miércoles, 11 de enero de 2017

AÑO IMPORTANTE PARA LA FISCALÍA

Cuando yo jugaba al tenis (y jugué más de cuarenta años) tenía bien claro que si iba perdiendo un partido había que cambiar el modo de jugar.  Si vas ganando sigue igual; si palmas, cambia la táctica.   A veces pierdes igualmente, pero cambiando hay oportunidades de revertir la situación.   En este año clave para la Justicia y para la Fiscalía; con un nuevo FGE (al que conozco desde hace treinta años y que tiene un talante inmejorable) y con un cambio procesal de enorme trascendencia, parece que algunas cosas deberían hacerse de manera diferente a como vienen haciéndose hasta ahora ante la evidencia de que la Fiscalía, en su modo de funcionar internamente desde hace mucho tiempo, no está en condiciones de responder a esos retos por venir. Una Fiscalía moderna, además de medios materiales y personales, va a requerir unos nuevos modos de actuar.  Mayor transparencia, mayor exigencia, transmitir confianza en el fiscal y no desconfianza, apoyar a los más jóvenes, justicia en los nombramientos, retribucion del mérito profesional y erradicación del seguidismo ideológico o asociativo.   La creación de una confianza de arriba a abajo y viceversa; la sensación de que todos desde arriba hasta abajo estamos al servicio de la Justicia y de los ciudadanos y no de egoismos, de partidos políticos o asociaciones; la lealtad a la institución y la no renovación a jefes que no hacen que sus fiscalías rindan, que lastran el funcionamiento de la institución, que no transmiten ilusión a los que llegan o que no cumplen ciertos objetivos; la pérdida del temor a las consecuencias de enfrentarse con la opinión constructiva a la jerarquía; la persecución del acoso laboral (ligado muchas veces a la inexistencia de límites en la carga de trabajo) o la racionalización del sistema disciplinario.  Son mejoras en mayor o menor medida necesarias y en ellas hay que esperar la labor del nuevo FGE. Yo creo que en casi todas las facetas de la vida -pero especialmente en una profesión en la que cada dia hay que decidir con justicia sobre los intereses ajenos- se trabaja más y mejor en un ambiente justo; y se rinde peor en un ambiente intimidatorio.    La Fiscalía debe cambiar poco a poco para crear esas líneas de confianza recíproca en la institución, así como para transmitir la confianza necesaria a la sociedad ante los nuevos retos.   Por lo pronto, que haya fiscales de élite que no pidan plazas importantes porque saben que el mérito aquí vale menos que la influencia política o asociativa es terrible y es muy mal síntoma. 

viernes, 23 de diciembre de 2016

NOS HEMOS ACOSTUMBRADO AL MAL OLOR

La Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un texto de obligada lectura y retorno.  De ella extraigo un párrafo que creo relevante en los momentos actuales, en el que Alonso Martínez trata de explicar al Rey las razones por las cuales no había reacción al desastroso estado de la Justicia en 1882:


“Quizás se tache de exagerada e  injusta está crítica de la organización de nuestra justicia criminal. ¡Ojalá que lo fuera! Pero el Ministro que suscribe no manda en su razón, y está obligado a decir a V.M.: la verdad tal como la siente; que las llagas sociales no se curan ocultándolas, sino al revés, midiendo su extensión y profundidad, y estudiando su origen y naturaleza para aplicar el oportuno remedio.  En sentir del que suscribe, solo por la costumbre se puede explicar que el pueblo español, tan civilizado y culto y que tantos progresos ha hecho en lo que va de siglo en la ciencia, en el arte, en la industria y en su educación política, se resigne a un sistema semejante, mostrándose indiferente o desconociendo sus vicios y peligros, como no los aprecia ni mide, el que habituado a respirar en atmósfera mal sana, llega a la asfixia sin sentirla.  El extranjero que estudia la organización de nuestra justicia criminal, al vernos apegados a un sistema ya caduco y desacreditado en Europa y América, tiene por necesidad que formar una idea injusta y falsa de la civilización y cultura españolas”.


El paralelismo entre la necesidad de cambio normativo de hace 130 años y las necesidades del momento actual son evidentes.  El proceso penal  ha de cambiar porque el diseñado de modo transitorio por el legislador del siglo XIX hoy está ya "caduco y desacreditado en Europa y América", ya que no ofrece las garantías que univsersalmente se exigen hoy en el enjuiciamiento penal.   Pero hoy, como hace 130 años, los españoles nos hemos acostumbrado.   Nos hemos acostumbrado no solo a un proceso lleno de vicios y peligros, "como no los aprecia ni mide, el que habituado a respirar en atmósfera mal sana, llega a la asfixia sin sentirla".  Nos hemos acostumbrado a la corrupción, a soportar abusos, a no reaccionar cuando nos agreden.  Los fiscales nos hemos acostumbrado tanto como el que más.  Soportamos la arbitrariedad en los nombramientos (arbitrarios porque no se motivan jamás); soportamos sin reacción la inexistencia de baremos de trabajo con lo que muchos compañeros se tienen que aguantar padeciendo abusos; soportamos la ausencia de transparencia, de normativa administrativa mínima.   Soportamos discriminaciones en las retribuciones (lo que ocurre con las plazas de tercera ocupadas por fiscales de segunda durante décadas y casi 1000 euros menos de retribución mensual es de escándalo); aguantamos un régimen disciplinario vergonzoso que permite -por ejemplo- que el instructor de un expediente a un fiscal sea elegido a dedo por el Fiscal General que finalmente ha de imponer la sanción; soportamos sin reacción la soberbia que impide disculparse a unos compañeros cuando determinan la expulsión ilegal de un fiscal extraordinario; soportamos la inexistencia de una Carrera profesional digna de ese nombre; o la no investigación de los acosos laborales; soportamos los abusos de asociaciones dominantes o la politización de la Fiscalía.   Creo que nos hemos acostumbrado, y creo que hay que decirlo para empezar a reaccionar: "las llagas sociales no se curan ocultándolas, sino al revés, midiendo su extensión y profundidad, y estudiando su origen y naturaleza para aplicar el oportuno remedio". 

miércoles, 7 de diciembre de 2016

LA INVESTIGACIÓN DEL FISCAL

Más allá del inmejorable trato personal que siempre han demostrado tanto el Ministro Catalá como su equipo en todas las reuniones que como Portavoz de la APIF he tenido en el pasado, no he visto hasta ahora determinación ni liderazgo en el Ministerio de cambiar las cosas en el proceso penal para que tengamos una Justicia igual para todos y de calidad.  Tenemos un CGPJ diseñado para generar influencia política en la Justicia y no se ha dado paso alguno ni para cambiar el Estatuto del Ministerio Fiscal, ni su Reglamento, ni se ha cambiado nada estructural en la Fiscalía, ni se ha dado paso alguno para despolitizar -cambiando su régimen electoral- al Consejo Fiscal, ni siquiera las declaraciones recientes del Ministro sobre el Ministerio Fiscal o la ambiguedad en materia de eliminación de aforamientos, entre otros aspectos, revelan alguna voluntad de acometer cambios estructurales en la Justicia.
Digo esto porque hace un par de días, el Gobierno -representado por el Ministro de Justicia- anuncia en sede parlamentaria finalmente el cambio necesario en el proceso penal para mejorar la Justicia: la institución de una investigación de los delitos controlada por un Juez de Garantías y a cargo del Ministerio Fiscal en la que la defensa pueda acudir a un árbitro respecto de lo que investiga una parte procesal.   Eso son en España palabras mayores, pero no en medio mundo donde hace mucho tiempo que se han inclinado por esa opción mucho más eficaz y garantista en mi opinión.  Pero si realmente se quiere estar a la altura de esa tarea, que llevo oyendo como música de fondo desde hace más de 20 años, es preciso que el Gobierno se de cuenta de que debe renunciar a tener cualquier influencia operativa sobre el Ministerio Fiscal. No es aceptable que la investigación de los delitos haya de descansar en un Ministerio Fiscal vinculado al Gobierno de turno.   No puede ser, y pretender mantenerlo así es llevar al desprestigio y al fracaso una reforma del calado histórico como la que se pretende.   El problema del Ministerio Fiscal en España está en su historia, siempre asociada -incluso ahora, de manera atenuada- al poder político.   Eso ha de acabarse y han de darse pasos claros en esa dirección.
Hay que dar pasos legislativos empezando por dar la posibilidad real de entrada a la mayoría no asociada  de la Carrera Fiscal en el Consejo Fiscal (para empezar a despolitizar la Fiscalía desde dentro), hay que cambiar el Estatuto del Ministerio Fiscal de manera que se garantice la ausencia de influencia del Gobierno en las actuaciones de la Fiscalía (empezando por los nombramientos), introduciendo en el Código Penal tipos penales que sancionen a cualquier fiscal y singularmente al Fiscal General que incumpla sus deberes de reserva respecto de los asuntos de su competencia, y también a quien le requiera informaciones reservadas; ha de establecerse seguridad juridica a los fiscales en su trabajo, ha de incrementarse la transparencia del Ministerio Fiscal y de la actuación del FGE, incrementarse su vinculación al Parlamento (es lo lógico, si el Fiscal ha de defender la ley que emana del Parlamento, ha de asumir responsabilidades ante el Poder Legislativo), elaborar normas para despolitizar la jerarquía de la Fiscalía, acabar con los saltos de fiscales a la política y retorno posterior a la Fiscalía, y disimular un poco al menos la afinidad con determinados colectivos de fiscales (por ejemplo, el fichaje del Portavoz de la asociación mayoritaria como asesor del Ministro, con todo respeto al compañero que estoy seguro que le animan buenas intenciones, es algo que llama la atención: ni más ni menos que quien ha acudido varias veces al Ministerio para exponer quejas y hacer reclamaciones al Ministro en representación de intereses de los fiscales, es fichado por el propio Ministro como asesor suyo).   Los políticos han de empezar a defender púbicamente su voluntad de despolitizar la Justicia y singularmente la Fiscalía, sin dobles juegos que muchas veces se acaban descubriendo y que devastan su credibilidad y la de las instituciones de la Justicia. 
El reto que el Ministro ha anunciado de cambiar el proceso penal lleva implícito un precio para ser viable, que es la renuncia a influir en la Justicia en la forma actual.   Es un reto histórico que podría suponer el cambio en muchas más cosas en España de las que parece: credibilidad y eficacia en la lucha contra la corrupción, falta de coartada de nacionalistas sobre la politizacón de la Justicia, mayor limpieza en la vida pública, agilización de los procesos, eliminación del factor político en las actuaciones de la Justicia, mayores garantías para los ciudadanos, igualdad real ante la ley...
El PP ha faltado dos veces a su promesa electoral de despolitizar el CGPJ, dos veces en las que con la misma obtuvo mayoría absoluta.   Las dos veces la traicionó incrementando la politización de la Justicia.   Ahora que depende de otros para gobernar escucho al Ministro de Justicia en la esperanza de que a la tercera vaya realmente la vencida.  
  

lunes, 5 de diciembre de 2016

LA SALUD, LO MÁS IMPORTANTE (POR PILAR ÁLVAREZ MENÉNDEZ)



Estamos hartos de leer artículos en los suplementos de salud de los dominicales en los que nos recuerdan que la salud es lo más importante y lo que debemos hacer para preservarla, cual tesoro. Y lo malo es que esos artículos tienen razón, la salud es el tesoro más importante con el que contamos. Sin salud difícilmente podremos desempeñar bien nuestro trabajo que es lo único que parece importar. Tampoco quiero llevar a equívoco al lector de estas líneas, a mi me preocupa y mucho la calidad del trabajo y por esa calidad trato también de luchar cada día, pero me preocupa mucho más mi salud y la del resto de mis compañeros. Sin salud difícilmente podrá existir ni calidad ni tan siquiera cantidad en el despacho del trabajo.
No descubro nada del otro mundo si digo que el estrés en el mundo moderno es una de las principales amenazas para la salud de los trabajadores. Especial incidencia tiene ese estrés en las profesiones que acumulan unas grandes dosis de responsabilidad, como lo es sin duda la de Fiscal. Y que conste que no lo digo yo, que por supuesto también , lo dicen todos los médicos, psicólogos y profesionales que escriben esos artículos y lo que es peor, lo dicen las estadísticas si de verdad hubiese interés en realizar estadísticas sobre la incidencia del estrés en nuestras vidas. Pese a este panorama poco o nada estamos haciendo para preservar la salud de los abnegados fiscales cuya labor describía ya la Instrucción 1/2005 Es de justicia reconocer que esta cuasi estructural situación de indigencia ha obligado al Fiscal a tener que cumplir sus altas funciones supliendo las carencias con un encomiable tesón, diligencia y empeño, sin mas auxilio personal que el brindado por su sentido del deber y sus conocimientos jurídicos y sin mas apoyo material que el aportado por el recado de escribir.” Han transcurrido ya once años desde que se dictó esa Instrucción y en estos años se han ido incrementando nuestras funciones, sin incremento correlativo de plantilla, y se han ido incrementando las fuentes de estrés, como el llamado “expediente digital” y la poca eficacia del programa implantado para lograrlo. Necesitamos un plan de prevención de riesgos del trabajo adaptado a nuestra función en el que se contemple el estrés y el sometimiento a excesivas cargas de trabajo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, como infracción grave que se debe corregir de forma urgente. Pero lo necesitamos para anteayer porque mientras se suceden las informaciones sobre esos compañeros que han sufrido un amago de infarto, o aquellos que se han visto afectados por un ictus y por todos aquellos a los que no queda otra salida, tras sufrir una grave crisis de ansiedad, que darse de baja por sufrir un trastorno mixto ansioso-depresivo que hasta entonces habían tratado de ocultar a sí mismos y a los demás. Patologías todas ellas graves y que no sé si a ustedes les preocupa, pero a mi sí y mucho. Con ello perdemos, temporal o lamentablemente de forma definitiva, compañeros magníficos que luchan día a día por ofrecer el mejor servicio al ciudadano. Lamentablemente estos compañeros se dejan en el camino lo más importante, la salud. No existen cargas de trabajo razonables en muchos destinos, en otros, conjugado o no con lo anterior, la presión a la que se ven sometidos resulta excesiva, como lo resultaría para cualquiera. No somos Superhombres ni Supermujeres, somos  simples seres humanos, y va siendo hora de que pongamos en valor lo más importante la salud de todos.

M.Pilar Álvarez Menéndez
Fiscal, miembro de la Ejecutiva de la Asociación profesional e Independiente de Fiscales.

lunes, 4 de julio de 2016

NECESARIO PARA DESPOLITIZAR LA FISCALÍA

Despolitizar la Fiscalía, es decir, conseguir que los partidos políticos pierdan influencia en el funcionamiento, en los nombramientos, en la información, o en las lealtades ganadas de algunos fiscales de la jerarquía no va a ser cosa sencilla.   Son demasiados años creando una estructura profesional que acepta con tranquilo estado de ánimo que cuando gobierna el PP el FGE es proclive al PP y proclive asimismo a nombrar a compañeros para la jerarquía que comparten ese punto ideológico de vista; y que cuando gobierna el PSOE, pues lo mismo.   Las columnas de esa estructura creada en 30 años de funcionamiento han sido la AF y la UPF, asociaciones profesionales dominantes en la Carrera Fiscal, pero con números de asociados inferior sumadas las dos al tercio de los fiscales de la Carrera.     Y la herramienta de la que se han valido esas asociaciones para influir en los nombramientos de lo que ahora es una jerarquía muy consolidada y formada por los fiscales jefes de las fiscalías más importantes de España ha sido su presencia en el Consejo Fiscal.
El Consejo Fiscal es un órgano de asesoramiento del FGE, pero informa en todos los nombramientos, de manera que los Fiscales Generales al hacer un nombramiento han de contar con un respaldo en el CF, lo que acentúa la influencia de la AF cuando gobierna el PP y de la UPF cuando lo hace el PSOE.   Actúa el CF con una opacidad deliberadamente buscada y mantenida y por tanto muy difícil de corregir.   Se compone de fiscales elegidos por los miembros de la Carrera Fiscal pero -ahí está el truco- a través de un sistema de elección absolutamente injusto.  Es un sistema mayoritario absoluto de manera que al poder elegir en listas abiertas (cada asociación presenta su lista de candidatos) cada fiscal a seis candidatos, la asociación mayoritaria coloca indefectiblemente a seis vocales y la segunda, coloca a tres. No importa nada la gestión realizada por el Consejo anterior, buena o mala.  Siempre es el mismo resultado, seis y tres y así desde hace décadas.   Esas asociaciones, financiadas durante años por el poder político cuentan con una estructura (y con unos fiscales jefes en las fiscalías más grandes o importantes que en bastantes ocasiones les deben el puesto) con la que no pueden competir los fiscales no asociados que quieran ser vocales del Consejo, y tampoco la tercera asociación, la APIF, que nunca ha recibido un euro de subvención de la administración ni por supuesto de entidad privada alguna.  

Si realmente se quiere despolitizar la Fiscalía, proceso que tardará años, es requisito indispensable elegir a un FGE que ofrezca garantías de independencia de todos los partidos políticos.  Es difícil quizá encontrarlo, pero seguro que buscando aparece algún jurista competente, comprometido con su trabajo y no con partido alguno y que esté dispuesto a asumir -ese el propósito de la politización- que no puede haber nadie en mejor posición frente a la ley y frente a la Fiscalía y que el Gobierno, sea el que sea, no puede obtener trato favorable de la Fiscalía en sentido alguno.

Pero no basta con eso.  Hace falta también despolitizar la propia jerarquía de la Fiscalía, restando  influencia política a las asociaciones, y abriendo el Consejo Fiscal a toda la Carrera.   El Consejo Fiscal ha de ser el órgano de defensa de los fiscales, no el órgano de canalización de influencias de las asociaciones dominantes, en negociaciones de puestos con los sucesivos fiscales generales.    Para ello hay que cambiar la norma electoral del Consejo Fiscal.    Se lo pedí en una reunión al Ministro de Justicia y casi le da un ataque de risa.  Eso no le conviene políticamente al PP ni al PSOE, porque perderían influencia en la Fiscalía, pero eso es precisamente de lo que se trata: de que los partidos pierdan influencia y la ganen los fiscales en el Consejo Fiscal, lo que ha de redundar en un órgano dispuesto a luchar por las necesidades profesionales de los fiscales, a valorar el mérito y la capacidad y no la afiliación ideológica y manteniendo la neutralidad en la contienda política.

Veremos si algo cambia en el futuro o no, y veremos si la despolitización de la Justicia tiene o no algún papel en las negociaciones políticas para la formación del nuevo Gobierno.

miércoles, 22 de junio de 2016

ESTO LA FISCALÍA TE LO AFINA

Si hubiera habido transparencia en la Fiscalía, todas las reuniones y conversaciones mantenidas por el FGE  habrían de haber quedado recogidas en un registro y deberían haberse hecho públicas.   Todo esto es tan duro y al tiempo tan cansino.

miércoles, 1 de junio de 2016

QUERÍAMOS TANTO A LUIS

Estoy leyendo el último libro de Ernesto Ekaizer sobre la investigación de la causa al extesorero del PP, Luis Bárcenas que lleva el mismo título que esta entrada.  Cada uno se escandaliza por lo que quiere y el libro ofrece un muestrario de conductas bochornosas, éticamente ajustadas a los tiempos políticos que vivimos. Pero a mi -ante la alarma de que realmente sea cierto- me produce una gran tristeza leer los impúdicos tratos entre el Gobierno y el Fiscal General: llamadas de Ministros al Fiscal General a media noche para pedir y obtener información confidencial; documentos llegados de Suiza por vía policial a la Fiscalía que afectan a cuentas corrientes de un dirigente del PP hoy encarcelado, entregados por el Fiscal General al Ministro de Justicia; diseño de estrategias políticas en función de la información que transmite el Fiscal General...  Si los hechos narrados no son ciertos supongo que alguien demandará a Ekaizer porque está atribuyendo delitos cometidos en las más altas instancias de la administración del Estado.   Pero ese libro, que se lee de un tirón, pone de manifiesto la necesidad de regular con transparencia las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía (como nos han pedido desde el Consejo de Europa), y sobre todo de castigar específicamente y con la mayor dureza las conductas de filtración de información del Fiscal General al Gobierno, incluyendo actos así como causa de cese inmediato en el cargo.   Y también la de crear mecanismos independientes en la Fiscalía capaces de investigar si fuera necesario al propio Fiscal General del Estado.

lunes, 30 de mayo de 2016

FALTA DE GARANTÍAS PROFESIONALES EN LA FISCALÍA

Estoy muy afectado por la desestimación de un recurso de una fiscal contra una sanción por retrasos en el despacho de los asuntos en un proceso incoado por vulneración de derechos fundamentales que da la razón a la Fiscalía.   Creo que es una sanción injusta y creo que lo es por dos razones fundamentales.   En la Fiscalía no hay baremos máximos de trabajo, de manera que no se puede determinar cuando la carga de trabajo supera lo que puede ser despachado en un plazo de tiempo razonable.   Este es uno de los "regalos" que la jerarquía de la Fiscalía ha ido haciendo a los fiscales: vais a despachar "todo" lo que entre, y si "todo" lo que entra no es posible sacarlo sin calidad o sin renunciar a la vida privada y familiar pues ese es vuestro problema porque nosotros tenemos la opción de abrir expedientes.    En vano se le pide  a la Fiscalía General -incluso ahora, que estamos viviendo la tormenta del 324 de la LECr.- unos baremos, unas cargas máximas de trabajo a partir de los cuales pudiera establecerse si es razonable o no tener retrasos.  La jerarquía permanece quieta, como lo está ante cualquier reclamación profesional o corporativa.

Pero en este caso hay otro factor que a mi juicio los Tribunales no han valorado acertadamente: el expediente se instruyó por un fiscal no perteneciente a la Inspección nombrado a dedo por la FGE que fue quien impuso la sanción.   Yo creí que el Tribunal se iba a escandalizar ante este hecho que a mi modo de ver supone abrir la puerta a toda clase de abusos contra los fiscales.    Y desde luego no creí que ese modo de proceder nunca pudiera llegar a hacerse por la Fiscalía General en un expediente disciplinario contra un fiscal, considerando que en esta Carrera no hay garantías internas de funcionamiento: hasta el Consejo Fiscal, en alguna ocasión, ha tenido que preguntar a la Inspección quien era el competente para resolver algún recurso, que tiene tela.    Ante una situación así, que produce una sensación de aplastamiento a los fiscales de a pie por parte de la jerarquía y que extiende la sensación de desprotección que muchos tenemos en nuestro trabajo, el TSJ de Madrid nos dice lo siguiente, apoyándose en el Reglamento franquista y mirando solo que el fiscal elegido fuera ajeno a la inspección pero sin entrar a analizar lo absurdo de que se convalide un sistema en el que quien tiene la competencia para sancionar designa libérrimamente y sin motivación a quien investiga al fiscal expedientado:

SEXTO.- Alega también la demandante que sufre indefensión, en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías, al no ser nombrado el Fiscal Instructor en el seno de la Inspección Fiscal. Nuevamente cabría indicar que una infracción de procedimiento como la que se invoca únicamente podría dar lugar a un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales si fuese causante de indefensión material, sin que la demandante muestre las razones por las cuales la designación de un Instructor fuera de la Inspección Fiscal haya mermado sus posibilidades de defensa.

En cualquier caso, y sin perjuicio de lo que pueda resolverse en el seno de un procedimiento de legalidad ordinaria, si es que llega a tramitarse, cabe aquí resaltar que la demandante no cita precepto legal alguno que apoye su reiterada alegación de que el Instructor debió nombrarse en la Inspección Fiscal, pues el artículo 128 del Reglamento de 1969 no contiene esta prevención, y la figura del promotor de la acción disciplinaria de la LOPJ posee competencia únicamente en relación con jueces y magistrados (art. 605 de la LOPJ). No existe argumento ninguno que permita entender que los miembros de la Inspección Fiscal son el equivalente a la figura del promotor de la acción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 


 Lo siento mucho por la Carrera Fiscal, esto es carnaza para abusos y además no va en la buena dirección para salvaguardar los derechos profesionales de los fiscales, con independencia de la indiferencia que ante la existencia de estas cosas se observa en la Carrera, en la linea del lamento de Martin Niemoller.   Y también lo siento mucho por la compañera afectada, a la que aprecio mucho y con la que comparto un sentimiento de injusticia muy grande.

viernes, 13 de mayo de 2016

EL FISCAL SE TENDRÁ QUE JODER

Creo que la grabación de Las Palmas es de las cosas más duras y tristemente plásticas sobre los modos que hay que erradictar de la Justicia que yo recuerdo.   Esa conversación grabada que está en los medios de comunicación es explícita, deja poco margen a la interpretación: recordemos que se graba a un juez concertandose con un investigado para acabar con una parlamentaria y en ella se vierten expresiones tan elegantes como la que da titulo a esta entrada.    Naturalmente la grabación podría estar manipulada, pero creo que hay que investigar a fondo lo ocurrido.    Porque lo ocurrido puede ser constitutivo de delitos graves pero que afectan a una sola persona, o no.    Y ello no se sabrá si no se investiga a fondo.  La Fiscalía -de la que hay que recordar que empezó todo esto al iniciar una investigación que fue declarada ilegal por los Tribunales sin que se tomara medida alguna disciplinaria contra nadie ni se acordara cese de nadie, ni se diera explicación alguna de porque se actuó de aquella manera-, en mi opinión tiene aquí mucho trabajo (muy necesario, muy comprometido con la Justicia y muy interesante). 

miércoles, 27 de abril de 2016

SECRETOS, DELITOS Y PRENSA

Si algo echo de menos en estos momentos en el terreno de las Circulares de la Fiscalía General es una relativa a aclarar el comportamiento de los fiscales en relación a los eventuales delitos de revelación de secretos por la prensa.   Considerando que la estructura del proceso penal español facilita que demasiadas personas tengan acceso a documentación secreta (en un tiempo en que los datos de las comunicaciones son accesibles -gracias a las nuevas tecnologías- con gran amplitud por orden del Juez) y atendiendo a que a veces esa información puede tener un  indudable interés público, no puede ser que los periodistas estén trabajando en la inseguridad de si la Fiscalía va a acusarles o no por sus publicaciones y con penas además muy graves.    Ahora hay un caso que afecta a dos periodistas respetados, pero puede potencialmente afectar a muchos más (Wikileaks, whats apps de la Familia Real, papeles de Panamá o filtraciones de declaraciones de hacienda y otros más que quizá olvide).    El TS nos dijo ya desde una sentencia ya lejana (TS 234/1999) que el interés público y el derecho a la información pueden operar como causas de justificación (en aquel caso se consideró incompleta porque el periodista se excedió en los datos que dió vulnerando la intimidad de unas personas pero se da a entender que sin esa particularidad la justificación hubiera sido completa).    No me sorprende el revuelo que ha causado este hecho pero es porque el asunto es dudoso desde varias perspectivas y si alguien tiene que poner certidumbre en la actuación de los fiscales es la Fiscalía General.     Ayudaría, claro está, que los puestos de mayor responsabilidad en la Fiscalía se eligieran por criterios de competencia y no por afinidad ideológica, política o asociativa, pero si no se quiere arreglar eso, al menos que se marquen unas reglas claras.

viernes, 22 de abril de 2016

DECÁLOGO DE PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA LA FISCALÍA Y LA JUSTICIA EN LA ESPAÑA, SEGÚN LA APIF

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) acaba de remitir a todos los partidos políticos en el Congreso un texto importante porque señala los problemas en los que se desenvuelve -de manera increíble en la España del siglo XXI- la Fiscalía y la Justicia en nuestro país.   La indiferencia política y de la jerarquía de la Fiscalía ante esta situación es escandalosa: creo que entre todos (jueces, fiscales y demás operadores jurídicos) debemos obligarles a rectificar. Os dejo el texto:



HACIA LA PROFESIONALIDAD E INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO FISCAL


DENUNCIAMOS

1 - El tradicional incumplimiento por los poderes políticos del artículo 124 de la CE  El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.” Estas  elevadas funciones que se nos encomiendan no cuentan con medios ni regulación adecuada para llevarlas a cabo con independencia y eficacia.

2 -  La inadecuada e insuficiente, regulación del Ministerio Fiscal, tanto desde el punto de vista funcional, como orgánico respecto de la Carrera Fiscal. Sin que reformas legales llevadas a cabo hayan tenido debidamente en cuenta al Ministerio Fiscal, la realidad diaria del funcionamiento de las distintas Fiscalías, y la situación de Fiscales y personal auxiliar.

3 – La regulación de la designación y separación del Fiscal General del Estado por el Gobierno de la Nación no garantiza ante la sociedad ni ante los profesionales la imparcialidad e independencia de la Institución, siendo causa del descrédito del Ministerio Fiscal en casos de transcendencia mediática, ofreciéndose la imagen de que es la acusación popular, ejercida por personas cuyos intereses muchas veces se desconocen, quien hace el trabajo que los Fiscales indebidamente omiten.

4 - El mantenimiento de una regulación del Ministerio Fiscal en sus atribuciones procesales sin las debidas reformas, especialmente  en relación con  la instrucción penal de adultos, que dificulta la debida eficacia de la jurisdicción criminal.

La implantación del artículo 324 de la L.E.Cr. con plazos tasados de instrucción cuya llave corresponde a los Fiscales que no  instruyen y que no comparten espacio físico con los juzgados y atienden además a múltiples funciones diversas, supone un obstáculo más para la eficacia de la justicia penal en España. Se pretende  instrucciones ágiles a coste cero, sin medios, y a costa de instrucciones deficientes.

5 - La ausencia de una reglamentación  interna básica que regule nuestra función y que permita articular las quejas y recursos de los Fiscales de a pie dentro de la Institución. Hoy en día existe  una falta total de concreción de los derechos que nos asisten en nuestra labor diaria. En el año en curso, 2016, la norma básica que regula nuestra función es el Reglamento Orgánico del Ministerio Fiscal de 1969  una norma que corresponde a otra etapa histórica, a otro modelo de Estado. Una norma que no casa mínimamente a la estructura actual del Ministerio Fiscal. No ha existido, en estos 38 años de democracia una voluntad real, ni política ni institucional, de dotar a los fiscales de base de una normativa adecuada a la importancia de nuestra función y a nuestro papel constitucional.

6 – La falta de transparencia en la Fiscalía es absoluta, tanto en las decisiones que afectan a los fiscales (por ejemplo, lo que ocurre en el Consejo Fiscal, o las razones por las cuales se producen los nombramientos), como sobre todo en las relaciones entre el Fiscal General  y el Gobierno.   Es sorprendente que no haya una normativa clara sobre lo que el Gobierno puede pedir al Fiscal, que no haya obligación de documentar esas relaciones o que por ejemplo, la agenda del Fiscal General no tenga la más mínima publicidad.

7 -  Los Fiscales no tienen un puesto de trabajo definido ni una regulación de los repartos de trabajo que refuerce su independencia y su funcionamiento eficaz.

No existe aún un estudio de la carga de trabajo de cada Fiscal y de cada Fiscalía. Lo que tenemos a día de hoy es un irregular reparto de efectivos a lo largo del territorio nacional, con una más que mejorable distribución de funciones entre las distintas Fiscalías que equipare la carga de trabajo de todos y cada uno de sus integrantes.

8 - Pese a todos estos condicionantes no contamos con un plan de prevención de riesgos laborales apropiado a su función que contemple el estrés como principal fuente de riesgos y que ponga remedio a las múltiples disfunciones que se dan en el trabajo diario con sedes y despachos que no reúnen las condiciones básicas para el ejercicio digno de nuestra función.

9 - La absoluta falta de medios del Ministerio Fiscal. Carencias, tanto de medios personales como materiales, que siendo generales en todo el ámbito de la Justicia, en el Ministerio Fiscal vienen siendo especialmente escandalosas.

10 - En esa ausencia de medios adecuados deben destacarse los sistemas informáticos puestos a disposición de la Justicia, la mayoría de ellos obsoletos, que lejos de agilizar y facilitar el trabajo diario de los Fiscales suponen una pesada carga añadido a lo que constituye la tarea propia de su cargo, y un obstáculo a la eficacia.

Situación que se ha visto empeorada con la implantación del sistema LEXNET, en la pretendida aspiración a lo que se ha venido en llamar el “papel cero”. No pueden implantarse sistemas de comunicación telemática obsoletos, fuente de numerosos fallos, sin preparación adecuada a los llamados a aplicarla, sin plantillas adecuadas…No se puede modernizar la justicia con programas y sistemas propios de hace 20 o 30 años implantando presuntas mejoras a coste CERO.


AFIRMAMOS

La verdadera voluntad política de que la Justicia funcione exige:

1)      un Ministerio Fiscal que funcione

2)      reformas profundas de la normativa procesal y estatutaria del Ministerio Público; no mera propaganda política

3)      inversión económica en formación, y medios; no pretendidas soluciones ingeniosas de “coste cero”.



PROPONEMOS A LOS PODERES POLÍTICOS

1.- Que de una vez por todas exista un verdadero Pacto por la Justicia que la convierta en un instrumento eficaz en relación con los transcendentes intereses en juego, como son los derechos de los ciudadanos.

2.- Que se acometan las reformas legales que cuentan con un amplio consenso científico y social, en favor de la independencia y la eficacia de la Justicia española.

3. -  Que se regule la figura del Fiscal General del Estado reforzando la independencia y neutralidad política del Ministerio Fiscal.

4. - Que se derogue inmediatamente el actual art. 324 LECr al ser un instrumento propio de un sistema procesal inexistente, incompatible con la configuración actual de la instrucción en España y con los medios que se han puesto a disposición de la Justicia española. Y se adapte el proceso penal plenamente al Principio Acusatorio de modo homologable a la generalidad de los países occidentales con un Fiscal instructor, y un Juez de Garantías.

5. - Que de una vez por todas se dote al Ministerio Fiscal de un reglamento propio de un estado democrático.

6. - Que se establezca de una vez un Código ético en la Fiscalía, para la jerarquía y para los fiscales, y que se introduzca la transparencia necesaria en el seno del Ministerio Fiscal y en sus relaciones con el Gobierno y demás instituciones.

7. - Que la definición del puesto de trabajo de cada Fiscal y en consecuencia los repartos de trabajo en el seno de las Fiscalías se doten de seguridad jurídica y se vean presididos por los principios de mérito y capacidad como garantía de salvaguarda de los derechos de los Fiscales y de eficacia de nuestra función.

8. - Que se dote a la Carrera Fiscal de un plan de prevención de riesgos laborales adecuado a su función y de mecanismos ágiles para la denuncia y detección de las disfunciones que se produzcan.

9. - Que se dote de medios al Ministerio Fiscal.  Estableciendo plantillas adecuadas y suficientes con una distribución eficaz de sus efectivos de acuerdo con la carga de trabajo real, y la eficiencia organizativa. Facilitando medios materiales modernos y adecuados a la importancia de este servicio público esencial en un Estado de Derecho.

10. - Que se suspenda la implantación de Lexnet en tanto en cuanto no sea un instrumento eficaz para el funcionamiento de la Justicia, lo que pasa inexorablemente por la modernización de sistemas y equipos. Y en tal sentido se dote al Ministero Fiscal de adecuados instrumentos informáticos, que faciliten el cumplimiento de su misión en vez de sobrecargar y dificultar a los Fiscales con tareas que no le son propias.










Madrid, a 22 de abril de 2016


Comisión Ejecutiva de la ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)