martes, 4 de junio de 2019

LA FISCALÍA Y EL JUICIO DEL PROCES

Cada uno tiene una opinión sobre el juicio del proces, sobre la actitud del Presidente de la Sala, sobre lo que se ha dicho por los testigos y peritos, sobre si ha habido o no violencia bastante para constituir un delito de rebelión.   También sobre si los fiscales han estado bien o no, sobre si ha habido algunos más sólidos que otros y demás.  En mi opinión han estado en conjunto muy bien.  Yo sabía que el informe de Fidel Cadena iba a ser una lección magistral de derecho penal y así ha sido.   Un fiscal técnico como he conocido pocos.    También sabía que Javier Zaragoza era capaz de conectar con quien le escucha de manera natural porque tiene un estilo directo muy eficaz en conferencias y sobre todo en las vistas al interrogar y al informar.    Se de la eficacia de Jaime Moreno (otro técnico notabilísimo y muy buena persona además) y de Consuelo Madrigal.  Pero lo que más me ha gustado de la Fiscalía en este caso complicadísimo para llevar ha sido la total autonomía con que estos cuatro pesos pesados han conducido su trabajo en el proceso.   El mérito de ello es suyo y también de la Fiscal General del Estado, que finalmente ha resultado ser lo que uno espera de un Fiscal General, alguien que defienda a los fiscales en su trabajo profesional en lugar de alguien que interfiera en el mismo.   A veces vivimos tiempos buenos en la Fiscalía y arrastrados por el impacto de los malos (que suelen ser más) no los valoramos como se debería.   Estos están siendo tiempos buenos bajo el mandato de Maria José Segarra, que desde un punto de vista profesional se está ganando el derecho a seguir en su puesto.   Y si no sigue por esas cosas de la política, siempre podrá decir que ella dio ejemplo.

jueves, 9 de mayo de 2019

CAMBIO PROCESAL EN EL PROGRAMA DEL PSOE

Se puede leer en el programa electoral del PSOE, partido que con toda seguridad va a gobernar España en los próximos años,  entre sus compromisos lo siguiente:

"Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que garantice un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales".

Estoy de acuerdo con ese cambio siempre que como condición previa se refuerce la posición institucional de imparcialidad del Ministerio Fiscal eliminando la influencia política del Gobierno sobre la institución.   Ese cambio no lo defiende el PSOE; de hecho se ha opuesto al mismo en varias ocasiones defendiendo que el Fiscal debe estar en la órbita gubernamental porque el Gobierno lo necesita como instrumento para realizar su política criminal.   A mi modo de ver, se trata de cosas contradictorias: o el Fiscal investiga los delitos con imparcialidad o es el instrumento de la política criminal del Gobierno.  Pero las dos cosas no.   Asumir que se va a sustituir a los jueces de instrucción independientes en la investigación de los delitos por un órgano del que se defiende su vinculación al Gobierno y todo ello sobre la bandera de fortalecer las garantías constitucionales es como tomarnos un poquito el pelo en mi opinión.   Otra cosa sería que efectivamente el Gobierno declinara en el Parlamento gran parte de sus potestades para elegir al FGE y se modificara el EOMF para fortalecer la independencia del FGE.   En ese caso, si a la dirección de la investigación por el Ministerio Fiscal, y si rotundamente.  Pero de otro modo, párense un momento a pensar qué hubiera sido de todos los casos de corrupción que hemos padecido en estos últimos años si la llave de esas investigaciones estuviera en manos únicamente de un Fiscal dependiente del Gobierno.  

lunes, 1 de abril de 2019

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA FISCALÍA

Que es necesario acabar con el Reglamento del Ministerio Fiscal de 1969 es una evidencia.  Es un Reglamento inútil por haber sido superado por la normativa vigente, por ser anterior a la Constitución y al Estatuto del Ministerio Fiscal.   Por ello se ha elaborado de manera opaca un nuevo borrador de Reglamento de la Carrera Fiscal con incierto futuro, puesto que va a depender del resultado de las elecciones y la configuración de un nuevo Gobierno.   He leído los primeros Títulos del mismo, ya que la Fiscalía General ha diseñado un sistema periódico de informes sobre el mismo.  Tengo la sensación de que no es un Reglamento elaborado para cambiar la Fiscalía, para dotarla de la agilidad que demanda una institución corta de medios y larga de funciones.   Que se continúan manteniendo, sin contrapeso alguno, la abrumadora e insólita en el derecho europeo comparado estructura jerárquica de la institución en la que más que un Fiscal General hay un virrey con los máximos poderes no aminorado su poder interno por ningún órgano que asuma papeles de codecisión en cuestiones fundamentales, y desde ahí, para abajo todo es jerarquía.   No son tiempos ya para virreyes en tiempos en que la transparencia es ya una obligación legal, en las que el Consejo de Europa y la Unión Europea se preocupan por los sistemas judiciales, en los que está prohibida la arbitrariedad en los poderes públicos y menos en una institución que vuelca su actividad principal en el ejercicio de la acción penal.   No me conformo con que el Fiscal General o la Fiscal General sea mejor que los anteriores.   Creo que es malo para la Justicia y para casi todo (quizá no sea así en la cabina de un avión o en un quirófano) en democracia los poderes absolutos.  Este Reglamento creo que va en esa línea.

viernes, 25 de enero de 2019

DESPERDICIO DE RECURSOS EN LA JUSTICIA

La estructura de los recursos en el proceso penal ha variado sustancialmente en nuestro país desde 2015.   Rige actualmente la doble instancia penal en la generalidad de los asuntos, y además todos ellos tienen potencialmente acceso al recurso de casación con diverso alcance.   Todo está bien y es la respuesta lógica que se da a una exigencia -tanto tiempo postergada- de garantizar un justo proceso.  Pero la realidad es que con este sistema competencial, demasiados jueces invierten demasiado tiempo en la resolución de cada asunto, que tiene ahora dos o tres instancias.  Así, en el caso de delitos castigados con penas de más de cinco años de prisión, tres magistrados conocen del asunto en primera instancia; otros tantos, abordarán el asunto en apelación; y por último, cinco magistrados cerrarán jurisdiccionalmente el asunto en casación.   El mayor atasco o carga de trabajo está ahora en las Audiencias Provinciales, donde se ha mantenido la competencia objetiva para conocer en primera instancia de asuntos con penas que superen el umbral de los cinco años de prisión, y además se añaden las apelaciones de las sentencias dictadas por órganos unipersonales.   Personalmente me parece que al aumetar las garantías incrementando el número de instancias, habría que aumentar las competencias para el enjuiciamiento en primera instancia de los jueces de lo penal (al fin y al cabo, un solo juez, lo que permite más fácilmente la creación de juzgados) y reservar las Audiencias para los delitos más graves en primera instancia y desde luego para las apelaciones.   Que once magistrados (3 AP+3 TSJ+ 5 TS) deban estar encargados de resolver el enjuiciamiento de cada delito castigado con pena superior a cinco años me parece un desperdicio de recursos escasos.  Habría que optimizar recursos, en mi modesta opinión, sin merma de garantías.  Y eso es perfectamente posible hoy día.

lunes, 14 de enero de 2019

"COMO MÁXIMO", CIEN PLAZAS PARA JUECES Y FISCALES EN 2019

Esto parece una broma, pero no lo es.   Después de muchos años de constreñir la Justicia mediante la supresión de jueces y fiscales sustitutos, y la no creación de plazas de jueces y de fiscales, unido al desastre de la Justicia Digital y tantas otras chapuzas que distinguen a nuestro Ministerio de Justicia, parecía que volvía a abrirse la espita para reducir la presión interna.   300 plazas de jueces y fiscales se ofrecieron el año 2018 y parecía lógico pensar que la línea seguiría.  Pues no.  De repente vemos los presupuestos generales que propone el PSOE, y tan solo 100 plazas para jueces y fiscales están previstas para 2019.  Los opositores deben estar desorientados, y quienes servimos a la administración de Justicia, muy cabreados.   Parece evidente que la Ministra no tiene fuerza ni influencia alguna para imponer nada en Hacienda que cueste unos euros para mejorar la Justicia.   Podemos esperar gestos, pero desde luego como al Presidente del Gobierno esto de la Justicia le pilla algo a distancia (salvo claro está, para elegir afines para puestos de gobierno de la Justicia y la Fiscalía, que ahí no fallan), no cabe esperar mejora sustancial alguna durante estos años.  Lamentable.

domingo, 13 de enero de 2019

TRANSMÍTELE QUE YA ESTÁ HABLADO Y QUE NO HABRÁ PROBLEMAS

Reconozco que sigo sorprendiéndome cuando por una vía u otra (últimamente, casi siempre a costa de la publicaciones de intervenciones legales o ilegales en las comunicaciones de ciertas personas) se descubre una nueva interferencia política en la Justicia.   Ahora, tras los casos de Gonzalez-Zaplana-Moix-Alonso; y de Cosido y su pacto para controlar el TS por la puerta de atrás, nos aparece una conversación de la antigua vicepresidenta del Gobierno con un alto cargo del Banco de Santander asegurando que el tema está hablado.  Parece ser que el tema era precisamente el que dio lugar a la denominada "doctrina Botín" (ya es de escándalo que una interpretación procesal como esa tenga apellido), es decir, la insuficiencia de la acción popular para llevar adelante por si sola una acusación penal.   El mismo banco que financia cursos de asociaciones judiciales y fiscales.  A mi todo esto me da mucha lástima, sobre todo.  Ojalá se desmienta, ojalá no sea verdad, ojalá pueda aclararse.  Pero si fuera cierto, creo que hace unos años hubiera reclamado que había que perseguir e investigar hasta el final a toda esa gente que hace daño (desde fuera y desde dentro) a nuestra Justicia.  Ahora, tras constatar que hay gente que mantiene cierto control de la Justicia para cosas como estas (aunque esta en concreto no fuera verdad), y tras comprobar que de manera permanente hay otros pocos pero influyentes que desde las Carreras Judicial y Fiscal aceptan con tranquilidad la situación -asumiendo que las reglas son estas y que ya que no hay forma de cambiarlas mejor participar en ellas obteniendo beneficios profesionales-, solo siento tristeza.   Un periodista me decía el otro día, con mucho desencanto, "¡que ganas de colgar los guantes!".  Ni él ni yo los vamos a colgar hasta que nos jubilemos, aunque solo sea para decir que nos parece muy mal lo que hacen aunque no podamos impedirlo.

lunes, 7 de enero de 2019

REUNIONES CON LA MINISTRA DE JUSTICIA

Las asociaciones de jueces y fiscales vienen teniendo reuniones con la Ministra de Justicia reclamando un conjunto de mejoras para la Justicia y retributivas para los colectivos que ya han supuesto la existencia de dos huelgas (una a Catalá y otra hace unos meses a Dolores Delgado).  Personalmente creo que no hay comparación en cuanto al tratamiento que brinda Lola al que ofrecía el desastroso Ministro de Justicia que la precedió.   Dejando de lado lo más importante, que es que ambos han actuado manteniendo políticamente el control del CGPJ con lo que ello significa de politización de nuestros Tribunales, lo cierto es que hay entre ambos algunas diferencias que favorecen a Lola Delgado.  Desde el punto de vista económico no se avanza y quizá no se avance porque la Ministra carece del peso político para prevalecer en el Gobierno sobre esta cuestión.  Pero en otros aspectos no hay duda de que en el Ministerio están haciendo cosas interesantes.   Por increíble que parezca, a diferencia de otros funcionarios, los jueces y los fiscales no habían recuperado los permisos que Catalá nos retiró hace unos años; Lola ha revertido esa situación hace unos días.   Catalá, asimismo, hace un tiempo ante la reclamación de unos fiscales de que se les reconociera un complemento de destino equivalente al de otros compañeros en su misma categoría y Fiscalía, me despachó con un displicente "que recurran".  Bueno pues aquellos compañeros ya recurrieron y ante la evidencia de que han ganado en todas las instancias, la Ministra se ha comprometido a desistir de los recursos que había interpuesto la Abogacía del Estado.   Catalá fue el impulsor de la desgraciada reforma, propia de un amateur bien intencionado o de un profesional mal intencionado, que suponía el acortamiento de los plazos de investigación de las causas criminales, sin añadir medio alguno más para permitir cumplimentar los plazos.   Ahora la Ministra está luchando por anular el art. 324 de la Ley.   Es decir, entiendo que hay una buena predisposición en la Ministra y especialmente en Manuel Dolz, su Secretario de Estado, al que me he referido ya alguna vez aquí, para arreglar esos problemas enquistados.    

Ahora surge otro problema que considero grave y que espero que se arregle pronto: los retrasos indecentes en el abono de las retribuciones de jueces, fiscales y funcionarios de Justicia que padecen una incapacidad temporal durante más de seis meses.   Personas que están afectadas a veces por enfermedades graves y a las que la MUGEJU maltrata con retrasos en los pagos de tres, cuatro o cinco meses.  ¿De que creen MUGEJU y el Ministerio que viven las personas afectas por esta situación?  ¿De las familias, de los ahorros, del aire?  Lola, otro tema del que tienes que ocuparte con urgencia.  

miércoles, 12 de diciembre de 2018

GRAN NOTICIA PARA LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA

Acabo de leer que el PP ha conseguido introducir en el Senado la enmienda que permitirá la elección de los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial por los jueces en lugar de por los partidos políticos en el Parlamento.   Con ello aporta la fuerza que tiene en el Senado al impulso que ha insuflado a todo el proceso el grupo político Ciudadanos, que rehusó a participar en el reparto de vocales frustrado por el indecente Whatsapp del Portavoz del PP en el Senado y filtrado a la opinión pública.    El PP ha cambiado de opinión por enésima vez.   Ahora, en la oposición hace lo correcto, justo cuando acaba de trascender -aparentemente- la más vergonzosa de las corrupciones de ese partido en relación con la utilización de la Policía para robar documentos a su ex tesorero.   En fin, es esta la política en nuestro país.  Y siendo esto así, hoy toca la de cal.   La reforma, que muy probablemente no prosperará en el Congreso por no tener mayorías PP y C´s, sin embargo, supone un avance muy grande para la independencia de la Justicia y para la regeneración de nuestra democracia.   Me alegro enormemente porque esto es por lo que muchos llevamos clamando desde hace años.   Quiero acordame aquí  de la asociación Judicial Foro Judicial Independiente, que no se permite jamás flaquear en esto, y también de la Plataforma Civica por la Independencia Judicial y de Hay Derecho, todos infatigables luchadores por esta causa.
Tarde o temprano, también le tocará a la Fiscalía, esa porción de la tarta del poder que retiene el Gobierno para influir en la Justicia valiéndose de las afinidades que tiene dentro de la institución.   Pero está en la naturaleza de la función del Ministerio Fiscal que eso cambie, y estoy seguro de que lo hará.   Hoy es día de satisfacción, y también de acordame de aquellos políticos que renunciaron a participar en el reparto de vocales en el CGPJ, a lo que es más propio del poder en España, es decir, a su ejercicio efectivo donde se pueda, por defender que la Justicia no debe politizarse.   Es tan raro el ejemplo que hay que resaltarlo bien claro.

viernes, 16 de noviembre de 2018

POLITIZACIÓN DE LA FISCALÍA Y POLÍTICA CRIMINAL DEL GOBIERNO

Estoy convencido de que la razón por la cual los partidos de gobierno en España mantienen -rechazando todo cambio- el nombramiento por el Gobierno del FGE obedece no a las razones que se argumentan al uso, es decir, la necesidad de realizar una política criminal por el Gobierno del cual el MF sería un instrumento, sino a otras menos confesables.   La política criminal NO SE PUEDE hacer a través del Fiscal, al menos de manera legal, porque el art. 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece un procedimiento para recibir indicaciones del Gobierno que pueden finalmente ser rechazadas por el Fiscal.  Sería una porquería de política criminal aquella que dependiera de que un órgano encargado de ejecutarla pudiera legalmente negarse a ello.   Por tanto, esto es una patraña más.    Las razones son diferentes y están ligadas sencillamente a mantener cierto nexo, cierto control, o al menos ciertos vínculos con quien gobierna el Ministerio Fiscal.   De esos nexos, controles o vínculos, se obtienen ventajas que al poder le satisfacen pero el precio para la institución y su credibilidad es demasiado grande.    Pero, nada, PPSOE a lo suyo, erre que erre.

miércoles, 31 de octubre de 2018

OTRA DE GRABACIONES

Lo que leo sobre los términos de la conversación de la Sra. Cospedal y el Sr. Villarejo allá por 2009 me parece un escándalo.  No entiendo como nuestro país tolera tener dirigentes políticos con esos datos y no los manda directos a su casa.   ¿En manos de quienes estamos? Recuerdo los tremendos e injustos ataques que se hicieron a la Fiscalía en 2009 por parte de esa señora -que conocí un día y me impresionó para bien, por cierto-, más o menos en las mismas fechas en que tuvieron lugar las grabaciones.   Todo esto es penoso.

miércoles, 24 de octubre de 2018

NOMBRAMIENTO DISCUTIBLE

Jamas haremos lo que hacía la AF.  Jamás otro caso Alonso, otro caso Tárrago.  Sólo mérito y capacidad.  Cosas así se decían en las elecciones al CF, hace unos meses.   Ahora ha cambiado la tortilla: la AF, beneficada por el PP hasta la náusea, se ha visto reemplazada en el manejo de la sartén por la UPF, que cuenta ni más ni menos con que la Ministra de Justicia y la FGE han salido de sus filas hace unos meses.  Se discutió hace unos días en el CF el nombramiento de varias plazas de importancia en la Fiscalía.  En principio, nada sorprendente ni abusivo en los nombramientos.  Es cierto que cuando el PP manda el Jefe de Madrid curiosamente pasa a ser alguien con mucho mérito y capacidad perteneciente a la AF, y que si gobierna el PSOE, el mérito pasa casualmente a tenerlo alguien de la UPF.  Pero vamos, al margen de que cada día hay menos candidatos para las plazas de mando en la Fiscalía, en este caso creo que no se puede hablar de nada sospechoso.  Pero si hay una plaza que sorprende.   Había una plaza en la Fiscalía del TC.   La Fiscal Jefe es de la UPF.   Se presentan 20 candidatos, y rebuscando entre los más modernos aparece la que fue finalmente elegida.  Tenía 14 delante. La UPF ha hecho este comunicado -que hay que agradecer porque cita la afiliación asociativa de los principales aspirantes- sobre su decisión de votar a esa candidata, que solo tuvo los votos de la UPF y también el de la Fiscal General -que es el que cuenta-:

"Queremos destacar aquí nuestro apoyo a la Sra. Peramato (numero 472 en el escalafón) en atención a su valia y reconocimiento nacional e internacional, alumbrando el camino de la Fiscalía -junto a Soledad Cazorla- en la lucha por la no discriminación por razón de sexo y contra la violencia contra la mujer.  Por ello, creemos que su buen hacer, su firme compromiso con la perspectiva de género y su transversalidad jurídica, enriquecerá sin duda, la Fiscalía ante el T.C. Asimismo, entendimos que la composición de esta Fiscalía (con sólo 2 mujeres y 7 hombres) ncesitaba un equilibrio de mayor paridad en su composición.  Con nuestro apoyo a la Sra. Peramato queremos trasladar un claro mensaje a la Carrera Fiscal -sin desemerecer por supuesto a ninguna de las otras valiosísimas 19 candidaturas-: la dedicación, el mérito, el talento y la capacidad de la candidata finalmente elegida prevalecen singularmente frente a otros criterios, como la antiguedad".

La candidata más votada (7 votos) era mujer, era la segunda más antigua, es una fiscal de larga y brillante trayectoria, con dedicación, mérito, talento y capacidad.  Mujer (por aquello de equilibrar la paridad, aunque si la Fiscal Jefe es mujer, el peso del sexo femenino es decisivo en el funcionamiento de la Fiscalía), y además, con mucha antiguedad y una gran compañera.   Había otros candidatos también con buenas cualidades,y con mas antiguedad.    Pero esa candidata no elegida no era de la UPF.  De la UPF nos avisa con un claro mensaje: la antiguedad no cuenta porque si alguien de la UPF tiene méritos suficientes -como es el caso-, ya podéis iros olvidando incluso con méritos.  Sobre todo mientras la Fiscal General y el Gobierno sean los que son.

Hombre, esto no es todavía lo que vimos con la AF, pero no es un buen comienzo.