viernes, 19 de diciembre de 2014

UN CABALLERO

El todavía FGE ha pasado por los despachos de los fiscales del TS para despedirse.  Un gran gesto, que valoro -nunca he discutido la clase que tiene Eduardo- en estos momentos.  Cuando le he saludado me he acordado rápidamente del comienzo de su mandato: fui a verle a su despacho y le entregué una lista de posibles cambios, baratos en su mayoría, muchos dentro de sus competencias.  Repaso el documento y veo el resultado, no se ha hecho prácticamente nada excepto la obligación de los aspirantes a algún puesto a realizar una memoria de actuación.  Nada más.   Es posible que lo que le proponía fuera equivocado, que hubiera cosas que no estuvieran bien pero al menos le señalé zonas donde había problemas.   No hizo nada. Yo creo que es una lástima, una pena por la Carrera Fiscal, por la Justicia y por él mismo: yo esperaba mucho de Eduardo, en otro caso no me hubiera molestado en escribirle un texto para intentar ayudarle.   La opinión pública -es natural- mide al FGE por su actuación exterior, por su comportamiento en los asuntos propios de su competencia.   Los fiscales además lo medimos por las cosas que ha hecho dentro de la Carrera, dentro de la Fiscalía.    En este sentido, el balance es en mi opinión muy pobre (no me olvido naturalmente de la expulsión de un fiscal y del modo como se produjo), y lo he dicho aquí durante mucho tiempo.      Dejo colgado el catálogo de medidas que le sugerí al FGE hace tres años.



PROPUESTAS PARA INTENTAR MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA Y SU EFICACIA EN LOS TRIBUNALES (14 de febrero de 2011)


Se exponen a continuación una serie de propuestas de limitado alcance.   No se han querido incluir otras que pudieran tener más peso (como colaboración de las Universidades en el trabajo de las Fiscalías –como sucede en infinidad de organismos internacionales-, o de la creación de un cuerpo de Ayudantes del Fiscal que pudiera dar salida profesional a fiscales sustitutos con años de servicio, además de abaratar los costes de la Fiscalía, o la defensa de un determinado modelo procesal penal).   Son solo propuestas que se consideran sin coste económico (o con un coste muy bajo) tendentes a mejorar algunas en la Fiscalía, en mi opinión.  


  1. Reflexionar sobre un cambio en la estructura de las Memorias de cada una de las Fiscalías.   Suponen un gran consumo de tiempo, de actividad y hay que evaluar su utilidad para la Fiscalía, para la Inspección y para los fiscales.  Es preciso estudiar qué es lo que resulta realmente trascendente para conocer con exactitud la actividad de la Fiscalía y para evaluar sus necesidades.  El anexo estadístico podría obtenerse de manera automática si se ha trabajado bien la incorporación de datos a lo largo del año.   En cualquier caso, Memorias de organismos internacionales (ej. UNODC, Tribunales Internacionales, Eurojust u Olaf) raramente superan las 60-70 páginas y están redactadas con un importante apoyo gráfico y siempre en modo “memo”.  Carece de sentido –en mi opinión- que cada una de las Fiscalías Provinciales tengan una extensión semejante y además redactada como si de discursos científicos se tratara.
  2. Las Circulares e Instrucciones.  Debería reconsiderarse el método que han de seguir las Circulares e Instrucciones de la FGE.  En mi opinión, deberían ser claras, concisas, poco polémicas en relación con cuestiones aceptadas por la doctrina mayoritaria o la jurisprudencia, y con mandatos concretos hacia los Fiscales.   Los Fiscales conocen el derecho y necesitan orientaciones específicas, ya que en el caso de orientaciones de cientos de folios se corre el riesgo de que no se lean y por tanto no se sigan.   Además, deberían estar orientadas a la eficacia en la prestación del servicio y a la aplicación uniforme del derecho, sin que pudiera entreverse su utilidad como acumulación de potestades para ciertas Fiscalías especiales. 
  3. Digitalizar las carpetillas.   Resulta un anacronismo el que las carpetillas que elaboran los fiscales continúen siendo archivadas en papel y no digitalizadas.  El coste de la digitalización es mínimo: un scanner suficiente para digitalizar 10 carpetillas por hora, puede costar 300 euros.   Una vez digitalizadas, podrán ser distribuidas a quien va a ir a juicio por correo electrónico (ya que hoy todos los Fiscales tienen conexión a Internet además de ordenador); no se van a perder; pueden acompañarse a los recursos de apelación o casación con el recurso interpuesto, también de manera electrónica; y la Inspección puede tener un control inmediato del trabajo de cada Fiscal al calificar, sin necesidad de desplazarse.  
  4. Aligerar la estadística de los fiscales.  Son numerosos los fiscales que están obligado a realizar una estadística de su trabajo, lo que determina un consumo importante de tiempo, como consecuencia de la aplicación del sistema retributivo de la productividad.  Debería establecerse un sistema de recuento que aliviara a los Fiscales de esa tarea (la labor de registro recae sobre el personal administrativo de las Fiscalías) o incluso modificar el sistema de asignación de la productividad (ver el punto siguiente).
  5. Problemas de la productividad.   Obliga a los fiscales a realizar una costosa estadística, que afecta a todos –los que cobrarán la productividad y los que no-, además de una carga nada ligera a la Inspección.  Parece más eficaz en términos de consumo de recursos el crear lotes de trabajo que lleven consigo la productividad y que por tanto sean percibidos por aquellos que se comprometan a realizar ese trabajo extra.  La asignación de esos trabajos extras podría hacerse por rotación, por antigüedad o modernidad, o por cualquier otro criterio objetivo.  Además, con ese sistema se eliminarían ciertas tensiones en las Fiscalías causadas por el procedimiento actual.
  6. Eliminar controles.  Los fiscales tenemos una formación pareja a los jueces.  Carece de sentido práctico destinar un importante volumen de recursos a que unos fiscales controlen el trabajo de otros para asegurar que su actuación se adecua a la legalidad.   Es claro que ha de haber un visado, pero la actuación de los Fiscales en Juicio Oral, en las guardias, en la violencia de género o en otras especialidades, habría de estar ligada a la libertad de criterio del Fiscal encargado, que en su caso habría de dar cuenta al superior de aquellas incidencias extraordinarias y que asimismo debería responder disciplinariamente por su mala praxis profesional.   De esta manera, los fiscales se acostumbran a actuar con responsabilidad y libertad, y se aplican la ley al caso concreto.   El sistema actual conduce a automatismos que apartan la actuación del Fiscal de la correcta aplicación del derecho debido a que prima la preocupación de que no se cometan errores con trascendencia mediática.
  7. Racionalizar las competencias de la Fiscalía.   En Berlín (unos 3.000.000 de habitantes) hay 300 fiscales, y sus competencias son básicamente en materia criminal.   Los fiscales españoles tienen que dedicar su actividad a áreas que podrían estar cubiertas correctamente con la intervención exclusiva del Juez.  Cuestiones de competencia en materia civil; temas de familia o de incapaces (puede nombrarse un defensor judicial en lugar del Fiscal), de registro civil; o cuestiones laborales (por no hablar de los Juicios de faltas) son todos aspectos en los que la intervención del Fiscal puede ser considerada: especialmente si como ocurre cada año el Fiscal General ha de presentar una Memoria ante el Jefe del Estado indicando que hay casi 1.200.000 asuntos penales pendientes o en tramitación, creciendo cada año.    La Memoria de la Inspección de 2011 (pag. 68) hace referencia a la creciente demanda de fiscales sustitutos por el aumento de órganos judiciales y de competencias de la Fiscalía.
  8. Cuestiones de competencia.  Hay un buen número de cuestiones de competencia -que entre otras cosas suponen un retraso considerable en la tramitación de los asuntos-, en los cuales hay dos informes contrapuestos del Fiscal.  Los jueces se apoyan en un previo informe del Fiscal para rechazar         –normalmente- su competencial.   Con seguridad no se inhibirían o promoverían cuestiones de competencia si el informe del fiscal les fuera adverso.   Por ello se sugiere que cada informe de competencia (negativa al menos) sea visado por la Fiscalía del TS para unificación de criterios.   De esta manera con seguridad disminuirían las cuestiones que se plantearan y se evitaría la existencia de informes del Fiscal en sentido opuesto que producen un efecto de poca coordinación cuando se analizan al resolver las cuestiones planteadas.
  9. Fiscalía de la Audiencia Nacional.  Sería útil que la Fiscalía llevara un registro de las resoluciones recaídas en distintas secciones de la Audiencia contra cada acusado.   Cuando se detiene a un presunto terrorista resulta que tiene varias causas abiertas en diferentes Juzgados Centrales que dan lugar a diferentes causas.   En todas ellas se denuncia –normalmente- la existencia de abusos y torturas.  Ello da lugar a diversos pronunciamientos de las diferentes Salas ante quienes se plantea la cuestión, sobre la base de un mismo atestado.  La Fiscalía podría ahorrar ese tipo de desgaste, ya que informando a la Sala que va a resolver una de esas cuestiones que el tema ha sido ya abordado y solucionado por otra evitaría –entre otras cosas- la posibilidad de resoluciones contradictorias.
  10. 1. Formación.   Podría pensarse en la instauración en las Fiscalías (como sucede en los Tribunales Internacionales) de un tipo de formación práctica, a cargo de los propios Fiscales, exponiendo periódicamente (reuniones de una hora cada quincena sería suficiente: en el TPI de La Haya se hacían los viernes de 9 a 10 de la mañana), previa autorización de un coordinador de esas reuniones, los problemas jurídicos más importantes que se observan en la práctica diaria, estableciendo pautas de actuación, o incluso invitando a abogados, catedráticos o jueces para que expongan lo que pueda ser de utilidad. 
  11.  2. Formación.  Además, ha de velarse por la formación de los Fiscales sustitutos: Hay alrededor de 500 en funciones, están encargados de un importante volumen del trabajo de las Fiscalías y sin embargo no tienen acceso a la formación.  Ha de cuidarse la calidad del trabajo que desempeñan y un modo es dotarles de un mínimo de formación e incrementarla por ser ese uno de los factores de riesgo de la baja calidad en la prestación del servicio en la Fiscalía.
  12. 3. Formación.  Hay que apoyar el aprendizaje de otras lenguas (singularmente inglés).  Pero con la finalidad de que realmente se llegue a dominar el idioma.   La cuestión choca normalmente con dificultades económicas, pero a la hora de rentabilizar la inversión, debería establecerse una exigencia de idioma (mínima, si se quiere) en la oposición de ingreso, y dedicar el mayor volumen de dinero posible a que los fiscales más jóvenes pudieran beneficiarse de programas de inmersión lingüística, intercambios, o facilitar –mediante convenios- su asignación como pasantes en organismos internacionales durante el periodo necesario para que aprendieran el idioma.   Tener un porcentaje de fiscales (especialmente jóvenes) relevante que domine otra lengua es una garantía de que la fiscalía española no quede aislada en los foros europeos.  Los costes serán menores si se trata de fiscales jóvenes; las posibilidades de aprendizaje del idioma también (se aprende mejor cualquier idioma cuanto más joven se estudia); y la inversión lo será por más tiempo.                                                     
  13. 4. Formación.  Sería conveniente, como ocurre en otros países europeos, el tener un centro de formación de fiscales donde hubiera alojamiento para los asistentes.      Centros así están –que conozcamos- en Italia (Frascatti), Francia (Burdeos), Polonia (Cracovia) o Alemania (Triere y Wustrau –en la imagen-).   Suponen un considerable ahorro en hoteles y dietas, y si además no estuviera próximo a centros de diversión, permite hacer cursos más cortos y más intensos.  Además se rentabilizan alquilando plazas a jueces y fiscales como lugar de descanso cuando no hay cursos.       
  14. 5. Formación.  Luchar por recuperar la categoría de Dirección General del CEJ, y que la elección de su Director recaiga sobre persona que al menos tenga la misma antigüedad que la que se requiere para Fiscal de Sala o Magistrado del Tribunal Supremo.

  1. Reformar la Inspección. 
La Inspección es clave para el buen funcionamiento de la Fiscalía.   Y también para la evaluación de los Fiscales para establecer sus méritos en orden a la promoción.  Si la Inspección no funciona bien, más pronto que tarde la Fiscalía también fallará.  Por tanto sugiero en relación con la cuestión lo siguiente:

- Obligación bianual de que cada Fiscal (o en caso de traslado) haga un balance general de su trabajo y que sea informado por su Jefe y remitido a la Inspección con conocimiento del afectado que puede alegar lo conveniente.  En los Tribunales Internacionales y en general en Naciones Unidas, ese sistema denominado PAS (Personal Appraisal System, o Sistema de Evaluación Personal –SEP-).  Esas evaluaciones se hacen conforme a un formulario y no suponen gran trabajo, pero tienen gran importancia a la hora de conocer la realidad de la prestación profesional de cada cual, y pueden aportarse como complementos al currículo.
- Obligación de los Fiscales de evaluar, conforme a un cuestionario y de manera anónima, anualmente a sus Jefes.  Esos cuestionarios se remitirán a la inspección.
- Obligación de la Inspección de elaborar un informe para el Consejo Fiscal (conocido por el afectado con posibilidad de alegar), en casos de aspirar a puestos en la Carrera.  Para ello la Inspección debería contar con un sistema informático en el que además de las posibilidades que ofrece el que recientemente les ha sido facilitado, pudieran sin dificultad recuperarse las calificaciones realizadas por cada Fiscal (ver punto 3), y también los informes del SEP y en su caso las evaluaciones de los fiscales a sus superiores.
- Hay que clarificar las competencias que en materia de Inspección tiene la Inspección Fiscal de las que tienen las Fiscalías de los TSJ en relación con las Fiscalías de la Comunidad Autónoma, caso de mantenerse la actual estructura de la Fiscalía (en contra de lo que se defiende en este documento).  
- La Memoria de la Inspección debe recoger (y por tanto explorar y analizar) las deficiencias en el funcionamiento de cada una las Fiscalías, poniendo el acento en aquellos aspectos que exigen reformas y mejoras.  Esa información ofrecería un valor añadido en relación con la visión de cada una de las Fiscalías porque tendría una perspectiva global.   Por otra parte, llama la atención que este año solo se hayan incoado 2 expedientes disciplinarios (6 en los últimos 5 años), mientras que en la Memoria del CGPJ haya habido solo en 2010, 41 expedientes resueltos con sanción y 40 más sin sanción.  Uno se pregunta si ese bajo índice de sanción a los Fiscales no es la consecuencia de unos controles muy estrictos al trabajo de cada uno de ellos, con la pérdida de eficacia que ello conlleva para la institución.


14.    Mejorar la comunicación de la Fiscalía con la ciudadanía.  

Cada Fiscalía Provincial, al menos, debería tener una página web abierta para su consulta por los ciudadanos.   En ellas, además de explicar los datos más relevantes de su organización, normativa y actividad, así como de las noticias y comunicados que la Fiscalía quisiera transmitir, debería establecerse un canal de entrada para peticiones, denuncias y sugerencias del público.   Esa puerta de comunicación, además, viene respaldada por la nueva Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que en su artículo 4 establece los derechos de los ciudadanos para relacionarse por vía electrónica con la Administración de Justicia.  El coste económico de abrir y mantener una página web con esos contenidos es mínimo.

  1. Revisar la estructura de la Fiscalía.  
La separación entre Fiscalías de TSJs y de Audiencias Provinciales en la capital donde está residenciada la primera ha sido al menos en el aspecto de la eficacia, negativa.  Según la última plantilla del MF (RD 1735/2010, de 23 de diciembre), hay 50 fiscales destinados en los diversos TSJs.  En su mayoría son fiscales muy experimentados, pero las competencias de los TSJs., hoy por hoy, son limitadas a expensas de la aprobación de una reforma procesal de futuro incierto sobre la instauración de la casación en las CCAA.   A ello hemos de sumar que los Fiscales adscritos a la Inspección (art. 36.2 EOMF), Secretaría Técnica y adscritos a las Fiscalías especiales (Art. 36.3) podrán elegir ser destinados entre otros, a la Fiscalía del TSJ de Madrid.  Se trata –en su conjunto- de 36 fiscales.  Aparte del agravio comparativo que supone para otros fiscales que solo pueden acceder a esas plazas por antigüedad, es un auténtico despropósito.   Recomiendo revisar la estructura de la Fiscalía, para eliminar el desglose entre fiscalías de TSJs y Audiencias Provinciales, así como modificar las salidas de los fiscales a que se refiere el art. 36 del EOMF. 

  1. Consejo Fiscal.

Esta es una cuestión muy importante en la que no bastan unas notas.  Sería preciso abrir un debate en la Carrera sobre el modo de elección de los vocales y del modo de funcionamiento del Consejo Fiscal, dado que parece clara la voluntad de atribuir mayores competencias a dicho órgano.   Asimismo, sería conveniente explorar el dotar de mayor transparencia a dicho órgano y en concreto al sistema de nombramientos.   Sorprende que para acceder a la plaza –por ejemplo- de Presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sea preciso para los jueces, elaborar una Memoria de actuación, incorporar sentencias y resoluciones, adjuntar un currículo completo, superar la evaluación de una Comisión de calificación, y presentarse –finalmente- para superar una comparecencia personal frente a los vocales del CGPJ, con la posibilidad de recurrir en su caso el nombramiento, mientras que en la Fiscalía, para puestos semejantes baste con firmar la instancia, y esperar al resultado.  Los Fiscales no pueden saber ni con quien compiten para la plaza, ni los méritos que se toman en consideración, ni siquiera exponer ante quien va a decidir su elección, sus méritos, sus proyectos, sus ideas y la posibilidad de responder a las objeciones que se les realicen.   

jueves, 18 de diciembre de 2014

LA DIMISIÓN DEL FGE

Leo con sorpresa la dimisión de Eduardo Torres Dulce.   Sorpresa porque tenía un plazo, un plazo establecido en garantía de su imparcialidad.   Sorpresa porque después de la querella por la consulta catalana, era de esperar que continuase como poco hasta su admisión o denegación por el TSJ de Cataluña.  Si dimite porque tiene razones familiares (personales) es una cosa y nadie tiene en ese caso nada que decir aunque creo que debería aclararlo en lugar de dejar que se sugieran otros motivos.  Porque si detrás de esas razones personales está una discrepancia de fondo con el Gobierno, como informa la siempre atinada María Peral en El Mundo, entonces la cosa cambia.  Ese puesto no es fácil, y hay que aguantar en la incomodidad con el Gobierno, especialmente cuando ha costado tanto a tanta gente conseguir un plazo que garantice la inamovilidad del FGE.   Si uno va a un puesto así a hacer amigos, va listo.   Pero si se acepta el cargo es para luchar por la ley, contra vientos, mareas, gobiernos y oposiciones.     Esperemos que de explicaciones suficientes.

domingo, 14 de diciembre de 2014

IMPUGNACIÓN DE LA APIF EN LAS PALMAS

La Sección Territorial de la APIF en Las Palmas es extraordinariamente activa en defensa de los derechos de los fiscales, vigilantes ante cualquier atisbo de exceso de la jerarquía en perjuicio de algunos fiscales.   En fecha reciente, ante la propuesta elevada por el Fiscal Jefe sobre productividad referidas al primer semestre de 2014, la APIF ha realizado alegaciones a dicha propuesta, en un aspecto que se considera no aceptable.  El caso es que se aceptan por la jefatura como informes "jurídicos" a efectos de productividad (en un número de 458) aquellos en los que el fiscal indica que no se acudirá a las vistas por necesidades del servicio o que la materia carece de relevancia constitucional.   El escrito especifica:

"Tales informes, que se producen una vez notificado el Ministerio Fiscal del señalamiento de un juicio social, en una fase no prevista por la LRJS, en un procedimiento en que no existe contestación a la demanda, y en el que, se nos emplaza por el simple hecho de que la parte demandante alega vulneración de Derechos Fundamentales, materia en la que además existe una inversión legal de la carga de la prueba, en ningún caso pueden considerarse dictámenes jurídicos, y computarse en el estadillo en el apartado señalado anteriormente, con un valor asignado de 2 puntos a cada uno de estos informes. De la misma manera, un informe que se limita a decir que no hay Fiscales disponibles para asistir a una vista, no obedece a valoración jurídica alguna".  

Sobre esa base se pidió al Fiscal Jefe, con copia a la Inspección Fiscal, que realizara una nueva propuesta sobre la atribución de la productividad correspondiente al periodo en cuestión. Veremos que ocurre.

Esta materia de la productividad ha de ser analizada con cuidado por los interesados para objetivar lo más posible los criterios de atribución, eliminando toda sospecha de arbitrariedad y con ella toda tentación de la jerarquía de favorecer a algunos fiscales en detrimento de otros.   A mi me parece que si los fiscales empezamos a defendernos frente a la jerarquía algunas cosas inexplicables que vienen ocurriendo dejarán de pasarnos.    

martes, 9 de diciembre de 2014

LA RAIMUNDA DE GALLARDÓN

Ha causado cierto revuelo entre algunos fiscales la concesión al ex ministro de Justicia de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort.   Yo he visto denegar la condecoración, no la Gran Cruz, sino Cruces de Primera Clase, que es la condecoración más frecuente que se concede a Fiscales y Jueces, a compañeros con enormes méritos profesionales.  Si, méritos diferentes.  Méritos relacionados con el trabajo diario, con la honestidad en su desempeño, con la constancia, con la mejora de la calidad de la Justicia a través de la resolución de los asuntos durante muchos años.    Ese despliegue de Grandes Cruces en favor de políticos o políticos juristas, o juristas políticos, escandaliza por contraste.  Pero es lo que hay, pese a la indignación legítima de algunos compañeros.   En el caso del ex ministro, que recibe la condecoración al igual que otros Ministros de Justicia, al igual que vocales del CGPJ, ex Magistrados del TC, Fiscales Generales y otros (junto, bien es cierto, con algunos -no demasiados- profesionales y solo profesionales de altura), pone de manifiesto que también aquí hay una casta.  Una casta que valora sus méritos jurídico políticos en la Justicia con otro rasero que los de los meros profesionales jurídicos.   En el caso que nos ocupa, la tarea del exministro al frente de Justicia ha sido poco menos que un desastre, con muy pocas luces entre tanta sombra.   Pero su medalla es su medalla.

sábado, 6 de diciembre de 2014

EL VALOR DE LOS PERITOS

En los años que trabajé en la Fiscalía Anticorrupción conocí a algunos de los mejores profesionales con los que he trabajado jamás.   Inspectores y subinspectores de Hacienda y de la Intervención del  Estado fueron siempre en aquellos ocho años de trabajo, leales, discretos, diligentes y esforzados, más allá del cumplimiento del deber, como dirían los americanos.   Algunos, la mayoría, siguen siendo amigos míos -algo que tengo que agradecerles- tras el paso de los años, porque uno de los aglutinantes más sólidos de mi sentido de la amistad es la admiración personal.   En estas causas complejas, de larga duración, a lo largo de los años cambian muchas cosas: jueces y fiscales cambian, cambian las competencias del conocimiento de los asuntos, hay desgloses, se limita el contenido de la investigación o del enjuiciamiento, o se amplia.... Pero al final, en el acto del Juicio, hay algo que no cambia: el perito y su informe.   Aunque esté jubilado, aunque haya cambiado de destino, aunque haya ascendido o aunque esté en el extranjero... Ese perito se plantará delante del Tribunal y defenderá su informe pericial.   El reciente informe pericial del Banco de España no es simplemente un parecer técnico de grandes expertos: es un hito fundamental alrededor del cual va a gravitar toda la actuación de la Fiscalía y de las partes procesales.  Ahora cambia el debate.    Esos peritos, cuyo nombre no conozco, cuentan con todo mi respeto, y evidencian además de lo que ocurrió en aquella entidad bancaria, hasta que punto unos funcionarios a los que se deja libertad y autonomía para trabajar tienen capacidad para distinguir lo que está bien de lo que no puede hacerse.

lunes, 1 de diciembre de 2014

MINIPUNTOS Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El otro día comentaban en el Foro de Fiscales de Facebook, que agrupa a mas de una cuarta parte de la Carrera Fiscal, que en un curso reciente, un vocal del Consejo dijo públicamente algo parecido a lo siguiente: "en caso de currículums iguales, se le daba un minipunto al de tu propia asociación y se le votaba".    Curioso esto del minipunto, como curiosa la práctica de que las asociaciones le digan a los vocales a quien quieren ellos que se vote.  El otro día, un comunicado de la UPF llegaba a decir que esa asociación, para denunciar faltas de consenso, incluso  "renunció a presentar candidato alguno asociado a la UPF", dando validez a la sospecha de que los candidatos se presentan por asociaciones en lugar de individualmente.   Pero es que lo del minipunto, unido a la presión que se realiza por las asociaciones, es la constatación de la naturalidad con que se desenvuelven en la arbitrariedad desde hace décadas las asociaciones mayoritarias.  Que no haya recibido un abucheo inmediato la del "minipunto" en el curso nos demuestra como están las cosas aquí.   Cosas que en ocasiones puede entenderse que guardan un penoso parentesco con conductas prohibidas incluso en el Código Penal, artículos 428 y 429.   ¿Cambiarán algún día?   ¿Pondrán de una vez transparencia en como tratan a los fiscales?  ¿Se acabará la influencia de las asociaciones sobre "sus" vocales?  ¿Se acabará la indecencia del "minipunto"?  Yo no lo se, porque llevan ya tanto tiempo haciendo lo mismo...


jueves, 20 de noviembre de 2014

FINALMENTE, QUERELLA DE LA FISCALÍA

Ayer el FGE tuvo un casi unánime apoyo para interponer la querella por los sucesos del 9N en Cataluña, que la Fiscalía del TSJ no aceptó ante la orden del FGE.    La Fiscalía ha resuelto tras actuar de manera autónoma del Gobierno aunque finalmente en el sentido perseguido por éste: algunos se podrían haber ahorrado los mensajes.  La Fiscalía no es el FGE, es mucho más y en muchos aspectos mucho más importante que el FGE.  En este caso los fiscales del TSJ de Cataluña han actuado correctamente en términos estatutarios.   Y con coraje, porque no es fácil en los tiempos que corren plantarle un art. 27 del EOMF al FGE.    Se dice que la presión ambiental en Cataluña influye mucho: puede ser.  Pero al fin, nuestro jefe es quién es; y nuestras carreras profesionales dependen de quien dependen, no del ambiente.   Osea, que mi reconocimiento a los fiscales catalanes (del TSJ, quiero decir)  por la defensa de su criterio profesional.   Asimismo, el FGE ha actuado como debe hacerlo en defensa de su interpretación del derecho, que es en este caso respaldada por la jerarquía de la Carrera.   El FGE ha soportado la impaciencia del Gobierno (cada día me convenzo más que debería ser delictiva la presión sobre el FGE) en que la Fiscalía actuara y le ha plantado cara.  Está bien.   Ha asumido riesgos, porque un revés ayer lo hubiera debilitado mucho.

El camino hacia la independencia unilateral de Cataluña tarde o temprano habría de chocar con la ley española.   Para la Fiscalía ese momento ya ha llegado.   La formación de la voluntad de la Fiscalía ha seguido todos los pasos, todas las garantías, y ahora no es solo la voluntad desnuda del FGE, sino también de quienes más rango tienen en la institución.  La querella tiene hoy una autoridad mucho mayor que hace una semana.   Veremos que pasa.


lunes, 17 de noviembre de 2014

UNA FISCALÍA EFICIENTE

Hace ya casi dos años, pedí desde este blog la adscripción de analistas a la Fiscalía, como sucede en la totalidad de los Tribunales internacionales.   Analistas que pueden -con su dedicación exclusiva a la observación de ciertos procesos económicos o políticos- anticiparse a lo que puede llegar a ocurrir y permitir así a la Fiscalía una mejor reacción.   La Fiscalía ideal -la nuestra obviamente no lo es- debe ser independiente del Gobierno, debe actuar con autonomía, pero también y sobre todo, debe ser eficaz.   La autonomía ha de ser instrumental para la eficacia, para aplicar la ley por igual para todos. Yo creo que para ser eficaces hay que mejorar mucho.  Por ejemplo, se pone como argumento para justificar nuestra falta de eficacia en la lucha contra la corrupción o contra la delincuencia económica, el que "faltan medios".   Faltan, es verdad, pero en mi opinión deberían faltar para acudir a vistas de lo social, para asistir a juicios de faltas o para viajar a dar cursos internacionales.   No deberían nunca faltar para la lucha contra la corrupción.  Ese es un problema de organización interna.    ¿Es que esperamos a que amplíen cincuenta plazas o sesenta o setenta para -entonces si- tener medios para luchar contra la corrupción?  Esto es como una broma.   Los jueces pueden quejarse porque su estructura está predeterminada por la ley y es rígida.  Pero la Fiscalía no.  Hay que ser mucho más eficiente.   Quizá si hubiera habido analistas en la Fiscalía la reacción de nuestra institución hubiera podido anticiparse a lo que ha ocurrido ahora con la consulta catalana y tener claras las ideas y las querellas para una reacción inmediata o para de manera inmediata señalar que la cuestión no es delictiva.  Y no esta exposición pública de dudas, de competencias o de atribuciones que nos hace mucho daño y se lo hace también a bastantes ciudadanos.

jueves, 13 de noviembre de 2014

REUNIÓN DE LA APIF CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA

La dirección de la APIF se ha reunido esta mañana con el Ministro de Justicia y su equipo.   Un hombre cordial, correcto, sin regatear el tiempo que nos ha concedido.   Bien.   Es consciente -y nosotros- de que el tiempo que queda de legislatura no es largo, y que grandes cosas no podrán ya realizarse.   Pero aventura reformas en la LECr., en la LOPJ y en el Código Penal, si bien no de la entidad que planeaba su antecesor.   Le hemos planteado una serie de reclamaciones profesionales que parten -en su mayoría- de unos presupuestos: que no sean caras, que sean de su competencia y que sean de tramitación sencilla y rápida.   Están colgadas en la página de la APIF.    ¿Mi impresión?  Llevo ya conocidos varios ministros (el ver sus retratos colgados me hace tomar conciencia de los años que han pasado).   Y no tengo buenos recuerdos de casi ninguno.   Dicen, sonríen, anotan, prometen, pero luego no cumplen o hacen lo contrario de lo que prometieron.   Ojalá éste sea una excepción, pero habrá que esperar para juzgar.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

LA CARNE

Mantenerse firme frente a las presiones del Gobierno no garantiza un buen FGE.  Pero sin mantenerse firme ante esas presiones es imposible ser un buen FGE.   El nuestro, afortunadamente, parece que está aguantado este bochornoso espectáculo de especulaciones y anuncios sobre la actuación de la Fiscalía.   Es muy difícil mantener la imparcialidad cuando te van dando la matraca sobre lo que tienes que hacer.   Al final no sabes si lo que tienes jurídicamente que hacer realmente lo haces porque lo tienes que hacer o porque te presionan para que lo hagas.   Las declaraciones de una líder del PP anunciando la querella de la Fiscalía contra el Presidente de la Generalidad castigan la imagen de imparcialidad de la Fiscalía.  Especialmente si -como señala El Mundo a través de la siempre bien informada María Peral- esa líder política es "la encargada de escenificar las prisas con las que quieren actuar el Gobierno y el partido".   Supongo que el FGE está soportando una fuerte presión estos días. Por el bien de la Fiscalía, debe aguantarlas; debe dejar que los profesionales que él mismo ha nombrado en los puestos claves afectados por la tormenta hagan su trabajo con criterios estrictamente profesionales.    El ideal hubiera sido que en estos años la imagen de la Fiscalía hubiera crecido en autonomía respecto de los poderes políticos y económicos.   Eso no tiene ya remedio, pero ahora hay que dejar las cosas claras. Y lo que diga el Gobierno, o la oposición, o el partido del Gobierno o cualquier político, será muy respetable, pero los profesionales deben actuar con criterios profesionales, siempre por esos criterios y solo por esos criterios.  Ayer las declaraciones de Eduardo Torres Dulce me gustaron porque dejaron claro que serán los hechos los que determinen si hay "carne de proceso penal, o carne de archivo" y que esa decisión sobre la clase de carne la tomará la Fiscalía con objetividad e imparcialidad.   Veremos.

viernes, 7 de noviembre de 2014

EL CURSO DEL CONSEJO FISCAL

Hace unos meses la APIF organizó un curso sobre la defensa de los derechos de los fiscales en tanto que funcionarios públicos.   La necesidad del curso era palmaria, ya que se habían producido una serie de barbaridades en el seno de la Carrera fiscal para con los fiscales: desde que no se conteste a las quejas de los fiscales, a que se sostenga una distribución de trabajo de un fiscal jefe con la oposición de más del 80 por ciento de la plantilla, a la arbitrariedad en los nombramientos (cuotas, opacidad, argumentos como "la personalidad" de un candidato para elegirlo), cierre sistemático de filas con la jerarquía de la Carrera, hasta culminar con la expulsión de un fiscal por faltas inexistentes según declaró más tarde la jurisdicción contencioso administrativa.   Y todo ello sin mover un pelo.    El presente Consejo Fiscal llegó a sostener por unanimidad que la reclamación de un Fiscal por una decisión de su fiscal jefe relacionada con la asignación de un lote de trabajo que consideraba arbitraria no era recurrible ante los Tribunales.    Y todo ello mientras la opacidad en el funcionamiento de la institución es inaceptable para estado democrático, sin que los vocales electos se planten contra este estado de cosas.   Le pregunté el otro día al FGE las razones por las cuales la Fiscalía había quedado excluida de la Ley de Transparencia, sin que supiera darme explicaciones.  Ahora el Consejo Fiscal organiza un curso que lleva por título "El Consejo Fiscal y la defensa de los derechos estatutarios de los fiscales. Perspectivas de futuro".  Pero el curso es muy diferente del de la APIF.  Son ponentes la mayor parte de los vocales del presente Consejo y algunos de los anteriores.    Además de asociados relevantes de AF y UPF.   Pero no han invitado a ninguno de los dos asociados de la APIF que se han visto obligados a litigar en los Tribunales contra decisiones avaladas por el Consejo Fiscal, lo que les hace consumir tiempo, intranquilidades y dinero, ni tampoco a ningún representante de esta asociación para exponer allí nuestras quejas sobre como se lo montan.   Debemos recordar que esto es un curso institucional, no es un curso de amigos o un curso organizado por una asociación.  Que tiene interés para todos los fiscales, no solo para quienes forman parte de la jerarquía de la Carrera.   Por eso, con todo afecto, la APIF ha enviado al Director del curso, con copia al Fiscal General, una carta quejándonos de estos extremos.    La carta está publicada en la web de la APIF.

Mientras no se acepte que la Fiscalía está al servicio de la sociedad y no pertenece a unos pocos, vamos a estar de uñas.