sábado, 16 de enero de 2016

¿DEBE CESAR LA FISCAL GENERAL?

El art. 31.1.e del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Fiscal General solo podrá cesar entre otras razones cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.   El Gobierno cesó el día 22 de diciembre, dos días después de las elecciones, continuando en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.   No hay previsión en el Estatuto de un cese automático del Fiscal General, por lo que su cese habría de establecerse desde el Gobierno.   En un caso que afectaba a un  Fiscal General anterior, una asociación de fiscales reclamó su cese enérgicamente aunque ahora no hay tanta energía.   Por otro lado, claro está, la Fiscal General -que no ha agotado dos años en el cargo y que por tanto podría ser renovada por un nuevo Gobierno- podría dimitir, pero ya ha descartado esa decisión expresando claramente su voluntad de seguir "en funciones" aunque en plenitud de competencias porque el Estatuto no prevé la situación de "en funciones".     ¿Tiene esto sentido?   En mi opinión, el plazo establecido al Fiscal General garantiza su independencia.   El Fiscal General puede ahora ser cesado en cualquier momento en que el Gobierno en funciones considere que no debe seguir ni un día más: su mando ha caducado.   El sustituto legal del Fiscal General es el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, por lo que en principio no hay -como en el caso del Gobierno- problemas de vacío de poder.    Por tanto la continuidad del Fiscal General es meramente un tema de conveniencia del Gobierno.  ¿Le conviene al Gobierno cesar al Fiscal General, o le conviene permitir su permanencia?  Pensemos que se trata de un cargo de confianza, que fue elegida hace menos de año y medio, que puede haber elecciones en unos meses, -con muchos casos e investigaciones de corrupción en los Tribunales y en las Fiscalías- y que desde el punto de vista gubernamental en funciones puede no ser irrelevante tener a una Fiscal General de confianza en lugar de a un profesional no elegido directamente por el Gobierno.  

La APIF solicitó la dimisión de la Fiscal General hace pocas fechas por entender que había sido incapaz de defender a los fiscales en su pulso con el Ministerio ante la entrada en vigor de la LECr., que exigía un  esfuerzo imposible sin medios añadidos a la Fiscalía.    La Fiscal General se alineó claramente con el Ministerio.    Los Fiscales jefes pidieron 200 sustitutos de refuerzo; la Fiscalía General consideró que 80 era suficiente, y 80 les nombró el Ministerio en funciones, aunque no se yo si ya están en las Fiscalías.

A mi modo de ver la posición de la Fiscal General en este momento es respecto del Gobierno absolutamente débil.    La pueden mantener o la pueden cesar.   Además, si se repite el Gobierno, la pueden renovar.  Precisamente por eso, por esa posición de debilidad, por el bien de la Fiscalía, y por el bien de la imagen de la Justicia, yo soy partidario de que no siga.  Aunque ella se sienta cómoda y no crea que la vayan a cesar, el plazo es para inspirar confianza a los ciudadanos y a los fiscales, no por mera confortabilidad del afectado, como ya tuve ocasión de comentar cuando dimitió el anterior Fiscal General.   Por otra parte, tampoco pasaría nada: el Teniente fiscal actual es un fiscal de la máxima competencia, de la máxima.   Si pasados unos meses el Gobierno la quiere renovar, que lo hagan y todos contentos.   Pero ahora está claro que si el Gobierno la mantiene es porque les conviene y continuará mientras siga conveniendo al Gobierno en funciones.   Es decir, una posición muy semejante a la que había cuando el Fiscal General no tenía plazo.    A mi eso no me gusta nada.   En todo caso, está situación habría de preverse legalmente de una vez, vamos, me parece a mi.

martes, 22 de diciembre de 2015

80 SUSTITUTOS PARA UNA EMERGENCIA

Cuando yo hacía la mili de sargento de complemento en la localidad de Tarifa recibí una orden de un Comandante del cuartel: "Viada, ha llovido mucho y el campo de futbol está encharcado; elija a cuatro hombres y seque el campo".    ¿Que seque el campo de futbol???  "¡Si, coño, que seque el campo, es una orden!"  Así que me fui a los barracones, y elegí a voleo a cuatro soldados que dormitaban la siesta (era primera hora de la tarde) y les dije: hay que secar el campo:  cada uno una fregona y un cubo, y a secar.   Me miraron a mi y se miraron entre ellos para ver si había bebido, pero hicieron lo que les ordené.    Fuimos los cinco a secar el campo que tenía un palmo de agua ya que no drenaba nada.    Al cabo de dos horas secando no habíamos secado ni 10 metros cuadrados, así que me fui a ver al Comandante y le dije "mi Comandante, necesitamos refuerzos o esto no va a poder ser".    El tio se había olvidado ya del campo de futbol así que me dijo que lo dejara, quiza convencido de lo ridículo de su orden.

La Fiscalía ha de informar cientos de miles de causas en seis meses y se me antoja que es una cosa parecida a la idea de aquel Comandante.    En lugar de cuatro, los refuerzos son de 80 fiscales sustitutos.  ¿Porqué 80?  Porque la Fiscalía lo ha calculado así y ha pedido solo ese número.    Los fiscales jefes pidieron casi 200 (que me parece una petición moderadísima), pero la Fiscalía General ha evaluado la situación y ha decidido que pediría solo 80 fiscales de refuerzo según hoy nos ha informado la Fiscal General a las asociaciones de fiscales que se han concedido a partir del día 11 de enero.

Yo hago un cálculo: si son aproximadamente y tirando por lo bajo 600.000 causas las previas vivas que hay que revisar (la Fiscalía admitía como posible 680.000); si cada fiscal de refuerzo puede despachar, digamos dedicándose a tiempo completo una media de 15 previas cada día (a mi me parecen muchísimas, pero admitamos que se puede); si eso da unas 300 previas revisadas cada mes.  Si el mandato es por seis meses pues salen 1800 previas cada sustituto durante ese periodo.   600.000 previas entre 1800 que despacha cada sustituto, darían un total de 333 sustitutos.   El cálculo es sencillo y es el que tendria que haber planteado quizá el Consejo Fiscal.  Pues no, en Fortuny dan 80.   Si las condiciones de trabajo de los fiscales fueran una prioridad seguro que el cociente les daba algo mas.  Pero no es una prioridad: recordemos que aquí no hay baremos máximos de trabajo, ni normativa de riesgos laborales, ni interés en establecerlos.  Si fuera así, evidentemente no podrían hacer con  los fiscales algo parecido a lo que el Comandante me dijo: secar el campo con cuatro tios.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

LA APIF SOLICITA LA DIMISIÓN DE LA FGE

"Tampoco exageres, Salvador, que la Fiscalía no está tan mal", me comentaba esta mañana una compañera del TS.   No creo exagerar si digo que la Fiscalía está mal en muchos aspectos a pesar de tener como componente nuclear a dos mil y pico juristas de primer nivel que son fiscales porque tienen la vocación de serlo a pesar de lo duro que es ganar la oposición.    No exagero si digo que el atraso de la Justicia penal española, que son alrededor de 700.000 asuntos según la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial, se ha generado porque el sistema tiene carencias de todo tipo: el proceso penal es decimonónico, contradictorio en la investigación -lo que lo eterniza-, faltan medios materiales, los sistemas informáticos son poco útiles y no están intercomunicados, faltan fiscales y personal auxiliar en la Fiscalía, los esfuerzos políticos en Justicia se han centrado básicamente en politizar de manera eficiente aquellas áreas en las que pudieran producirse problemas para los propios políticos o sus intereses.   No hay cargas máximas de trabajo establecidas ni para jueces ni para fiscales, lo que determina que no sea necesario pensar demasiado donde están los problemas más importantes para equilibrar las plantillas; no hay controles de calidad, ni de eficiencia, ni de evaluación del trabajo; los nombramientos en la Fiscalía son a dedo y sin fundamentar de manera que prima la lealtad al que nombra a otras consideraciones profesionales.    Nadie se ha preocupado de las condiciones de trabajo de los fiscales, de establecer unas retribuciones acorde con el trabajo desempeñado (es ridículo que haya fiscales de segunda categoría cobrando complemento de fiscales de tercera trabajando como de segunda, 800 euros menos cada mes): estas cosas para la Fiscalía General y para la jerarquía de la Carrera no son problemas dignos de atención o al menos para plantarse ante el Ministerio.    Así, que si, la Fiscalía creo que está tan mal como digo.  

Y en estas que estamos se produce una reforma procesal que obliga a un esfuerzo enorme a la Fiscalía, porque se le pide a la Institución que sin medios materiales ni personales añadidos en seis meses ponga al día el atraso estructural de la Justicia española.    Ni más ni menos.   ¿Y que hace la Fiscalía General ante este problema que se viene encima a muchos fiscales?   Mucho menos de lo que habría debido, en mi opinión.    Ni se advirtió de los efectos de la reforma cuando estaba cociéndose, ni se plantó ante la opinión pública, ni se empezó a preparar para lo que venía, ni se solidarizó con los fiscales que pedimos un aplazamiento de la entrada en vigor de la norma para permitir prepararnos para lo que venía.   Por el contrario, acompaña la falta de crítica política -¿quien nos puede defender frente a los políticos sino nuestro Jefe, aunque fuera perdiendo "sintonía" con el Gobierno que lo nombró?- con la exigencia a los fiscales del cumplimiento del trabajo extra (lo cifra en la revisión de 25 causas semanales por Juzgado): ¿sin baremos máximos de carga de trabajo, sin normativa de protección de riesgos laborales, sin personal auxiliar suficiente, sin Instrucción a los Letrados de la Administración de Justicia para que ayuden a la Fiscalía en esta tarea, sin posibilidad de incorporación inmediata de cientos de fiscales sustitutos de refuerzo (a los que se despidió hace unos meses), sin medios de la Fiscalía en los Juzgados, con fiscales ya sobrecargados de trabajo?.  ¿Sabe la Fiscalía General que "revisar" una causa implica precalificarla para conocer lo que falta por solicitar para poder ir a Juicio?   Y a empezar estas Navidades, que el tiempo apremia...   "No estamos tan mal, Salvador".  Pues yo creo que si, que estamos bastante mal y desprotegidos frente a ciertos abusos.  

Por eso creo que la APIF acierta en su Comunicado.   Consuelo ha sido y es una fiscal como la copa de un pino eso no está en discusión.   Pero en  la opinión profesional de la APIF (que yo comparto) no ha sido ni es la Fiscal General que necesita una Fiscalía devastada por una estructura politizada, por una jerarquía impermeable a las quejas de los de abajo del escalafón, en una Justicia desbordada por los atrasos y en el tránsito necesario a un proceso nuevo que ha de encontrar una Fiscalía con un músculo,  moral,  apertura de miras, independencia y fuerza para poder cumplir con lo que viene. 

Os dejo el Comunicado de la APIF




Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ante el Oficio recibido en el día de ayer en todas las fiscalías de España procedente de la Inspección Fiscal en el que se instaba a los Fiscales Jefes al establecimiento de un Programa de control de la revisión de las causas pendientes por parte de los Fiscales de la plantilla manifiesta:

.-Que una vez más se pone de manifiesto el absoluto desconocimiento que por parte de esa FGE se tiene del trabajo desarrollado hoy en día en las fiscalías por los diferentes fiscales, de la carga de trabajo que cada uno soporta y de los abundantes servicios que hay que cubrir.

.-Que de nuevo se pone de manifiesto la falta de derechos básicos de los fiscales de a pie y la sobrecarga añadida que se les exige desde los órganos centrales de la Fiscalía exigiéndoles que aumenten de forma gratuita y exponencial su carga de trabajo y su carga burocrática, obligándoles a rellenar cada vez más estadísticas y cuadros de control.

.-Así mismo se pone de manifiesto un gravoso desconocimiento del texto articulado de la LECR y en especial del artículo 324 en su reciente redacción. La función de instruir corresponde al Juez, como nos recordaba la Circular 5/2015, y el control de los plazos en el Juzgado corresponde a los letrados de la Administración de Justicia, sin olvidar las funciones de los fiscales que son las que son y no otras. En ningún artículo de la Ley de Enjuiciamiento criminal consta que el Fiscal deba constituirse en el Juzgado a revisar expedientes, sin mesa ni ordenador de trabajo y sin personal auxiliar alguno,  ni que los Juzgados deban remitir las causas a Fiscalía para ese pretendido impulso con la pérdida de tiempo que ello supone en el ir y venir de las mismas, cuando  existen plazos tasados de instrucción.

.-El Ministerio de Justicia no ha sacado la prometida instrucción a los Letrados de la Administración de Justicia, seguimos sin disponer ni tan siquiera de un funcionario por Fiscal para el auxilio en el trabajo diario, pero nada importa a la FGE que nos pide heroicidades sin importarle lo más mínimo la salud de sus trabajadores, todos y cada uno de nosotros.

.-Los fiscales de a pie siguen trabajando con plena dedicación y esfuerzo sin que exista estudio de las cargas máximas de trabajo, sin plan de prevención de riesgos,  sin reglamento que regule su función, sin medios adecuados y dignos para trabajar, sin personal auxiliar suficiente, con lotes de trabajo excesivos y obligados a realizar trabajo auxiliar impropio de su función y ahora se les exige un esfuerzo titánico e imposible que de poco o nada servirá salvo para lavar la cara de esta descabellada reforma.

.-En fechas navideñas y cuando se anuncian planes para facilitar la conciliación de los funcionarios de la Administración Central del Estado a los fiscales de a pie se les encomiendan funciones extraordinarias muy difíciles de cumplir, entendemos que con renuncia a los días de permiso merecidamente ganados y como única finalidad para justificar, aún más, la necesidad de que nombren y mantengan los exiguos refuerzos que se prometen de contrario y que en absoluto servirán para dar sentido a una norma de imposible cumplimiento y que desconoce absolutamente el trabajo de los Juzgados y Fiscalías españolas.

.-la revisión de las causas tiene que ser continua por parte de los Juzgados que las tienen a su disposición, el Fiscal no puede dejar a un lado sus funciones ordinarias y ponerse a controlar el trabajo de otros desde la distancia, que es lo que se pretende, camuflando la inutilidad y el despropósito de las reformas llevadas a cabo.



Por todo ello instamos a todos los Fiscales de España y en especial a los Fiscales Jefes, a que manifiesten que lo exigido en el oficio de la Inspección Fiscal de 10 de diciembre de 2015 resulta de imposible cumplimiento y que si de ello depende el nombramiento de exiguos refuerzos, apuesten decididamente por la salud de los Fiscales y renuncien a ellos.



Solicitamos igualmente de forma contundente la inmediata dimisión de la Fiscal General del Estado ante su falta de eficacia para defender las condiciones de trabajo de los fiscales y el buen funcionamiento de la Fiscalía.



Madrid a 15 de diciembre de 2015







La Comisión Ejecutiva de la APIF

jueves, 10 de diciembre de 2015

DOS CASOS

La Asociación Dignidad y Justicia, que preside el hijo de nuestro inolvidable compañero Luis Portero, acaba de quejarse públicamente  del trabajo del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional en relación con un caso concreto.  Pero en esa queja, critica que "durante los 10 años que han durado sus dos mandatos se han dejado languidecer 379 causas de ETA sin resolver, sin impulso procesal en su inmensa mayoría, lo que hallevado a las reiteradas quejas de Dignidad y Justicia ante el Defensor del Pueblo de España por la situación de todos esos expedientes".    Respeto a quien se queja, a quien no conozco, y en ese respeto incluyo la memoria de su padre que fue un fiscal grandioso.  Pero con esa crítica general no puedo estar de acuerdo.   Javier Zaragoza es un buen fiscal, un buen jefe y un buen tipo.    Le conozco desde hace muchos años, muchos más de los que ha estado expuesto al escrutinio público por razón de los cargos importantísimos que ha ocupado.    Estoy seguro de que muy pocos profesionales, a lo largo de los años de ser analizados en su comportamiento, podrían concitar unanimidad positiva en su trabajo por parte de quienes se ven afectados por él.   Claro que hay aspectos discutibles u opinables en el trabajo de cualquiera, hasta en el trabajo de Messi o de Ronaldo.    Pero muchos de sus compañeros vemos los aspectos profesionales de una gestión.   Nosotros vemos que, a lo largo de los años, las fiscalías de Javier mejoran; que los fiscales, en general y salvo problemas ideológicos de algunos, están contentos con su rectitud; que mantiene su criterio en situaciones complejas; que defiende el trabajo de los fiscales; que corrige errores en privado y que suele tener buen tono.     Además, en mi opinión, el trabajo que ha hecho la Audiencia Nacional en los años que Javier ha dirigido su Fiscalía podrá generar debate, pero en términos profesionales ha sido muy bueno.    Son causas complejas, en las que durante muchos años el trabajo se hacía bajo la amenaza cierta de ser víctima de atentados, en las que hay que hilar fino para evitar prescripciones y en la que se han reabierto numerosos expedientes.   No me inspira nada el corporativismo, este blog creo que acredita modestamente que si hay que criticar, se critica: pero Javier merece un respeto.

Hay otras conductas profesionales que me cuesta más entender: la apertura de diligencias preprocesales con publicidad por una Fiscalía a una candidata al Parlamento para investigar una infracción disciplinaria (según anuncia en comunicado de prensa la propia Fiscalía) cometida supuestamente antes de pedir su excedencia como juez, en pleno período electoral, me deja estupefacto.    Y que se consienta por la jerarquía, pues también.   No benefician estas cosas nada a una imagen de neutralidad política de la Fiscalía en mi modesta opinión.  

jueves, 19 de noviembre de 2015

PREMIO BIODIVERSIDAD PARA LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE

Ayer asistí, por la tarde, a la entrega de unos premios que la Fundación BBVA concede para la Conservación de la Biodiversidad a diferentes organizaciones y personas con relevantes méritos en la materia.   En esta Décima Edición, el premio a las Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en España se ha concedido "al Fiscal de Sala, fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo y unidades Técnica y Policial" de dicha fiscalía.  Está dotado con una importante cantidad de dinero que se invertirá -según señaló ayer Antonio Vercher, Fiscal de Sala galardonado- en la mejora de los medios técnicos para la realización de su labor.   No hay duda que la red de fiscales de medio ambiente está realizando una importante labor, y con el trabajo de las unidades técnicas y policiales, su eficiacia y su incidencia en los Tribunales es creciente.   Me alegro de verdad y quiero felicitar a los compañeros afectados, y desear que el dinero del premio supla un poco la pobreza de medios a que condena muchas veces la Administración a jueces y fiscales en el cumplimiento de nuestro trabajo.

martes, 10 de noviembre de 2015

PREOCUPACIÓN

Estoy preocupado por Cataluña.   No es sólo por mi condición de catalán y español y por el hecho de que el camino del proceso hacia la independencia a mi me obligaria -de derecho- a dejar de ser catalán o dejar de ser español.    Siento un desgarro grande que afecta a mi ánimo, porque yo quiero que a Cataluña le vaya lo mejor posible, y que a España le vaya lo mejor posible y el mejor camino de que eso ocurra es que no haya rupturas, que haya entendimientos y acuerdos   Tengo la sensación de que algunos creen que esto es como si se tratara de un club, en el que te das de baja y adiós.   Pero no es tan fácil.  Hay una gran cantidad de ciudadanos en Cataluña que no están por el proceso.   La ley española no permite esa declaración unilateral y el seguir por ese camino significa inevitablemente buscar el choque de soberanías: la catalana y la española que incluye naturalmente a Cataluña.   ¿Cómo pueden pensar los inspiradores del proceso que un estado puede quedarse mirando mientras una parte relevante de su territorio y de sus ciudadanos, sobre los que ejerce soberanía, decide que a partir de una fecha se auto gestiona, desconoce la soberanía estatal y dice adiós?  ¿Qué ocurre con todos los españoles que consideran a Cataluña una parte de España y que están amparados por la ley en esa creencia? ¿Qué ocurre con los catalanes -como yo- que no somos nacionalistas?.     Tengo además en mi pasado una experiencia que considero globalmente positiva pero que en este momento me asusta: fui fiscal más de tres años en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia.   Vi como el odio fue creciendo poco a poco en las poblaciones, inducido por políticos irresponsables, pero muy eficaces en ello.  Escuché a testigos que no se explicaban cómo empezaron a ver a sus vecinos de décadas como enemigos.    Contribuí a juzgar atrocidades cometidas por personas que pasados los años no podían razonar -salvo acogiéndose al hecho mismo de la guerra- como podían haber llegado a ello.     Todo aquello empezó con unos referéndums, unos referéndums "democráticos", unos referéndums ganados por mayorías amplísimas (bien es cierto que boicoteados por quienes eran contrarios a las declaraciones unilaterales de independencia).     Luego hubo declaraciones unilaterales de independencia, incluso reconocimientos internacionales.   Y luego, cuatro años de muerte e infierno.  

El discurso de algunos políticos ayer a mi me preocupa, pero estoy seguro de que a otras personas que están convencidas de que el camino de la independencia es posible y sin costes, les va a fortalecer en su idea.  Creo que se está diseñando un choque de trenes en el que no va a ganar nadie.    España tiene que ser un país ejemplar, hay que regenerar muchas cosas en mi opinión, entre ellas acabar con la corrupción, barrer a los políticos corruptos y construir una Justicia eficaz y absolutamente neutral para merecer confianza a todos los españoles: sobre eso hay mucho que hacer.    Y volver a hablar -y a escuchar- entre quienes tienen ideas diferentes haciendo política, poniéndose en el lugar del de al lado, defendiendo lo propio pero buscando puntos de encuentro.    Se hizo ya en la Transición, es decir, que se puede. 

lunes, 2 de noviembre de 2015

BUENA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Leo con satisfacción que por mayoría el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido estimar la recusación de dos de los magistrados que iban a formar Sala en el Caso Gurtel.   Creo que las carreras profesionales de jueces y fiscales impulsadas o sostenidas por afinidades a los partidos políticos son devastadoras para la imagen de la Justicia.  Y creo que gran parte de los peores males de la democracia española están en la perforación política de la Justicia a través de jueces y fiscales (y asociaciones profesionales) afines a los principales partidos.   En este caso concreto me alegro porque el caso para mi era evidente.   No se trata de cuestionar la imparcialidad subjetiva de los afectados, sino la apariencia de imparcialidad.    Y esa en mi opinión no existía.    La abstención voluntaria hubiera sido quizá más deseable y no hubiera obligado a trasladar a compañeros de la Sala la decisión.   Pero finalmente -en reñida votación, es cierto- creo que la Sala de lo Penal ha tomado una postura que es buena para la Justicia.     Ojalá empiece a extenderse la idea de que para juzgar o intervenir en determinados asuntos el haber sido beneficiado o perjudicado directamente por alguna parte interesada es motivo de apartamiento.   Me comentaban el otro día -para oponerse a la recusación- que "o todos o ninguno".   Yo creo que han de ser todos, y si no se puede arreglar alguna de las cosas que ocurrieron en el pasado, hay que empezar a hacer bien las que han de llegar.

martes, 6 de octubre de 2015

LA LINEA APIF FRENTE A LA ASOCIACIÓN DE FISCALES

No quería decirlo yo, ni la APIF ha publicitado, la queja que hemos hecho a la Inspección contra la práctica habitual entre los vocales de la AF en el Consejo Fiscal y la Ejecutiva de esa asociación de estudiar juntos los documentos reservados que se entregan a los vocales del Consejo y que afectan a las carreras profesionales, a las quejas, a los méritos o a las sanciones de los fiscales.  La AF en su último comunicado me releva de la discreción al dar ellos publicidad a nuestra queja.   Esos documentos son reservados para los vocales y no porque lo diga yo, o porque lo diga la APIF.  Son reservados porque lo indica la norma rectora del Consejo Fiscal: el art. 17 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal dice que "los consejeros tiene obligación de guardar secreto de la materia reservada de que tenga conocimiento en el ejercicio de su función en el Consejo, así como de los debates del mismo.  Se entenderá por materia reservada, toda aquella que, por afectar directa y personalmente a un determinado fiscal no deba ser de general conocimiento, y aquella otra que excepcionalmente, sea declarada como tal por el Fiscal General del Estado, salvo que el Pleno del Consejo se pronuncie en sentido contrario".

Es decir, que cuando los Comunicados de la AF recogen sin complejo alguno que "tras estudiar la documentación recibida" opinan esto o lo otro, lo hacen estudiando una documentación que los fiscales entregamos al Consejo para los vocales, solo para los vocales; no para las asociaciones de esos vocales y por tanto lo hacen vulnerando de manera evidente las normas que rigen el Consejo Fiscal.  No está mal para tratarse de fiscales.   En alguna ocasión, cuando he concursado a alguna plaza, la AF ha opinado públicamente de mi currículum: les trasladé que no podían hacerlo, que era material reservado al que no debían ni siquiera acceder porque era documentación para los vocales, no para ellos.   Pero es que además se jactan, y claro, eso es ya demasiado.   Ese estilo de considerar la Carrera Fiscal como algo en lo que pueden hacer lo que quieran sin límites marca una línea clara, que la APIF denuncia.   No tienen que enfadarse en la AF ni conmigo ni con la APIF, solo tienen que disculparse ante la Carrera y no volver a hacerlo y especialmente no deben volver a filtrar documentación los vocales electos.   Porque los vocales son fiscales elegidos por todos los compañeros y deberían comportarse como tales desde parámetros éticos elementales.  Y además y sobre todo porque la ley les obliga.

Curisosamente, toda la naturalidad que muestran para compartir con la ejecutiva de su asociación la información que llega al Consejo Fiscal se convierte en secretismo para informar a la Carrera (es decir, a quienes les eligen) de lo que hacen en el Consejo de porque votan a quienes votan y de porque no luchan por cuestiones básicas para los fiscales.   Pero eso es otra historia.


lunes, 6 de julio de 2015

UNOS OPRIMEN A OTROS

En el último comunicado de la AF correspondiente al mes de julio, en relación con la decisión del TSJ de Canarias de entender que efectivamente en la Carrera Fiscal y en particular frente a las decisiones de los fiscales jefes sobre repartos de trabajo ha de regir el derecho administrativo general (en contra de la opinión del Consejo Fiscal que considera que el Reglamento de 1969 es suficiente al respecto), leemos lo siguiente:

En definitiva, vistas las posturas contrarias entre sí y como avanzábamos en el comunicado anterior, la conclusión no puede ser otra que la necesidad de la promulgación de un nuevo Reglamento de la Carrera Fiscal que supere las lagunas existentes en la actualidad y las dificultades prácticas para completarlas. 

En mi opinión esto no son simplemente "opiniones contrarias entre si" ni hay tantas lagunas jurídicas que no puedan solventarse con una buena formación.  En la Fiscalía las dos asociaciones mayoritarias han establecido una nueva jerarquía en la que las claves son la ausencia de reglas, la opacidad y por tanto la arbitrariedad.    Las "opiniones contrarias" en este caso no son sino entre unos fiscales que quieren que haya igualdad, transparencia y derecho administrativo en el trabajo y otros que prefieren mantener el status quo actual porque de él sacan tajada.    Porque ese es el objetivo de esa nueva jerarquía, el aprovechamiento de la ausencia de reglas para obtener beneficios profesionales para algunos, en estos días -sobre todo- para la AF.   Esto es lamentable, pero creo que es tan evidente como lo es el repasar la lista de fiscales jefes en España y comprobar sus afiliaciones asociativas; tan claro como ver que no hay aquí normativa contra el acoso laboral, o protocolos o reglas de protección de los fiscales en su trabajo.   O  ver qué le pasa a un fiscal cuando denuncia por acoso a su jefe.    O por ejemplo, repasar el comunicado y ver cómo se transmiten a la Carrera datos absolutamente sesgados o irrelevantes (son varias las referencias al carácter de los candidatos a quienes se apoya: ¿como es el caracter de los demas candidatos?) sin mencionar los datos de los demás o sin mencionar si los ponderados por la AF pertenecen o no a esa asociación.

En este comunicado se critica asimismo que la UPF haya pedido la remoción del Fiscal Jefe de Madrid.   ¿Y de que se extrañan?    Ese Fiscal Jefe debía-en mi opinión- haber sido removido u obligado a rectificar cuando impuso una distribución de trabajo con el voto en contra de la inmensa mayoría de la plantilla tras haber creado una desazón en los fiscales durante casi un año.   Pero es que ese fiscal jefe pertenece a la AF, fue elegido contendiendo con un candidato de la UPF que llevaba años en el cargo, la AF tiene mayoría en el Consejo y gobierna el PP.  Imposible la remoción por enfrentarse con la plantilla, y imposible obligarle a rectificar porque significaría que la jerarquía se ha equivocado.

El sistema que esa nueva jerarquía ha organizado no está establecido para crear condiciones de trabajo mejores y más justas para todos.  Ni siquiera está pensada para eso.   Está organizado para que unos fiscales puedan controlar la Carrera a costa de otros y que no pase nada.    Así, no hay ningún problema en elegir precisamente para la Inspección a una fiscal que -al margen de sus méritos- contribuyó con su voto en el Consejo a la expulsión de un joven y gran fiscal por faltas inexistentes y vulnerando sus derechos fundamentales.  Por eso, precisamente, no hay ningún apoyo en el Comunicado AF a lo ventajoso que resulta para todos que empiece a exigirse motivación en los nombramientos o que se empiece a introducir la interdicción de la arbitrariedad en la Fiscalía: frente a la arbitrariedad está la Constitución (art. 9.3), y eso suple la mayor parte de las "lagunas" que se quieran apreciar.      No se dan cuenta de que esta situación no puede continuar mucho tiempo más.


viernes, 3 de julio de 2015

LOS TRAPOS SUCIOS Y LA DESLEALTAD, por Pilar Alvarez y Salvador Viada.

Considerar que alguien es desleal por el simple hecho de que intenta defender sus derechos es un planteamiento digno de ser estudiado. La lealtad nada tiene que ver con la estupidez ni con el dejarse pisotear. La lealtad no se mide por las injusticias que estés  (o que otros piensen que estés) “obligado” a soportar en silencio. La lealtad se mide por el respeto a la institución, por las ganas que tengas de construir una casa que de verdad sea la casa de todos, en la que queden atrás injusticias y en la que la discrepancia y la pluralidad se vean como un enriquecimiento para todos y no como una amenaza. Hoy en día proliferan los pronunciamientos públicos y privados sobre los supuestos efectos perniciosos que tiene la sentencia de 15 de mayo de 2015 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.  Muchos hablan de lo malo que sería que los jueces acabaran marcándonos los repartos de trabajo. Se olvidan, estos que así se pronuncian, que los jueces tienen encomendada la alta función constitucional de impartir justicia, restaurando la vulneración de derechos que pudieran producirse en todos los ámbitos, también en el seno de la Administración Pública, y, por supuesto, también en el seno de la Carrera Fiscal. Sostener que la Carrera Fiscal se encuentra al margen del derecho administrativo y del posible amparo de los Tribunales viene a ser olvidar que existe la Constitución y el derecho a la tutela judicial efectiva, también para los Fiscales, sí también. No se trata de que los jueces vengan o no a decirnos lo que tenemos que hacer, se trata del derecho a acudir a los Tribunales a solicitar se restauren los derechos que te han sido vulnerados. Si no queremos que esto suceda, si no queremos que los trapos sucios salgan de la casa común empecemos por respetar los derechos, de establecer una regulación, unas normas claras para todos, un sistema garantista que efectivamente repare las injusticias y vulneraciones de derechos que se produzcan y entonces, y sólo entonces, alejaremos ese temor que a algunos invade de que los jueces entren a regularnos. Eso sí, nunca debemos olvidar que ellos, los jueces, están ahí para eso, para restaurar el derecho cuando es vulnerado y que cada cual trata o debería tratar de llevar a cabo la función constitucional que le ha sido encomendada de la mejor manera posible.

miércoles, 24 de junio de 2015

LA FISCALÍA SIGUE IGUAL

Uno no sabe si es que la jerarquía de la Carrera (configurada a base de afinidades políticas alternativas durante muchos años) es más fuerte que cualquier FGE que pueda llegar, o que solo llegan a Fiscales Generales quienes no desean cambios en absoluto.  Pero lo cierto es que pasan los meses y los años y nada sustancial cambia en la Fiscalía en lo que se refiere a los derechos de los fiscales.   La ausencia de protocolos sobre acoso laboral, sobre estres laboral, la ausencia de baremos de trabajo, la falta de reglamentación interna adaptada a la normativa nacional e internacional sobre protección de los trabajadores y riesgos laborales, la desidia por suplir la falta de dicha normativa con aplicaciones analógicas de la ley hacen que los fiscales estemos absolutamente desprotegidos frente a los abusos.   Si un fiscal padece un estrés laboral excesivo debido a cargas de trabajo inasumibles (el reconocido en el ámbito laboral como síndrome del burnout), la Fiscalía no ofrece salida alguna porque no hay normativa: al revés, como se descuide le cae un expediente por retrasos; si hay retrasos, importa poco a la Fiscalía que las cantidades de trabajo efectivamente despachadas sean ingentes: como no hay baremos (y nadie está interesado en ponerlos), eso no cuenta.  La última ocurrencia es que el instructor de un expediente disciplinario se elija a dedo y sin motivación por el FGE que ha de imponer eventualmente la sanción por retrasos (de verdad que no doy crédito a cosas como esta): el que ha de sancionar elige sin restricciones a quien ha de investigar y proponer la sanción.    Si se discrepa por un fiscal de una distribución de trabajo, el Consejo Fiscal le dice que no puede recurrir en vía contenciosa y analizan su queja solo desde la perspectiva del reglamento preconstitucional (ahora parece que están estudiando un poco la cuestión a la vista de los primeros pronunciamientos jurisdiccionales en contra de su posición).  Si un compañero sufre acoso laboral, como no hay protocolos, su situación es de auténtica indefensión: si denuncia y presenta pruebas, no se investigaran salvo que se trate de pruebas directas (como si el acoso fuera normalmente una práctica que se hace en plaza pública); si pide la baja por depresión no se le garantiza que su reincorporación se realice en Fiscalía diferente a donde sufrió el acoso, o se le niega la reincorporación a pesar de lo que digan los médicos.   Habrá el compañero de luchar en interminables contenciosos porque sus pretensiones se desestimarán con toda probabilidad en la Fiscalía ante la mirada distraída del Consejo Fiscal (eso si no incoan expediente al denunciante -incluso para echarle-, como es notorio que ya ha ocurrido).   Lo mismo con el bochornoso sistema de concursos, o con tantas otras deficiencias profesionales. Este es el panorama que sufren bastantes fiscales.   Además, cuidado con quien se queje.  Porque la falta de diligencia en arreglar los problemas no es la misma que la que se tiene para poner a caldo donde se pueda al quejoso.   Es increíble que lo que la Fiscalía aplica a terceros se lo niega a los propios.

Mientras, naturalmente, las jefaturas se asignan con todo rigor en su inmensa mayoría a los asociados de quienes nos representan en el Consejo Fiscal.   Todo eso esta atado.

¿No va siendo hora de cambiar un poco todo esto?  ¿De mirar simplemente como está la carrera judicial, que tiene graves problemas, pero que avanza en aspectos que aquí simplemente se silencian?  ¿No va siendo hora de que la Fiscalía General invierta en serio energía en arreglar todo este desastre?