viernes, 24 de octubre de 2014

EL PEOR PROBLEMA DE LOS FISCALES

Entre la castrense estructura del Ministerio Fiscal español y la ausencia absoluta de garantías internas de que las reclamaciones de los fiscales serán examinadas y resueltas imparcialmente, el mayor problema que afrontan los fiscales en su quehacer diario es el de la distribución de trabajo.   Esa es una cuestión responsabilidad de los fiscales jefes, pero que al mismo tiempo sirve para medir su talla o su falta de ella.   El Consejo Fiscal suele hacer bloque con los fiscales jefes.  Eso es lógico en una Carrera en la que la jerarquía la componen en su mayoría asociados a los dos asociaciones que copan el Consejo Fiscal desde hace más de treinta años.  Han llegado a decir incluso, hace solo unos meses ante el recurso de un compañero, que las distribuciones de trabajo cuando son cuestionadas por los fiscales, no son recurribles ante los Tribunales.     Sin reparar sin duda en que una distribución de trabajo arbitraria es capaz de ser causa de acoso laboral; que ligada a la distribución de trabajo hay cuestiones esenciales, tales como la conciliación de la vida familiar y laboral (una broma para muchos fiscales que durante las noches o los fines de semana terminan de despachar el papel que les entra); o que pueden afectar a la salud y el equilibrio psíquico; o a la dignidad profesional; o al nivel del servicio que se presta (no es lo mismo calificar diez causas al mes, que calificar setenta) y también en ocasiones a los ingresos de los fiscales.  Porque una mala distribución del trabajo en una Fiscalía, permitiendo que unos pocos fiscales, en general más antiguos, se beneficien de la mayor cantidad de trabajo que se asigna a otros, determina que en caso de vacantes a cubrir por sustitución los más cargados no puedan materialmente hacer ese trabajo extra, que es retribuido.   Esta falta de compañerismo, que es un mal endémico en la Carrera, no se debería  tolerar ni un día más.   Si hay Fiscales Jefes que se ven incapaces de organizar equitativamente el trabajo de su Fiscalia, han de ser removidos porque esa es su primera obligación.  Y nunca renovados, razón por la cual considero esencial que antes de una renovación la plantilla sea oída en votación secreta.  Y si el Consejo Fiscal es incapaz de ser un árbitro imparcial en esta materia, hay que ir a los Tribunales (que se puede, esto sigue siendo incluso para la Carrera Fiscal un Estado de Derecho). Si una mala o injusta distribución de trabajo provoca depresiones, bajas, o menosprecio profesional, hay que empezar a denunciar (hay varias vías para ello).   Hay que agruparse sin miedo y denunciar.   La situación en la que viven demasiados fiscales es vejatoria y ofende al compañerismo.  Y no hay normas internas ni para establecer repartos ni para garantizar la equidad en los lotes.

Solo solucionando ese problema, o al menos, solo haciendo valer nuestros derechos al respecto, la Fiscalía mejorará.   Solo así podrá distribuirse la productividad equitativamente; solo así podrá recuperarse el sentido del compañerismo.   Y solo así muchos fiscales empezarán a sentirse otra vez partícipes de una tarea común.  


miércoles, 15 de octubre de 2014

EL FISCAL GENERAL SE MUEVE A SOLICITUD DE LA APIF



Hay una enorme cantidad de cosas que hacer para mejorar la vida profesional de los fiscales y para darles unas garantías mínimas en su trabajo.  Eliminar la arbitrariedad es una de ellas.   La arbitrariedad es algo íntimamente ligado a la falta de transparencia, y si algo no hay en la Fiscalía es efectivamente, transparencia.   Pues bien, la APIF está trabajando intensamente en mejorar aspectos básicos en el funcionamiento de la Fiscalía.  Entre ellos, introducir con normalidad el derecho administrativo para los fiscales, crear condiciones para que puedan impugnarse las resoluciones que nos afectan, acabar con la opacidad y crear -si crear, porque la Fiscalía hoy está más anclada en la época preconstitucional que en el siglo XXI- una Institución donde todo el mundo sepa que puede hacer, que puede hacer la jerarquía, y como defenderse de los abusos.   En esta línea está la iniciativa de solicitar al FGE la creación de un Protocolo de actuación en casos de abusos laborales y sexuales, y de conciliación de la vida profesional de los fiscales.  Nos gusta como fiscales que el FGE se mueva en esta dirección.   Haremos muchas más cosas, porque el trabajo que hay delante es enorme. Y recordamos a los fiscales que todos somos necesarios y bienvenidos en esta tarea tan compleja.


UN ASUNTO CAPITAL PARA LA CARRERA FISCAL

En el TSJ de Las Palmas se está dirimiendo un asunto que es capital para la Carrera Fiscal y también para la Fiscalía.  Se trata de un recurso contencioso administrativo que un competentísimo fiscal especializado en la materia ha planteado contra una distribución de trabajo acordada por el Fiscal Jefe.   El asunto tiene tela.   El Fiscal Jefe asigna un lote de trabajo a un fiscal que no lo había pedido habiendo otro compañero (el recurrente) interesado, sin oír a la Junta de Fiscales y luego, tras ser requerido a convocarla, sin permitir la votación.   Se desoyen por la Jefatura las solicitudes realizadas por el fiscal interesado a pesar de que con posterioridad a la asignación se aprueba en Junta unas reglas de distribución de lotes de trabajo que el Jefe se niega a aplicar al caso en cuestión.   El compañero agraviado recurre en alzada ante el Fiscal Jefe del TSJ de Canarias  en noviembre de 2013, con un escrito que debe servir de modelo de impugnación de este tipo de cuestiones para los Fiscales.   A la Junta se la oye votando, lo que es natural tratándose de un órgano colegiado (art. 26.4 de la Ley 30/1992 y 24.2 del Estatuto de Ministerio Fiscal).  Pero algunos Jefes creen que oír a la Junta es solo escuchar unas opiniones.  Con eso parece que les basta.   El recurrente se queja con abundancia de razones de ese modo de proceder, incluyendo varias vulneraciones individuales y orgánicas, que detalla minuciosamente.

La Inspección Fiscal (en consulta elevada por el Fiscal Jefe sobre quien era competente para conocer de la alzada) decidió que el asunto debía ser resuelto por el Consejo Fiscal, que se pronunció sobre la cuestión.  Y el Consejo Fiscal, en su habitual y cerrada defensa de la jerarquía, decide por unanimidad que "la decisión adoptada por el Fiscal Jefe..., no constituye en si mismo un acto o resolución administrativa susceptible de recurso en la vía administrativa, en los términos que determina el art. 107.1 de la LRJ-PAC, sino únicamente, de revisión dentro de la propia organización interna del Ministerio Fiscal...", señalando que no hace falta Junta para distribuir el trabajo entre los fiscales, y también que "a los meros efectos dialécticos" aún cuando debiera ser oída la Junta antes de tomar la decisión de sustituir o cambiar a fiscales en los lotes de trabajo, se trataría de una mera irregularidad subsanable a posteriori.  Por inmensa mayoría (11 votos a 1) se considera en el Consejo Fiscal que la decisión del Jefe no es contraria a la equidad, ni arbitraria ni irracional.

Y lo mejor de todo: el Consejo Fiscal (formado por los "defensores de los fiscales", que elegimos nosotros para que velen por nuestros derechos) considera por unanimidad que estas cuestiones afectan a la organización interna del Ministerio Fiscal "sin que puedan resultar fiscalizables en la vía jurisdiccional".

Unos campeones.

Afortunadamente, parece que están equivocados, y que si pueden ser fiscalizables estos actos en vía jurisdiccional.  Y ojalá el compañero gane su recurso y haga descender un poquito a la jerarquía de la Carrera al mundo de los derechos y garantías profesionales.

martes, 14 de octubre de 2014

¿CAMBIAR AL FGE?

Leo -y me dicen que la noticia está bien construida y contrastada- un artículo en el periodico digital vozpopuli en el que se habla de "encontrar una salida digna" al FGE para nombrar a otro fiscal "con una voluntad más decidida y menos titubeante que Torres-Dulce, y, desde luego, con mayor sintonía hacia el departamento ministerial".  

Me alarma enormemente que esto pueda ser cierto aunque ya digo que me aseguran que la noticia la han contrastado bien.   El FGE es nombrado por el Gobierno y eso es ya un lastre para su credibilidad.   Pero desde hace unos años se estableció para el mismo un plazo de actuación como garantía para su actuar imparcial.   Ese plazo coincide con la legislatura y por tanto no le pueden echar.   No es una cuestión de salidas dignas, es que no pueden.    Si ese es el punto de partida para establecer una relación de diálogo y consenso, que es lo que ayer nos prometió el nuevo Ministro de Justicia en la toma de posesión de su equipo, vamos mal.    Con todas las discrepancias que yo pueda tener con el FGE, me parecería inadmisible una maniobra para echarle antes de que su plazo venza y un retroceso grande para la Fiscalía y para la credibilidad de la Justicia española.    La ventaja es que no pueden hacerlo sin contar con la anuencia del afectado, y en este tema, puede estar seguro el lector que yo cierro filas con el FGE (y no estará solo conmigo, seguro) si decide aguantar.


domingo, 12 de octubre de 2014

CONCURSOS DE TRASLADO

Hay un serio problema en la Fiscalía (uno de tantos) que la jerarquía no encuentra como soluicionar.  Se trata de los concursos de traslado.  Hubo un tiempo en el que había un gran número de vacantes en la plantilla, de manera que podían convocarse concursos cada tres o cuatro meses y la gente podía moverse de donde está.   Hoy la plantilla está bloqueada y casi nadie se puede mover.  De hecho el sistema de concursos a resultas solo permite el cambio de los fiscales que quieren irse a otro sitio donde un fiscal deja vacante por haber encontrado hueco en otro lado.  La movilidad es mínima.  Y ello supone principalmente para los fiscales más jóvenes un grave perjuicio ya que llegan forzosos a un sitio y de ahí -les vaya bien o mal- no pueden salir.    Hay que pensar en soluciones a este problema.    Si se pudiera crear en cada Fiscalía una serie de plazas "flotantes", de manera que hubiera plazas que permitieran a los fiscales salir de esa Fiscalía y llevarse su nómina a la Fiscalía de destino, quedaría un hueco a ser cubierto por otro fiscal que a su vez pudiera llevarse también sus derechos económicos.   Habría que fijar un máximo de incorporaciones en las Fiscalias (un porcentaje máximo de la plantilla) para evitar que algunas se rellenaran a costa de otros.   Pero de esta manera podría haber movilidad.   No creo que sea complicado (conceptualmente es bastante sencillo), pero se trata de que importe algo que la plantilla pueda trabajar en condiciones satisfactorias aunque haya que dedicar unas horas a diseñar el sistema.   Podría tambíén estudiarse un sistema de intercambios de plazas entre fiscales con audiencia a otros fiscales interesados, como ocurre en otros cuerpos de la administración.  

Está claro que la plantilla bloqueada, en una institución en que las jubilaciones son mínimas en relación con el volumen de gente joven, genera una serie de problemas que solo importan a quien los padece, pero es que a veces se padece mucho por ello.

martes, 7 de octubre de 2014

CON LOS FISCALES DE LAS PALMAS

Me fui ayer a la Fiscalía de Las Palmas a estar con los nueve compañeros que se han unido a este proyecto de cambio en la Justicia que es la APIF, y con otros fiscales de esa ciudad.   Tengo la sensación de que ahora va empezar una nueva época en la Fiscalía.   Son fiscales con ganas de cambiar, con ganas de acabar con la arbitrariedad, con la politización, con el miedo para decir lo que en realidad consideran que pasa y con ganas de cambiar las cosas y además fiscales con larga experiencia en el oficio.    Treinta años de lo mismo, es decir, de una alternancia de influencias y de composición de la jerarquía por parte de la AF y de la UPF (según gobierne el PP o el PSOE) han dejado las cosas muy claras: la Fiscalía no está bien, más bien está cada vez peor, las condiciones de trabajo de los fiscales no mejoran o empeoran, algunas jefaturas se ejercen de manera absolutamente contestada por la plantilla, que no puede hacer nada para hacer valer el sentido común o simplemente los derechos de cada cual y que cuenta con el respaldo de la jerarquía y del Consejo Fiscal que supuestamente está para defender a los fiscales que lo elegimos.   El sistema disciplinario sin garantías de ningún tipo, los salarios bajos, la categoría tercera vigente con lo que muchos fiscales hacen exactamente lo mismo que sus compañeros pero cobrando mucho menos.   Obligaciones impropias de fiscales como la estadística se mantienen y potencian; ningún poder existe internamente que sea contrapeso al poder de la jerarquía, ninguna defensa interna frente a posibles abusos.   Opacidad en las decisiones que nos afectan, falta de motivación en los actos del Consejo Fiscal o del FGE; imposibilidad de cambiar de destino por bloqueo de la plantilla y desinterés en crear alternativas que permitan cierta movilidad.    No tiene la jerarquía, como si todavía fuéramos aquí 1000 fiscales como hace 35 años, interés en que cambie nada.   Eso sí, cuando llegan las renovaciones de sus cargos, oye, se activan como campeones.    Todo esto no puede seguir así en nuestra opinión.  Por eso, cuando la APIF (que es naturalmente compatible con cualquier ideología individual, pero abiertamente hostil a la politización de la Justicia) recibe la incorporación de varios compañeros que dicen: "estamos aquí para ayudar a cambiar esto en beneficio de todos", pues uno cree que quizá estamos en el principio del cambio esperado.  

viernes, 26 de septiembre de 2014

UN GRAN JURISTA: ALBERTO MANUEL LÓPEZ

Acaba de publicar en la Revista Jurídica La Ley un gran artículo el fiscal destinado en Jaén Alberto Manuel López que se titula "La motivación de los actos del Ministerio Fiscal".    Aborda ese fiscal la importancia de la motivación de los informes y resoluciones como instrumento preventivo de la arbitrariedad.    Se refiere no solo a la motivación de los actos procesales en los que inteviene el Fiscal, materia no regulada en el Estatuto salvo en el ámbito disciplinario, sino que aborda también la cuestión de la falta de motivación de los actos administrativos del Ministerio Fiscal.  A tal efecto, señala la vinculación de la Fiscalía a la legislación administrativa ordinaria que exigen normalmente motivación de los actos administrativos.   Recordemos que en el ámbito interno de la promoción profesional en la Fiscalía la motivación es la excepción, no la regla, empezando por el FGE que no se siente en la obligación de motivar jamás un nombramiento, y el Consejo Fiscal, ni se lo exige, ni por su parte explicita las razones de sus decisiones en la materia.    El artículo de este gran jurista, cuya lectura recomiendo encarecidamente a todos los fiscales, viene ilustrado con un importante cuerpo de jurisprudencia muy clarificadora de la situación obsoleta en la que se encuentran las prácticas habituales en nuestra institución.   Una situación obsoleta, digo, que se mantiene por la obstinación de quienes se benefician profesionalmente de la misma al hacer imposible el control jurisdiccional de nombramientos arbitrarios, y varias consecuencias, todas negativas, pero una muy principal que es la extrema politización de la Fiscalía española.

jueves, 25 de septiembre de 2014

COMUNICADO APIF TRAS LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA


Ante la dimisión presentada por el Ministro de Justicia Sr. Ruiz Gallardón, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, sin perjuicio de reconocer el gesto personal de la dimisión, manifiesta lo siguiente:
                   

1.  La gestión del Ministro de Justicia ha empeorado objetivamente la situación respecto de cómo la encontró hace tres años a pesar de las ilusiones que su llegada alimentó en algunos y que pronto decepcionó.    El incumplimiento de la promesa electoral del PP sobre la despolitización de la Justicia, básicamente a través de la reforma de la LOPJ en cuanto al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y el mantenimiento de la intensa politización en la Fiscalía son los dos grandes baldones que pesan sobre su gestión.

 
2.   La Ley de tasas, que a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional, supone una restricción importante al derecho de los ciudadanos a reclamar ante la administración de Justicia; la eliminación de los jueces y fiscales sustitutos pero con mantenimiento de eméritos en Fiscalías sin sobrecarga de trabajo; la inexplicable cicatería en aumentos necesarios de plazas en la Carrera fiscal que no tendrían ninguna repercusión presupuestaria; la pereza legislativa a la hora de afrontar de una vez la modernización del Ministerio Fiscal; los retrasos en la implantación de un sistema informático eficaz para la Justicia y en particular en la Fiscalía; la treta -tan frecuente entre nuestros políticos- de pretender aparentar que se solucionan problemas complejos con simples reformas del Código Penal; la elección para los más altos cargos de la Justicia a juristas conocidamente afines; la incapacidad de tratar con los colectivos de la Justicia, sobrando algunas expresiones ofensivas e innecesarias; la merma retributiva y una gestión alimentada básicamente de gestos, deja a la Justicia peor de lo que estaba por difícil que pudiera parecer cuando tomó posesión. 

 
3.  Nos encantaría, dada la elegancia de su dimisión, poder señalar algunas cosas positivas, alguna mejora perceptible, pero nos resulta complicado.    En todo caso, esperamos que durante el tiempo que resta de legislatura el nuevo titular del Ministerio sea capaz de cambiar la dinámica actual, iniciar una fase de diálogo, despolitización y mejora real de la Justicia en beneficio de la sociedad.    

 

 

Madrid, a 24 de septiembre de 2014

 

La Comisión Ejecutiva de la APIF

martes, 23 de septiembre de 2014

ÉTICA, COMPAÑERISMO Y HUMANIDAD, por PILAR ÁLVAREZ, Fiscal.

Desde ayer estoy madurando la idea de escribir estas líneas y creo que estoy en la obligación moral de hacerlo. Y por qué desde ayer se preguntará más de uno, pues, entre otras cosas, porque me contaron una historia terrible que exige que de una vez por todas digamos lo que muchos pensamos pero no nos atrevemos a decir en voz alta. Somos una Carrera de rumores y de dimes y diretes. Me han dicho que fulanito es un peligro o que se escaquea, y eso lo vamos propagando de café en café hasta que se convierte en realidad virtual de esta carrera nuestra. Para ejemplo el tan conocido por todos, hasta el aburrimiento, añadiría yo, caso Frago. Esos rumores incesantes de "hay mucho más" que nadie concreta pero que avalan en la consciencia de muchos la expulsión de un compañero vulnerando sus derechos y el principio de legalidad que todos prometimos un día defender. Muchos saben que nunca me ha atraído la pesca, con todos mis respeto a los pescadores, alguno de los cuales aprecio mucho, y mucho menos la pesca en río revuelto, pero todos leímos la afirmación que de la APIF y de mi misma hizo una asociación supuestamente hermana. Y así podría nombrar múltiples ejemplos, el mío sin ir más lejos. Muchos, o la mayoría, conocen que hace unos años presente una queja y una denuncia contra mi Fiscal Jefe. Al final la denuncia quedó en un cajón para siempre y la queja la resolvieron de aquella manera dos años después. Pero a lo que iba es que me ha llegado la noticia cierta, por dos testigos directos de las conversaciones que además son absolutamente fiables, que en la Fiscalía General, al parecer, hay más de uno que me conoce por "esa chica que se queja tanto". Sí esa chica que se queja tanto, lo que viene a ser llamarme quejica. Ahora bien se olvidan, esos que así me llaman, de añadir alguna explicación a que se guardaran esas quejas en los cajones durante años. Defender los derechos de uno no es ser quejica, es ser valiente, y mucho, en esta Carrera nuestra donde se echan de menos los derechos y las garantías. Si uno cree que está siendo tratado injustamente, en mayor o menor medida, tiene derecho a quejarse, a buscar soluciones. Y ya está bien de tanta rumorología, frases inconclusas y conversaciones de café. El que tenga algo que decir que lo diga claramente y lo demuestre con hechos y pruebas. Lo contrario, en ocasiones, causa un daño terrible al agraciado con los rumores. Por ello, señores y señoras, seamos serios, somos Fiscales y con rumores y sospechas lo único que debemos hacer, como hacemos sobre el papel que despachamos diariamente, es pedir un sobreseimiento provisional, cuando no un archivo directo. En las conversaciones de café apliquemos la misma regla, que la humanidad y el compañerismo debe ser lo último que perdamos junto con la dignidad.

lunes, 22 de septiembre de 2014

LA APIF CRECE

En la Fiscalía poca gente da el paso de asociarse.    La mayoría de los fiscales (casi el 70 por ciento) no están asociados.   Está por hacer un estudio de esa desconfianza a la agrupación en la defensa de los intereses profesionales, pero es la realidad.     Una realidad tan evidente como la de que la Fiscalía, la Justicia española e incluso la democracia española necesitan de cambios.   En cuanto a la Fiscalía los cambios son urgentes para que la institución funcione dignamente; para que cumpla su papel especialmente en los delitos que afectan directa o indirectamente al poder político y económico que han conseguido infiltrarse en la Institución; para que se convierta en garante de que la ley se va a aplicar sin distinciones tanto al más poderoso como al más vulnerable.    En ese terreno hay mucho que trabajar, pero en ese terreno solo trabaja hoy una asociación, la APIF.   Una asociación que rechaza la injerencia política en la Justicia, en la Fiscalía y en la Judicatura. No solo que la rechaza: que la combate.    Una asociación comprometida con los derechos de los fiscales frente a los abusos de la jerarquía.   Ah, ¿pero hay abusos, dirá alguno?.   Pues claro: hay abusos en la promoción profesional, hay abusos en la hiperprotección de la jerarquía frente a los fiscales de a pie.   Por ejemplo, no está sancionado disciplinariamente el acoso laboral, en una carrera absolutamente jerarquizada.   ¿Como es eso posible?  Pues lo es porque quien ha mandado en la Carrera durante décadas no lo considera necesario.   ¿Y existen esos casos de acoso laboral, dirá otro?  El escenario para que ocurra es perfecto: jerarquía, todo por confianza, poder, y falta de controles.   Hay gente que en diversos lugares se queja de ello y la APIF va a actuar de manera enérgica en esta materia: ni una baja más por depresión en casos de abusos.  Insisto, iremos donde haga falta.  Hay abusos de otra índole claro: infinidad de cosas aquí se cocinan antes de entrar en el conducto reglamentario establecido.  Yo mismo me presenté hace unos años a una plaza, por ejemplo, en la que tuve que presenciar la felicitación a otra candidata por su nombramiento antes de la votación del Consejo: todo estaba ya cocinado.    Las influencias en este sentido se ejercen en la jerarquía por aquellos quienes la componen.  Los fiscales disconformes con distribuciones de trabajo, con conflictos con la jefatura, van a buscar amparo de sus reclamaciones a los órganos establecidos por la jerarquía y compuestos por la jerarquía.   Nada hay independiente, nada con garantías de imparcialidad en la institución.   Los expedientes disciplinarios -incluso con la reforma del Estatuto propuesta por el Consejo Fiscal- empiezan por fiscales elegidos discrecionalmente por el FGE y terminan decididos en sus casos más graves por el propio FGE.   ¿Es una broma?   No, es lo que tenemos.   Y además, y por si fuera poco, el sistema no funciona.   Los fiscales de trinchera viven en un mundo diferente al de la jerarquía, y ven no solo como sus condiciones de trabajo empeoran sino que padecen un ninguneo impropio (los concursos, las sustituciones, el sistema informático, la estadística, las retribuciones).   Pocos le deben aquí más a su competencia y a su eficacia que a su lealtad a una asociación dominante o a la confianza de quien da el cargo.  La  opacidad en los méritos y deméritos es absoluta.    Y la opacidad en el Consejo Fiscal la conocemos todos.   Por eso hay mucho que cambiar, mucho.    Mucha gente que yo conozco, compañeros que están en esas asociaciones mayoritarias, piensan lo mismo, que hay mucho que cambiar.   Ahora han de reflexionar si el cambio necesario, que va a venir necesariamente, puede proceder de quien mantiene este sistema durante décadas o habrá que hacerlo a pesar de ellos.  

En estas, la última semana se han afiliado a la APIF un importante número de fiscales.   Fiscales con anhelos de cambios, con hartazgo, con ganas de encontrar -como yo y como otros muchos- una salida a una institución que queremos pero que no ha conseguido evolucionar a mejor, sino a peor.    Aquí estamos para cambiar esto, sin miedo y con plena confianza.    Hoy somos más fuertes.   Y toda la fuerza que recibamos de los compañeros  será para cambiar la Fiscalía en un contexto de regeneración democrática.

viernes, 19 de septiembre de 2014

EL CONSEJO FISCAL CONFORME CON EL NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Vengo diciendo desde hace tiempo que ni AF ni UPF están en posición objetiva para defender los derechos de los fiscales frente a la jerarquía de la Carrera.  No lo están porque ellos forman parte de esa jerarquía.   Demasiados cargos que defender (hoy están a codazos por las vacantes de fiscal de Sala que se resuelven en los próximos meses, eso si les preocupa).   Acaban de informar favorablemente -con alguna modificación sobre delegaciones del Promotor de la Acción Disciplinaria en la Inspección, según escuetamente nos dicen en un Comunicado los vocales de la AF además de alguna otra que no precisan: compañeros del Consejo, os pido mucha más transparencia, este tema es demasiado importante para los fiscales para ir con generalidades- un proyecto de régimen disciplinario para la Fiscalía que no añade ni una garantía procedimental en favor de los fiscales; con un Promotor de la Acción disciplinaria elegido discrecionalmente por el FGE (que es quien decide las máximas sanciones), en lugar de por los Fiscales en elección libre, directa y secreta, como defiende la APIF; con la previsión de que la Permanente del Consejo Fiscal, formada por los tres vocales natos del Consejo y tres electivos, pueda "ordenar" al Promotor que incoe expedientes contrariamente a su voluntad; que acentúa el poder de la jerarquía; que aumenta las multas (hasta 10.000 euros con nuestros sueldos menguando); que aumenta los plazos de prescripción de las mismas; que no recoge el acoso laboral (ni sexual) como conducta sancionable (os aseguro que en la APIF no vamos a tolerar ni un acoso laboral más en la Fiscalía española, ni ninguna negligencia más en su persecución y castigo, y que iremos a la jurisdicción que sea precisa para evitar esta lacra y contra quien haga falta ir); que no recoge como falta disciplinaria ni siquiera la omisión del deber de tramitar el procedimento del art. 27 del Estatuto; que se enfoca solo a preservar la disciplina interna sin conectarlo con el principio de unidad de actuación, como si fuéramos legionarios en Bosnia en vez de fiscales...   Todo con la "transparencia habitual" de un Consejo Fiscal incapaz de defender a los fiscales que les hemos elegido, y alineado con la jerarquía de la Institución, que es con quienes están más cómodos.  A la AF, incluso, le parece que en el Proyecto hay demasiadas garantías, ya que para expulsar a un fiscal debe bastar con el voto de dos tercios del Consejo, sin ser necesario el del FGE.   Parece que le han encontrado el gusto a esto de echar a la gente.  Transcribo lo que dice el Comunicado del Consejo Fiscal sobre el nuevo régimen disciplinario:

QUINTO. Propuesta de modificación del EOMF. 
La oportunidad coyuntural que la tramitación del Anteproyecto de LOPJ nos ha conferido para realizar la reforma al Estatuto con el fin de adecuarlo a dicho Anteproyecto justifica la elaboración de la presente propuesta en materia de régimen disciplinario, no regulada actualmente. Debemos destacar que la 
necesidad de tramitación conjunta con el texto del ALOPJ ha determinado la urgencia en el tratamiento de la materia. 
El Consejo Fiscal, tras el debate del texto presentado y de los informes aportados por las asociaciones y algunas Fiscalías, informa favorablemente la propuesta de modificación. 

A continuación encontraréis enlaces con el Proyecto y el informe de la APIF sobre el texto.

Propuesta de reforma de la FGE sobre el régimen disciplinario de los fiscales
Informe de la APIF a la anterior propuesta de reforma