miércoles, 22 de junio de 2016

ESTO LA FISCALÍA TE LO AFINA

Si hubiera habido transparencia en la Fiscalía, todas las reuniones y conversaciones mantenidas por el FGE  habrían de haber quedado recogidas en un registro y deberían haberse hecho públicas.   Todo esto es tan duro y al tiempo tan cansino.

miércoles, 1 de junio de 2016

QUERÍAMOS TANTO A LUIS

Estoy leyendo el último libro de Ernesto Ekaizer sobre la investigación de la causa al extesorero del PP, Luis Bárcenas que lleva el mismo título que esta entrada.  Cada uno se escandaliza por lo que quiere y el libro ofrece un muestrario de conductas bochornosas, éticamente ajustadas a los tiempos políticos que vivimos. Pero a mi -ante la alarma de que realmente sea cierto- me produce una gran tristeza leer los impúdicos tratos entre el Gobierno y el Fiscal General: llamadas de Ministros al Fiscal General a media noche para pedir y obtener información confidencial; documentos llegados de Suiza por vía policial a la Fiscalía que afectan a cuentas corrientes de un dirigente del PP hoy encarcelado, entregados por el Fiscal General al Ministro de Justicia; diseño de estrategias políticas en función de la información que transmite el Fiscal General...  Si los hechos narrados no son ciertos supongo que alguien demandará a Ekaizer porque está atribuyendo delitos cometidos en las más altas instancias de la administración del Estado.   Pero ese libro, que se lee de un tirón, pone de manifiesto la necesidad de regular con transparencia las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía (como nos han pedido desde el Consejo de Europa), y sobre todo de castigar específicamente y con la mayor dureza las conductas de filtración de información del Fiscal General al Gobierno, incluyendo actos así como causa de cese inmediato en el cargo.   Y también la de crear mecanismos independientes en la Fiscalía capaces de investigar si fuera necesario al propio Fiscal General del Estado.

lunes, 30 de mayo de 2016

FALTA DE GARANTÍAS PROFESIONALES EN LA FISCALÍA

Estoy muy afectado por la desestimación de un recurso de una fiscal contra una sanción por retrasos en el despacho de los asuntos en un proceso incoado por vulneración de derechos fundamentales que da la razón a la Fiscalía.   Creo que es una sanción injusta y creo que lo es por dos razones fundamentales.   En la Fiscalía no hay baremos máximos de trabajo, de manera que no se puede determinar cuando la carga de trabajo supera lo que puede ser despachado en un plazo de tiempo razonable.   Este es uno de los "regalos" que la jerarquía de la Fiscalía ha ido haciendo a los fiscales: vais a despachar "todo" lo que entre, y si "todo" lo que entra no es posible sacarlo sin calidad o sin renunciar a la vida privada y familiar pues ese es vuestro problema porque nosotros tenemos la opción de abrir expedientes.    En vano se le pide  a la Fiscalía General -incluso ahora, que estamos viviendo la tormenta del 324 de la LECr.- unos baremos, unas cargas máximas de trabajo a partir de los cuales pudiera establecerse si es razonable o no tener retrasos.  La jerarquía permanece quieta, como lo está ante cualquier reclamación profesional o corporativa.

Pero en este caso hay otro factor que a mi juicio los Tribunales no han valorado acertadamente: el expediente se instruyó por un fiscal no perteneciente a la Inspección nombrado a dedo por la FGE que fue quien impuso la sanción.   Yo creí que el Tribunal se iba a escandalizar ante este hecho que a mi modo de ver supone abrir la puerta a toda clase de abusos contra los fiscales.    Y desde luego no creí que ese modo de proceder nunca pudiera llegar a hacerse por la Fiscalía General en un expediente disciplinario contra un fiscal, considerando que en esta Carrera no hay garantías internas de funcionamiento: hasta el Consejo Fiscal, en alguna ocasión, ha tenido que preguntar a la Inspección quien era el competente para resolver algún recurso, que tiene tela.    Ante una situación así, que produce una sensación de aplastamiento a los fiscales de a pie por parte de la jerarquía y que extiende la sensación de desprotección que muchos tenemos en nuestro trabajo, el TSJ de Madrid nos dice lo siguiente, apoyándose en el Reglamento franquista y mirando solo que el fiscal elegido fuera ajeno a la inspección pero sin entrar a analizar lo absurdo de que se convalide un sistema en el que quien tiene la competencia para sancionar designa libérrimamente y sin motivación a quien investiga al fiscal expedientado:

SEXTO.- Alega también la demandante que sufre indefensión, en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías, al no ser nombrado el Fiscal Instructor en el seno de la Inspección Fiscal. Nuevamente cabría indicar que una infracción de procedimiento como la que se invoca únicamente podría dar lugar a un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales si fuese causante de indefensión material, sin que la demandante muestre las razones por las cuales la designación de un Instructor fuera de la Inspección Fiscal haya mermado sus posibilidades de defensa.

En cualquier caso, y sin perjuicio de lo que pueda resolverse en el seno de un procedimiento de legalidad ordinaria, si es que llega a tramitarse, cabe aquí resaltar que la demandante no cita precepto legal alguno que apoye su reiterada alegación de que el Instructor debió nombrarse en la Inspección Fiscal, pues el artículo 128 del Reglamento de 1969 no contiene esta prevención, y la figura del promotor de la acción disciplinaria de la LOPJ posee competencia únicamente en relación con jueces y magistrados (art. 605 de la LOPJ). No existe argumento ninguno que permita entender que los miembros de la Inspección Fiscal son el equivalente a la figura del promotor de la acción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 


 Lo siento mucho por la Carrera Fiscal, esto es carnaza para abusos y además no va en la buena dirección para salvaguardar los derechos profesionales de los fiscales, con independencia de la indiferencia que ante la existencia de estas cosas se observa en la Carrera, en la linea del lamento de Martin Niemoller.   Y también lo siento mucho por la compañera afectada, a la que aprecio mucho y con la que comparto un sentimiento de injusticia muy grande.

viernes, 13 de mayo de 2016

EL FISCAL SE TENDRÁ QUE JODER

Creo que la grabación de Las Palmas es de las cosas más duras y tristemente plásticas sobre los modos que hay que erradictar de la Justicia que yo recuerdo.   Esa conversación grabada que está en los medios de comunicación es explícita, deja poco margen a la interpretación: recordemos que se graba a un juez concertandose con un investigado para acabar con una parlamentaria y en ella se vierten expresiones tan elegantes como la que da titulo a esta entrada.    Naturalmente la grabación podría estar manipulada, pero creo que hay que investigar a fondo lo ocurrido.    Porque lo ocurrido puede ser constitutivo de delitos graves pero que afectan a una sola persona, o no.    Y ello no se sabrá si no se investiga a fondo.  La Fiscalía -de la que hay que recordar que empezó todo esto al iniciar una investigación que fue declarada ilegal por los Tribunales sin que se tomara medida alguna disciplinaria contra nadie ni se acordara cese de nadie, ni se diera explicación alguna de porque se actuó de aquella manera-, en mi opinión tiene aquí mucho trabajo (muy necesario, muy comprometido con la Justicia y muy interesante). 

miércoles, 27 de abril de 2016

SECRETOS, DELITOS Y PRENSA

Si algo echo de menos en estos momentos en el terreno de las Circulares de la Fiscalía General es una relativa a aclarar el comportamiento de los fiscales en relación a los eventuales delitos de revelación de secretos por la prensa.   Considerando que la estructura del proceso penal español facilita que demasiadas personas tengan acceso a documentación secreta (en un tiempo en que los datos de las comunicaciones son accesibles -gracias a las nuevas tecnologías- con gran amplitud por orden del Juez) y atendiendo a que a veces esa información puede tener un  indudable interés público, no puede ser que los periodistas estén trabajando en la inseguridad de si la Fiscalía va a acusarles o no por sus publicaciones y con penas además muy graves.    Ahora hay un caso que afecta a dos periodistas respetados, pero puede potencialmente afectar a muchos más (Wikileaks, whats apps de la Familia Real, papeles de Panamá o filtraciones de declaraciones de hacienda y otros más que quizá olvide).    El TS nos dijo ya desde una sentencia ya lejana (TS 234/1999) que el interés público y el derecho a la información pueden operar como causas de justificación (en aquel caso se consideró incompleta porque el periodista se excedió en los datos que dió vulnerando la intimidad de unas personas pero se da a entender que sin esa particularidad la justificación hubiera sido completa).    No me sorprende el revuelo que ha causado este hecho pero es porque el asunto es dudoso desde varias perspectivas y si alguien tiene que poner certidumbre en la actuación de los fiscales es la Fiscalía General.     Ayudaría, claro está, que los puestos de mayor responsabilidad en la Fiscalía se eligieran por criterios de competencia y no por afinidad ideológica, política o asociativa, pero si no se quiere arreglar eso, al menos que se marquen unas reglas claras.

viernes, 22 de abril de 2016

DECÁLOGO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA LA FISCALÍA Y LA JUSTICIA EN LA ESPAÑA, SEGÚN LA APIF

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) acaba de remitir a todos los partidos políticos en el Congreso un texto importante porque señala los problemas en los que se desenvuelve -de manera increíble en la España del siglo XXI- la Fiscalía y la Justicia en nuestro país.   La indiferencia política y de la jerarquía de la Fiscalía ante esta situación es escandalosa: creo que entre todos (jueces, fiscales y demás operadores jurídicos) debemos obligarles a rectificar. Os dejo el texto:



HACIA LA PROFESIONALIDAD E INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO FISCAL


DENUNCIAMOS

1 - El tradicional incumplimiento por los poderes políticos del artículo 124 de la CE  El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.” Estas  elevadas funciones que se nos encomiendan no cuentan con medios ni regulación adecuada para llevarlas a cabo con independencia y eficacia.

2 -  La inadecuada e insuficiente, regulación del Ministerio Fiscal, tanto desde el punto de vista funcional, como orgánico respecto de la Carrera Fiscal. Sin que reformas legales llevadas a cabo hayan tenido debidamente en cuenta al Ministerio Fiscal, la realidad diaria del funcionamiento de las distintas Fiscalías, y la situación de Fiscales y personal auxiliar.

3 – La regulación de la designación y separación del Fiscal General del Estado por el Gobierno de la Nación no garantiza ante la sociedad ni ante los profesionales la imparcialidad e independencia de la Institución, siendo causa del descrédito del Ministerio Fiscal en casos de transcendencia mediática, ofreciéndose la imagen de que es la acusación popular, ejercida por personas cuyos intereses muchas veces se desconocen, quien hace el trabajo que los Fiscales indebidamente omiten.

4 - El mantenimiento de una regulación del Ministerio Fiscal en sus atribuciones procesales sin las debidas reformas, especialmente  en relación con  la instrucción penal de adultos, que dificulta la debida eficacia de la jurisdicción criminal.

La implantación del artículo 324 de la L.E.Cr. con plazos tasados de instrucción cuya llave corresponde a los Fiscales que no  instruyen y que no comparten espacio físico con los juzgados y atienden además a múltiples funciones diversas, supone un obstáculo más para la eficacia de la justicia penal en España. Se pretende  instrucciones ágiles a coste cero, sin medios, y a costa de instrucciones deficientes.

5 - La ausencia de una reglamentación  interna básica que regule nuestra función y que permita articular las quejas y recursos de los Fiscales de a pie dentro de la Institución. Hoy en día existe  una falta total de concreción de los derechos que nos asisten en nuestra labor diaria. En el año en curso, 2016, la norma básica que regula nuestra función es el Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal de 1969  una norma que corresponde a otra etapa histórica, a otro modelo de Estado. Una norma que no casa mínimamente a la estructura actual del Ministerio Fiscal. No ha existido, en estos 38 años de democracia una voluntad real, ni política ni institucional, de dotar a los fiscales de base de una normativa adecuada a la importancia de nuestra función y a nuestro papel constitucional.

6 – La falta de transparencia en la Fiscalía es absoluta, tanto en las decisiones que afectan a los fiscales (por ejemplo, lo que ocurre en el Consejo Fiscal, o las razones por las cuales se producen los nombramientos), como sobre todo en las relaciones entre el Fiscal General  y el Gobierno.   Es sorprendente que no haya una normativa clara sobre lo que el Gobierno puede pedir al Fiscal, que no haya obligación de documentar esas relaciones o que por ejemplo, la agenda del Fiscal General no tenga la más mínima publicidad.

7 -  Los Fiscales no tienen un puesto de trabajo definido ni una regulación de los repartos de trabajo que refuerce su independencia y su funcionamiento eficaz.

No existe aún un estudio de la carga de trabajo de cada Fiscal y de cada Fiscalía. Lo que tenemos a día de hoy es un irregular reparto de efectivos a lo largo del territorio nacional, con una más que mejorable distribución de funciones entre las distintas Fiscalías que equipare la carga de trabajo de todos y cada uno de sus integrantes.

8 - Pese a todos estos condicionantes no contamos con un plan de prevención de riesgos laborales apropiado a su función que contemple el estrés como principal fuente de riesgos y que ponga remedio a las múltiples disfunciones que se dan en el trabajo diario con sedes y despachos que no reúnen las condiciones básicas para el ejercicio digno de nuestra función.

9 - La absoluta falta de medios del Ministerio Fiscal. Carencias, tanto de medios personales como materiales, que siendo generales en todo el ámbito de la Justicia, en el Ministerio Fiscal vienen siendo especialmente escandalosas.

10 - En esa ausencia de medios adecuados deben destacarse los sistemas informáticos puestos a disposición de la Justicia, la mayoría de ellos obsoletos, que lejos de agilizar y facilitar el trabajo diario de los Fiscales suponen una pesada carga añadido a lo que constituye la tarea propia de su cargo, y un obstáculo a la eficacia.

Situación que se ha visto empeorada con la implantación del sistema LEXNET, en la pretendida aspiración a lo que se ha venido en llamar el “papel cero”. No pueden implantarse sistemas de comunicación telemática obsoletos, fuente de numerosos fallos, sin preparación adecuada a los llamados a aplicarla, sin plantillas adecuadas…No se puede modernizar la justicia con programas y sistemas propios de hace 20 o 30 años implantando presuntas mejoras a coste CERO.


AFIRMAMOS

La verdadera voluntad política de que la Justicia funcione exige:

1)      un Ministerio Fiscal que funcione

2)      reformas profundas de la normativa procesal y estatutaria del Ministerio Público; no mera propaganda política

3)      inversión económica en formación, y medios; no pretendidas soluciones ingeniosas de “coste cero”.



PROPONEMOS A LOS PODERES POLÍTICOS

1.- Que de una vez por todas exista un verdadero Pacto por la Justicia que la convierta en un instrumento eficaz en relación con los transcendentes intereses en juego, como son los derechos de los ciudadanos.

2.- Que se acometan las reformas legales que cuentan con un amplio consenso científico y social, en favor de la independencia y la eficacia de la Justicia española.

3. -  Que se regule la figura del Fiscal General del Estado reforzando la independencia y neutralidad política del Ministerio Fiscal.

4. - Que se derogue inmediatamente el actual art. 324 LECr al ser un instrumento propio de un sistema procesal inexistente, incompatible con la configuración actual de la instrucción en España y con los medios que se han puesto a disposición de la Justicia española. Y se adapte el proceso penal plenamente al Principio Acusatorio de modo homologable a la generalidad de los países occidentales con un Fiscal instructor, y un Juez de Garantías.

5. - Que de una vez por todas se dote al Ministerio Fiscal de un reglamento propio de un estado democrático.

6. - Que se establezca de una vez un Código ético en la Fiscalía, para la jerarquía y para los fiscales, y que se introduzca la transparencia necesaria en el seno del Ministerio Fiscal y en sus relaciones con el Gobierno y demás instituciones.

7. - Que la definición del puesto de trabajo de cada Fiscal y en consecuencia los repartos de trabajo en el seno de las Fiscalías se doten de seguridad jurídica y se vean presididos por los principios de mérito y capacidad como garantía de salvaguarda de los derechos de los Fiscales y de eficacia de nuestra función.

8. - Que se dote a la Carrera Fiscal de un plan de prevención de riesgos laborales adecuado a su función y de mecanismos ágiles para la denuncia y detección de las disfunciones que se produzcan.

9. - Que se dote de medios al Ministerio Fiscal.  Estableciendo plantillas adecuadas y suficientes con una distribución eficaz de sus efectivos de acuerdo con la carga de trabajo real, y la eficiencia organizativa. Facilitando medios materiales modernos y adecuados a la importancia de este servicio público esencial en un Estado de Derecho.

10. - Que se suspenda la implantación de Lexnet en tanto en cuanto no sea un instrumento eficaz para el funcionamiento de la Justicia, lo que pasa inexorablemente por la modernización de sistemas y equipos. Y en tal sentido se dote al Ministero Fiscal de adecuados instrumentos informáticos, que faciliten el cumplimiento de su misión en vez de sobrecargar y dificultar a los Fiscales con tareas que no le son propias.










Madrid, a 22 de abril de 2016


Comisión Ejecutiva de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)


miércoles, 6 de abril de 2016

DOBLAR EL NÚMERO DE EFECTIVOS DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Si se opta,como a mi juicio con acierto se ha hecho en España, por crear una Fiscalía especial para la llevanza de los asuntos de corrupción, es increíble que las causas que se llevan allí no vayan como tiros porque no hay fiscales suficientes y porque los que hay están sobrecargados.   A mi modo de ver ese hecho es muy plástico sobre la falta de prioridad que se da a la lucha contra la corrupción en España.  Esto no es cuestión de una, dos o tres plazas más.  Es cuestión de doblar el número de efectivos, por lo menos.  Si hacen falta 40 o 50 fiscales, pues hay que tener 40 o 50 fiscales. Y si hay que aumentar el número de Inspectores, de Interventores, pues hay que hacerlo.   Y creo que hay que hacerlo porque la imagen que se da en España en materia de corrupción política es espantosa.   La Fiscalía Anticorrupción es un símbolo del compromiso en la lucha contra la corrupción.  Cuando se deja sin medios suficientes a esa institución pasa de ser un símbolo a ser un obstáculo. 
No solo es cuestión de medios, claro.  Pero conozco bien la carga de trabajo de esos compañeros, conozco bien los problemas de salud que algunos sufrieron el año pasado, y conozco bien la causa de los retrasos de esas macrocausas que se llevan por unos fiscales extraordinariamente preparados.   Y más fiscales creo que son indispensables, visto el patio de la corrupción en España y la necesidad de potenciar muchas más investigaciones.  

lunes, 4 de abril de 2016

JUSTICIA POLITIZADA

¿Debilita la politización de la Justicia la lucha contra la corrupción?  Frente a mi convencimiento de que es así, a mi me lo han negado en alguna reunión de fiscales con toda convicción.   Me lo han negado desde la jerarquía, claro, pero con mucha firmeza sin oponer razones.   A mi me parece que la razón por la cual la Justicia se politiza es un interés determinado.   (Por cierto, a mi me parece la politización de jueces y fiscales  es en nuestras carreras profesionales algo semejamente a un "dopping" que mejora la competitividad de algunos frente a compañeros que rehusan colocarse en la proximidad a los partidos y que cifran su progresión profesional únicamente a su esfuerzo, a su trabajo, a su talento y a su dedicación).  Colocando a jueces y fiscales afines el poder político considera que con ello va a obtener ventajas.  Cuando han seguido haciéndolo durante décadas debe ser porque efectivamente las consiguen aunque en algunos casos la operación les salga mal y no obtengan lo que buscan.  Y entre esas "ventajas" pueden estar indudablemente la información, la lealtad de los nombrados, y una búsqueda de mejor trato ante la Fiscalía o los Tribunales, especialmente en los casos de investigados aforados.  Todo eso es negativo en cuanto todas esas "ventajas" son palancas para quebrar la aplicación de la ley igual para todos. Pero indudablemente, además, coloca a la Justicia en situación de debilidad cuando la corrupción procede de quienes han promovido carreras profesionales de quienes han de enjuiciarles.       A eso me refiero cuando digo que una Justicia politizada en su jerarquía debilita la lucha contra la corrupción a pesar de que hay muchos casos abiertos y progresando en materia de corrupción.  A mi me gustaría más que esos casos los llevaran y los tuvieran que juzgar siempre y en todo caso, profesionales no nombrados directamente por los políticos.     
Hasta que no se afronte seriamente este problema y se afronte para corregirlo (no como en el reciente pasado, para agravarlo), opino que el castigo judicial de las prácticas de corrupción no gozara ni de la eficacia ni de la credibilidad necesaria. Harán falta otras cosas, pero entre las primeras está el arreglar la cuestión.

viernes, 18 de marzo de 2016

LA AF LO HA VUELTO A HACER

Copio el nuevo comunicado de la Asociación de Fiscales apoyando al Fiscal Jefe de Las Palmas.   A estas alturas albergo muy pocas dudas de que la Fiscalía General haga algo para corregir un comportamiento de la Fiscalía que, recordemos, inició una investigación preprocesal para averiguar si una juez que había pedido la excedencia para presentarse a las elecciones había cometido una infracción disciplinaria por no abstenerse en un determinado asunto, y dio publicidad a dicha investigación al comienzo de la campaña electoral.  E l TSJ de Canarias en primer lugar ordenó paralizar la investigación y finalmente consideró que la Fiscalía había vulnerado los derechos fundamentales de la candidata, había incidido en la campaña electoral violentando el principio de neutralidad política e invadido una competencia exclusiva del CGPJ relativo al régimen disciplinario de los jueces.    El CGPJ archivó la denuncia de la Fiscalía, ya pasadas las elecciones.  Quienes luchamos por la despolitización de la Justicia creemos que este es el tipo de cosas que no pueden ocurrir y que si ocurren han de ser corregidas.    Creo que debería por tanto acordarse el cese del responsable de aquella Fiscalía ya que estos hechos son demasiado graves.   La jerarquía de la Fiscalía no parece compartir este punto de vista, y yo creo que esta situación explica perfectamente como están las cosas.    La Fiscalía -recordemos- tiene que actuar en todo caso, por mandato constitucional, con arreglo a los principios de imparcialidad y de legalidad.    Cuando un Tribunal (y no un Tribunal cualquiera)  te dice que la Fiscalía no ha respetado ninguno de los dos principios en una sentencia -desde la óptica personal de quien ha dedicado toda su vida profesional a la Fiscalía y a su despolitización- debería pasar algo.   Lo que ocurrirá probablemente es que habrá recurso, seguramente del abogado del Estado (la Fiscalía en el proceso por derechos fundamentales tiene por misión velar por su respeto, de manera que en este caso se convierte en una parte interesada ya que el reproche de su vulneración recae sobre quien tiene que defender esos derechos, posición procesal que a mi me suena extraña).   Pero eso no cambia nada, la situación anómala para la imagen de la Fiscalía deriva de los hechos no de que una sentencia los considere ilegales, y esos hechos son clarísimos y no son discutidos como dice la sentencia del TSJ de Canarias.  
Ahora la AF, asociación mayoritaria en la Carrera Fiscal, lo vuelve a hacer.  Vuelve a cerrar filas con un asociado suyo responsable según los Tribunales de una vulneración de derechos fundamentales.   Como lo hizo en su día con otro desgraciado asunto en que también había habido vulneración de derechos fundamentales.   Parece que lo importante no es el prestigio del Ministerio Fiscal, ni su neutralidad política, ni la calidad del servicio, ni la independencia del poder judicial, ni los derechos fundamentales de los ciudadanos: lo importante es la jerarquía.   Les digo a los fiscales que me quieran escuchar, les digo a los alumnos del CEJ, le digo a cualquiera que tenga ganas de cambiar la situación de la Fiscalía que habrán de luchar por revertir esta estructura de poder en la Fiscalía; con una jerarquía así no puede haber cambio alguno, ni siquiera interés por la lucha por cambiar nada.   Yo creo que hace falta cambiar muchas cosas en nuestro sistema: que hay que acabar con el control político de la Justicia, que hay que acabar con las puertas giratorias entre política y justicia (si un juez o fiscal se va a la política, no debería poder volver en muchos años), que hay que generar mecanismos seguros y públicos de comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía, que hay que volver la mirada hacia las condiciones de trabajo de los fiscales y a los derechos laborales de estos y muchas otras cosas.   Pero también que hay que acabar con este corporativismo que impide darse cuenta de cuando la Fiscalía actúa mal en los casos en que el error proviene de los propios y sin importar entonces las consecuencias para terceros o para la propia institución.    En lugar de analizar que algunos de los males de la Fiscalía ya no son por presiones o influencia gubernamental sino que provienen de nuestra anquilosada estructura, desde la AF se lucha por mantener esa estructura incluso en casos que como este muestran el mal funcionamiento de algunas cosas.    Bueno, os dejo el Comunicado.




Madrid, 16 marzo 2016.




El pasado 7 de marzo, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la magistrada en excedencia Maria Victoria Rosell Aguilar, contra las Diligencias Preprocesales 83/2015 de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

 La Asociación de Fiscales, ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación y dentro del escrupuloso respeto a la resolución judicial, manifiesta públicamente su apoyo al Fiscal Jefe Provincial D. Guillermo García-Panasco  Morales  y a la Fiscal Dª Evangelina Ríos Dorado, que han actuado de conformidad a las facultades que al Ministerio Fiscal confiere el art. 124 de la CE, art. 5 del EOMF y la Circular 4/2013 de la FGE.

Observamos con preocupación que ante una sentencia (firme o no) se hagan afirmaciones interesadas e intolerables en un Estado de Derecho, vinculando la actuación legítima del Ministerio Público con criterios e intereses extraprocesales, algo que no puede ser aceptado; resultando, además, chocante que desde otra Asociación de fiscales se pida la dimisión del Fiscal Jefe Provincial por haber ejercido las facultades que la normativa vigente le atribuyen de manera clara y que encuentra acomodo y refuerzo en el anuncio de la Fiscalía General del Estado de recurrir la resolución arriba mencionada.

Por ello, esta Asociación Profesional, velando única y exclusivamente por la integridad de los miembros de la Carrera fiscal, reitera nuevamente no sólo su apoyo a la labor profesional realizada sino que pide a todos los que hasta el presente la han criticado, dejen a la Justicia ejercer su labor sin presiones y sin prejuicios, no olvidando que es nuestro más Alto Tribunal el único que podrá fijar doctrina en cuanto al tema debatido y al que todos los operadores jurídicos deberemos someternos.


Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.

martes, 15 de marzo de 2016

MUJERES ASESINADAS TRAS CONVIVIR CON UN MONSTRUO

Cada vez que en un telediario veo que otra mujer ha sido asesinada por su pareja es como una interpelación directa que siento: ¿que puedes hacer para ayudar a luchar contra esto?   ¿No hay manera de acabar con esta lacra indecente?  ¿Que clase de educación han recibido muchos hombres en España para que puedan llegar a realizar actos así?  ¿Pero que clase de gentuza es capaz de tratar así a su mujer o a la madre de sus hijos? El caso es que los asesinatos no parecen disminuir, sino todo lo contrario.  Hasta 12 mujeres han sido asesinadas este año por violencia machista.   ¿Nos damos cuenta realmente de la gravedad de la enfermedad social en la que vivimos?  Estrangulamientos, disparos, apuñalamientos, ahogamiento...  Doce mujeres asesinadas (8 tan solo en enero), algunas de ellas en presencia de sus hijos y de su propia madre.    El año pasado fueron 64, el anterior 59, hasta 85 en 2010.   Víctimas de personas a las que un día quisieron, a las que tal vez todavía en algún caso querían.     Hay más de 350 denuncias diarias por violencia de género en España.    Creo que estamos ante un problema de primera magnitud, un problema parejo al peor terrorismo en cuanto a sus efectos pero que según el CIS solo es percibido como tal por un porcentaje mínimo de españoles (un 1,6 por ciento).  Yo que todos los recursos que puedan dedicarse a abordar soluciones a este problema hay que considerarlo bien invertido -hay que buscar resultados hasta acabar con esa lacra-, y en cuanto a la Justicia, sabiendo como se que esta es un área de trabajo muy difícil para los fiscales y jueces de trinchera, les rindo aquí mi reconocimiento por su labor.

domingo, 13 de marzo de 2016

EL PARALIZADO CÓDIGO ÉTICO DE LA FISCALÍA Y TANTAS OTRAS COSAS

Hace unos meses nos escribieron de la Fiscalía General para que informáramos en la APIF un proyecto de Código Ético para la Fiscalía, que nos vienen reclamando ya hace tiempo desde el Consejo de Europa.   Desde entonces, nada de nada.   En ese código ético -ligado a la transparencia- podían tratarse cuestiones claves para el funcionamiento de la Fiscalía, como por ejemplo considerar infracciones al mencionado Código el no abstenerse los fiscales en ciertos asuntos, o la necesidad de que la agenda del FGE fuera transparente, o que se estableciera la compatibilidad ética para las asociaciones de recibir financiación de entidades bancarias, o la asistencia reiterada de fiscales a palcos,  o conocer donde y quien viaja por cuenta de la Fiscalía y para qué.     Podría establecerse algún tipo de obligación también para los vocales del Consejo Fiscal relacionado con la motivación de sus decisiones y tantas otras cosas.   La FGE aquí está parada.

Como está parada en materias de prevención de riesgos laborales.   Desde que el Ministerio al parecer rehusó firmar un Convenio sobre el particular con la Fiscalía, parálisis.    Nada de nada (o muy poco) sobre transparencia, sobre garantías en el régimen disciplinario de los fiscales aparte de dos novedades, una buena y una mala: la posibilidad de que intervenga un compañero o la asociación del afectado por un expediente disciplinario, como buena; y la práctica de que el FGE elija a dedo al instructor del expediente incluso en los casos en los que la sanción la va a imponer el propio FGE: espero que ese modo de proceder se anule en los Tribunales, donde actualmente se está debatiendo el tema.

Tampoco hay nada de una encuesta de ambiente laboral, ni sobre acoso laboral, ni de evaluación de los fiscales para méritos y promoción, ni un protocolo de entrada de fiscales en la Carrera, ni límites a la carga de trabajo que son esenciales para garantizar una vida profesional saludable y medir las necesidades de personal en las Fiscalías.    Nada de nada.

La pasividad de la Fiscalía General ante la entrada en vigor del nuevo artículo 324 de la LECr., y la gravedad del problema que caía sobre los fiscales ya fue denunciada por la APIF, pidiendo incluso la  dimisión de la Fiscal General.  Por cierto, le pedimos hace ya varios meses también a la Fiscalía General Códigos Penales y leyes de enjuiciamiento para todos los fiscales en razón a la importancia de las reformas del último año, y no ha habido ni Códigos ni siquiera contestación.

Hace unos días nos dio la Fiscalía General una satisfacción al aparecer sumada a la crítica al sistema de Lexnet (en mi Fiscalía, por ejemplo, se ha paralizado el funcionamiento del mismo hasta que se arreglen ciertos desajustes con la firma electrónica), pero se vio pronto enfriada cuando se dijo que lo publicado no era cierto, y se cargó además contra el medio que publicó la noticia.

Con ello quiero resaltar que la parálisis de la Fiscalía es alarmante en cuestiones de régimen interior.  Incluso ante un tema tan grave como el ocurrido en Las Palmas hace unos días y que ha dado lugar a una sentencia de inaudita dureza contra la Fiscalía una vez más por vulneración de derechos fundamentales de una juez candidata a las elecciones, indicando ni más ni menos la ilegalidad de una actuación del Fiscal y señalando la objetiva incidencia de la Fiscalía en la campaña electoral: ¿es posible que tampoco pase nada ahí, ni sanción disciplinaria, ni dimisión, ni remoción del Fiscal Jefe,  ni siquiera explicaciones públicas?.  Solo encuentro una explicación a eso y no me atrevo a escribirla porque espero que haya otra.

Una cosa es que el Gobierno esté en funciones y otra diferente es que ninguna de las reformas prometidas y fundamentales para los fiscales vea en algún momento la luz, o se vea algún progreso.    No nos olvidamos de ello.