La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales interpuso hace unos meses una demanda contra la Fiscalía y contra el Ministerio por mantener al conjunto de los fiscales sin plan de prevención de riesgos laborales. Parece una tontería, pero de la existencia de ese plan depende que se desarrolle una política de prevención de riesgos que incluyen los riesgos derivados de la sobrecarga de trabajo (por ejemplo, estableciendo límites a la carga de trabajo), o de que las fiscales embarazadas, o los fiscales mayores o enfermos puedan encontrar una adaptación del puesto de trabajo a las condiciones de salud que tienen, o una mínima protección contra el acoso laboral, que en la Fiscalía no está castigado como sanción disciplinaria, lo que permite a la Inspección ciertas licencias inadmisibles en cualquier sistema organizado de derechos laborales. Parece algo elemental, pero la Fiscalía General actúa como si esto no fuera con ellos. Ahora hemos tenido la última gracieta de la institución, que evidencia hasta que punto desprecian las reclamaciones de unos fiscales que quieren ser tratados como los demás trabajadores de España.
La Fiscal Jefe de Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dirigido a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional el siguiente escueto escrito:
"Que he recibido célula de citación y notificación de la demanda presentada por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales en la que aparece como demandada "la Fiscalía General del Estado.
Que a los efectos oportunos comunico a esa Sala que no existe ningún órgano del Ministerio Fiscal con dicha denominación".
En definitiva, les importan muy poco los derechos que desconocen de los fiscales. En lugar de avergonzarse por la situación en que nos mantienen, risitas (y faltas de respeto). Sancionan a fiscales por retrasos sin medir la carga de trabajo que soportan y el trabajo realizado (ya ganarán en los Tribunales, dicen); son capaces de mandar lejos del lugar de residencia de su familia a una fiscal que acredita padecer una grave enfermedad así como su imposibilidad de conducir; son capaces de desentenderse ante una fiscal que les pregunta si ha de obedecer a su jefe que le ordena trabajar durante una baja por embarazo de riesgo; son capaces de mandar a trabajar a toda la plantilla a pesar de estar en medio de una epidemia sin proveer de una sola medida de seguridad... Y hacen gracietas cuando les reclamamos a ellos, como patronal, que nos respeten y que respeten nuestros derechos. Hasta ese punto hemos llegado.
