miércoles, 28 de septiembre de 2011

ALGÚN DÍA TE TOCARÁ A TI

Hay quien cree que estas cosas solo le pasan a los demás.   Y por eso, bueno, al fin y al cabo no afecta demasiado a cada uno de nosotros.  Pero no es cierto.  Las cosas que se hacen en esta carrera, desde el Consejo Fiscal, en materia de nombramientos nos afectan a todos.   A cada uno de nosotros.   La opacidad máxima, como si de una organización secreta se tratara, impide saber qué ocurre ahí dentro, cuando va a ocurrir, qué se dice de los candidatos, cómo se recaba la información, como se valoran las trayectorias.   Hoy leo que se ha elegido a un compañero -nada sino simpatías tengo hacía él- para una plaza en la Inspección Fiscal, a la que concursaban compañeros y compañeras mucho más antiguos y con mucho mayor trayectoria profesional.  Entre ellos, por ejemplo, la Fiscal Decana de los Juzgados de lo Penal de Madrid.   No es de la UPF, es cierto, pero su trabajo -dificilísimo, por la escandalosa falta de medios personales y materiales y por la conflictividad del puesto- es elogiado por todo el mundo.  Nada que hacer.   Una compañera muy querida para mi, ha pedido el Acta de un Consejo Fiscal en el  que se le denegaba una plaza que había pedido, a fin de estudiar un recurso.   Al fin -tras muchas semanas de deliberación- se ha acordado darle copia, no sin que la Inspección informara en contra y sin que algún vocal del Consejo hablara de cortar los "chafardeos".   Así no vamos a ninguna parte.   Bueno, si; vamos a ver exactamente lo mismo, pero ahora con otro sector ideológico de la Carrera viendo legitimada cualquier cosa que haga en atención a los precedentes.

¿Os acordáis de la campaña electoral del Consejo? ¿De cuando hablaban de transparencia? ¿De cuando prometían una página web para informar de lo que ocurre ahí dentro?

lunes, 26 de septiembre de 2011

¿OTRO PACTO DE ESTADO?

Ya he visto algunos Pactos de Estado por la Justicia en los últimos años.  Y la prueba de que no fueron Pactos de Estado está en que se sigue reclamando (ahora por un grupo de vocales del CGPJ) un nuevo Pacto de Estado por la Justicia en los tiempos de crisis que vivimos.  Un Pacto de Estado por la Justicia (y no para repartirse el poder en la Justicia, como fue el de 2002) debería contar con la generalidad de las fuerzas políticas y establecer consensos entre todos.  Debería oírse a Jueces, Fiscales, Abogados, Secretarios y Funcionarios de la Administración de Justicia.  Su orientación habría de ser la despolitizar la Justicia, velar por su eficacia, dirigirse a dar satisfacción a los ciudadanos en la resolución de sus conflictos.   Ello supondría para los Partidos mayoritarios obligarse a renunciar a sumar cotas de poder político en la Judicatura y en la Fiscalía.  A partir de ahí, ese Pacto podría ser útil.   Pero claro, los precedentes no animan nada.   La situación, además, es tan desastrosa que quienes propugnan ahora el nuevo Pacto son conscientes de la desconfianza que inspira a jueces y ciudadanos la actuación del Consejo.  Y el CGPJ no está peor que la Fiscalía.   Quizá si empezaran esos vocales a actuar menos por bloques y más de uno en uno; que pensaran por si mismos y no en grupo y que sus decisiones (en nombramientos, básicamente) pudieran percibirse como orientadas a primar el mérito y la capacidad sin repartos de cuotas o cambios de cromos, las cosas empezarían a mejorar poquito a poco.  Y luego, además, el Pacto.

viernes, 23 de septiembre de 2011

LEGISLAR PARA ALGUNOS

El artículo 351 de la LOPJ es un curioso artículo que se modifica en ocasiones veces coincidiendo casualmente con su aplicación a beneficiarios concretos y determinados.   Se trata del precepto que determina las causas en por las que Jueces y Fiscales podrán acogerse a la situación de servicios especiales.   Por no mencionar modificaciones anteriores, en el año 2009 una modificación del párrafo f) del citado artículo permitía estar en situación de servicios especiales a quienes desempeñaran un cargo en el Ministerio de Justicia, con rango inferior al de Ministro, en lugar de la redacción anterior, que habilitaba dicha situación a quienes desempeñaran en el Ministerio una ocupación no superior a Director General.   La coincidencia es que el artículo era de aplicación específica a una persona.

Ahora, por sorpresa, nos aparece en el BOE de hoy otra reforma, ahora para permitir la situación de servicios especiales a quienes hayan sido nombrados para "cargo político o de confianza", sin exclusión de categoría alguna.  Y además, se les reconoce dicha situación de servicios especiales con efecto retroactivo a quienes ahora mismo estuvieren en situación de excedencia voluntaria por esas razones.   También aquí podemos poner algún nombre.

Me quedo estupefacto.  No hay remedio para la Justicia en España mientras se premie a jueces y fiscales que sirven a partidos políticos en lugar de potenciar la neutralidad política de quienes aplican la ley.

martes, 20 de septiembre de 2011

¿QUE NOS ESPERA?

La vuelta del verano ha sido, como todos los años, un duro aterrizaje.   Los casilleros llenos otra vez, la misma falta de confianza en que las cosas de la Justicia mejoren.    Ahora que es evidente que el PP va a ganar las elecciones generales, y que dentro de unos pocos meses tendremos un nuevo Ministro de Justicia y un nuevo   -o nueva- Fiscal General  (por cierto he oído ya algunos nombres y de entre ellos el de una compañera que me parece que haría un trabajo espléndido), miro la página web del Partido Popular a ver qué es lo que nos espera en Justicia.   No hay todavía programa electoral, que ya se que no se cumple o que si no se cumple no pasa nada, pero que al menos suele dar unas pistas de hacia donde les gustaría ir a quienes lo escriben.  Tienen colgadas unas líneas que no animan mucho al personal interesado.  Bajo la rúbrica de "Qué piensa el Partido Popular" y el retrato del portavoz del PP en Justicia, no se lee propuesta alguna, sino el contenido del Pacto que firmaron los dos partidos nacionales en materia de Justicia en 2008, sin evaluar su implementación.   A mi me gustaría que en el programa electoral, al menos, hubiera un compromiso por cambiar el proceso penal, por agilizar los trámites, por incrementar las plantillas de fiscales y evaluar las de jueces, por dar soluciones al tema de jueces y fiscales sustitutos, por despolitizar la Fiscalía y el CGPJ, y además un compromiso de reducir -con objetivos- los números escandalosos de causas penales y civiles pendientes (o "en tramitación", como las define una vocal del CGPJ para evitar preocuparse demasiado).    Habrá que esperar a que redacten el programa, pero por ahora poquito, poquito.