miércoles, 28 de abril de 2010

LAS FORMAS

Una de las cosas que estoy seguro que mejoraría la Justicia en España, sin apenas costes, sería el instaurar un protocolo de actuación en las relaciones entre las partes procesales y con los Jueces.   El espectáculo de Jueces imponiendo arbitrariamente modos de conducta: "¡esta es mi Sala!", o las faltas de respeto entre las partes o hacia el Juez, son cosas que sobran en una Justicia moderna.   No creo que exigir que la discrepancia legítima con las posiciones procesales de unos y otros no llegue a provocar la ofensa personal sea mucho pedir.   Pero creo que también ahí hay cierto abandono.

martes, 27 de abril de 2010

20 POR CIENTO DE PARO

Yo entiendo muy poco de economía, pero cuando leo que uno de cada cinco españoles en disposición de trabajar está en paro me alarmo mucho.   Esto es lo más grave que pasa en nuestro país, más grave aún que el estado de nuestra Justicia, que ya es decir.   Todas las prioridades, ahora, deberían ir dedicadas a solucionar el problema del paro, ligado según parece al déficit público que galopa a sus anchas, y a una reforma laboral que no se produce.   No sé.   No me fío, además,  ni un pelo de la competencia de nuestros políticos -de ninguno de ellos- para salir de esto.   Además, me aburren mortalmente las broncas que se traen por todo, sin aportar  nada en común ni ver jamás nada positivo en el otro ni nada negativo en lo propio.   Harían falta varios pactos de Estado, incluído el de Justicia, pero lo veo difícil.

domingo, 25 de abril de 2010

¿TIENE ESTO ARREGLO?

Hacen falta miles de jueces y fiscales, pero no se quiere cambiar el modo de acceso a dichas profesiones; hace falta un nuevo proceso penal, pero no se quiere cambiar el sistema napoleónico; hace falta despolitizar la Fiscalía y la Judicatura, pero no se quiere cambiar ni el EOMF ni el modo de elegir a los vocales del CGPJ; hace falta informatizar la Justicia, pero las dificultades son enormes -además de ser algo muy caro- por las competencias que sobre la materia tienen diferentes administraciones.   Cambios de mentalidad al margen -que creo que es todavía lo más difícil-, ¿cuanto tiempo hará falta para cambiar la Justicia -mejorándola, claro- en España?  Hoy unos amigos, al calor de una agradable sobremesa, me hacían esa pregunta.   No pude sacudir el pesimismo imperante.

sábado, 24 de abril de 2010

LO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Vengo defendiendo que los males de nuestra Justicia, de los que en mayor o menor medida todos somos responsables, tienen sin embargo una causa principal que a mi juicio es el interés de los partidos políticos en tratar de controlar sus decisiones mucho más que en garantizar su buen funcionamiento.  Eso se ve con claridad en el Tribunal Constitucional.   Llevan casi tres años hasta cuatro magistrados con su mandato caducado.   Otra vacante, desde hace dos años, por fallecimiento de un magistrado, está también sin cubrir.    No se renuevan o cubren las vacantes porque los partidos quieren aumentar o mantener, según el caso, su influencia en el Tribunal.    De eso no tienen ninguna culpa los magistrados prorrogados, pero es un bochorno; y no solo eso, ya que hay una ley capital para el futuro del Estado español en manos del Tribunal desde hace ya varios años.   Ya se que los dos partidos se echan la culpa mutuamente en un tostonazo insufrible de reproches cuando todo el mundo -menos los ultraadictos- sabe que la culpa la tienen ambos.     Esto es solo un síntoma de lo que ocurre en el CGPJ, en la Fiscalía, en la política de subvenciones y nombramientos, y en tantas otras cosas.   Y tiene mal remedio salvo que en los partidos políticos cambien ciertas prioridades.

viernes, 23 de abril de 2010

EL GRAN TRABAJO DE CASTRESANA

De vez en cuando me mandan enlaces de prensa que recogen el trabajo enorme que el Fiscal español del Tribunal Supremo Carlos Castresana, al frente de la Comisión Internacional Contra La Impunidad (CICIG) en Guatemala bajo el auspicio de Naciones Unidas, está desarrollando en ese país.   Hace un par de días, un investigador colombiano a sus órdenes, al cual conozco desde hace años, me envía el reportaje de la comparecencia en Nueva York de varias autoridades guatemaltecas solicitando la continuidad de Castresana y su equipo.    Creo que hay que estar orgulloso de lo que ese compañero está haciendo.

ADSCRITO O PROSCRITO

 Me comentaba ayer una penalista prestigiosa, con cierta resignación, que ella no tenía ningún tipo de influencia política, por lo que sus opciones para aspirar a un importante cargo de la judicatura eran muy limitadas.   Hoy, una conversación con un magistrado del Tribunal Supremo ya jubilado me ha devuelto la reflexión, porque a él le había comentado lo mismo otro conocido jurista muy recientemente.   En estos tiempos difíciles para la Justicia estas cosas deberían dar que pensar.  Leo hoy una noticia sobre las presiones de una asociación de jueces en favor de un adscrito, y pienso (al margen de que la noticia sea cierta o no) que hoy está muy extendida la idea de que lo peor que le puede pasar a un candidato es su falta de adscripción o militancia ideológica o asociativa.   Pensemos que quienes eligen para esos cargos, han sido a su vez nombrados por esas militancias.  ¡Vaya desastre!

martes, 20 de abril de 2010

MÁS DATOS

Prosigue El País con sus trabajos sobre el estado de la Justicia española; y la verdad es que cuando leo en el periódico lo que cada día veo que pasa en nuestra Justicia, creo que no hay nada que hacer.   En el Tribunal Internacional, todos teníamos supervisores que entre sus obligaciones habían de realizar un informe de cada uno de nosotros, los cuales servían para determinar factores muy variados de la integración laboral.  A través de esos informes se detectaban deficiencias, se sabía quien tenía trabajo y quien no, y quien lo saca y quien no.   En España parece que la cultura del supervisor en Justicia nos es ajena.  A veces me  pregunto si no sería mejor poner un horario a todos los jueces y fiscales.  El otro día en el Ministerio comenté a unos altos cargos que parecían estar durmiendo con la cantidad de cosas que hay que hacer: me lo negaron con vehemencia, y les creo.  Pero no se nota nada de lo que se hace.   Ya no es que solo esté politizada nuestra Justicia: es que es además de muy pobre calidad.

EL EJEMPLO DE LA "MADRE PATRIA"

Aquí un pequeño aporte más desde el otro lado del charco, sobre el caso contra el juez Garzón, que está siendo tan polémico. Partiendo del respeto al principio de independencia judicial, espero realmente que los jueces en este caso tengan en cuenta el impacto que la decisión tendría para la justicia internacional, sobre todo en Latinoamérica, desde donde todavía nos miran como país referente para muchos temas.

El prevaricato es ampliamente mal utilizado en muchos países del continente americano para acallar a jueces y fiscales que se atreven a abrir causas por graves violaciones a los derechos humanos. Con ello, los Estados pretenden enviar un mensaje intimidatorio y perpetuar la impunidad. Recientemente, tuve que escribir en defensa de una jueza peruana a la que le abrieron un proceso similar por intentar formalizar una acusación por ejecuciones extrajudiciales cometidas de manera sistemática y generalizada en la zona de su jurisdicción durante el conflicto interno peruano.

Aunque no se puede comparar a la situación española, y con independencia de la culpabilidad o no del juez (lo cual en efecto tienen que determinar los tribunales) es fundamental que en la causa se analice en tema de fondo. Si el juez, se ha excedido en la aplicación de la ley, se debe explicar bien por qué. De hecho, podría haber argumentos de peso que sustenten el prevaricato. Sería interesante que se analice a fondo cuáles de los delitos investigados por Garzón han prescrito y cuales no, de acuerdo a las obligaciones internacionales sustraídas por nuestro país, y cuál era la legislación internacional vigente en la época (España no había ratificado hasta el 79 el Convenio Europeo ni muchos otros tratados invocados estos días en defensa del juez). En este sentido, se abriría un rico debate jurídico sobre qué delitos son imprescriptibles en este caso, ya que no hay acuerdo internacional sobre que todas las graves violaciones de derechos humanos sean imprescriptibles.

Sin embargo, si se acaba inhabilitando al juez sin entrar en el asunto de fondo, sin duda el Tribunal Supremo nos va a hacer el trabajo muy difícil a todos aquellos defensores de derechos humanos que cada día lidiamos con los operadores de justicia de muchos países para que cumplan cabalmente con el derecho internacional. Si esto sucediera, estoy segura de que muchos en este lado del charco seguirán los pasos de la "madre patria" ….

Desde Washington con cariño.

domingo, 18 de abril de 2010

UNA ENCUESTA

Dos de cada tres creen que la Justicia española está politizada, según una encuesta que publica hoy El País.   Parece que no se entiende bien la consecuencia de ello: si está politizada es que no es imparcial, ya que está dirigida u orientada por criterios políticos.  Eso es muy grave, pero más grave es el hecho de que los culpables de eso (que seguramente deben contarse entre los que niegan esa evidencia en la encuesta) son quienes tienen que arreglarlo, es decir, los partidos políticos.   Y peor aún ha sido la contaminación política de gran parte de las asociaciones de jueces y de fiscales, otro fenómeno devastador pero también evidente.  Mientras tanto, el Manifiesto de los Fiscales por la independencia de la Justicia sigue con cinco signatarios y no hay alternativa alguna al mismo.  ¡Vaya tela!

viernes, 16 de abril de 2010

LÍMITES A LA ACUSACIÓN POPULAR

El FGE acaba de defender la limitación de la acusación popular en el proceso penal.  Dos cosas tengo que decir sobre esto: por un lado que ante la vacilante jurisprudencia sobre el particular (con significativos beneficiarios) habría que regular esta materia con inequívoca claridad, al igual, ya que estamos, que las intervenciones telefónicas.   Por otro, que estando de acuerdo con el FGE en principio, esa medida debería ir acompañada de un gesto en relación a establecer mayores garantías sobre la posición del Ministerio Fiscal en relación con el Gobierno.  Por ejemplo, en mi opinión sería suficiente con establecer un plazo de duración del Fiscal que excediera del término de una legislatura, y con garantizar la concurrencia de al menos tres votos de vocales electos en el Consejo Fiscal en cualquier nombramiento discrecional en la Fiscalía.  Con esas dos medidas, cualquier restricción en el ejercicio de la acción popular (que considero en muchas ocasiones redundante y en otras propicia a generar abusos) estaría en mi opinión justificada.

domingo, 11 de abril de 2010

CORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDAD CIVIL

Si un partido se financia a través de intermediarios que consiguen adjudicaciones públicas a cambio de comisiones o si un dirigente político se enriquece de la misma manera, encareciendo la obra pública, el partido político afectado suele -lo hemos visto y lo estamos viendo- distanciarse de los hechos apelando a "conductas individuales", a la "persecución de policías y fiscales" y a la "presunción de inocencia".   Yo creo que si se empezara a exigir una responsabilidad civil subsidiaria a los partidos (los fundamentos jurídicos para ello están en la "culpa in eligendo" o en la "culpa in vigilando"), estos partidos se tomarían mucho más en serio la corrupción en las propias filas.   Esa responsabilidad que ya está instaurada en muchos ámbitos de la vida económica y que ha sido decisiva para acabar con fenómenos como la Kale Borroka, sería eficaz también aquí.  Yo me imagino -por ejemplo- el esfuerzo del PP balear para devolver los sobrecostes del velódromo famoso, y las precauciones que a partir de ese momento tomarían sus dirigentes para que eso no volviera a ocurrir entre los suyos.

viernes, 9 de abril de 2010

RECUPERAR EL DINERO

Entre los defectos de nuestro proceso penal, uno de los mayores en lo que se  refiere a la delincuencia económica y a la corrupción consiste en la ausencia de esfuerzos y de motivación para recuperar lo sustraído.   Siendo realistas, a esos tipos involucrados en este tipo de delitos, lo más probable es que sean juzgados en varios años cuando las circunstancias habrán cambiado mucho.  El dinero que no se ocupe ahora, en los momentos iniciales de la investigación, la experiencia dice que dificilmente podrá recuperarse.   Esa gente es capaz de traicionar ideas, partidos, vocaciones y ciudadanos por el dinero que es lo que de verdad les importa.   En otros países ya están funcionando las denominadas Agencias de Recuperación de Activos (siguiendo el precedente de la primera oficina al respecto, que fue la inglesa, desde hace más de 10 años).  Una oficina dedicada solo a perseguir bienes, formada por policías e inspectores de hacienda al servicio de los  jueces.   Creo que debería pensarse en ello.    Y también creo que la atenuación de reparación es muy poco estímulo para que esa gente entregue el dinero.  Yo sugiero, ante las reticencias a la aplicación del delito de autolavado de dinero, la creación de una agravación de ocultación del mismo.   El autoencubrimiento es impune, pero aquí hay dinero público en cantidades demasiado importantes.  Creo que es obvio que la conducta de quien retiene y oculta lo sustraído, a partir de ciertas cantidades, se hace merecedor de un mayor reproche.   Otra opción es imposibilitar por ley cualquier indulto al que no haya devuelto el dinero o una parte muy significativa de él.   Quizá ese tipo de medidas animaría a esos sinverguenzas a devolver nuestro dinero.

miércoles, 7 de abril de 2010

"MAYOR RAPIDEZ"

Leo las declaraciones de un político de Alicante en las que pide a la Justicia en la tramitación del caso Gurtel mayor rapidez  ya que la "justicia lenta es injusticia".   Con el proceso actual, con una instrucción contradictoria, con docenas de partes personadas ejerciendo sus derechos a los recursos, lo que pide ese caballero es sarcástico.   La instrucción del caso Gurtel, en las manos de unos buenos abogados como son los que defienden a varios imputados, puede durar muchos años; no creo exagerar si digo que habrán pasado un par de legislaturas antes de que veamos a alguien sentado en el juicio oral.   ¿Realmente se desea una tramitación más veloz?  Pues cambien el proceso, amigos.

martes, 6 de abril de 2010

ANULACIONES

He visitado estos días unos pueblos de Jaén que me han impresionado: Ubeda y Baeza.  También he pasado por  Torres, lugar donde nació Baltasar Garzón, y donde una calle principal lleva su nombre.    Y también he pensado mucho sobre este sistema procesal absurdo que padecemos.   Estoy un poco cansado de que los errores de los Jueces de Instrucción (investigadores y al mismo tiempo garantes de los derechos de los investigados) determinen la anulación de causas penales privando al Fiscal de su derecho a ejercer la acción penal.   Me irrita bastante no solo el hecho de que esto se lleve produciendo desde hace mucho tiempo (recuerdo el caso Naseiro y ahora el caso Gurtel, y no hay semana que en la Junta de Fiscales del Supremo no se discuta un caso semejante), sino de que se acepta plácidamente por todo el mundo sin que se haga nada por tratar de ponerle remedio.   En mi opinión, ya que no se puede cambiar el proceso, al menos debería ser obligatorio que el Fiscal fuera quien -como sucede con las medidas cautelares- solicitara las intervenciones telefónicas y recurriera las mismas cuando el Auto habilitante tuviera defectos formales o cuando no hubiera previa peticiíon del Fiscal.   Noto a faltar una Circular de la Fiscalía General.