viernes, 26 de septiembre de 2014

UN GRAN JURISTA: ALBERTO MANUEL LÓPEZ

Acaba de publicar en la Revista Jurídica La Ley un gran artículo el fiscal destinado en Jaén Alberto Manuel López que se titula "La motivación de los actos del Ministerio Fiscal".    Aborda ese fiscal la importancia de la motivación de los informes y resoluciones como instrumento preventivo de la arbitrariedad.    Se refiere no solo a la motivación de los actos procesales en los que inteviene el Fiscal, materia no regulada en el Estatuto salvo en el ámbito disciplinario, sino que aborda también la cuestión de la falta de motivación de los actos administrativos del Ministerio Fiscal.  A tal efecto, señala la vinculación de la Fiscalía a la legislación administrativa ordinaria que exigen normalmente motivación de los actos administrativos.   Recordemos que en el ámbito interno de la promoción profesional en la Fiscalía la motivación es la excepción, no la regla, empezando por el FGE que no se siente en la obligación de motivar jamás un nombramiento, y el Consejo Fiscal, ni se lo exige, ni por su parte explicita las razones de sus decisiones en la materia.    El artículo de este gran jurista, cuya lectura recomiendo encarecidamente a todos los fiscales, viene ilustrado con un importante cuerpo de jurisprudencia muy clarificadora de la situación obsoleta en la que se encuentran las prácticas habituales en nuestra institución.   Una situación obsoleta, digo, que se mantiene por la obstinación de quienes se benefician profesionalmente de la misma al hacer imposible el control jurisdiccional de nombramientos arbitrarios, y varias consecuencias, todas negativas, pero una muy principal que es la extrema politización de la Fiscalía española.

jueves, 25 de septiembre de 2014

COMUNICADO APIF TRAS LA DIMISIÓN DEL MINISTRO DE JUSTICIA


Ante la dimisión presentada por el Ministro de Justicia Sr. Ruiz Gallardón, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, sin perjuicio de reconocer el gesto personal de la dimisión, manifiesta lo siguiente:
                   

1.  La gestión del Ministro de Justicia ha empeorado objetivamente la situación respecto de cómo la encontró hace tres años a pesar de las ilusiones que su llegada alimentó en algunos y que pronto decepcionó.    El incumplimiento de la promesa electoral del PP sobre la despolitización de la Justicia, básicamente a través de la reforma de la LOPJ en cuanto al sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, y el mantenimiento de la intensa politización en la Fiscalía son los dos grandes baldones que pesan sobre su gestión.

 
2.   La Ley de tasas, que a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional, supone una restricción importante al derecho de los ciudadanos a reclamar ante la administración de Justicia; la eliminación de los jueces y fiscales sustitutos pero con mantenimiento de eméritos en Fiscalías sin sobrecarga de trabajo; la inexplicable cicatería en aumentos necesarios de plazas en la Carrera fiscal que no tendrían ninguna repercusión presupuestaria; la pereza legislativa a la hora de afrontar de una vez la modernización del Ministerio Fiscal; los retrasos en la implantación de un sistema informático eficaz para la Justicia y en particular en la Fiscalía; la treta -tan frecuente entre nuestros políticos- de pretender aparentar que se solucionan problemas complejos con simples reformas del Código Penal; la elección para los más altos cargos de la Justicia a juristas conocidamente afines; la incapacidad de tratar con los colectivos de la Justicia, sobrando algunas expresiones ofensivas e innecesarias; la merma retributiva y una gestión alimentada básicamente de gestos, deja a la Justicia peor de lo que estaba por difícil que pudiera parecer cuando tomó posesión. 

 
3.  Nos encantaría, dada la elegancia de su dimisión, poder señalar algunas cosas positivas, alguna mejora perceptible, pero nos resulta complicado.    En todo caso, esperamos que durante el tiempo que resta de legislatura el nuevo titular del Ministerio sea capaz de cambiar la dinámica actual, iniciar una fase de diálogo, despolitización y mejora real de la Justicia en beneficio de la sociedad.    

 

 

Madrid, a 24 de septiembre de 2014

 

La Comisión Ejecutiva de la APIF

martes, 23 de septiembre de 2014

ÉTICA, COMPAÑERISMO Y HUMANIDAD, por PILAR ÁLVAREZ, Fiscal.

Desde ayer estoy madurando la idea de escribir estas líneas y creo que estoy en la obligación moral de hacerlo. Y por qué desde ayer se preguntará más de uno, pues, entre otras cosas, porque me contaron una historia terrible que exige que de una vez por todas digamos lo que muchos pensamos pero no nos atrevemos a decir en voz alta. Somos una Carrera de rumores y de dimes y diretes. Me han dicho que fulanito es un peligro o que se escaquea, y eso lo vamos propagando de café en café hasta que se convierte en realidad virtual de esta carrera nuestra. Para ejemplo el tan conocido por todos, hasta el aburrimiento, añadiría yo, caso Frago. Esos rumores incesantes de "hay mucho más" que nadie concreta pero que avalan en la consciencia de muchos la expulsión de un compañero vulnerando sus derechos y el principio de legalidad que todos prometimos un día defender. Muchos saben que nunca me ha atraído la pesca, con todos mis respeto a los pescadores, alguno de los cuales aprecio mucho, y mucho menos la pesca en río revuelto, pero todos leímos la afirmación que de la APIF y de mi misma hizo una asociación supuestamente hermana. Y así podría nombrar múltiples ejemplos, el mío sin ir más lejos. Muchos, o la mayoría, conocen que hace unos años presente una queja y una denuncia contra mi Fiscal Jefe. Al final la denuncia quedó en un cajón para siempre y la queja la resolvieron de aquella manera dos años después. Pero a lo que iba es que me ha llegado la noticia cierta, por dos testigos directos de las conversaciones que además son absolutamente fiables, que en la Fiscalía General, al parecer, hay más de uno que me conoce por "esa chica que se queja tanto". Sí esa chica que se queja tanto, lo que viene a ser llamarme quejica. Ahora bien se olvidan, esos que así me llaman, de añadir alguna explicación a que se guardaran esas quejas en los cajones durante años. Defender los derechos de uno no es ser quejica, es ser valiente, y mucho, en esta Carrera nuestra donde se echan de menos los derechos y las garantías. Si uno cree que está siendo tratado injustamente, en mayor o menor medida, tiene derecho a quejarse, a buscar soluciones. Y ya está bien de tanta rumorología, frases inconclusas y conversaciones de café. El que tenga algo que decir que lo diga claramente y lo demuestre con hechos y pruebas. Lo contrario, en ocasiones, causa un daño terrible al agraciado con los rumores. Por ello, señores y señoras, seamos serios, somos Fiscales y con rumores y sospechas lo único que debemos hacer, como hacemos sobre el papel que despachamos diariamente, es pedir un sobreseimiento provisional, cuando no un archivo directo. En las conversaciones de café apliquemos la misma regla, que la humanidad y el compañerismo debe ser lo último que perdamos junto con la dignidad.

lunes, 22 de septiembre de 2014

LA APIF CRECE

En la Fiscalía poca gente da el paso de asociarse.    La mayoría de los fiscales (casi el 70 por ciento) no están asociados.   Está por hacer un estudio de esa desconfianza a la agrupación en la defensa de los intereses profesionales, pero es la realidad.     Una realidad tan evidente como la de que la Fiscalía, la Justicia española e incluso la democracia española necesitan de cambios.   En cuanto a la Fiscalía los cambios son urgentes para que la institución funcione dignamente; para que cumpla su papel especialmente en los delitos que afectan directa o indirectamente al poder político y económico que han conseguido infiltrarse en la Institución; para que se convierta en garante de que la ley se va a aplicar sin distinciones tanto al más poderoso como al más vulnerable.    En ese terreno hay mucho que trabajar, pero en ese terreno solo trabaja hoy una asociación, la APIF.   Una asociación que rechaza la injerencia política en la Justicia, en la Fiscalía y en la Judicatura. No solo que la rechaza: que la combate.    Una asociación comprometida con los derechos de los fiscales frente a los abusos de la jerarquía.   Ah, ¿pero hay abusos, dirá alguno?.   Pues claro: hay abusos en la promoción profesional, hay abusos en la hiperprotección de la jerarquía frente a los fiscales de a pie.   Por ejemplo, no está sancionado disciplinariamente el acoso laboral, en una carrera absolutamente jerarquizada.   ¿Como es eso posible?  Pues lo es porque quien ha mandado en la Carrera durante décadas no lo considera necesario.   ¿Y existen esos casos de acoso laboral, dirá otro?  El escenario para que ocurra es perfecto: jerarquía, todo por confianza, poder, y falta de controles.   Hay gente que en diversos lugares se queja de ello y la APIF va a actuar de manera enérgica en esta materia: ni una baja más por depresión en casos de abusos.  Insisto, iremos donde haga falta.  Hay abusos de otra índole claro: infinidad de cosas aquí se cocinan antes de entrar en el conducto reglamentario establecido.  Yo mismo me presenté hace unos años a una plaza, por ejemplo, en la que tuve que presenciar la felicitación a otra candidata por su nombramiento antes de la votación del Consejo: todo estaba ya cocinado.    Las influencias en este sentido se ejercen en la jerarquía por aquellos quienes la componen.  Los fiscales disconformes con distribuciones de trabajo, con conflictos con la jefatura, van a buscar amparo de sus reclamaciones a los órganos establecidos por la jerarquía y compuestos por la jerarquía.   Nada hay independiente, nada con garantías de imparcialidad en la institución.   Los expedientes disciplinarios -incluso con la reforma del Estatuto propuesta por el Consejo Fiscal- empiezan por fiscales elegidos discrecionalmente por el FGE y terminan decididos en sus casos más graves por el propio FGE.   ¿Es una broma?   No, es lo que tenemos.   Y además, y por si fuera poco, el sistema no funciona.   Los fiscales de trinchera viven en un mundo diferente al de la jerarquía, y ven no solo como sus condiciones de trabajo empeoran sino que padecen un ninguneo impropio (los concursos, las sustituciones, el sistema informático, la estadística, las retribuciones).   Pocos le deben aquí más a su competencia y a su eficacia que a su lealtad a una asociación dominante o a la confianza de quien da el cargo.  La  opacidad en los méritos y deméritos es absoluta.    Y la opacidad en el Consejo Fiscal la conocemos todos.   Por eso hay mucho que cambiar, mucho.    Mucha gente que yo conozco, compañeros que están en esas asociaciones mayoritarias, piensan lo mismo, que hay mucho que cambiar.   Ahora han de reflexionar si el cambio necesario, que va a venir necesariamente, puede proceder de quien mantiene este sistema durante décadas o habrá que hacerlo a pesar de ellos.  

En estas, la última semana se han afiliado a la APIF un importante número de fiscales.   Fiscales con anhelos de cambios, con hartazgo, con ganas de encontrar -como yo y como otros muchos- una salida a una institución que queremos pero que no ha conseguido evolucionar a mejor, sino a peor.    Aquí estamos para cambiar esto, sin miedo y con plena confianza.    Hoy somos más fuertes.   Y toda la fuerza que recibamos de los compañeros  será para cambiar la Fiscalía en un contexto de regeneración democrática.

viernes, 19 de septiembre de 2014

EL CONSEJO FISCAL CONFORME CON EL NUEVO RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Vengo diciendo desde hace tiempo que ni AF ni UPF están en posición objetiva para defender los derechos de los fiscales frente a la jerarquía de la Carrera.  No lo están porque ellos forman parte de esa jerarquía.   Demasiados cargos que defender (hoy están a codazos por las vacantes de fiscal de Sala que se resuelven en los próximos meses, eso si les preocupa).   Acaban de informar favorablemente -con alguna modificación sobre delegaciones del Promotor de la Acción Disciplinaria en la Inspección, según escuetamente nos dicen en un Comunicado los vocales de la AF además de alguna otra que no precisan: compañeros del Consejo, os pido mucha más transparencia, este tema es demasiado importante para los fiscales para ir con generalidades- un proyecto de régimen disciplinario para la Fiscalía que no añade ni una garantía procedimental en favor de los fiscales; con un Promotor de la Acción disciplinaria elegido discrecionalmente por el FGE (que es quien decide las máximas sanciones), en lugar de por los Fiscales en elección libre, directa y secreta, como defiende la APIF; con la previsión de que la Permanente del Consejo Fiscal, formada por los tres vocales natos del Consejo y tres electivos, pueda "ordenar" al Promotor que incoe expedientes contrariamente a su voluntad; que acentúa el poder de la jerarquía; que aumenta las multas (hasta 10.000 euros con nuestros sueldos menguando); que aumenta los plazos de prescripción de las mismas; que no recoge el acoso laboral (ni sexual) como conducta sancionable (os aseguro que en la APIF no vamos a tolerar ni un acoso laboral más en la Fiscalía española, ni ninguna negligencia más en su persecución y castigo, y que iremos a la jurisdicción que sea precisa para evitar esta lacra y contra quien haga falta ir); que no recoge como falta disciplinaria ni siquiera la omisión del deber de tramitar el procedimento del art. 27 del Estatuto; que se enfoca solo a preservar la disciplina interna sin conectarlo con el principio de unidad de actuación, como si fuéramos legionarios en Bosnia en vez de fiscales...   Todo con la "transparencia habitual" de un Consejo Fiscal incapaz de defender a los fiscales que les hemos elegido, y alineado con la jerarquía de la Institución, que es con quienes están más cómodos.  A la AF, incluso, le parece que en el Proyecto hay demasiadas garantías, ya que para expulsar a un fiscal debe bastar con el voto de dos tercios del Consejo, sin ser necesario el del FGE.   Parece que le han encontrado el gusto a esto de echar a la gente.  Transcribo lo que dice el Comunicado del Consejo Fiscal sobre el nuevo régimen disciplinario:

QUINTO. Propuesta de modificación del EOMF. 
La oportunidad coyuntural que la tramitación del Anteproyecto de LOPJ nos ha conferido para realizar la reforma al Estatuto con el fin de adecuarlo a dicho Anteproyecto justifica la elaboración de la presente propuesta en materia de régimen disciplinario, no regulada actualmente. Debemos destacar que la 
necesidad de tramitación conjunta con el texto del ALOPJ ha determinado la urgencia en el tratamiento de la materia. 
El Consejo Fiscal, tras el debate del texto presentado y de los informes aportados por las asociaciones y algunas Fiscalías, informa favorablemente la propuesta de modificación. 

A continuación encontraréis enlaces con el Proyecto y el informe de la APIF sobre el texto.

Propuesta de reforma de la FGE sobre el régimen disciplinario de los fiscales
Informe de la APIF a la anterior propuesta de reforma



lunes, 15 de septiembre de 2014

UN NUEVO CENTRO DE PRÁCTICA JURÍDICA

Hace algunos meses me habló Purificación Pujol -mujer emprendedora donde las haya, jurista y autora de diversos libros jurídicos, además de tener con ella vínculos de parentesco- de la creación de una nueva Escuela de Técnica Jurídica y me invitó a formar parte del primer Consejo Académico, al que me siento muy satisfecho de pertenecer -siempre con el compromiso de no cobrar yo personalmente nunca ni un euro por estar ahí-.     Estoy a favor de todo lo que contribuya a mejorar el nivel de los operadores en la Justicia (en este caso, básicamente, los abogados) y este nuevo Centro plantea la enseñanza desde un punto de vista fundamentalmente práctico y en la búsqueda de la excelencia a través de un profesorado cuidadosamente elegido, con unos programas del máximo interés.   Espero que sea finalmente un proyecto útil para mejorar nuestra Justicia (empieza con un curso práctico de derecho civil), ya que me consta que hay muchas ilusiones puestas en el mismo.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

¿QUE BUSCAN CON ESO?

El día 31 de julio pasado la FGE remitió a los fiscales a través del correo electrónico oficial (que funciona de pena: yo, por ejemplo, no lo he recibido) un proyecto muy importante para los fiscales.  Se trata del establecido para reformar el régimen disciplinario de la Carrera Fiscal, hoy huérfano por completo de garantías, y que trata de adaptarse al establecido a la Carrera Judicial.  Pero lo adaptan a su manera.  Como la estructura de la Judicatura y de la Fiscalía son diferentes, el proyecto hace una adaptación particular haciendo recaer en el FGE básicamente la responsabilidad de elegir al Promotor de la Acción Disciplinaria y también de decidir la sanción, especialmente las más graves.   Parece una broma, pero eso de la separación entre quien investiga y quien juzga no ha llegado a la Fiscalía.    La APIF -a pesar de que nos hemos enterado en septiembre de ésta modificación y de que no se nos ha dado traslado del informe del Consejo Fiscal sobre el Proyecto-  ha hecho una crítica muy severa del mismo, que entiendo avoca a la Fiscalía a ser considerada como una institución de perfiles autoritarios, mucho más de lo que ahora mismo lo es para quien así lo crea.   Se suben las multas, se aumentan las sanciones, se aumentan los plazos de prescripción, se aumentan asimismo las infracciones y no se recogen como infracción abusos laborales, sexuales, abusos en la distribución de trabajo o en los visados; ni siquiera se considera falta, al menos para compensar el gran número de preceptos que sancionan las desobeciencias de los fiscales, la omisión de la tramitación por los jefes del procedimiento establecido en el art. 27.   No interviene parte alguna imparcial en el proceso y da la sensación de que si se quisiera una carnicería, están las herramientas listas.   Un régimen impropio de estos tiempos, o quizá no.   En todo caso, confiemos en el buen sentido de la Institución, y que se acepten la mayor parte de las enmiendas que apuntamos que no tienen otro objetivo que mejorar la Fiscalía y la Justicia.

lunes, 1 de septiembre de 2014

NUEVO CURSO, TRAS DOS AÑOS Y MEDIO PERDIDOS

Para la Fiscalía han sido dos años y medio perdidos, tirados alegremente, sin afrontar reforma alguna que deje una huella en años venideros.   Lo más remarcable de lo ocurrido en este tiempo ha sido la separación abusiva de un fiscal -y el bochorno de que los Tribunales reprochen a la Fiscalía esos abusos ante la indiferencia de la jerarquía que "ha acatado" el fallo sin mover un músculo-, y la constatación de que la jerarquía sigue imponiendo su ley con el apoyo del Consejo Fiscal.   (Por cierto, parece que llega al TS una inhibición de una Juez de Instrucción que ve responsabilidades penales en una aforada por falsificación de documentos incorporados al expediente que determinó la expulsión del compañero: tema grave, grave).  Así las cosas no hay manera de encontrar amparo ante distribuciones de trabajo contestadas por la inmensa mayoría de la plantilla, o ante actuaciones arbitrarias (o no justificadas) de ciertos jefes que obligan a acudir a contenciosos a los afectados.  No se ha avanzado nada (es triste decirlo, nada) en cuestiones de transparencia; la inspección fiscal necesita un aggiornamiento urgente; el Libro Blanco se ha quedado en otro texto más para estudiosos; el sistema informático de la Fiscalía sigue siendo desastroso (la jerarquía dice, como suele ser corriente, que la culpa no es de la Fiscalía); seguimos teniendo que hacer estadísticas inútiles; las dos asociaciones mayoritarias siguen decidiendo con criterios asociativos quien progresa y quien no en la Carrera (salvo alguna corrección del FGE, que hemos agradecido puntualmente); la Fiscalía sigue sin contar con mecanismos de protección frente a abusos del FGE; seguimos sin ser eficaces en la lucha contra la corrupción política y económica (yo veo ciertos delitos económicos que la Fiscalía no ve, curioso); sigue la politización; y sigue la indiferencia ante las escandalosas condiciones de trabajo que sufren muchos fiscales (incluyendo penosas retribuciones), entre las que cabe reseñar la existencia de acosos laborales que la APIF va a empezar a denunciar.

Queda un año y medio, y ahora se anuncia la distribución de un proyecto de Estatuto elaborado por la Fiscalía.  Veremos si es el mismo que se filtró ya hace algo más de un año.    Solo con que el FGE consiguiera cambiar el funcionamiento de la Inspección (no simplemente con un cambio de jefes, claro), convirtiéndolo en un órgano positivo, un órgano capaz de servir para evaluar el trabajo de los fiscales, para actuar con independencia del FGE, para ser riguroso en su actividad disciplinaria, para conocer las necesidades de la Fiscalía, para actuar cerca y en conexión con los fiscales, para servir de amparo efectivo a estos cuando sufran abusos, la contribución de Eduardo Torres Dulce en su paso por la FGE sería positivamente recordada, al menos en parte.   Y si diera algún paso hacia la transparencia del funcionamiento de la Fiscalía, ni te cuento.

miércoles, 23 de julio de 2014

ESTO FUNCIONA MAL PARA ESTOS DELITOS

Leo consternado que la adjudicación de una caja catalana a un banco le cuesta al Estado más de 11.000 millones de euros (casi dos billones de ptas., algo que cuesta imaginar), cifra que se corresponde con la mayor parte del dinero invertido en su rescate.   Nos dijeron que estas cosas no iban a costar nada al contribuyente: o calcularon de pena o nos engañaron.  Pero si eso me escandaliza desde fuera, ya que yo no soy economista y supongo que quienes rescataron el banco optaron por la solución menos mala, lo que me sorprende desde dentro es que pasados ya varios años tras las crisis, la reacción de la Justicia contra esos desmanes ha sido tibia.  Oiga, que estamos hablando de mucho dinero y dinero de todos los españoles.  Y una crisis añadida que obliga a una generación de jóvenes a buscar su futuro fuera de España y que ha elevado el desempleo hasta casi el 30%.  Ni se han considerado las preferentes como una estafa organizada cuando se emiten por entidades en quiebra técnica; ni se han considerado estafas las ampliaciones de capital sobre la base de unas cuentas evidentemente inveraces.  No se han acordado prisiones provisionales como regla general (ni particular), no se han desvelado judicialmente las complicidades políticas con los rectores de las cajas.   Sabemos muy poco de porqué se ha perdido todo ese dinero, quien se aprovechó de él, quien tiene que devolverlo.   Han pasado unos años, los rectores de esas cajas y bancos en crisis han superado los primeros impactos mediáticos y ahora, lentamente, nos vamos dando cuenta de hasta que punto nos han engañado, nos han timado.    El sistema judicial, para este tipo de delitos, funciona fatal.

sábado, 19 de julio de 2014

LA TORTURA EN ESPAÑA

Estuve ayer en el acto que en el Círculo de Bellas Artes de Madrid tuvo lugar para que mi querido Carlos Jiménez Villarejo anunciara su renuncia al escaño en el Parlamento Europeo, para el cual fue elegido recientemente.   Carlos renuncia, pero yo le vi tan fuerte, tan ilusionado como siempre.   Lo he dicho varias veces aquí: todos tenemos cosas que pueden ser reprochadas, pero Carlos ha sido para mi el modelo de fiscal que yo tomé hace tiempo.   Tras su lamentable depuración en la Fiscalía  Anticorrupción se jubiló anticipadamente, pero siguió en la lucha por sus convicciones.   Y ahora, tras lo ocurrido estos meses con su "fichaje" por Podemos, su elección y su dignísima renuncia (según parece, situaciones de parlamentarios europeos que renuncian a ese momio solo por considerar que sus fuerzas no son las de antes ha habido muy pocos), estoy seguro de que seguirá en la pelea.

Carlos habló ayer de la tortura en España, de la denuncia que ha hecho de la misma en el Parlamento Europeo, y tomó como referencia una reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la que se absuelve a unas decenas de acusados por pertenencia a organización criminal tras anular sus declaraciones policiales y señalar la necesidad de conferir de mayores garantías las declaraciones judiciales prestadas tras una incomunicación.   También hizo referencia, y a esto me quiero ahora centrar, a la última Memoria de la FGE en la que se señala que el año pasado hubo hasta 106 Diligencias Previas por torturas en España, 95 por tratos degradantes realizados por funcionarios públicos, y 8 por omisión de la obligación de impedir torturas, con un incremento de la cifra de Previas por torturas de más de un 130% respecto del año anterior.  La lectura del texto de la Memoria tiene un apartado específico sobre este particular que evidencia por un lado los problemas de estadística en la FGE -dadas las deficiencias del sistema informático- que obliga en gran medida a registrar "palote a palote".   Pero por otro, la Memoria señala la existencia de un problema que crece.  A mi me parece que la tortura (incluso en sus modalidades menos penadas) es un delito que puede ser reducido en España incrementando los controles.    No estoy de acuerdo con las afirmaciones de que haya aquí torturas generalizadas: sencillamente, yo no me lo creo y no veo evidencias de ello. Pero los datos muestran que se dan malos tratos, que se atenta contra la dignidad de las personas y que también se recogen algunos casos de tortura pura y dura; y además que esto está ocurriendo de manera creciente.  Contra eso hay que luchar de manera comprometida.  Esta es una ocasión para que la FGE ponga en marcha mecanismos específicos para la prevención y castigo de estas conductas, ligadas a la protección de los derechos humanos y también a la validez de las pruebas de cargo.    Sobre este tema hay que estar siempre en guardia, no desdeñar las denuncias por creer de entrada en el buen funcionamiento del sistema.  Hay que verificar lo que ha ocurrido, y para ello tenemos instrumentos: ver el Protocolo de Estambul de 1999, que además de nuestra jurisprudencia ha de servir de referencia.  El mayor número de condenas del TEDH a los Estados en esta materia se producen no por las torturas en si mismas, sino por no investigarlas, ya que hay un deber de investigar por parte del Estado, ligado al derecho a no sufrir torturas ni tratos infamantes por parte de los ciudadanos.    La Fiscalía General tiene ahí, en mi opinión, algún trabajo que hacer.


sábado, 12 de julio de 2014

LA TRANSPARENCIA SEGÚN EL CONSEJO FISCAL

He recibido un email con los acuerdos de la sesión última, celebrada en Barcelona, del Consejo Fiscal.  Si ese es el concepto de transparencia que van a mantener durante cuatro años, vamos listos.   Todavía tengo en la cabeza, y no lo mencionaría sino fuera porque quiero dar las gracias públicamente al FGE por no seguir el parecer del Consejo Fiscal, el caso del nombramiento de Teniente de la Fiscalía del TC.   Lo que hicieron fue lo de siempre: los de la AF, al candidato de la AF.  Los de la UPF, al de la UPF.  ¿Y los que no son de la AF o de la UPF?  Pues, eso, que se j...  Tengo claro que no hay un derecho de los fiscales a ser votado favorablemente, pero creo que lo mínimo es exigir una evaluación imparcial y una motivación suficiente.  Nos privan de ambas cosas.  Después de perpetrar la votación, ninguna explicación; ninguna razón de porqué no votaron al más antiguo -el número 54 del escalafón, según mi cálculo-, al único de los votados que había sido fiscal jefe (no se quien más aspiraba a la plaza), al que llevaba más tiempo en el Tribunal Constitucional.  Lo dejaron con 0 votos.   Me dicen cosas impublicables sobre las razones del veto: espero que no sean ciertas.  Pero está claro que por esta línea, ni mérito ni capacidad; y desde luego, olvidémonos de cambios hacia una mayor transparencia y menos arbitrariedad en la Fiscalía.   Gracias, Eduardo, por no seguir el consejo del sectarismo militante.

Seguimos igual ahora.  No sabemos quien pide las plazas, algo imprescindible para poder saber si los compañeros del Consejo actúan o no con arbitrariedad.   No sabemos porque votan a unos y no a otros, y la Inspección Fiscal no hace público (creo que ni siquiera se elabora) el informe que está previsto en el art. 13.2 del EOMF, por el Servicio Permanente de Valoración.   ¿Pero es que nadie en el Consejo Fiscal considera que hace falta un informe así que además está previsto en la ley?  ¿Es que nadie quiere tener esos datos para garantizar el acierto en la elección? ¿Es que a nadie realmente le importa el trabajo de muchos años que han hecho compañeros que no pertenecen a sus asociaciones? ¿Es que no pueden distinguir lo que son méritos profesionales de lo que son afinidades asociativas?   Pues parece que no.   La opacidad, la oscuridad en la toma de decisiones es en si misma sospechosa de arbitrariedad.  Y cuando encima el resultado parece arbitrario, pues eso.   Muchos años haciendo lo mismo han configurado un Ministerio Fiscal ideologizado, insensible a valores como es el mérito y la capacidad, si viene de quien no comparte tu ideología.   El otro día, un compañero joven, completamente asimilado a la doctrina imperante -y asociado- me sostenía delante de testigos que "si todos valemos para todo, es lógico que las asociaciones se inclinen por los propios asociados".   Estáis, queridos compañeros, fomentando ese pensamiento entre algunos jóvenes fiscales: lo esencial es la militancia y para justificar eso, se ningunean los méritos de la gente.  Estáis, queridos amigos, castigando al Ministerio Fiscal al privarle del talento independiente, y también a muchos fiscales que no están de acuerdo con vosotros.  Y os cargáis de manera deliberada el esfuerzo, la inteligencia, el mérito y la libertad de criterio.

En la plaza en comisión de servicios para el Tribunal Supremo no se le dice a la Carrera, como si no importara,  quien vota a quien y las razones de ello.  No sabemos los candidatos y por tanto no podemos contrastar nada.    Lo de siempre.

El segundo punto aborda la aprobación de una propuesta de reforma del EOMF en materia de responsabilidad de los miembros del Ministerio Fiscal.   Yo no he visto ningún documento sobre eso, y me gustaría que antes de que el Consejo Fiscal aprobara algo los fiscales pudiéramos haber dicho que nos parece.   ¿Se trata de endurecer el régimen disciplinario, o de regularlo con un mínimo de garantías?  El asunto de la expulsión de un fiscal con vulneración de sus derechos fundamentales debería inquietar alguna conciencia, pero de ello hace ya más de un año y no veo mucho propósito de enmienda en el patio.

No se nada de los Anteproyectos que se informan, y tampoco nos dice nada el Consejo en su nota informativa.   Voy ha intentar hacerme con el de Eurojust para escribir sobre él en cuanto lo reciba.
Si se creen que con estos comunicados algunos nos vamos a quedar tranquilos están muy equivocados.   Estas magras y genéricas explicaciones no son transparencia, porque de su lectura no nos enteramos de nada de lo que afecta a la Carrera Fiscal.