MANOLO VILLÉN

Me comenta un amigo que se jubila en unos días Manuel Villén, el que fuera Fiscal Jefe de Málaga hasta que una absurda normativa de incompatibilidades familiares determinó su cese en el puesto.  Posteriormente ganó el recurso "por goleada", pero no volvió a la jefatura.   Este es un Fiscal de una pieza, al que conocí hace muchos años cuando estábamos los dos en Sevilla bajo las órdenes de Alfredo Flores.   Era aquella una gran Fiscalía: Isidoro Hidalgo, Antonio Ocaña, Miguel Colmenero, Villén, el inolvidable Miguel Ruz, Olayo González, Noreña, Pilar Jiménez Bados, Jesús Tirado, Jesús García Calderón, el gran Pepe Escudero, Maria Luisa de la Hoz, Luis Ortega, Luis Martín... nombres de grandes compañeros que recuerdo con cariño y de los que aprendí mucho en aquellos años.  Había entonces en Sevilla un gran nivel, si.
Aunque no nos vemos casi nunca, tiene Manolo toda mi simpatía; pero también algo mucho más importante para mi: el respeto que tengo por quienes tienen una trayectoria profesional limpia hasta el final.   Hoy es su cena de homenaje en Málaga y espero que se sienta muy acompañado en ella.  

LO QUE NADIE LE PUEDE QUITAR A GARZÓN

No me cuento entre quienes son incondicionales de Garzón -ni de nadie-, y desde luego tampoco entre sus críticos mas amargos. Garzón, como todos, ha tenido aciertos y errores. Por uno de sus errores ha perdido su carrera, su vocación y probablemente su confianza en muchas cosas. Pero hay algunas otras que yo quiero señalar. Ese error que se le reprocha lo ha sido en un contexto de lucha contra la corrupción, en un caso muy complejo en el que contó con el apoyo del Ministerio Fiscal. Luchando contra el delito. Sin duda habrá cometido otros, pero el error que le condena es ese. Sin embargo, Garzón podrá recordar que ha luchado contra el terrorismo con una determinación y acierto que supuso el desmantelamiento de las finanzas de ETA y el principio del fin para esta. Podrá recordar que estuvo ahí cuando Ortega Lara fue liberado. Podrá también recordar cuando libró las rogatorias para la extradición de Pinochet y cuando consiguió que la Camara de los Lores informara a favor de la misma. Recordará también el giro que el derecho penal internacional dio a consecuencia de sus actuaciones. Podrá recordar -yo fui testigo de ello- el respeto de los jueces y fiscales colombianos al escuchar sus reflexiones sobre el proceso de paz que iba a acabar con la guerra en aquel país. También se lleva el recuerdo de ver a los generales genocidas argentinos removiendo cielo y tierra para evitar la derogación de las leyes de punto final con que se habían protegido. Y la investigación de los Gal, cuando puso contra las cuerdas a un Gobierno que había combatido el terrorismo con el terrorismo. Todos esos recuerdos -que para algunos son solo sombras al lado de sus errores- Garzón los llevará consigo. Y eso no se lo puede quitar ninguna sentencia.

COMO EVITAR FILTRACIONES

Estoy entristecido -pero no sorprendido- por la condena por unanimidad que expulsa a Baltasar Garzón de la Judicatura.  Creo que hoy ha sido un día más trascendente de lo que puede parecer para la Justicia en España y para el Tribunal Supremo, y creo también que hoy se ha de iniciar un periodo de cambios legales importantes: espero que sea así, al menos en lo que se refiere a la regulación de las escuchas telefónicas, pero no solo en relación a ello.   A mi la figura del Juez de instrucción me parece antigarantista, pero me gusta mucho menos ver en el Tribunal sentenciador a quien instruye paralelamente contra el mismo acusado por otros delitos.  La cuestión de su abstención o recusación no está prevista en la ley procesal, pero habría que estarlo, en mi opinión.  Tengo curiosidad por saber que resuelve sobre el particular -cuando lo haga- el Tribunal de Estrasburgo (que ya se pronunció contra España en otra causa contra aforados hace algunos años por falta de imparcialidad objetiva de los juzgadores).

 Me llama, por otra parte, un periodista para preguntarme como se puede luchar contra las filtraciones sumariales.   Con el proceso actual me parece muy difícil, ya que no hay un responsable de la  investigación que controle la información.  Nuestra investigación penal es contradictoria y por lo tanto, la información está al alcance del Fiscal, de las demás partes personadas y del personal del Juzgado, además de la Policía cuando su intervención es requerida.   Si hubiera un proceso en el cual el responsable de la investigación fuera además el guardián de la  información obtenida y de controlar las filtraciones (caso de la investigación del Fiscal o de la Policía) se podría demandar o acusar a esos responsables en los casos en que se quebrantara el secreto.

REFORMAR EL ESTATUTO ORGÁNICO

Si realmente el PP quiere una Fiscalía independiente y defensora de la legalidad no basta con el nombramiento de Eduardo Torres Dulce.  Es verdad que a Eduardo le llevo escuchando la necesidad de esa independencia como paso necesario para actuar imparcialmente desde que me daba clases en la antigua Escuela Judicial, hace más de 27 años.  Pero no basta con un nombramiento.   Hace falta un cambio en el Estatuto, y un cambio de mentalidades y hábitos de actuación.  Un cambio que establezca la necesidad del mayor consenso posible en el nombramiento del Fiscal general.  Un cambio que garantice que el Gobierno no puede dirigir instrucciones al Fiscal general y mucho menos instrucciones para asuntos concretos (con sanciones incluidas, en tal caso); un cambio que establezca un plazo -para el Fiscal- diferente del que marcan los tiempos políticos parlamentarios; un cambio en el cual se garantice la no represalia (por la vía del veto en los nombramientos u otro tipo de castigos profesionales: recuerdo un caso, por ejemplo, en el que se habló de "cambio de pupitre", cuando se trasladó a un Fiscal del Supremo de Sala por discrepar de su jefe con apoyo de la Junta) de los fiscales que cuestionen por la vía estatutaria las órdenes del Fiscal General.  Y para ello es preciso que haya mayor transparencia en el funcionamiento del Consejo Fiscal, unido a una mayor asunción de competencias de dicho órgano y quizá de una revisión del modo de elección de los vocales para evitar mayorías absolutas que no responden a esas proporciones en la Carrera.

Si se crea un ambiente de mayor libertad en el seno de la Carrera fiscal (pensemos, por ejemplo, que el Ministerio ha impedido deliberadamente la creación de un canal de comunicación entre los Fiscales como el que supuso la activación de las protestas -y la huelga- de los Jueces en febrero de hace dos años);  si finalmente se asienta ese nuevo clima, y se consolida realmente una independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno, nuestra Justicia penal habrá entrado en el camino correcto; nuestra democracia ganará en calidad; disminuirá la corrupción (porque se perseguirá sin obstáculos, temores ni recelos) y se habrán creado las bases para mejorar la eficacia de nuestra Justicia penal.   Tengo todavía que verlo, claro -mis reticencias a lo que dicen los políticos son antiguas y creo que muy justificadas-, pero si algo así ocurriera estaríamos ante un cambio histórico.

TOMA DE POSESIÓN DEL FISCAL GENERAL

He estado esta mañana en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (que estaba absolutamente abarrotado), durante la toma de posesión de Eduardo Torres Dulce.   Algunos ministros (el de Justicia entre ellos); los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla la Mancha; el Presidente del Congreso de los Diputados; muchos fiscales venidos de todas partes de España y muchos también de Madrid; algunos ex Fiscales Generales (Granados, que ha sido el padrino de Eduardo; Juan Ortíz,  antiguo amigo suyo; Cardenal -a quien un político le ha comentado desde la distancia: ¡"Jesús, hemos nombrado algo a un hijo tuyo"!-; y también Conde Pumpido) y fiscales ya retirados, como mi antiguo jefe Alfredo Flores entre otros varios.  Y muchos políticos, jueces, vocales del CGPJ y del Consejo Fiscal, amigos, periodistas.    Un acto realmente multitudinario, presidido por el Presidente del Tribunal Supremo que ha dirigido un discurso lleno de afecto al nombrado.  He saludado a personas que no veía desde hacía mucho tiempo.   Dos largas colas se han organizado para saludar a Eduardo, al que he visto muy contento.

Estoy impaciente por ver cual es la linea de actuación del nuevo FGE para afrontar las graves crisis de la Fiscalía y de la Justicia en España.   Ojalá acierte.

CAMBIOS EN NUESTRO PROCESO

Leo que el Juez instructor designado en el Tribunal Supremo para una causa especial ha dictado un Auto "en términos muy duros" acordando la incoación de procedimiento abreviado contra un aforado.   Y me pregunto -otra vez- si es razonable que quien investiga la causa sea el que acuerda la incoación del procedimiento abreviado y más adelante también la apertura del Juicio Oral (¡de acuerdo con una investigación que ha dirigido él mismo!).   Y además, como está establecido, que sea el propio Juez de instrucción quien ha de garantizar que los derechos del investigado no se vulneren.   A mi me parece que cuando un Juez de instrucción (que tiene un conflicto de intereses evidente con el investigado) se convence de la culpabilidad del acusado, ya no hay garantías para este que provengan de ese Juez.   ¿Que hay recursos?  Si, claro; pero el punto de partida, que es la investigación, arranca con un conflicto entre un investigador-juez y un investigado particular.  Bastante desigual, me parece a mí.

Ese defecto conceptual en nuestro proceso supone un gran número de males: mucha litigiosidad; contradicción en la investigación; dilaciones; complejidades procesales y además una mina para los abogados que encarece nuestra Justicia.

HARÁ FALTA MUCHO TRABAJO Y OTRA NORMATIVA

He leído en varios medios de prensa la reseña de la comparecencia de Eduardo Torres Dulce en el Parlamento. Me gusta su reclamación de mayor autonomía para la Fiscalía; de mayores medios materiales; de mayores atribuciones para el Consejo Fiscal y de que la formación de los fiscales quede en manos de los fiscales. Pero todo ello, que es necesario, no va a arreglar ni de lejos la Justicia penal en España sin la reforma procesal que llevamos esperando desde hace mucho tiempo. Eduardo ha dicho en el Parlamento que es partidario de la investigación del Fiscal, siempre que el Fiscal tenga mayor autonomía. Completamente de acuerdo. No debería pasar esta legislatura sin ver una nueva norma procesal que le diera la investigación a quien acusa bajo el control del Juez, en lugar de darle el control de la investigación a quien acusa, mientras investiga quien ha de proteger los derechos del acusado. Nuestro sistema procesal penal es absurdo, y cuando lo dejemos de lado, al cabo de un tiempo no podremos explicar como hemos sobrevivido con él tantos años. Las reformas que reclama el próximo FGE requieren cambios en el Estatuto: cuanto antes mejor. Ojalá lo del Consejo Fiscal no se limite a atribuir más competencias al Consejo, sino también a darle una mínima transparencia a su funcionamiento.

Pero además de eso van a hacer falta muchas más cosas para intentar revertir una situación en la Fiscalía que solo puede mejorar. Por ejemplo, eliminar controles a los fiscales en muchas Fiscalías. Me dicen que las hay en las que entre el 20 y el 30 por ciento de la plantilla está dedicada a visar, revisar, distribuir, organizar o supervisar el trabajo de los demás (que va con la lengua fuera, claro). Hace unos años, los fiscales sometíamos nuestras calificaciones al visado, pero todo lo demás quedaba a nuestro criterio (incluída nuestra actuación en Juicio), con libertad. Dábamos cuenta a posteriori si había alguna retirada o algo semejante. Soy partidario de que haya menos controles, mayor libertad, y desde luego responsabilidad si hay errores. Pero un fiscal ha estudiado lo mismo que un juez: no necesita tanta tutela.

NOTA: No estoy "completamente de acuerdo", en contra de lo que digo más arriba, en subordinar la investigación de los delitos al Fiscal a la concesión de más autonomía para la institución.  Lo he redactado mal.  Estoy completamente de acuerdo en que se reclamen las dos cosas, pero la investigación del Fiscal es una necesidad técnica imprescindible para racionalizar el proceso penal y para asegurar las garantías al justiciable con la intervención de un Juez solo dedicado a ello.

REFORMA EN EL CGPJ

Acaba de anunciar el Gobierno conservador que finalmente va a modificar el modo de nombramiento de los vocales judiciales en el CGPJ.   No me puedo creer que finalmente esto vaya en serio: había perdido totalmente la confianza en ellos tras las reformas -y más cosas- de Acebes y Michavila, con el visto bueno de la APM.   Llevamos más de 25 años con una Justicia cada vez más politizada; harto estoy de oír pontificar a los beneficiarios de este sistema sobre sus bondades cuando  solo les beneficia a ellos mismos y a sus afines; harto de argumentaciones contrarias al sentido común y a la evidencia de como funcionan las cosas; y ello hasta el punto de que en las carreras judicial y fiscal la proximidad a PP o PSOE (a través de asociaciones profesionales afines) es hoy requisito necesario para ocupar ciertos cargos.  Lo peor del sistema de elección política de los vocales judiciales es que ha acabado por contaminar a las asociaciones.  Pero finalmente parece que se inicia el camino inverso.   Yo creo que si se consuma lo que ayer prometió la vicepresidenta del Gobierno, lo más importante en materia de Justicia para esta legislatura lo habrán cumplido; luego hará falta cumplir -claro está- sus promesas respecto de la Fiscalía, pero el comienzo es bueno.   Y creo que de la misma manera que la politización de las asociaciones ha llevado algún tiempo, la despolitización también la llevará.   Ahora las asociaciones deberán pensar en los jueces y no en los partidos.  Quizá en unos años, veremos algunas uniones de asociaciones ahora impensables.   Porque esto hasta ahora no ha sido principalmente cuestión de sensibilidades: ha sido cuestión de política de partidos pura y dura.

DICTADORES

Recomiendo la lectura de la entrada titulada "Delincuentes Comunes", de la bloguera cubana Yoani Sánchez, para hacerse cargo del grado de opresión en el que tienen que vivir los cubanos a quienes la dictadura no les gusta nada.   Hace unos días se ha dejado morir otro disidente cubano -Wilman Villar, un hombre de 31 años- en prisión, de hambre y por la libertad; y ahora el régimen lo califica de vulgar malhechor.   Siento mucho lo que ese héroe se ha visto obligado a hacer y repudio los métodos de un sistema político que excluye -enviando a la prisión o al exilio- a quienes quieren mejorar su país a través de la instauración de la democracia.   Me pregunto cuando acabará esa pesadilla.

REGULEN LA ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Se anulan muchas sentencias en el Tribunal Supremo por escuchas telefónicas practicadas sin respetar los requisitos establecidos por la propia jurisprudencia.   Ya he dicho en otras ocasiones que en mi opinión ello es debido a que el Juez de Instrucción, a la vez que garante de los derechos del investigado tiene que averiguar lo que ha sucedido, lo que supone a veces un conflicto que resuelve erróneamente.   Pero resulta lamentable que una materia como esta, que afecta a varios derechos fundamentales, carezca de regulación legal.  El art. 579 de la LECr., es el precepto básico para fundamentar una intervención de las comunicaciones, y es evidente que resulta absolutamente insuficiente.   Lo triste es que es una cuestión de pereza legislativa.  No es complicado regular la materia, porque hay un buen número de paquetes de doctrina en el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional así como en los Tribunales de derechos humanos, amén de legislaciones -como la alemana, por ejemplo- que regulan con minuciosidad los requisitos, los delitos en cuya investigación pueden adoptarse las intervenciones, los plazos y la competencia para adoptarlas, así como los recursos.   Aquí, en España y 2012, nada.  Ahora, al hilo de la Sentencia que ha de pronunciar el Tribunal Supremo en el asunto Garzón, habrán de fijarse nuevos límites a las intervenciones telefónicas.  Pero realmente no es de recibo que esta materia esté abandonada a la interpretación jurisprudencial y huérfana de una normativa mínimamente aceptable.

DERROCHE DE DINERO PÚBLICO

No puedo estar más de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer el Ministro de Economía de castigar penalmente a los gasten más dinero público del que permite el presupuesto.  Algunas cosas han cambiado con la moneda única, y entre ellas, que el control monetario no está en manos nacionales (con la posibilidad de devaluaciones de la moneda o de emisión de moneda).  Ahora hay que someterse a una disciplina presupuestaria que nos imponen desde fuera.  Esos administradores de dinero ajeno que -derrochando el dinero que administran- han puesto a España contra las cuerdas, disparando el déficit, poniendo en solfa la solvencia de nuestro país, comprometiendo incluso el sistema de pensiones, hacen objetivamente un daño mayor que si simplemente robaran el dinero público.  Todo ello es evidente cuando además quienes actúan así lo hacen ocultando la existencia de deudas contraídas, escondiendo facturas o falsificando la contabilidad pública.

No estaría mal tampoco, que los partidos políticos responsables de la colocación de un individuo condenado por corrupción, malversación de caudales públicos u otro delito de corrupción, fueran considerados responsables civiles respecto de las cantidades defraudadas, salvo que ellos mismos hubieran denunciado al infractor. Ello les obligaría a actuar con mucho cuidado a la hora de elegir a quien ha de administrar bienes públicos, y sobre todo excitaría su celo a la hora de denunciar a los corruptos que aparecieran entre sus filas.

Los interventores van a tener que estar ahora muy atentos.