jueves, 20 de noviembre de 2014

FINALMENTE, QUERELLA DE LA FISCALÍA

Ayer el FGE tuvo un casi unánime apoyo para interponer la querella por los sucesos del 9N en Cataluña, que la Fiscalía del TSJ no aceptó ante la orden del FGE.    La Fiscalía ha resuelto tras actuar de manera autónoma del Gobierno aunque finalmente en el sentido perseguido por éste: algunos se podrían haber ahorrado los mensajes.  La Fiscalía no es el FGE, es mucho más y en muchos aspectos mucho más importante que el FGE.  En este caso los fiscales del TSJ de Cataluña han actuado correctamente en términos estatutarios.   Y con coraje, porque no es fácil en los tiempos que corren plantarle un art. 27 del EOMF al FGE.    Se dice que la presión ambiental en Cataluña influye mucho: puede ser.  Pero al fin, nuestro jefe es quién es; y nuestras carreras profesionales dependen de quien dependen, no del ambiente.   Osea, que mi reconocimiento a los fiscales catalanes (del TSJ, quiero decir)  por la defensa de su criterio profesional.   Asimismo, el FGE ha actuado como debe hacerlo en defensa de su interpretación del derecho, que es en este caso respaldada por la jerarquía de la Carrera.   El FGE ha soportado la impaciencia del Gobierno (cada día me convenzo más que debería ser delictiva la presión sobre el FGE) en que la Fiscalía actuara y le ha plantado cara.  Está bien.   Ha asumido riesgos, porque un revés ayer lo hubiera debilitado mucho.

El camino hacia la independencia unilateral de Cataluña tarde o temprano habría de chocar con la ley española.   Para la Fiscalía ese momento ya ha llegado.   La formación de la voluntad de la Fiscalía ha seguido todos los pasos, todas las garantías, y ahora no es solo la voluntad desnuda del FGE, sino también de quienes más rango tienen en la institución.  La querella tiene hoy una autoridad mucho mayor que hace una semana.   Veremos que pasa.


lunes, 17 de noviembre de 2014

UNA FISCALÍA EFICIENTE

Hace ya casi dos años, pedí desde este blog la adscripción de analistas a la Fiscalía, como sucede en la totalidad de los Tribunales internacionales.   Analistas que pueden -con su dedicación exclusiva a la observación de ciertos procesos económicos o políticos- anticiparse a lo que puede llegar a ocurrir y permitir así a la Fiscalía una mejor reacción.   La Fiscalía ideal -la nuestra obviamente no lo es- debe ser independiente del Gobierno, debe actuar con autonomía, pero también y sobre todo, debe ser eficaz.   La autonomía ha de ser instrumental para la eficacia, para aplicar la ley por igual para todos. Yo creo que para ser eficaces hay que mejorar mucho.  Por ejemplo, se pone como argumento para justificar nuestra falta de eficacia en la lucha contra la corrupción o contra la delincuencia económica, el que "faltan medios".   Faltan, es verdad, pero en mi opinión deberían faltar para acudir a vistas de lo social, para asistir a juicios de faltas o para viajar a dar cursos internacionales.   No deberían nunca faltar para la lucha contra la corrupción.  Ese es un problema de organización interna.    ¿Es que esperamos a que amplíen cincuenta plazas o sesenta o setenta para -entonces si- tener medios para luchar contra la corrupción?  Esto es como una broma.   Los jueces pueden quejarse porque su estructura está predeterminada por la ley y es rígida.  Pero la Fiscalía no.  Hay que ser mucho más eficiente.   Quizá si hubiera habido analistas en la Fiscalía la reacción de nuestra institución hubiera podido anticiparse a lo que ha ocurrido ahora con la consulta catalana y tener claras las ideas y las querellas para una reacción inmediata o para de manera inmediata señalar que la cuestión no es delictiva.  Y no esta exposición pública de dudas, de competencias o de atribuciones que nos hace mucho daño y se lo hace también a bastantes ciudadanos.

jueves, 13 de noviembre de 2014

REUNIÓN DE LA APIF CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA

La dirección de la APIF se ha reunido esta mañana con el Ministro de Justicia y su equipo.   Un hombre cordial, correcto, sin regatear el tiempo que nos ha concedido.   Bien.   Es consciente -y nosotros- de que el tiempo que queda de legislatura no es largo, y que grandes cosas no podrán ya realizarse.   Pero aventura reformas en la LECr., en la LOPJ y en el Código Penal, si bien no de la entidad que planeaba su antecesor.   Le hemos planteado una serie de reclamaciones profesionales que parten -en su mayoría- de unos presupuestos: que no sean caras, que sean de su competencia y que sean de tramitación sencilla y rápida.   Están colgadas en la página de la APIF.    ¿Mi impresión?  Llevo ya conocidos varios ministros (el ver sus retratos colgados me hace tomar conciencia de los años que han pasado).   Y no tengo buenos recuerdos de casi ninguno.   Dicen, sonríen, anotan, prometen, pero luego no cumplen o hacen lo contrario de lo que prometieron.   Ojalá éste sea una excepción, pero habrá que esperar para juzgar.

miércoles, 12 de noviembre de 2014

LA CARNE

Mantenerse firme frente a las presiones del Gobierno no garantiza un buen FGE.  Pero sin mantenerse firme ante esas presiones es imposible ser un buen FGE.   El nuestro, afortunadamente, parece que está aguantado este bochornoso espectáculo de especulaciones y anuncios sobre la actuación de la Fiscalía.   Es muy difícil mantener la imparcialidad cuando te van dando la matraca sobre lo que tienes que hacer.   Al final no sabes si lo que tienes jurídicamente que hacer realmente lo haces porque lo tienes que hacer o porque te presionan para que lo hagas.   Las declaraciones de una líder del PP anunciando la querella de la Fiscalía contra el Presidente de la Generalidad castigan la imagen de imparcialidad de la Fiscalía.  Especialmente si -como señala El Mundo a través de la siempre bien informada María Peral- esa líder política es "la encargada de escenificar las prisas con las que quieren actuar el Gobierno y el partido".   Supongo que el FGE está soportando una fuerte presión estos días. Por el bien de la Fiscalía, debe aguantarlas; debe dejar que los profesionales que él mismo ha nombrado en los puestos claves afectados por la tormenta hagan su trabajo con criterios estrictamente profesionales.    El ideal hubiera sido que en estos años la imagen de la Fiscalía hubiera crecido en autonomía respecto de los poderes políticos y económicos.   Eso no tiene ya remedio, pero ahora hay que dejar las cosas claras. Y lo que diga el Gobierno, o la oposición, o el partido del Gobierno o cualquier político, será muy respetable, pero los profesionales deben actuar con criterios profesionales, siempre por esos criterios y solo por esos criterios.  Ayer las declaraciones de Eduardo Torres Dulce me gustaron porque dejaron claro que serán los hechos los que determinen si hay "carne de proceso penal, o carne de archivo" y que esa decisión sobre la clase de carne la tomará la Fiscalía con objetividad e imparcialidad.   Veremos.

viernes, 7 de noviembre de 2014

EL CURSO DEL CONSEJO FISCAL

Hace unos meses la APIF organizó un curso sobre la defensa de los derechos de los fiscales en tanto que funcionarios públicos.   La necesidad del curso era palmaria, ya que se habían producido una serie de barbaridades en el seno de la Carrera fiscal para con los fiscales: desde que no se conteste a las quejas de los fiscales, a que se sostenga una distribución de trabajo de un fiscal jefe con la oposición de más del 80 por ciento de la plantilla, a la arbitrariedad en los nombramientos (cuotas, opacidad, argumentos como "la personalidad" de un candidato para elegirlo), cierre sistemático de filas con la jerarquía de la Carrera, hasta culminar con la expulsión de un fiscal por faltas inexistentes según declaró más tarde la jurisdicción contencioso administrativa.   Y todo ello sin mover un pelo.    El presente Consejo Fiscal llegó a sostener por unanimidad que la reclamación de un Fiscal por una decisión de su fiscal jefe relacionada con la asignación de un lote de trabajo que consideraba arbitraria no era recurrible ante los Tribunales.    Y todo ello mientras la opacidad en el funcionamiento de la institución es inaceptable para estado democrático, sin que los vocales electos se planten contra este estado de cosas.   Le pregunté el otro día al FGE las razones por las cuales la Fiscalía había quedado excluida de la Ley de Transparencia, sin que supiera darme explicaciones.  Ahora el Consejo Fiscal organiza un curso que lleva por título "El Consejo Fiscal y la defensa de los derechos estatutarios de los fiscales. Perspectivas de futuro".  Pero el curso es muy diferente del de la APIF.  Son ponentes la mayor parte de los vocales del presente Consejo y algunos de los anteriores.    Además de asociados relevantes de AF y UPF.   Pero no han invitado a ninguno de los dos asociados de la APIF que se han visto obligados a litigar en los Tribunales contra decisiones avaladas por el Consejo Fiscal, lo que les hace consumir tiempo, intranquilidades y dinero, ni tampoco a ningún representante de esta asociación para exponer allí nuestras quejas sobre como se lo montan.   Debemos recordar que esto es un curso institucional, no es un curso de amigos o un curso organizado por una asociación.  Que tiene interés para todos los fiscales, no solo para quienes forman parte de la jerarquía de la Carrera.   Por eso, con todo afecto, la APIF ha enviado al Director del curso, con copia al Fiscal General, una carta quejándonos de estos extremos.    La carta está publicada en la web de la APIF.

Mientras no se acepte que la Fiscalía está al servicio de la sociedad y no pertenece a unos pocos, vamos a estar de uñas.

jueves, 6 de noviembre de 2014

COMUNICADO ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

Con la esperada ausencia de APM y AF (gobierna quien gobierna, no lo olvidemos), las demás asociaciones profesionales de jueces y fiscales han suscrito un Comunicado que recoge una serie de puntos en los que ha habido consenso en la lucha contra la corrupción.  Tal como yo lo veo el Comunicado es una señal de alarma a la sociedad del sistema judicial y fiscal que padecemos en España, una protesta contra la politización de la Justicia (que firma incluso JD, asociación por la que tengo auténtica simpatía, pero que tantas veces ha estado representada en el CGPJ a instancia de los partidos políticos progresistas).    Creo que hace falta adoptar las medidas que pedimos muchos jueces y fiscales en ese Comunicado, y también algunas más.  Algunos creen que es mejor ponerse de perfil y "ser fuertes".    Se equivocan.

COMUNICADO DE ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.

El desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno. La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española. Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:

* Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial.

* Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.

* Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

* Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.

* Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

* Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

* Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

* Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.

A 5 de noviembre de 2014

Suscriben:


Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales
Foro Judicial Independiente
Jueces para la Democracia
Unión Progresista de Fiscales



martes, 28 de octubre de 2014

LUIS NAVAJAS, TENIENTE FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

El FGE con el voto favorable de los vocales de la AF propuso ayer al Gobierno en nombramiento del fiscal Luis Navajas como número 1 de la Carrera Fiscal.   Todo lo que rodea este nombramiento me parece positivo.    Por un lado, Luis -que ha sido mi jefe desde hace ocho años- es un fiscal de gran categoría, un fiscal cuya independencia y al mismo tiempo lealtad a la Institución y a la ley valoro especialmente; y además un tipo muy llano, con gran sentido del humor, no interesado desde siempre en las historias de la política en la Fiscalía y preocupado mucho más por cada fiscal que por su adscripción ideológica.  Por tanto, alguien ideal para el puesto al que hoy ha sido promocionado.   Luis prestigiará a la Fiscalía General y también al Fiscal General.   Además, me encanta que la AF, finalmente, haya decidido, en un puesto fundamental en la Fiscalía, no apoyar a un candidato salido de entre sus filas por el mero hecho de serlo.   Luis era el más antiguo y competía con otros candidatos asociados a la AF.  Han apoyado a Luis unánimemente.   Pues me parece estupendo como signo de que algunas cosas pueden empezar a moverse, al menos si se compara con el tremendo Consejo anterior.    Desde luego no voy a pensar que después de tantos años de hacerse sistemáticamente lo contrario en las asociaciones dominantes, las cosas ya han cambiado.   Pero esto es un gesto espléndido que elogio sin reservas: no es un puesto cualquiera, es el número 2 del FGE.   Y este es el camino, que seguido durante algunos años, haría que la Fiscalía recuperara ciertas pulsiones que hoy se han perdido.    Una buena noticia


viernes, 24 de octubre de 2014

EL PEOR PROBLEMA DE LOS FISCALES

Entre la castrense estructura del Ministerio Fiscal español y la ausencia absoluta de garantías internas de que las reclamaciones de los fiscales serán examinadas y resueltas imparcialmente, el mayor problema que afrontan los fiscales en su quehacer diario es el de la distribución de trabajo.   Esa es una cuestión responsabilidad de los fiscales jefes, pero que al mismo tiempo sirve para medir su talla o su falta de ella.   El Consejo Fiscal suele hacer bloque con los fiscales jefes.  Eso es lógico en una Carrera en la que la jerarquía la componen en su mayoría asociados a los dos asociaciones que copan el Consejo Fiscal desde hace más de treinta años.  Han llegado a decir incluso, hace solo unos meses ante el recurso de un compañero, que las distribuciones de trabajo cuando son cuestionadas por los fiscales, no son recurribles ante los Tribunales.     Sin reparar sin duda en que una distribución de trabajo arbitraria es capaz de ser causa de acoso laboral; que ligada a la distribución de trabajo hay cuestiones esenciales, tales como la conciliación de la vida familiar y laboral (una broma para muchos fiscales que durante las noches o los fines de semana terminan de despachar el papel que les entra); o que pueden afectar a la salud y el equilibrio psíquico; o a la dignidad profesional; o al nivel del servicio que se presta (no es lo mismo calificar diez causas al mes, que calificar setenta) y también en ocasiones a los ingresos de los fiscales.  Porque una mala distribución del trabajo en una Fiscalía, permitiendo que unos pocos fiscales, en general más antiguos, se beneficien de la mayor cantidad de trabajo que se asigna a otros, determina que en caso de vacantes a cubrir por sustitución los más cargados no puedan materialmente hacer ese trabajo extra, que es retribuido.   Esta falta de compañerismo, que es un mal endémico en la Carrera, no se debería  tolerar ni un día más.   Si hay Fiscales Jefes que se ven incapaces de organizar equitativamente el trabajo de su Fiscalia, han de ser removidos porque esa es su primera obligación.  Y nunca renovados, razón por la cual considero esencial que antes de una renovación la plantilla sea oída en votación secreta.  Y si el Consejo Fiscal es incapaz de ser un árbitro imparcial en esta materia, hay que ir a los Tribunales (que se puede, esto sigue siendo incluso para la Carrera Fiscal un Estado de Derecho). Si una mala o injusta distribución de trabajo provoca depresiones, bajas, o menosprecio profesional, hay que empezar a denunciar (hay varias vías para ello).   Hay que agruparse sin miedo y denunciar.   La situación en la que viven demasiados fiscales es vejatoria y ofende al compañerismo.  Y no hay normas internas ni para establecer repartos ni para garantizar la equidad en los lotes.

Solo solucionando ese problema, o al menos, solo haciendo valer nuestros derechos al respecto, la Fiscalía mejorará.   Solo así podrá distribuirse la productividad equitativamente; solo así podrá recuperarse el sentido del compañerismo.   Y solo así muchos fiscales empezarán a sentirse otra vez partícipes de una tarea común.  


miércoles, 15 de octubre de 2014

EL FISCAL GENERAL SE MUEVE A SOLICITUD DE LA APIF



Hay una enorme cantidad de cosas que hacer para mejorar la vida profesional de los fiscales y para darles unas garantías mínimas en su trabajo.  Eliminar la arbitrariedad es una de ellas.   La arbitrariedad es algo íntimamente ligado a la falta de transparencia, y si algo no hay en la Fiscalía es efectivamente, transparencia.   Pues bien, la APIF está trabajando intensamente en mejorar aspectos básicos en el funcionamiento de la Fiscalía.  Entre ellos, introducir con normalidad el derecho administrativo para los fiscales, crear condiciones para que puedan impugnarse las resoluciones que nos afectan, acabar con la opacidad y crear -si crear, porque la Fiscalía hoy está más anclada en la época preconstitucional que en el siglo XXI- una Institución donde todo el mundo sepa que puede hacer, que puede hacer la jerarquía, y como defenderse de los abusos.   En esta línea está la iniciativa de solicitar al FGE la creación de un Protocolo de actuación en casos de abusos laborales y sexuales, y de conciliación de la vida profesional de los fiscales.  Nos gusta como fiscales que el FGE se mueva en esta dirección.   Haremos muchas más cosas, porque el trabajo que hay delante es enorme. Y recordamos a los fiscales que todos somos necesarios y bienvenidos en esta tarea tan compleja.


UN ASUNTO CAPITAL PARA LA CARRERA FISCAL

En el TSJ de Las Palmas se está dirimiendo un asunto que es capital para la Carrera Fiscal y también para la Fiscalía.  Se trata de un recurso contencioso administrativo que un competentísimo fiscal especializado en la materia ha planteado contra una distribución de trabajo acordada por el Fiscal Jefe.   El asunto tiene tela.   El Fiscal Jefe asigna un lote de trabajo a un fiscal que no lo había pedido habiendo otro compañero (el recurrente) interesado, sin oír a la Junta de Fiscales y luego, tras ser requerido a convocarla, sin permitir la votación.   Se desoyen por la Jefatura las solicitudes realizadas por el fiscal interesado a pesar de que con posterioridad a la asignación se aprueba en Junta unas reglas de distribución de lotes de trabajo que el Jefe se niega a aplicar al caso en cuestión.   El compañero agraviado recurre en alzada ante el Fiscal Jefe del TSJ de Canarias  en noviembre de 2013, con un escrito que debe servir de modelo de impugnación de este tipo de cuestiones para los Fiscales.   A la Junta se la oye votando, lo que es natural tratándose de un órgano colegiado (art. 26.4 de la Ley 30/1992 y 24.2 del Estatuto de Ministerio Fiscal).  Pero algunos Jefes creen que oír a la Junta es solo escuchar unas opiniones.  Con eso parece que les basta.   El recurrente se queja con abundancia de razones de ese modo de proceder, incluyendo varias vulneraciones individuales y orgánicas, que detalla minuciosamente.

La Inspección Fiscal (en consulta elevada por el Fiscal Jefe sobre quien era competente para conocer de la alzada) decidió que el asunto debía ser resuelto por el Consejo Fiscal, que se pronunció sobre la cuestión.  Y el Consejo Fiscal, en su habitual y cerrada defensa de la jerarquía, decide por unanimidad que "la decisión adoptada por el Fiscal Jefe..., no constituye en si mismo un acto o resolución administrativa susceptible de recurso en la vía administrativa, en los términos que determina el art. 107.1 de la LRJ-PAC, sino únicamente, de revisión dentro de la propia organización interna del Ministerio Fiscal...", señalando que no hace falta Junta para distribuir el trabajo entre los fiscales, y también que "a los meros efectos dialécticos" aún cuando debiera ser oída la Junta antes de tomar la decisión de sustituir o cambiar a fiscales en los lotes de trabajo, se trataría de una mera irregularidad subsanable a posteriori.  Por inmensa mayoría (11 votos a 1) se considera en el Consejo Fiscal que la decisión del Jefe no es contraria a la equidad, ni arbitraria ni irracional.

Y lo mejor de todo: el Consejo Fiscal (formado por los "defensores de los fiscales", que elegimos nosotros para que velen por nuestros derechos) considera por unanimidad que estas cuestiones afectan a la organización interna del Ministerio Fiscal "sin que puedan resultar fiscalizables en la vía jurisdiccional".

Unos campeones.

Afortunadamente, parece que están equivocados, y que si pueden ser fiscalizables estos actos en vía jurisdiccional.  Y ojalá el compañero gane su recurso y haga descender un poquito a la jerarquía de la Carrera al mundo de los derechos y garantías profesionales.

martes, 14 de octubre de 2014

¿CAMBIAR AL FGE?

Leo -y me dicen que la noticia está bien construida y contrastada- un artículo en el periodico digital vozpopuli en el que se habla de "encontrar una salida digna" al FGE para nombrar a otro fiscal "con una voluntad más decidida y menos titubeante que Torres-Dulce, y, desde luego, con mayor sintonía hacia el departamento ministerial".  

Me alarma enormemente que esto pueda ser cierto aunque ya digo que me aseguran que la noticia la han contrastado bien.   El FGE es nombrado por el Gobierno y eso es ya un lastre para su credibilidad.   Pero desde hace unos años se estableció para el mismo un plazo de actuación como garantía para su actuar imparcial.   Ese plazo coincide con la legislatura y por tanto no le pueden echar.   No es una cuestión de salidas dignas, es que no pueden.    Si ese es el punto de partida para establecer una relación de diálogo y consenso, que es lo que ayer nos prometió el nuevo Ministro de Justicia en la toma de posesión de su equipo, vamos mal.    Con todas las discrepancias que yo pueda tener con el FGE, me parecería inadmisible una maniobra para echarle antes de que su plazo venza y un retroceso grande para la Fiscalía y para la credibilidad de la Justicia española.    La ventaja es que no pueden hacerlo sin contar con la anuencia del afectado, y en este tema, puede estar seguro el lector que yo cierro filas con el FGE (y no estará solo conmigo, seguro) si decide aguantar.