miércoles, 31 de octubre de 2012

PUEDE QUE AHORA SÍ CAMBIE EL PROCESO

El otro día estuvo la cúpula del Ministerio de Justicia en pleno en la Fiscalía.  No tuve ocasión de verles, pero ayer dieron cuenta los jefes en Junta de una reunión que hubo entre el Ministro y los Fiscales de Sala.   Según parece, el Ministro prometió que en esta legislatura haría todo lo posible para que se aprobara una nueva LECr., cuyo anteproyecto está muy avanzado, en la que se atribuye la investigación a los fiscales y se crea la figura del Juez de garantías.   Están estudiando los fiscales que harán falta para asumir ese trabajo y calculan que deberán incrementar la plantilla en unos 1000 efectivos, al tiempo que la plantilla judicial será excesiva.   Garantizó, por otra parte el Ministro, que hasta el final de la legislatura habría oposiciones (con un número bajo de plazas) para las carreras judicial y fiscal.

Son buenas noticias, aunque alguno dirá que cada legislatura -en sus comienzos- nos dicen lo mismo los ministros.   Yo creo que la situación es límite y que ahora va a ser que si.   Habrá que ver los detalles de ese anteproyecto, que debería estar liquidado para finales de año, pero no hay salida a nuestra Justicia penal sin salir del proceso (y la mentalidad procesal) del siglo XIX.     En cuanto a las plantillas, lo primero que se me ocurre -eso no lo dijo el Ministro- es algo que existe en varios lugares de Europa (Francia, Italia), que es la posibilidad de establecer trasvases de jueces a fiscales y viceversa.    Ya veremos.

martes, 30 de octubre de 2012

UN PASO ES UN PASO

Estoy preocupado por el anuncio de ayer en El Mundo de la creación de una "célula de crisis"  en relación con las pretensiones de independencia de algunos partidos en Catalunya.  No, naturalmente, porque el Gobierno no tenga derecho a ello, sino porque incluye en la misma al FGE.  Se que la creación de la "célula" ha sido desmentida por el Ministerio de Justicia, pero la información del periódico tenía demasiados detalles: hoy he esperado una rectificación del periódico, pero no dicen nada, ni siquiera recogen el desmentido del Ministerio.  En todo caso, la mera noticia -aún siendo errada- creo que no facilitará el trabajo de los fiscales en Catalunya, y que sean percibidos como lo que son, como profesionales imparciales y no involucrados en la lucha política.   No vendría mal un desmentido de la FGE, en mi opinión; y quizá una aclaración de las asociaciones en el Consejo Fiscal: si yo estuviera ahí de seguro que la pediría.

Pero hoy quiero comentar un paso que a instancias del FGE se da para añadir unas mayores dosis de objetividad en los nombramientos: me ha llegado una notificación de la Inspección por la que se me convoca -como peticionario a la Jefatura de la Fiscalía de Barcelona- a una entrevista en el Consejo para explicar mi programa de actuación.  Es un paso positivo, que me anticipó el FGE cuando tomó posesión de su cargo, y que recoge una de las cosas que la APIF llevaba en su programa a las elecciones al Consejo.   Saludo por tanto el gesto, que no fue capaz de realizar ni el anterior FGE ni tampoco impulsar la UPF en la anterior etapa.  Quedan sin embargo muchas más cosas para que el sistema de nombramientos sea mínimamente objetivo.   No hablo de que sea necesario obtener consensos amplios entre los vocales (eso provoca el cáncer de los repartos, de los 1-1-1 o de las componendas).  Hablo, por ejemplo, de que los nombramientos sean motivados; de que en el caso de las Jefaturas, las Fiscalías puedan ser oídas mediante votación anónima sobre sus preferencias, especialmente en las renovaciones; de que haya una publicidad mínima (al menos para los candidatos) de los programas y currículums de los demás aspirantes con la finalidad de poder impugnar en su caso con fundamento las decisiones.  En fin, algo normal me parece a mi, en un sistema en el que se aspira a que "el mérito y la capacidad" prevalezcan.  

De todas formas, insisto, el hecho es un avance y como tal debe ser percibido y elogiado.

martes, 23 de octubre de 2012

PAUPÉRRIMA OPINIÓN DE LA JUSTICIA

Una reciente encuesta del CIS -de la que se han hecho eco con profusión los medios de comunicación- pone de manifiesto la bajísima opinión que los españoles tienen del funcionamiento de la Justicia (ver la página 55 del informe que enlazo).  El 74 por ciento de los españoles consideran que funciona poco o nada satisfactoriamente, mientras un 12,4 por ciento no contesta a la encuesta.  De manera que todavía hay una minoría que opina que la Justicia funciona muy bien (0,8) o bastante bien (11.6).   Son resultados para pensar en cambiar muchas cosas.   No en vano hay -solo en la Justicia penal- más de 1.140.000 asuntos penales pendientes a finales del año pasado.

En mi opinión, mucho más urgente que modificar el Código Penal (que pronto llegará a la treintena de reformas desde 1985), sería introducir una reforma procesal penal radical, que atribuyera al fiscal la investigación; que estableciera plazos tasados de duración de las investigaciones; que introdujera el principio de oportunidad reglada en la acusación; que renunciara a la investigación contradictoria; que instituyera un Juez de garantías para la investigación; que regulara la proporcionalidad en la investigación.  En fin, cosas que hay ya en toda Europa y en muchas otras partes del mundo.

Por lo que a la Fiscalía se refiere, habría que pensar en introducir un cuerpo de Ayudantes del Fiscal, como también ocurre en muchos lugares de Europa; estudiar un trasvase de efectivos entre las Carreras Judicial y Fiscal; despolitizar la Fiscalía de una vez para garantizar la aplicación igual de la ley para todo el mundo.   Y potenciar el mérito y la capacidad en las Carreras Judicial y sobre todo Fiscal (la arbitrariedad aquí es mucho menos revisable que en la judicatura), que alentara y estimulara de una vez el estudio y el bien hacer, en lugar de lo que ahora tenemos.

lunes, 22 de octubre de 2012

RANKING DE TRANSPARENCIA

Alguno dirá que bueno, estar clasificado en el puesto 31 del ranking mundial elaborado por Transparencia Internacional en el índice de corrupción en el sector público no está mal.  Al fin y al cabo, estamos por delante de países como Italia, Israel, Portugal o Brasil.  A mi me parece de escándalo, ya que además de que el dato es muy malo, esa percepción sobre la corrupción en nuestro país viene cayendo desde hace 10 años, tanto en términos de puntuación como de clasificación.   Hoy España -en un índice que tiene repercusión en todo el mundo- está detrás de países como Qatar, Bahamas, Barbados, Chipre o Emiratos Árabes.   Desde la perspectiva de la Justicia, y más en concreto desde la Fiscalía, creo que habría que hacer mucho más.   Puede que me falle la memoria, pero no recuerdo en prisión por corrupción en los últimos diez años a ningún ministro, a ningún presidente de gobierno, a ningún banquero, y quizá tan solo un juez en España.  Ha habido alguna condena (poquitas), pero a la cárcel no ha ido casi nadie.   Mientras la Fiscalía no se libere de ciertas ataduras (algunas políticas, otras psicológicas); mientras los fiscales no nos convenzamos de que nuestro papel natural ha de ser incisivo, inquisitivo y no meramente vigilante en la investigación; mientras no desaparezcan los informes del tipo "el Fiscal no se opone a que se investigue a fulano o mengano"; mientras alguien pueda pensar que puede haber "intereses superiores" a la extirpación del cáncer de la corrupción donde quiera que se encuentre, yo creo que no avanzaremos.