORME AL PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO FISCAL RD 1372/2009 (primera parte)



La APIF muestra su conformidad general con el proyecto, a salvo de las cuestiones que planteamos a continuación y que consideramos que son claves para mejorar el CF tanto en su composición, legitimidad y funcionamiento.

SISTEMA ELECTORAL PARA LA OBTENCIÓN DE VOCALÍAS EN EL CONSEJO FISCAL


           
            ANTECEDENTES 

            1º.- El artículo 14 del Real Decreto 437/1983 de 9 de febrero, sobre constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal, previó en su momento un modo de promoción de los nueve vocales electivos basado en un sistema electoral mayoritario puro, que en  hipótesis y dado el carácter abierto de las respectivas listas presentadas por las asociaciones de fiscales, posibilitaba la elección individualizada de aquellos candidatos que reunieran mayoritariamente el apoyo del cuerpo electoral, y ello con independencia de la lista en la se incluyera su candidatura.        Dicho sistema permitía consecuentemente que cada elector pudiese votar la totalidad de los puestos a cubrir en el Consejo Fiscal.

            Sin embargo, la apariencia de neutralidad de un sistema que se basaba en la libre elección de candidatos -y no de listas globales presentadas por las asociaciones-, chocaba en la práctica con la realidad de una natural tendencia hacia la identificación ideológica de los electores con los posicionamientos conceptuales de las – hasta entonces- dos únicas asociaciones de fiscales; de manera que la inercia hacia la adhesión a los planteamientos programáticos de la respectiva candidatura asociativa, derivaba en la votación en bloque a todos los integrantes de esta. De este modo,  algunos pocos votos más a cada uno de los candidatos así agrupados en una asociación, suponía para la mayoritaria obtener la totalidad de las vocalías en el Consejo. Así, ésta disponía del 100% de la representación en el Consejo Fiscal, cual si toda la carrera la apoyase,  cuando en realidad el apoyo conjunto a dicha asociación no representaba en el mejor de los casos más allá del 60% del censo electoral.



            2º.- Con el fin de posibilitar la presencia en el Consejo de Vocales representantes de las minorías, cuando solo había dos asociaciones, el Real Decreto 572/1987 de 30 de abril, consideró oportuno modificar el contenido del párrafo segundo del articulo 14 del Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, en el sentido de corregir los efectos producidos por la aplicación estricta del sistema mayoritario mediante la limitación del número de candidatos al que los electores pudieren otorgar su voto. De esta manera se impuso la norma de la limitación de voto en relación con los puestos a cubrir, no permitiéndose que los electores pudiesen votar a más de seis candidatos.



            3º.- El Real Decreto 232/2005, de 4 de marzo, que modificó nuevamente el Real Decreto 437/1983, de 9 de febrero, sobre constitución y funcionamiento del Consejo Fiscal, introdujo, -entre otras medidas de menor entidad como la de la relación alfabética de los candidatos en las listas y la inclusión de suplentes- la supresión de la elección por categoría profesionales y de jefaturas de Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales.


FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

      El hecho novedoso surgido en años posteriores, ha sido el de la constitución de una tercera asociación de fiscales y la concurrencia de ésta y ocasionalmente de candidaturas o candidatos independientes a los distintos procesos electorales que se ven privados de la posibilidad de acceso al CF dada la sobrerrepresentación de las asociaciones mayoritarias.
     
      La existencia de un sistema mayoritario, con la simple corrección introducida en 1987, reproduce de nuevo aquella situación en la que las candidaturas minoritarias, -que no obstante representan un porcentaje no desdeñable de votos del cuerpo electoral-, se ven abocadas a no lograr jamás representación en el Consejo Fiscal por el mismo motivo ya apuntado más arriba; esto es, por razón del habitual voto en bloque a los seis miembros de aquella candidatura que presente una mayor afinidad ideológica con el votante, aún cuando éste, no conozca siquiera a alguno o algunos de los candidatos incluidos en la lista por la asociación de su preferencia. Así, un solo voto más al candidato menos votado de la asociación mayoritaria con respecto al candidato más votado de una de las asociaciones minoritarias, hace que la mayoritaria ocupe esa vocalía. Y trasladado el sistema al conjunto, éste otorga automáticamente seis vocalías a la AF y las tres restantes a la UPF.

      Un sencillo cálculo realizado a partir de los resultados de las pasadas elecciones de febrero de 2014, y en el que se dividen la totalidad de los sufragios emitidos (a razón de 6 por cada elector) entre la suma de los sufragios obtenidos por los candidatos de cada una de las listas, arroja el resultado de que recibiendo la AF el 47,7% (3969 votos de un total de 8311) de tales sufragios, ocupa en el Consejo Fiscal el 66,6666% de las vocalías; y la UPF, habiendo recibido el 35,7% de los votos (2935), ocupa en realidad vocalías correspondientes al 33,333%. La APIF, habiendo obtenido el 16,9% de los votos (1407), no logra vocalía alguna cuando su representación en la Carrera resultó próxima al 17%.

      La conclusión no es otra que la de una sobrerrepresentación desproporcionada de una de las Asociaciones tradicionales (la AF), que no se corresponde en absoluto con las preferencias de la Carrera, teniendo en cuenta que el Consejo Fiscal ostenta, al menos en teoría, la representación de la Carrera Fiscal.


PROPUESTA

            La medida que se propone -en natural concordancia con el sistema previsto en el artículo 68 CE y la LOREG para el Congreso de los Diputados-,  es el de un sistema proporcional con corrección d´hont, si bien con listas abiertas y combinables entre sí, que no impidiera la posibilidad de reparto entre las candidaturas de los nueve votos de los que dispondría cada elector. Con ello no se impediría la ocasional distribución de esos nueve votos entre candidatos de listas diferentes que son reflejo de la eventual motivación del voto por razones personales, profesionales, de amistad,  e incluso de enemistad.

            Dicho sistema, se basaría en un doble cómputo, en el que se vendrían a sumar, por un lado, los votos recibidos por cada candidato, y por otro,  los obtenidos por cada lista de forma conjunta con la suma de los obtenidos por sus integrantes. Así a cada lista le correspondería mediante la aplicación de la regla d´hont un inicial número de vocalías que representaran proporcionalmente el apoyo de la Carrera Fiscal a cada una de las asociaciones o candidaturas independientes en su caso. La ocupación de las vocalías dentro de las asignadas a cada asociación, se realizaría mediante un sistema mayoritario, en el que aquellas se  atribuirían a los candidatos, que dentro de cada asociación, reunieran un mayor número de votos.

            El sistema que se propone resulta mucho más justo que el actual, en cuánto representa con fidelidad y de forma proporcionada las distintas sensibilidades existentes en la Carrera Fiscal; de otro lado, supone para el/la Fiscal General del Estado un apoyo relevante, en cuánto puede disponer de más amplia información y de diferentes opiniones sobre los asuntos en los que el Consejo Fiscal es oído, teniendo la seguridad de que lo que allí se representa es el interés de los fiscales en su totalidad y no solo del 80%.

            Por ello se propone una redacción al art. 25 del RD, en el sentido siguiente, conforme a las reglas del sistema D´hont que rige en la ley electoral general:

Art. 25
Serán proclamados electos los nueve candidatos que obtengan mayor número de votos. En caso de producirse empate será preferido el de mayor antigüedad en la carrera y, si fuere igual, el de mayor edad. No obstante, si el empate afectara a candidatos de distinto sexo, y los de un mismo sexo no hubieran obtenido un mínimo del 40% de candidatos electos en el cómputo global, el empate se resolverá en favor del candidato perteneciente a ese sexo.

La proclamación de los candidatos será proporcional repartiéndose los vocales de la siguiente manera:
A.- La obtención de vocales se hará dividiendo el total de los votos obtenidos  por las distintas asociaciones que hubieran presentado candidatos por el total de votos emitidos. El coeficiente obtenido será el el porcentaje que corresponde a cada asociación en el Consejo Fiscal. El número de vocales adjudicado a la correspondiente asociación se obtendrá de multiplicar este porcentaje por 9 y dividirlo por 100. Tal número determinará el total de vocales por aproximación obteniendo un vocal más siempre que la parte decimal exceda de 5. (Por ejemplo 3,87 dará lugar a cuatro vocales, mientras que 3,4 dará lugar a tres vocales).
B.- Los vocales que serán nombrados, correspondientes a cada asociación, será por orden descendente en número de votos hasta alcanzar el número de vocales obtenidos.
C.- En el caso de candidaturas independientes obtendrán plaza como vocal en el caso de que el número de votos obtenidos alcance al menos 10 % del total de votos emitidos en cómputo nacional.

Otras alternativas podrían ser la de conferir nada más que uno o dos votos a cada fiscal, lo que garantizaría una atomización representativa en Consejo Fiscal de manera que la representatividad general estuviera garantizada.



viernes, 5 de mayo de 2017

CAMBIAR EL RÉGIMEN ELECTORAL DEL CONSEJO FISCAL

Ayer, al tiempo que se polarizaba la posición de las asociaciones presentes en el Consejo en relación al tema del Fiscal Anticorrupción, había un tema en el que ambas estaban de acuerdo: no hay que cambiar el sistema electoral del Consejo Fiscal.   Un sistema que ha permitido que desde hace 30 años solo AF y UPF puedan estar presentes en el Consejo.   Los demás fiscales muchas veces estupefactos ante las cosas que ocurren, nos enteramos de las cosas a través de comunicados, de informaciones que nos pasan, de un amigo aquí o allá, pero no podemos contribuir a decidir nada porque el sistema electoral que establecieron entre el PP y el PSOE solo permite en terminos prácticos la entrada de esas dos asociaciones.  Muchas de las cosas más graves que pasan en la Fiscalía tienen su causa en que la única representación de los fiscales en el Consejo se canaliza en dos asociaciones que no representan juntas ni al 35 por ciento de la Carrera.  La APIF, ante un proyecto de cambio del Reglamento del Consejo que se nos presentó a informe, solicitó -entre otras cosas varias- que el cambio alcanzara el régimen electoral introduciendo bien el criterio de la regla D´ont, bien un criterio de "un fiscal un voto a un vocal" que permitiera la atomización de las representaciones en el Consejo.   Nuestros representantes han dicho que no a las dos cosas.   Normal, ya les va bien este sistema pero creo que es claro que el sistema hace aguas.  El Fiscal General nos ha asegurado que trasladará nuestra propuesta al Ministro, aunque vista la buena sintonía entre la AF y el Ministerio, las cosas no creo que vayan cambiar.
Las consecuencias de que no cambien son en mi opinión las siguientes: seguirán produciéndose influencias políticas en la Fiscalía; seguirá sin haber resistencias profesionales a las mismas; no se promocionará -salvo alguna excepción- a posiciones de responsabilidad por razones profesionales; se seguirá fomentando el clientelismo ideológico y asociativo; se seguirá produciendo un olvido institucional de los problemas de los fiscales; se seguirán ignorando las quejas de los mismos contra las decisiones -por incomprensibles que sean- de la jerarquía; se seguirá reforzando la jerarquía frente a los "fiscales de base".   Y en definitiva, la politización de la Fiscalía que estriba en la elección del Fiscal General del Estado por el Gobierno, siempre tendrá un aliado en el Consejo Fiscal, sea cual sea el signo ideológico del Gobierno que nombre al Fiscal General.
Hay que seguir luchando, pues.

lunes, 1 de mayo de 2017

EN EL CONSEJO FISCAL NO HAY PROBLEMA ALGUNO

Los nombramientos en la Fiscalía muchas veces están bajo sospecha: sin baremo de méritos, con vocales que se dedican a apoyar a los suyos o a intercambiar cromos, sin motivación y sin transparencia pues es claro que la sospecha con frecuencia existe.  Todavía más cuando un vocal se presenta a una plaza compitiendo con otros compañeros y se la dan.  Basta echar una mirada a las jefaturas españolas y ver la cantidad de talento que en relación al resto parece que se concentra en la AF y la UPF.   Pero cuando unos investigados por corrupción hablan de colocar en "las dos piezas que van al lado" de la pieza principal de la Fiscalía a personas que les gustan y resulta que ademas lo consiguen, pues hombre es para pensárselo.   Yo me pregunto cómo podían los investigados por corrupción saber que no habría en el CF problema alguno.    En este caso, las dos colinas -como señaló el Fiscal Jefe no renovado- se han tomado únicamente con los votos en el CF de los vocales de la Asociación de Fiscales.



sábado, 29 de abril de 2017

SI LE DEBES EL NOMBRAMIENTO A UN CORRUPTO

Vengo argumentando la enfermedad de la politización de la Fiscalía desde hace muchos años, mas de 9 ya en este blog.   La politización por parte de la derecha política, pero también de la izquierda (aunque no sería justo si no dijera que el tándem PP- vocales y ejecutiva AF esta ahora en gran sintonia).   Esa politización se produce a través del Fiscal General y su permeabilidad variable a las políticas o deseos gubernamentales, y también a través de las asociaciones profesionales afines a las que se necesita para dar una patina de "profesionalidad" a lo que no son en muchas cosas otra cosa que nombramientos deseados o en el mejor de los casos consentidos por políticos.   Con eso hemos ido tirando mas de 30 años (pero especialmente desde 2003, en que se hizo un cambio en el Estatuto del Ministerio Fiscal que permitió quitar al Fiscal Jefe Anticorrupción de la época y algunos otros fiscales), en los que se ha creado una jerarquía de la Carrera que no es en términos generales profesionalmente mejor que el resto y que se caracteriza por tener un talante sumamente conservador en relación con el sistema de funcionamiento de la institución.  Con eso y un sistema electoral para el Consejo Fiscal diseñado para que nadie más que AF y UPF tengan opciones reales de entrar el mismo en representación de sus compañeros el sistema parecía perfectamente hermético.   Una aplicación del sistema D´ont en las últimas elecciones al CF hubiera dado un resultado de 4 vocales AF, 3 UPF y 2 APIF.  Pero el sistema electoral del Consejo es un sistema mayoritario, diseñado ad hoc y que la APIF ha pedido cambiar, confiere esas mayorías (6 AF, 3 UPF) de manera permanente e inalterable, treinta años igual, de manera que la dinámica descrita de elección de candidatos por razones políticas o ideológicas no les ofrece problemas.   Todo esto ha sido objeto de infinidad de denuncias desde aquí y desde otros sitios, hasta ahora, sin éxito, aunque ahora se va a reformar el Reglamento del Consejo Fiscal y es un buen momento para cambiar el sistema como ha pedido la APIF.

El problema más grave se produce cuando no solo quien realmente decide los nombramientos es un político, para quien los principios de mérito, de capacidad, de valía real del candidato no importan nada. El problema surge cuando el político que decide o influye es un corrupto, o incluso simplemente un investigado por corrupción interesado en un tipo de fiscal o en un fiscal en concreto.  El sistema no está vacunado, no está prevenido para esos casos.   No hay filtros profesionales que permitieran detener un nombramiento absolutamente irracional o arbitrario frente a otros candidatos.   No se bareman méritos, no se motivan los nombramientos, no hay transparencia.  Incluso los vocales que tienen que dar su apoyo al candidato en el CF no tienen porque conocer las interioridades de los nombres que se les presentan por el Fiscal General, pero no piden baremos porque les conviene que no los haya: pensemos que hay muchos nombramientos indiferentes a los políticos; en esos casos las asociaciones presentes en el CF mandan.   Los Tribunales de Justicia carecen de elementos -porque la ley no los exige- para declarar arbitrario o injusto un nombramiento sobre la base de entender que las cosas funcionan con normalidad, que hay buena fe en el CF, buena fe en el FGE y buena fe en el Gobierno.   Y por tanto desestiman las demandas que algunos fiscales han hecho protestando porque les están "robando" sus carreras profesionales.   Ahora hemos visto casi pornográficamente como se diseñan los nombramientos clave en la Fiscalía y donde queda esa buena fe.

Por cierto, he de hacer mención a la forma a mi juicio lamentable como se ha tratado a la anterior Fiscal General -que insisto, para mi fue una muy regular Fiscal General, pero que es mi compañera al fin y al cabo durante muchos años-, dandole a entender que seguía, incluso con alguna filtración periodística que ahora se desvela que no era sino una añagaza para confundirla sobre el autor de su caída: no es mucho pedir un poco de clase, ¿verdad?

Pero es que en este caso hemos visto que quienes influyen, dan nombres, recomiendan fiscales para ciertos puestos son investigados por delitos muy graves de corrupción -actualmente en prisión-, que hablan con el Ministro de Justicia sobre esos nombres, que hacen lobby, y lo que es más grave, que consiguen lo que quieren.   El ser nombrado a instancias de un corrupto no te hace obviamente un corrupto.  Pero cuando ese dato se conoce el nombramiento se deslegitima,  por si mismo escandaliza y resta prestigio a una institucion que lo necesita como el aire para servir a la Justicia.   Si muchos nombramientos están politizados, estos de ahora están marcados.   A los Fiscales Generales es lógico aunque no deseable que se les elija entre los amigos del Gobierno.   Para eso ha de cambiar el sistema de elección y hacer que la decisión cuente con una mayoría amplísima en el Parlamento.   Pero los puestos profesionales ni es lógico ni es legal.   Los puestos profesionales deben nombrarse con criterios profesionales y conforme a baremos profesionales  y ese es un deber a respetar por los mismos Fiscales Generales que no deben tener favoritos antes de que salgan los concursos.    Que las asociaciones afines en el Consejo Fiscal blanqueen muchas veces designaciones políticas o ideológicas con sus votaciones "profesionales", como se viene haciendo hace décadas, no altera el hecho de que en realidad actualmente no hay garantías profesionales en absoluto.    Ha habido nombramientos bajo sospecha en la Fiscalía desde hace mucho tiempo.  Pero claro, la impúdica exhibición de estos días creo que aclara cualquier duda de los escépticos.  

jueves, 27 de abril de 2017

POR PRESTIGIO DE LA FISCALÍA (Y POR INTENTAR SALVAR UNA REFORMA PROCESAL) MOIX NO DEBE SEGUIR EN ANTICORRUPCIÓN

La APIF ha solicitado al Consejo Fiscal que se debata la conveniencia de que el actual Fiscal Jefe de Anticorrupción siga en el cargo, y en su caso se le pida al FGE que lo remueva.   Dejo aquí la petición que se cursó ayer:



Ante las recientes filtraciones de las actuaciones producidas en la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminialidad Organizada, habiéndose hecho uso del artículo 27 del EOMF por integrantes de dicha Fiscalía, dando lugar a la celebración de Junta de Fiscales de la Fiscalía Especial, transcendiendo a la opinión pública el dictado de órdenes negativas (de no hacer) por la Jefatura, concretamente de  no practicar determinadas diligencias en el marco de la conocida como operación Lezo, así como el cese de dos fiscales que estaban llevando un caso concreto competencia de la Fiscalía Especial y que solicitaron amparo a este Consejo Fiscal,  pudiendo, tal actuación del Fiscal Jefe, no ser la correcta y con la intención de recuperar el prestigio de la Fiscalía Especial Anticorrupción, de la Fiscalía como INSTITUCIÓN así como poner freno al deterioro que se está produciendo en la consideración de los fiscales que la integramos.
 
SOLICITA

Que en la próxima reunión del Consejo Fiscal se incluya en el orden del día el análisis de la actuación de la Jefatura de la Fiscalía Especial Anticorrupción y contra la Criminalidad Organizada por si la misma no ha sido correcta  y, en consecuencia, dada su gravedad pueda ser valorado el cese o remoción del Fiscal Jefe de dicha Fiscalía Especial.


Hace ya varios meses, antes de que salieran las plazas de las jefaturas de Anticorrupción y de la Audiencia Nacional, le comenté a un compañero de la Fiscalía del TS que le consideraba idóneo para que pidiera la plaza de Anticorrupción.   Me dijo un par de días después, más o menos por las fechas en las que Gonzalez se frotaba las manos de que fuera Moix el elegido, que no lo iba a hacer, que el elegido era precisamente Moix.  Se dicen tantas cosas que yo no le creí, como si fuera un chau chau más de los que se hablan por aquí.   En aquellos tiempos el nombre de otro fiscal sonaba también como favorito de la anterior Fiscal General, que además había sido elogiada por Catalá, por lo que lo lógico era que fuera ese fiscal -que tiene una larga experiencia en la lucha contra la corrupción- el designado.    De pronto se precipitan los acontecimientos: Consuelo Madrigal no sigue. ¿Quien será el elegido?  El nombre de Maunel Maza salta como nuevo Fiscal General quien será quien haga los nombramientos.   Por lo tanto, los pronósticos cambian.  El nombre de Moix aparece ya en todas las quinielas y periódicos.  Al final, con el apoyo necesario de los vocales de la Asociación de Fiscales  salió Moix.  Es cierto que ese apoyo se endulza con dos cargazos: el Portavoz de esa asociación fue elegido Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, y una vocal del Consejo es elegida Fiscal Jefe de Andalucía.   Es decir, que mi amigo del Tribunal Supremo y el expresidente de la Comunidad de Madrid (me parece increíble escribir lo que este señor ha sido), González, acertaron:  "Si sale Moix es cojonudo, es un tío serio y bueno, yo no soy quién, dice González, pero no me corto en decirle a Rafa: Oye Rafa, ¿sabes? El aparato del estado y los medios de comunicación van a aparte: o los tienes controlados o están muertos".  

Por cierto, el mérito y la capacidad, para los políticos que tienen la suerte de acertar en todo lo que hablan de la Fiscalía, oye, parece que no cuenta nada.  ¡Que sorpresa!

Desde ese nombramiento vamos de mal en peor.   No son desajustes lógicos que se producen con la llegada de un nuevo jefe: es realmente un desastre.    Se publican las conversaciones de los investigados que narran lo bien que les viene Moix, haciendo incluso gestiones con "Rafa" a tal fin, y la opinión pública se queda estupefacta.   Por primera vez en Anticorrupción Moix provoca una reacción casi unánime de la Junta contra una orden suya para parar un registro el día antes de que se practique.  Se sustituye a dos fiscales que llevan el caso del 3 por ciento, uno de los casos más importantes de corrupción en Cataluña, sin razón técnica aparente y con una explicación muy endeble: que no viajen tanto, cuando se les mantiene otro asunto en Cataluña por el que han de viajar igual.   Oiga, que estamos hablando de fiscales anticorrupción, que llevan asuntos muy importantes. Que no se puede quitar asuntos así como así, porque las sospechas de maniobras surgen inmediatamente; que el coste de tener que estudiarse el asunto dos nuevos fiscales es mucho mayor que los viajes que tienen que hacer los anteriores a Barcelona.   Confirma en la radio a preguntas de un periodista la instalación de un micrófono en un despacho estando la causa secreta.  Por si fuera poco, surge un conflicto con el fiscal encargado del caso de Gonzalez, por el que Moix tiene que dar explicaciones por todos los lados.   Por cierto, yo apoyo absolutamente al fiscal Carlos Yáñez, al que no conozco, pero del que se que es un fiscal como la copa de un pino (tenemos amigos comunes), que se atreve a plantear a su jefe recien llegado una discrepancia por el art. 27 que es absolutamente excepcional en la Fiscalía y que en algún caso ha supuesto gravísimas represalias contra quien se ha atrevido a hacerlo.   Quiero que sepa Yañez que no está ni mucho menos solo y que somos muchos los que valoramos estos gestos y su trabajo.  

No tengo necesidad de hacer enlaces a las noticias y comentarios que estas actuaciones del Fiscal Jefe Anticorrupción están produciendo.   El deterioro del prestigio de la Fiscalía es evidente (lo que es muy grave con una reforma procesal importantísima en ciernes que ha de cimentarse en el prestigio y la independencia de la Fiscalía) y eso no puede mejorar si no hay un cambio.   Los partidos políticos de la oposición se escandalizan y desde el Gobierno se les dice que no conocen a la Fiscalía.  Pero aquí somos muchos los fiscales que también nos escandalizamos y conocemos perfectamente la Fiscalía. Hasta ahora las filtraciones no son más que del texto: dentro de un tiempo abriran los telediarios, oiremos hablar a imputados de Moix como un tipo cojonudo en un contexto de control de los aparatos del Estado.   Y la Fiscalía y los fiscales seguiremos sufriendo y seguiremos pidiendo que alguien haga algo.   Ahora es el turno del Consejo Fiscal: han de evaluar si la Fiscalía puede soportar esto, si no es el momento de parar, de reflexionar un poco, de asumir errores evidentes, de transmitir algo de confianza a la opinión pública y a los fiscales.   Y luego, si el Consejo, como deseo por el bien de la Fiscalía, vota iniciar el proceso de remoción de Moix, que el FGE actúe como su criterio independiente le dicte.