martes, 22 de diciembre de 2020

PÉRDIDA DE CONFIANZA

 Se está tramitando la remoción de una fiscal Decana de Madrid porque la Fiscal Jefe ha perdido la confianza en ella.   Según parece, por no dar cuenta de un asunto relacionado con un allegado de la Fiscal General.  La UPF, asociación a la que pertenece la Fiscal Jefe, ha apoyado la remoción de la Decana en el Consejo Fiscal, aunque no hay previsión estatutaria alguna para remover por cuestiones de confianza.   Pero esto es ahora normal.   Esta se ha convertido en una Carrera en la que las arbitrariedades están a la orden del día.   Se ignora el mérito, la capacidad, y solo cuenta la afinidad política, asociativa o la voluntad del que manda en la jerarquía.  Si, si, ahora los fiscales afines al PP se quejan, y se quejan con razón.  Les están tratando los de la UPF igual que al resto de los fiscales y como ellos trataban a los de la UPF y al resto de los fiscales cuando gobernaba el PP.   Y los de la UPF, como si no hubiera un mañana, marchan prietas las filas para sacar todo el partido posible en este periodo.  De momento, llevan 5 de 6 fiscales de Sala nombrados desde enero.  Habrá sido un mal 2020 para todos, pero para los fiscales progresistas está siendo un año para recordar.    Se ha incorporado como factor de promoción o de democión profesional la ideología política.  

Entre unos y otros se han cargado la Carrera.  Enhorabuena, amigos.

viernes, 13 de noviembre de 2020

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES y APIF

 Es muy importante que todas las asociaciones profesionales de la Fiscalía se incorporen a la exigencia contra la Administración (Ministerio de Justicia y FGE) de una regulación adecuada de los derechos a la prevención de los riesgos para la salud y seguridad en nuestro trabajo.   Por eso, saludo personalmente esta pasión que desde el curso de la APIF sobre prevención se ha generado en la AF y la UPF.  Sin embargo, en el mes de marzo, cuando la APIF demandó a la FGE y al Ministerio de Justicia por infracción de la normativa de prevención, y cuando defendía esa asociación el derecho a la resistencia reconocido en la ley (art. 21 de la LPRL) para los fiscales que vieran en grave riesgo su salud por falta de medidas adoptadas por la administración, la UPF llegó a considerar delictivo el ejercicio ese derecho, ni más ni menos.   ¡Que tipos!  Solo se explica porque ellos ahora se confunden con la FGE, con el Gobierno y con el PSOE,  de una forma en que nunca la Fiscalía hasta ahora lo había padecido - y que uno no podia ni imaginar-, y bien que les recompensan por ello.  La AF, por su lado, fue más moderada y se limitó a desconocer ese derecho de los trabajadores.    Pero ahora, tras el curso espléndido que ha dirigido Miguel Pallarés, la Carrera se ha dado cuenta de que hay una serie de derechos básicos que se desconocen para los fiscales -y solo para los fiscales-, desde hace 25 años.   Se desconocen por los Gobiernos y Fiscales Generales, pero también por el Consejo Fiscal.  25 años.   Estas prisas de ahora, ¿no suponen un reconocimiento implícito de que no se ha cumplido con las obligaciones asociativas, especialmente desde posiciones de poder? ¿Cuantos Fiscales de Sala, Fiscales Jefes, cargos variadísimos, han sido nombrados por los vocales durante esos 25 años?  Muchos cientos, cuesta incluso hacer el recuento de los Fiscales Generales que ha habido.  Pero nunca el Consejo Fiscal ha reparado que las cargas de trabajo tienen que ver con la prevención de riesgos, que los acosos tienen que ver con la prevención, que los derechos de fiscales embarazadas, o lactantes, o fiscales mayores o enfermos, tienen también que ver con la prevención de riesgos.  Que es el puesto de trabajo el que ha de adaptarse al trabajador, y no al revés.   ¿Cuantas veces el CF se ha desentendido de quejas sobre las distribuciones de trabajo, protegiendo a los jefes, y yendo a buscar una regulación al Reglamento franquista que habla de "equidad" en los lotes de trabajo en lugar de acudir a la normativa vigente?   Estas asociaciones  y sus vocales en el CF, no se han preocupado de nada de todo esto.    Pero acumulando todo el poder en la Fiscalía al socaire del Gobierno afín de turno, se han dedicado a mantener exclusivamente su situación de poder, haciendo las concesiones necesarias al FGE de turno para seguir manteniéndolo y seguir aprovechándose.  Para la Carrera Fiscal, en décadas nada ha cambiado a mejor, porque con esa actitud nada puede cambiar a mejor en la Fiscalía.  Pero si -y mucho- para las élites de esas asociaciones que monopolizan los cargos más importantes en la Carrera, generando entre los fiscales la sensación de que no se puede hacer nada para cambiar las cosas, porque el poder lo reciben esas asociaciones de los políticos -a través del FGE de turno-, pero es un poder que no se atribuye para cambiar nada, solo para colocarse ellos y para que los Fiscales Generales tengan un arropo en el CF.  Para cambiar las cosas hay que matener una actitud independiente del poder, no gregaria. 

Ahora va a llegar un momento importante.  Si el Ministerio y la Fiscal General no reaccionan de manera inmediata a nuestras reclamaciones sobre prevención de riesgos laborales, habrá que demandarles para que lo hagan.   Veremos qué hace cada cual.




lunes, 9 de noviembre de 2020

EL COMPAÑERISMO EN LA FISCALÍA

Yo elegí ser fiscal.  Saqué un gran número en la oposición de jueces -y corriente en fiscales-, pero tenía en mi cabeza que era preciso el trabajo en grupo, el trabajo arropado por compañeros de los que aprender y enseñar.  Así, tomé posesión de mi plaza de juez en Gavá, y a los pocos días pedí la excedencia cuando hube de ocupar mi destino como fiscal.  Durante mucho tiempo ese compañerismo, incompatible con putear a quien comparte trinchera contigo, era una realidad en la Fiscalía.   Recuerdo que yo estaba destinado en Mataró, y un compañero más veterano asumió durante unos meses el ayudarme en los comienzos en la Fiscalía, despachándome incluso desde Barcelona alguna causa de mayor complejidad.   Recuerdo que cuando estalló lo de Banca Catalana, la campaña de prensa contra la Fiscalía fue brutal y todos (desde abajo hasta arriba) hicimos piña con los compañeros que llevaban el asunto, confiábamos en ellos; recuerdo el buen rollo en aquella Fiscalía, igual que luego en Granada -donde Rafael Toledano, compañero de promoción, se esforzaba en ponerme al día de como iban las cosas allí- y donde se organizaban partidos de futbol entre fiscales y abogados.  Recuerdo casos de renunciar a la antigüedad en temas de vacaciones, o de elegir Juzgado en la Fiscalía, por razones de compañerismo, y lo recuerdo en Sevilla y también en Madrid.  Recuerdo a una compañera en Madrid, que en una Junta cuando yo estaba teniendo una bronca importante con el Fiscal Jefe, se levantó y me apoyó, reprochando al jefe sus malas formas.  Un compañero  no te hace una putada.   Un compañero, si estas jodido te hecha una mano.  Un compañero no te difama.  Un compañero confía en ti.  Un compañero va a juicio por ti si tu no puedes, de la misma manera que tu lo haces y si puedes le cubres si tiene alguna dificultad o le ayudas.   Recuerdo un matrimonio de fiscales que tuvo un problema con un hijo estudiando en Irlanda.   Mi mujer -gran fiscal y compañera- movió cielo y tierra en la medida de sus posibilidades y contactos para arreglar el problema.  Pero hoy, y desde hace unos años, la Fiscalía ha perdido en gran medida eso.  La Carrera se gobierna de arriba a abajo, pero se construye de abajo a arriba.   Si eso falla, todo va a peor, y por eso precisamente está la Fiscalía como está.   El Consejo Fiscal lleva haciendo putadas a fiscales sobre la base de ayudar a los asociados de los vocales desde hace mucho tiempo.   La arbitrariedad se ha abierto paso en muchos aspectos, asociada a la politización de la Fiscalía.   Y con la arbitrariedad no corregida, aparece el temor.  He visto expedientes disciplinarios sancionadores que solo desde la mala fe pueden sostenerse, y claro, fueron luego revocados por los Tribunales.  Y no uno, ni dos y siempre con la indiferencia del personal.   También como se abandonaba a su suerte a compañeros víctimas de acoso, sin iniciar una investigación de lo ocurrido.  He visto como las posiciones de poder en la Fiscalía con frecuencia, demasiada frecuencia, se utilizan para perjudicar a adversarios o favorecer a propios y no para mejorar las condiciones de trabajo de todos.   He visto también como se abandona a su suerte y soledad a compañeros que sufren una injusticia o arbitrariedad, y se hace con el peor de los abandonos, que es el silencio.   Y lo peor de todo, he visto que eso se considera ya como un componente de esta profesión.   No lo es.   Hubo un tiempo mejor y yo puedo dar fe de ello.  

jueves, 29 de octubre de 2020

STAMPA, FUERA DE ANTICORRUPCIÓN

Hay pesadillas recurrentes.  Cuando crees que todo ha sido un mal sueño, ahí la tienes otra vez.  Hace unos años, con el PP de su mayoría absoluta y la corrupción chorreando por las costuras del Estado -como ahora estamos viendo-, Torres Dulce que era vocal del Consejo Fiscal, fue elegido Fiscal General del Estado.  Se sentaba en el Consejo Fiscal con sus compañeros de candidatura, con los que tenía mayoría en el Consejo Fiscal.  ¡Que tiempos de vino y rosas para algunos! Vocales de la AF en el Consejo se presentaron a plazas y "se las daban"; los nombramientos eran escándalo tras escándalo; incluso echaron a un fiscal de la Carrera Fiscal sin base alguna, causándole un gravísimo perjuicio, aunque los Tribunales le dieron la razón un año después.  Ninguno -por favor, que cosas- le pidió perdón o se disculpó en modo alguno. 

Aquello pasó, aunque los modos siguieron ya con otro Fiscal General General que decidió elegir con el apoyo de la asociación conservadora a fiscales anticorrupción y fiscales de la Audiencia Nacional favoritos de investigados por corrupción (y luego encarcelados), pero parecía que la pesadilla ya era de otro tipo.

Y en estas, regresa el escenario de la pesadilla, pero agravado.  Una Vocal electa  del Consejo Fiscal por la UPF es elegida Fiscal General, tras haber encabezado el Ministerio del Justicia, ahora con el PSOE.   Y vuelve la pesadilla.   Nombramientos para miembros de la UPF de manera casi automática (las razones son lo de menos, en un caso porque es mujer, en otro porque es mayor, en otro porque se lo merece, y seguro que con esos criterios se pueden hacer infinitos aciertos. Así se elude la comparación con otros candidatos, algo ya tan acuñado en la historia de la arbitrariedad que no merece ni atención comentarlo); vocales de la UPF que piden plazas "y se las dan" concursando con otros (y a los otros, que les den), y también algo parecido -o peor- a una expulsión.    ¡Dias de vino y rosas otra vez!  Ni mérito ni capacidad.  Como ya lo hicieron otros antes, pues ahora les toca a ellos.   Alegría, otro pagará el déficit de decencia que se va dejando.

Si, porque lo ocurrido hace un par de días con el fiscal Ignacio Stampa es de una gravedad enorme, y si algo sorprende en este mundo es el silencio de los fiscales, grandes víctimas y cómplices de esta tragedia.  Ese fiscal llevaba uno de los asuntos de corrupción más graves que ha habido jamás en democracia, como es la utilización -al más alto nivel- de la Policía y otros resortes de defensa del Estado en prácticas de corrupción, extorsión, amenazas y robos.   Y comienza una campaña contra él de naturaleza salvaje que a mi incluso me hizo dudar.   ¿Será verdad todo lo que se dice de él, todo lo que se dice que ha hecho?  Pero su Jefe le mantiene y le ensalza.  Sus compañeros de la Fiscalía le respetan.   Las investigaciones contra él se archivan... Incluso unas Diligencias de Investigación penales abiertas en el TSJ de Madrid se envían a la Fiscalía General al parecer con una solicitud de archivo (dato este que no se lleva al Consejo Fiscal, de manera sorprendente).  Hasta el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, después de ofenderle gravemente en los medios de comunicación, se retracta días después y manda una carta pública pidiendo perdón al referido fiscal. Uno para ese momento ya no tiene dudas, aunque no conozco personalmente al fiscal.  La presunción de inocencia prevalece.   Si ha hecho algo malo que se pruebe.   Y si no, es inocente.  Además, es inocente en el contexto de una investigación en la que hay gente con muy poca inocencia.   Pero el CF no le apoya y determina su salida de la Fiscalía Anticorrupción, de una manera que a mi me parece más grave todavía que expulsarle de la Carrera porque es una desautorización profesional de repercusión nacional y sin motivar, sin defensa.   Su propia Asociación, la AF, lo abandona y luego da extrañas explicaciones sobre la imparcialidad o algo así.  La UPF ni siquiera se explica.   Se dejan arrastrar por el ruido y no respetan, como es su obligación, a un fiscal que -con aciertos o errores- se ha dejado el pellejo y además lo ha hecho sin levantar la voz.  Ni contra los que le insultan, ni contra su asociación que no le protege, ni contra la difamación, ni contra el Teniente Fiscal que le humilla en la radio.  Mantiene el silencio.

Muy fácil para la Fiscal General.  Si no tienes votos, no te propongo.  Salvo por el detalle de que en esa causa que llevaba el fiscal, la pareja de la Fiscal General defiende a tres de los más importantes implicados.  Salvo por el detalle de que existe una denuncia del abogado Baltasar Garzón por las filtraciones del caso, que incluyen las que afectan a la propia Fiscal General.  Dolores Delgado es indirectamente perjudicada en un caso en el que se pronuncia sobre la permanencia del fiscal que lo lleva, y lo remueve.   No se si otros también lo ven, pero para mi eso es causa de abstención (219.10 de la LOPJ).

Ahora me quiero dirigir a los fiscales.  Vosotros veis el rumbo que está tomando la Fiscalía.  Vosotros veis la capacidad de defender nuestros intereses que nos proporcionan unas asociaciones subordinadas y beneficiarias de los vaivenes de la política.   Pensad si no tenéis que dar un paso para defender vuestra profesión que es vuestra vocación y luchar por despolitizar la Fiscalía.   El silencio resignado hoy creo que es cómplice con lo que ocurre y lo que ocurre es desastroso para la Democracia, para la Justicia, para la Fiscalía y para vuestras propias carreras.   


miércoles, 28 de octubre de 2020

LA POLÍTICA CRIMINAL DEL GOBIERNO ES COSA DE LA FISCALÍA, SEGÚN LA FGE

 En una reciente y muy interesante entrevista para elDiario.es, la Fiscal General afirmaba al hablar de las políticas que desarrolla el ejecutivo,  que "entre ellas está la política criminal.  Quien tiene que desarrollar la política criminal es el Ejecutivo.  Y designa para ello al Fiscal General del Estado".  Esto es muy importante, porque la FGE se coloca a si misma como instrumento del Gobierno para llevar a cabo la "política criminal del Gobierno".   De hecho, se refiere la Fiscal General hasta en 8 ocasiones a la política criminal del Gobierno en dicha entrevista.  Pero creo yo que si eso es así, la imparcialidad del Ministerio Fiscal, cuando entra en conflicto con la "política criminal del Gobierno", queda en entredicho, porque precisamente, la jefa del Ministerio Fiscal está ahí para llevar ambas a cabo.   En estos términos, sería muy importante que el Gobierno aclarara cual es su política criminal en relación con el Ministerio Fiscal, y la Fiscal General aclarara como la va a aplicar, dados los términos del art. 8 del EOMF.   A la vista del último Consejo Fiscal, podemos hacernos unas preguntas:

¿La política criminal de Gobierno se lleva al Consejo Fiscal y a los nombramientos? 

¿Quién más participa de la ejecución de la política criminal del Gobierno? ¿Forma parte de la ejecución de esa política criminal la UPF, la AF, los vocales natos en el Consejo Fiscal?

¿Ha de explicitarse en la motivación si los nombramientos responden también a un diseño de la política criminal del Gobierno?

¿No debería contarse con el Consejo Fiscal para llevar a cabo la política criminal del Gobierno?

¿Cual es la relación de jerarquía entre la política criminal del Gobierno y los deberes de legalidad e imparcialidad, específicos del Ministerio Fiscal?  

¿Podría alguien aclarar cómo se le hace saber a la FGE cual es la política criminal del Gobierno en cada caso?

¿Está en condiciones el Ministerio Fiscal de abordar casos contra quien le dicta la política criminal a seguir?

¿Conocen en el GRECO que el Ministerio Fiscal español es quien lleva a cabo la política criminal del Gobierno?

¿Se ha reunido alguna vez la Junta de Fiscales de Sala para abordar cuestiones relativas a la política criminal del Gobierno?

¿Nos informará alguien alguna vez que debemos despachar nuestros casos tomando en cuenta las directrices de la Fiscalía sobre la política criminal del Gobierno? ¿O solo debemos asumirlo y ser recompensados para que lo entendamos sin que nos lo digan por escrito?


En fin, que así vamos.


domingo, 27 de septiembre de 2020

RECUERDOS DE BONGO

 Fiscalía General del Estado, 2320.


-¿Te acuerdas de Bongo?

-Claro, aquel monito encantador, incluso lo asociamos para la Jefatura que le dieron.  ¡Como pasa el tiempo!  ¿Y qué ha sido de él?

-Está ahora en un parque, da pena verlo.  Ya sabes que desde la promoción del loro de la nueva Fiscal General, asociado desde que salió del huevo, pero nada politizado, no hay sitio para fachas.   La plantilla se resistió, pero no hubo manera.     Lo echaron vilmente (aunque casi cumple los cinco años).   El otro día fui a verlo, con unas semillas y cacahuetes.   Estaba muy contento, pero ya me avisaron que si se te escapa la palabra "loro", se agita mucho y es capaz de ser agresivo.  Los niños le gritan "loro, loro" para cabrearle.

- Nunca Bongo entendió la Fiscalía, por querido que fuera.   Incluso le plantó un 27 al FGE, con un par.  En cambio el loro es perfecto.   Solo repite lo que dice su ama.   Se pasa el día encerrado en el despacho y apenas sale.   La verdad es que los fiscales somos gente mucho más abierta que los jueces, que siguen empeñados en que el CGPJ lo elijan ellos y de ahí no salen.   

- Vuelve al curro, que se asoma el loro.

lunes, 21 de septiembre de 2020

EL LÍO DE NAVAJAS

Uno espera que las tortas le caigan a los fiscales desde fuera.  Las sentencias adversas, las críticas de los abogados (incluso las querellas, de vez en cuando), la legítima crítica de los medios... Pero que los palos a los fiscales vengan del número 2 de la Fiscalía, Fiscal General en funciones, y hombre de buen y reconocido talante, es como cuando la mitad del ejército se pasa al enemigo en la batalla.   Estoy de acuerdo con él en que la crítica anónima que ha sufrido es cobarde, pero el desahogo de Luis no hace favor alguno a nadie, y tampoco a él.   

Dice que hay dos fiscales que son esclavos de su ideología e incapaces por tanto de entrar en el asunto que afecta al Gobierno.  Hombre, este es un punto interesante.   ¿Son los únicos esclavos de su ideología, según su punto de vista?  ¿No lo es el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica ascendido vertiginosamente por la Fiscal General en un asunto en el cual ésta no puede actuar?  ¿O es que la causa de abstención alcanza a la FGE pero no a los nombrados digitalmente y que dependen directamente por ella?   Pero no solo eso.  ¿Son solo recusables por contaminación ideológica, los dos señalados? ¿Ningún otro Fiscal de Sala nombrado a instancias de Fiscales del PSOE o del PP, en algún caso de manera escandalosa?  ¿Esos no son recusables con arreglo al criterio de Navajas?   Navajas limita la politización de la Fiscalía a dos personas en un asunto.  Sabe que no es verdad, sabe que la jerarquía de la Fiscalía está politizada hasta la médula y que eso la convierte en una institución muy vulnerable.  Pero además, si nos ponemos en su situación, ¿como diría que es su propia posición?  Finalizó su plazo de nombramiento por cinco años hace casi un año.  Pero sigue en el puesto porque la Fiscal General se lo permite, no sacando la plaza a concurso.  Es decir, que está en funciones, pero vota en el CF, coordina la Fiscalía del TS, y resuelve personalmente asuntos que la propia Fiscal General no puede -por afectar al Gobierno al que pertenecía antes de ser Fiscal General-.   ¿No está también un poco contaminado?  Porque,  ¿qué podría pasar si se enfrentara con la Fiscal General?  Obviamente, que podría ser cesado de sus funciones de manera inmediata sin que por ello la Fiscal General tuviera que forzar para nada la ley.   

La posición del Fiscal de no investigar ninguna de las querellas no es incuestionable.  Es algo muy complejo, pero yo creo que el Fiscal tiene que saber indiciariamente lo que ha pasado antes de tomar posiciones procesales.  Esto para mí es independiente de que el Tribunal Supremo le de o no la razón.  Es mi opinión.   Archivar sin investigar es asumir el riesgo de que haya actuaciones ilícitas que queden impunes.   Otra cosa es archivar sabiendo quién hizo qué, quien sabía qué cuando lo hizo y quien no hizo lo que debería haber hecho si hubiera sabido qué.   Pero para eso hace falta investigar.

Los palos a las fiscalías anticorrupción y nacional, además de ser gratuitos, son injustos y son para mi lo más doloroso.   Se están matando los compañeros para sacar asuntos complicadísimos desde el punto de vista jurídico y combatiendo procesalmente con los abogados mejores de España y en medio de un torbellino mediático.  Y lanza la idea de que en Anticorrupción hay una cola de periodistas para recoger filtraciones, además de sugerir que los cambien cada cinco años, como a los jefes.  ¿Como cree que esto beneficia a los fiscales que lidian con los asuntos?  ¿Cree que esto beneficia su trabajo?   Además, ¿tiene pruebas?  Y luego lo de dar por hecho que un fiscal tenía un affaire con una abogada y que cometió actos ilícitos.  Hombre, el asunto está siendo investigado, pero Navajas lo ha dado por cierto, hasta el punto de que vomitó al conocerlo.  Le comprendo, pero antes hay que saber si es verdad, ¿no? ¿Y la presunción de inocencia?  Por mucho menos condenaron en el TEDH a España por vulnerar la presunción de inocencia de un inculpado.

Lo que ha dicho Navajas no va a mermar la simpatía sincera hacia quien ha sido mi jefe directo durante varios años, a quien he tenido por un hombre cabal durante muchos años aunque personalmente no le deba nada.  Pero hace tiempo que creo que para hacer las cosas que está haciendo últimamente, yo hubiera preferido haberle hecho una emotiva despedida en febrero.  

miércoles, 16 de septiembre de 2020

LA DENUNCIA CONTRA LAS FISCALES DE PÚNICA

El derecho a la tutela judicial efectiva supone el derecho a obtener una respuesta fundada en derecho a las pretensiones jurídicas que ejercen los ciudadanos.  En este sentido, que un condenado penalmente que está investigado en numerosas operaciones de corrupción denuncie a los fiscales que le acusaron y obtuvieron su condena y además le investigan es algo amparado por derechos constitucionales de las personas, aunque quienes hemos manejado estos asuntos de corrupción ya hemos conocido y sabemos que esas denuncias, en general, no tienen otra finalidad que la de socavar la fortaleza de la acusación con la tratando de debilitar torticeramente a través de la descalificación de las personas los argumentos fácticos y jurídicos de los fiscales.  Y a ser posible quitárselos de encima, lo que desde un punto de vista profesional no deja de ser un cumplido.  

En este caso concreto se  reprocha por el denunciante a las fiscales no haber acusado a una persona (antiguo socio del querellante) cometiendo el delito de no perseguir delitos (al no acusar al ex socio del querellante por un delito de aprovechamiento del secreto proporcionado por un funcionario público), por el delito de prevaricación y por cohecho impropio.  

1) En cuanto al delito de aprovechamiento del secreto que considera el denunciante que debía haberse aplicado por las fiscales, el tipo penal es claro: se castiga al particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad.  
En el presente caso, las fiscales no ejercieron acusación sino contra las personas que se aprovecharon del secreto obtenido de un funcionario público.  No se satisfacía las exigencias del tipo el acusar a las personas que se aprovecharon del secreto obtenido de una persona que a su vez lo había obtenido de un funcionario público.   Es decir, el ahora denunciante recibe un secreto de un funcionario, y se aprovecha.  Y por ello es condenado.   Pero a su vez, no siendo funcionario, él mismo le cuenta el secreto a su ex socio.  El ex socio no recibe el secreto de un funcionario.  Los preceptos del Código Penal han de ser aplicados de manera restrictiva analizando con cuidado si los supuestos de hecho están contemplados en la norma penal.  Y en este caso, creo, claramente, que no.  Además, la cuestión se resolvió favorablemente a la tesis de los fiscales en la sentencia que condenó al Sr. Granados.
2) En cuanto al delito de prevaricación omite el  denunciante que los fiscales no dictan resoluciones, sino que ejercen pretensiones.  En este caso concreto, la acusación se ejerció contra las personas que se consideraron responsables del delito que cometió el ahora querellante, y lo hicieron bien puesto que fue condenado por la Audiencia Nacional y ratificada su condena en el Tribunal Supremo.
3) En cuanto al cohecho, resulta indecoroso el esfuerzo por ver una dádiva en beneficio de los fiscales en el hecho de que un acusado decida colaborar en la investigación. 

Veremos el resultado de esta denuncia, pero aquí no puedo hacer otra cosa que expresar mi reconocimiento profesional por las extraordinarias fiscales que están levantando la corrupción sistémica durante unos años que se produjo en diferentes ayuntamientos españoles.