viernes, 16 de noviembre de 2018

POLITIZACIÓN DE LA FISCALÍA Y POLÍTICA CRIMINAL DEL GOBIERNO

Estoy convencido de que la razón por la cual los partidos de gobierno en España mantienen -rechazando todo cambio- el nombramiento por el Gobierno del FGE obedece no a las razones que se argumentan al uso, es decir, la necesidad de realizar una política criminal por el Gobierno del cual el MF sería un instrumento, sino a otras menos confesables.   La política criminal NO SE PUEDE hacer a través del Fiscal, al menos de manera legal, porque el art. 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece un procedimiento para recibir indicaciones del Gobierno que pueden finalmente ser rechazadas por el Fiscal.  Sería una porquería de política criminal aquella que dependiera de que un órgano encargado de ejecutarla pudiera legalmente negarse a ello.   Por tanto, esto es una patraña más.    Las razones son diferentes y están ligadas sencillamente a mantener cierto nexo, cierto control, o al menos ciertos vínculos con quien gobierna el Ministerio Fiscal.   De esos nexos, controles o vínculos, se obtienen ventajas que al poder le satisfacen pero el precio para la institución y su credibilidad es demasiado grande.    Pero, nada, PPSOE a lo suyo, erre que erre.

miércoles, 31 de octubre de 2018

OTRA DE GRABACIONES

Lo que leo sobre los términos de la conversación de la Sra. Cospedal y el Sr. Villarejo allá por 2009 me parece un escándalo.  No entiendo como nuestro país tolera tener dirigentes políticos con esos datos y no los manda directos a su casa.   ¿En manos de quienes estamos? Recuerdo los tremendos e injustos ataques que se hicieron a la Fiscalía en 2009 por parte de esa señora -que conocí un día y me impresionó para bien, por cierto-, más o menos en las mismas fechas en que tuvieron lugar las grabaciones.   Todo esto es penoso.

miércoles, 24 de octubre de 2018

NOMBRAMIENTO DISCUTIBLE

Jamas haremos lo que hacía la AF.  Jamás otro caso Alonso, otro caso Tárrago.  Sólo mérito y capacidad.  Cosas así se decían en las elecciones al CF, hace unos meses.   Ahora ha cambiado la tortilla: la AF, beneficada por el PP hasta la náusea, se ha visto reemplazada en el manejo de la sartén por la UPF, que cuenta ni más ni menos con que la Ministra de Justicia y la FGE han salido de sus filas hace unos meses.  Se discutió hace unos días en el CF el nombramiento de varias plazas de importancia en la Fiscalía.  En principio, nada sorprendente ni abusivo en los nombramientos.  Es cierto que cuando el PP manda el Jefe de Madrid curiosamente pasa a ser alguien con mucho mérito y capacidad perteneciente a la AF, y que si gobierna el PSOE, el mérito pasa casualmente a tenerlo alguien de la UPF.  Pero vamos, al margen de que cada día hay menos candidatos para las plazas de mando en la Fiscalía, en este caso creo que no se puede hablar de nada sospechoso.  Pero si hay una plaza que sorprende.   Había una plaza en la Fiscalía del TC.   La Fiscal Jefe es de la UPF.   Se presentan 20 candidatos, y rebuscando entre los más modernos aparece la que fue finalmente elegida.  Tenía 14 delante. La UPF ha hecho este comunicado -que hay que agradecer porque cita la afiliación asociativa de los principales aspirantes- sobre su decisión de votar a esa candidata, que solo tuvo los votos de la UPF y también el de la Fiscal General -que es el que cuenta-:

"Queremos destacar aquí nuestro apoyo a la Sra. Peramato (numero 472 en el escalafón) en atención a su valia y reconocimiento nacional e internacional, alumbrando el camino de la Fiscalía -junto a Soledad Cazorla- en la lucha por la no discriminación por razón de sexo y contra la violencia contra la mujer.  Por ello, creemos que su buen hacer, su firme compromiso con la perspectiva de género y su transversalidad jurídica, enriquecerá sin duda, la Fiscalía ante el T.C. Asimismo, entendimos que la composición de esta Fiscalía (con sólo 2 mujeres y 7 hombres) ncesitaba un equilibrio de mayor paridad en su composición.  Con nuestro apoyo a la Sra. Peramato queremos trasladar un claro mensaje a la Carrera Fiscal -sin desemerecer por supuesto a ninguna de las otras valiosísimas 19 candidaturas-: la dedicación, el mérito, el talento y la capacidad de la candidata finalmente elegida prevalecen singularmente frente a otros criterios, como la antiguedad".

La candidata más votada (7 votos) era mujer, era la segunda más antigua, es una fiscal de larga y brillante trayectoria, con dedicación, mérito, talento y capacidad.  Mujer (por aquello de equilibrar la paridad, aunque si la Fiscal Jefe es mujer, el peso del sexo femenino es decisivo en el funcionamiento de la Fiscalía), y además, con mucha antiguedad y una gran compañera.   Había otros candidatos también con buenas cualidades,y con mas antiguedad.    Pero esa candidata no elegida no era de la UPF.  De la UPF nos avisa con un claro mensaje: la antiguedad no cuenta porque si alguien de la UPF tiene méritos suficientes -como es el caso-, ya podéis iros olvidando incluso con méritos.  Sobre todo mientras la Fiscal General y el Gobierno sean los que son.

Hombre, esto no es todavía lo que vimos con la AF, pero no es un buen comienzo.

martes, 23 de octubre de 2018

MONTSERRAT CABALLÉ

En casa de mis padres se escuchaba mucha ópera.  Mi padre era un buen cantante aficionado y crecimos escuchando discos de ópera, interpretadas por aquellos cantantes increíbles de aquellos años, Callas, Del Mónaco, Tebaldi, Corelli, Bergonzi...  En esos tiempos mis padres tenian unas localidades en el Liceo de Barcelona.  La estrella indiscutible del teatro era Montserrat Caballé.  No se puede describir la sensación que sentía el auditorio, su gente, al escucharle cantar mejor que en cualquier disco aquellas óperas en Barcelona.  Aquellos filados maravillosos, que llenaban el teatro de manera inverosimil; extensos, estables, entonadísimos... Y luego la explosion de locura, de cariño, de agradecimiento del teatro que sabía que la Caballé, como Pedro Lavirgen (ese grandísimo tenor que conseguía un efecto semejante en el teatro con sus tremendos agudos y su valentía en la interpretación), o el gran Plácido, o Firenza Cosotto, eran entre otros cantantes quienes mantenían el Liceo como una referencia mundial de la música lírica, rebajando muchas veces su caché.   He sentido mucho, con mucha tristeza la pérdida de Montserrat Caballé.   Se que hizo muchas otras cosas buenas por la música, por el Liceo cuando se incendió, por otros cantantes que triunfaron; pero en mi persona siempre quedan aquellos momentos inolvidables que tuve la suerte de vivir, sin darles la importancia que tenían.  Y por eso la recuerdo ahora.

martes, 2 de octubre de 2018

ANULAN LA SANCIÓN IMPUESTA POR LA FGE A UN FISCAL POR RETRASOS EN EL DESPACHO DE TRABAJO

Una compañera de la APIF sufrió lo indecible en un expediente disciplinario por retrasos en el despacho de papel.   Argumentó ella y argumentó la APIF para tratar de explicar que si había habido retrasos en el despacho de papel en algunas causas eso fue porque la carga de trabajo era excesiva y llega un punto en que no puedes más.  La compañera en cuestión había ganado la productividad poco antes de que le encontraran retrasos en el despacho de papel, ya solventados cuando fue inspeccionada.   De nada valieron nuestras argumentaciones.  Ni el instructor del expediente ni la FGE, Consuelo Madrigal, fueron sensibles a las peticiones suyas y  nuestras: oiga, para ver si es injustificado el retraso comprueben todo lo que se ha despachado en el tiempo en que se reprochan los atrasos, ella misma se lo puede listar para que ustedes lo comprueben.   Uno diría que con un poco de ganas de comprender las situaciones en las que viven algunos fiscales en algunas fiscalías, se hubiera podido ser sensible a este argumento.   Pero la FGE se la cargó.  Dos meses de suspensión.   Ello determinó que causara baja en la asociación, asustada de lo que algunos podían llegar a hacer; causó, además del temor que producen estas cosas cuando uno SABE que se ha perpetrado una injusticia, la sensación de soledad, de desprotección en que estamos los fiscales cuando te cae el peso de la jerarquía y tan solo te queda luchar contra el abuso en los Tribunales.   Nada que no se haya visto antes, por ejemplo, en el caso de aquel fiscal expulsado injustamente y que también hubo de dejarse tiempo y angustias en los Tribunales para obtener justicia, Juan Antonio Frago que, por cierto, ha demostrado aquí otra vez ser un compañero extraordinario, ayudando a la compañera en todo lo que ha podido, luchando jurídicamente, anímicamente y tratando de estar ahí cuando en esta carrera te empiezan a mirar con sospecha.

La compañera recurrió deseperadamente contra este abuso.  El TC denegó su pretensión sobre el derecho a un justo proceso porque resultando que en este caso la FGE no solo sancionó, sino que designó liberrimamente al instructor del expediente a fiscal de su confianza ni siquiera perteneciente a la inspección fiscal, producía a mi modo de ver, una quiebra en la apariencia de imparcialidad en la decisión: quien sanciona no debería nombrar discrecionalmente a quien instruye.  Pero el TC no amparó a la compañera.

Ahora -dos años despues- se resuelve el contencioso en la Audiencia Nacional: otro varapalo para la Fiscalía.   Los responsables de esto ya lo habrán olvidado, pero el daño causado es tremendo tras casi dos años de calvario para la compañera, que yo califico de extraordinaria profesional.   Los fiscales entregamos mucho más que horas de trabajo en nuestro oficio, esto es nuestra vida.   Y cuando te dicen -sin querer siquiera comprobar si eres un manta o simplemente si estas destrozado por exceso de trabajo o condiciones de trabajo lamentables, o por otra razón personal que puedas alegar- que mereces dos meses de suspensión, el impacto es tremendo, algo que algunos ven como un deshonor profesional.  Podría serlo (un deshonor), pero no con este sistema disciplinario, no con estos modos de la jerarquía.   Con estos modos, solo queda el tremendo dolor.   Yo he visto directamente ese impacto, he visto el daño causado y he sufrido con él.  ¿Se reformará alguna vez nuestro régimen disciplinario, formando a instructores y estableciendo ALGUNA garantía en nuestro sistema?   ¿O no vale la pena despues de tanta chapuza?

¿Que dice la sentencia de la Audiencia Nacional, de fecha 24 de mayo de 2018?   Transcribo y subrayo los apartados principales.

S. Sección 3ª de la AN de fecha 24 de mayo de 2018
TERCERO.- Retraso injustificado y reiterado.-
La sanción impuesta a la demandante aparece recogida en el artículo 62 de la Ley 50/1981, 30 diciembre , por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, cuyo apartado Nueve sanciona como infracción muy grave "La desatención o el retraso injustificado y reiterado en el despacho de los asuntos o en el ejercicio de cualesquiera otras de las funciones que le fueran encomendadas".
La Jurisprudencia ha elaborado una doctrina en torno a la infracción consistente en el retraso, señalando que "El retraso que exige el artículo 418.10 de la LOPJ es una manifestación de la no debida dedicación, con una vertiente claramente subjetiva ( STS de 24 de enero de 1997 )" ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso- administrativo, Sección Pleno, Sentencia de 20 Abril 2010, Rec. 131/2009 (FD 6ª), constituye una evidencia de la pasividad profesional ( Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 17 Mayo 2012, Rec. 654/2009 ). Destaca la sentencia de 20 de abril de 2010 citada que:
- la inobservancia de los tiempos legalmente establecidos en el ejercicio de las funciones o competencias judiciales, tiene su respuesta disciplinaria en las faltas muy grave, grave y leve que aparecen tipificadas, respectivamente, en los artículos 417.9 , 418.10 (hoy, 418.11) y 419.3 de la LOPJ .
-El soporte común de la una conducta básica es el retraso, diferenciándose en la mayor o menor reprochabilidad en razón a la mayor o menor gravedad que revele el incumplimiento exteriorizado, lo que debe ser ponderado en atención a las circunstancias bien cuantitativas bien de otra índole que hayan rodeado a aquel retraso.
-En este mismo sentido, el elemento subjetivo cuya presencia determina el retraso injustificado constitutivo de la infracción grave prevista en el artículo 418 LOPJ no sólo debe ser ponderado en relación a la situación general y a la cuantificación objetiva del resultado del retraso, sino que también debe ponerse en conexión con la trascendencia que tenga la actividad retrasada.
-Ha de destacarse igualmente que el elemento subjetivo de la culpabilidad resulta imprescindible en toda infracción disciplinaria y, por supuesto, también en todos y cada uno de esos tres específicos tipos de infracción de que aquí se está tratando.
-"Y lo que resultará inexcusable en cualquiera de esas tres faltas, incluida la falta leve del artículo 419.3, será que resulte inequívocamente demostrado que el puro retraso o la mera inobservancia temporal es imputable a la pasividad intencional o al descuido del Juez o Magistrado, debiéndose puntualizar que esa imputabilidad al Juez, cuando se trate de órganos que soportan una carga de asuntos que rebasan los módulos normales, exigirá que quede acreditado que tuvo un conocimiento singularizado de las particulares circunstancias del asunto."
Los criterios establecidos para calificar una conducta como retraso injustificado en el tipo del artículo 418.11 LOPJ son los siguientes: 1º) El análisis de la situación del órgano jurisdiccional, comprendiendo la plantilla de medios personales y el volumen de asuntos de que conoce. 2º) El retraso existente con la trascendencia que esta actividad retrasada tiene en el funcionamiento de la Administración de justicia. 3º) La concreta dedicación del titular del órgano a su función. 4º) El retraso ha de ser frecuente, repetido, afectar a una pluralidad de procesos y ello englobado dentro de una actuación general, constante y no aislada y esporádica.- Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 7ª, Sentencia de 31 Marzo 2011, Rec. 192/2010 -

CUARTO.- Tipicidad de la conducta sometida a examen: Retraso injustificado y reiterado.
4.1.- La parte demandante ha venido mostrando una queja reiterada acerca del volumen de trabajo existente en la Fiscalía y la complejidad de los asuntos, hecho que no puede pasar inadvertido, porque los propios Decanos de la Sección en la que estaba destinada la Fiscal expedientada reconocen sin ambages que la Sección de delitos económicos era una sección compleja en función de la materia (folio 293).
También parece desprenderse de las declaraciones de los Fiscales que obran en el expediente que hubo una restructuración en la Fiscalía en septiembre de 2014, con la intención de obtener una mayor celeridad en el despacho de los asuntos, ya que parece que existía cierta demora.
La propia Memoria de la Fiscalía de Madrid 2014 entiende que la plantilla de la Fiscalía Provincial de Madrid "resulta insuficiente, siendo necesaria una ampliación de 14 Fiscales más, 7 de ellos en Madrid capital " ( folio 13 de la Memoria), y que la materia de delitos económicos es una materia compleja desde un punto de vista técnico- jurídico ( folio 175 de la Memoria). El escrito de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) de 12 de febrero de 2015 (incorporado en al folio 35 del expediente) expresa una serie de consideraciones que abonan la tesis de la existencia de un carga de trabajo importante en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid. En dicho escrito la portavocía de la asociación de fiscales expresa que, " .... La Fiscalía de Madrid, en los últimos tiempos se ha visto afectada por un cambio sustancial en la organización interna de trabajo. Cambio que ha generado una enorme tensión interna, no solo motivada por la entidad del cambio sino por la enorme carga de trabajo que de por sí soporta esta Fiscalía. Entendemos que si ya es difícil el despacho ordinario de cargas de trabajo como la que soportan los Fiscales de Madrid, mucho más en periodos de cambios, con la necesidad de compatibilizar la adaptación al nuevo lote con cantidades de papel y de servicios muy superiores a las de otras Fiscalías. Circunstancia que ha venido unido a un largo proceso de incertidumbre, por el tiempo que ha tardado en fraguarse el mencionado cambio y por la oposición interna que este ha encontrado en gran parte de la Fiscalía de Madrid". (Estas apreciaciones se repiten a lo largo del expediente en trámite de alegaciones).
La demandante aportó una relación de causas despachadas durante el periodo analizado (fundamentalmente 2014) observándose la existencia de una actividad continuada de calificación, asistencia a juicios en el Juzgado de lo Penal, en la Audiencia Provincial, la intervención en Juicios de Faltas, calificación en el ámbito mercantil etc. (folios 301 y 22). Esta actividad no ha sido cuestionada, como tampoco el hecho de que en febrero de 2015 la Fiscal demandante terminó de despachar las causas en estado de "demora" que habían motivado el expediente (véase declaración de la Sra. Decana - folio 293-).
A su vez, observamos que l a demandante percibió en el primer semestre de 2014 el complemento de productividad (folio 429 y ss). Consta un estadillo correspondiente al primer semestre de 2014, en el que se detallan las calificaciones y actuaciones realizadas por la Sra. Ofelia : calificaciones penales, calificaciones en procedimientos abreviados, intervenciones en recursos, juicios y vistas, medidas cautelares, ejecutorias y diligencias de investigación, siendo puntuada con un total de 4.924,5 puntos, que le hicieron merecedora del complemento de productividad, como consecuencia del cumplimiento de objetivos. En relación a esta circunstancia la Fiscalía General del Estado señala en el acuerdo originariamente impugnado que "La percepción del plus de productividad por el trabajo realizado en el primer semestre de 2014: como bien dice el Instructor, semejante circunstancia no afecta a la realidad de los retrasos detectados. El plus se concedió ese semestre aproximadamente a un 35% de los Fiscales en los órganos centrales, por un sistema baremado sobre el trabajo despachado. El retraso no es generalizado sino un retraso selectivo en el trámite de determinados asuntos, que carece de causa justificada, mientras el resto de las causas eran despachadas normalmente".
4.2.- De ello se desprende que el retraso detectado - que sin duda existió- no resulta identificado con una falta de dedicación, y que si bien existen 21 procedimientos en los que las calificaciones sufrieron demora de varios meses ( más de tres), ello no se debe a una falta de dedicación en el quehacer cotidiano de la Fiscal, tal y como evidencia el listado de actuaciones y la existencia de un acuerdo de abono de productividad en función de los objetivos alcanzados, que implica no solo cumplir los objetivos propios de cada puesto de trabajo, sino unos objetivos añadidos.
Además, la propia Fiscalía apunta que no es un retraso generalizado sino selectivo, lo que evidencia, que el tipo de "retraso injustificado y reiterado" no se cumple, desde el momento en que se reconoce que no hay reiteración o generalización en la demora, o una falta de dedicación estructural.
La Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, dispone en su artículo 13 ("Retribuciones de los miembros de la carrera fiscal") que:
1.Los miembros de la carrera fiscal serán retribuidos con arreglo a lo establecido en los capítulos I, II y IV del título I de esta ley. Las cuantías de las retribuciones básicas y de los complementos de destino y específico se determinan en los anexos IV, V y VI de esta ley.
2.Los miembros de la carrera fiscal tendrán derecho a percibir un complemento variable por objetivos compatible con las retribuciones referidas en el apartado anterior, destinado a remunerar el rendimiento y actividad extraordinaria de los fiscales. La cuantía global de este complemento no podrá exceder del porcentaje sobre el resto de las retribuciones que establezcan los Presupuestos Generales del Estado.
El Real Decreto 432/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el complemento variable por objetivos de los miembros de la carrera fiscal, establece en su artículo primero el objeto y ámbito de aplicación -regular el complemento variable por objetivos- destinado a retribuir el rendimiento y actividad extraordinaria de los miembros de la carrera fiscal de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 15/2003, de 26 de mayo , reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
El artículo primero define la retribución variable señalando que "2. Las retribuciones variables por objetivos estarán vinculadas a la actividad extraordinaria y al rendimiento individual acreditado por cada fiscal en el desempeño de sus actividades profesionales en relación con los objetivos asignados.
3. Estas retribuciones no serán fijas en su cuantía y en ningún caso podrán consolidarse de un ejercicio presupuestario a otro.
4. En ningún caso el reconocimiento de estas retribuciones podrá responder a un reparto lineal o rotatorio".
E Incluso prevé la posibilidad de reducir este importe en caso de rendimiento anormalmente bajo. En suma, el reconocimiento explícito de este rendimiento, permite excluir un abandono o descuido en el desempeño de las tareas asignadas.
4.3.- Resta por determinar si ese retraso es injustificado o no, lo que permitiría degradar la infracción (artículo 63. Ocho del Estatuto Orgánico). Tenemos el acuerdo productividad con la significación indicada, y un conjunto de indicios que apuntan a la presencia de cargas de trabajo importantes. De ahí que la Sala considere que existen serias dudas acerca de la justificación o no de los retrasos que, de forma puntual, fueron detectados.
En efecto, ante la presencia de causas complejas unidas a cargas de trabajo elevadas, que asumimos como reales, y la probada actividad profesional de la demandante en el despacho de asuntos, nos preguntamos si lo que existía era una sobrecarga que impidió de hecho la atención sin demora de determinadas causas mientras la Fiscal atendía otras.
No nos consta, pues nada se explica en el acuerdo impugnado, que se pospusieran unas causas en lugar de otras más modernas, que se desatendieran las más complejas o las que requiriesen mayor celeridad en beneficio de otras; o bien, que no se atendiera a un criterio de prioridad razonable fijado por la Fiscalía. No existe una motivación al respecto, como hubiera sido necesario a la vista de las circunstancias del caso.
Lo cierto es que cuando la Fiscalía decidió efectuar el seguimiento de las causas que sufrían retraso los cuatro Fiscales concernidos por las demoras se pusieron al día (así resulta de las diligencias). En tales circunstancias, y valorando los diversos datos fácticos con los que contamos, a saber, carga de trabajo de la Fiscalía en términos cuantitativos y cualitativos, dedicación de la interesada y abono de la productividad por la labor del primer semestre de 2014, ausencia de generalización en la demora, falta de elementos que evidencien abandono de las causas pendientes en beneficio de otras o probada negligencia, la Sala considera que no se ha probado que, en el particular contexto apreciado, el retraso fuera injustificado.
Albergamos dudas acerca de la existencia de causas que impidieran el normal despacho de los asuntos, sin dar lugar a demoras o incumplimiento de los plazos razonables. En consecuencia debemos estimar el recurso, toda vez que no queda acreditado sin lugar a dudas que concurren todos los elementos del tipo por el que se ha impuesto la sanción. Por lo tanto, hemos de anular la sanción impuesta.
4.4.- La Sala tuvo conocimiento a través del escrito de conclusiones, que la demandante había interpuesto un recurso de amparo, que había sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (doc. 1 del escrito de conclusiones), contra la sentencia dictada en el procedimiento de derechos fundamentales 782/2015 seguido ante la Sección 7ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Esta sentencia se localizó mediante la base de datos disponible ( STS Madrid, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección 7ª, de 24 de mayo de 2016, rec. 782/2015 - ECLI: ES: TSJM:2016:5550), verificando que el recurso contencioso-administrativo se formuló en términos muy semejantes al presente, pero con un resultado distinto, porque la sentencia fue desestimatoria.
Sin embargo, pese a tratarse del mismo expediente (y sin perjuicio de las consecuencias que pueda arrastrar la aplicación de las normas de competencia - artículo 238 LOPJ -), no podemos olvidar que el procedimiento especial para la protección de derechos fundamentales tiene una finalidad específica, que atiende a la presencia de una infracción de un derecho fundamental susceptible de amparo a través de esta clase de recursos ( artículo 52.3 CE y 114 LJCA ). Se trata de verificar si ha existido infracción o no de normas que disciplinan los derechos fundamentales, a fin de lograr su restablecimiento ( artículo 114.2 y 121.1 LJCA ). En el procedimiento ordinario que ahora examinamos el control de legalidad que nos corresponde excluye el objeto ya tratado a través del procedimiento especial ( STC 42/1989 y 26/1995), de modo que aquí solo procede estudiar cuestiones de legalidad ordinaria, por lo que desde este punto de vista, y ciñéndonos a lo que es objeto de este recurso no encontramos que pueda darse un fallo contradictorio o que se solape con aquel. Aquel recurso se pronunció sobre la existencia o no de infracciones del ordenamiento jurídico que puedan comportar una vulneración de un derecho fundamental, llegando a un resultado negativo, al verificar que las cuestiones planteadas (caducidad, separación del funciones instructoras y sancionadoras, intervención del Ministerio Fiscal en el procedimiento disciplinario y motivación) eran cuestiones de legalidad ordinaria sin trascendencia constitucional.
Por el contrario, en este caso, nos centramos en cuestiones de legalidad que no podían ser objeto del recurso especial del artículo 114 LJCA , y llegamos a una conclusión distinta, destacando que se ha vulnerado la tipicidad de la infracción ( artículo 25 CE ) al no resultar de la motivación de la resolución controvertida que se dan todos los elementos que son necesarios para dar cumplimiento al tipo sancionador.
Por último, se ha de indicar que la sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de febrero de 2018 (BOE 8 de marzo) resolvió el recurso de amparo planteado por la demandante contra la sentencia de 24 de mayo de 2016 de la Sección 7ª de la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid , desestimando todas las cuestiones procedimentales planteadas por la demandante en el recurso de amparo.

QUINTO.- Debe estimarse el recurso, anulando la sanción impuesta, y en consecuencia las costas se imponen a la demandada, de acuerdo con el principio general del vencimiento objetivo previsto en el artículo 139.1 de la LJCA . No se aprecian motivos para apartarse de la regla general.

FALLO

ESTIMAR el recurso contencioso-administrativo promovido por DOÑA Ofelia contra la Resolución de la Secretaria de Estado de Justicia de 3 de noviembre de 2015, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto por aquella contra la resolución de la Fiscal General del Estado de 21 de julio de 2015, por la que se le impone la sanción de suspensión de empleo y sueldo de dos meses por la comisión de una falta muy grave del artículo 62.9 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, por no ser conforme a derecho.



domingo, 30 de septiembre de 2018

UN SÍNTOMA TERRIBLE

El asunto de la opositora que aprueba judicatura y tras una serie de incidencias acaba como fiscal tras haber sido ampliada una plaza para ella a la que no pudo opositar nadie más, es un síntoma terrible de como funcionan las cosas en la Justicia en España.   Se dice por algunos que no se debe hablar del asunto porque el padre de la joven es el encargado de enjuiciar el caso del Procés catalán y por tanto no hay que debilitar su posición.  Si este asunto me causa desazón por alguien más que nada es por ella: ella   aprobó la oposición y por tanto su formación no es lo que está aquí en cuestión.   Pero yo creo que hay aclarar esto antes de que empiece el citado juicio porque hay demasiadas dudas sobre lo ocurrido, y el argumento de no debilitar al Juez no me convence.  Si la posición del Juez se debilita por estas razones, hay más jueces.   Oiga, si todo está bien, pues todo está bien y no pasa nada, y yo deseo de corazón que todo esté bien.  Pero las dudas sobre la posibilidad de un abuso de poder o un trato de favor en la Justicia, antes de afrontar un juicio de esa naturaleza no va a ayudar nada a la credibilidad del Tribunal ni a la paz social que una sentencia bien dictada debe producir.  Vamos a ver, en España los magistrados del TS (y los fiscales  indirectamente también) son elegidos por el Gobierno y por los partidos de poder a través de su influencia en el CGPJ.   Ese sistema español es perverso porque en asuntos que afectan a los intereses de quienes nombran la credibilidad del Tribunal y del Ministerio Fiscal aparece lastrada.   Es la politización de la Justicia, de la que se benefician PP y PSOE y jueces y fiscales afines, y que nos reprochan en toda Europa.    Hay que acabar con ello, naturalmente.   Pero si encima aparecen sombras nada genéricas el asunto se agrava.   La UPF ha pedido por la ley de Transparencia datos sobre el tema, como en su día lo hicieron otras asociaciones de jueces.   Creo que tienen razón, y que este asunto no debe dejarse pasar.   Las personas acusadas de delitos contra el Estado en Cataluña (que son españoles, que pagan sus impuestos y que tienen todos los derechos procesales garantizados por la ley) sólo pueden ser condenadas con dos previas condiciones elementales: que se pruebe que hayan cometido esos delitos (antes les ampara la presunción de inocencia), y además que no haya sombra alguna de duda sobre las circunstancias del enjuiciamiento.   Tras eso, si se desvirtúa la presunción de inocencia, pues a responder.  Pero antes, hagamos los deberes bien.

miércoles, 12 de septiembre de 2018

RENOVACIÓN DEL CGPJ

Hace falta una Justicia que no ofrezca ningúna tacha de imparcialidad objetiva.  Los tiempos (y las instituciones internacionales) parece que nos lo demandan con toda claridad.   No es necesario seguir el camino de la Justicia afín a los partidos políticos, de la Justicia de políticos togados o togados políticos, de la Justicia de jueces progresistas o conservadores, de la Justicia de los afines o de los adversarios.  No hace falta que quienes han de juzgar en las más altas instancias sean elegidos por los partidos políticos, y además, la experiencia ha demostrado que acaba resultando una mala idea en la lucha contra la corrupción y también en otros temas que afectan a intereses políticos.   Hace falta una Justicia con apariencia de imparcialidad y eso solo puede producirse si el objetivo es ese y se trabaja para lograrlo, no si se procura controlar políticamente la Justicia.   A mi me parece increíble que con los años que llevamos evidenciando el fracaso del sistema, dos partidos políticos decidan que a ellos (y a sus Jueces afines) les viene mejor mantener a un CGPJ bajo su control político, y se salgan con la suya.

Puedo entender que en los años 80 el PSOE en el Gobierno desconfiara de una jerarquia en la Justicia que había hecho su carrera profesional en la Dictadura.   Pero treinta y tres años despues esto es una cuestión pura y simple de controlar políticamente el Poder Judicial restringiendo su independencia y su imparcialidad, juego al que se sumó con entusiasmo el PP y que no ha corregido el PSOE. 

Dentro de unas semanas sabremos el nombre de la persona elegida como Presidente del TS y del CGPJ, antes sin duda -no recuerdo un Consejo en que no haya ocurrido así- de que se conozca el nombre de los vocales que habrán de elegirle.   Con ello esos vocales, que obedecerán en su PRIMERA gran decisión, nos mandarán el mensaje que llevamos recibiendo desde 1985: en el CGPJ mandan dos partidos.

Ese CGPJ que ahora será elegido habrá de designar durante su mandato más de 40 magistrados del TS; habrá de nombrar a la generalidad de los Presidentes de los TSJs, Tribunales que conocen de los juicios de aforados autonómicos; habrán de designar a magistrados del TC, contaminando también a ese órgano; deberá gobernar a los Jueces y Magistrados, y deberá emitir numerosos informes de indudable trascendencia pública.   Luego querrán que todo esto salga gratis en orden a la credibilidad de nuestra Justicia.  Pero no sale.  Si la cúpula de la Justicia no es creíble por aparente falta de imparcialidad objetiva, Houston, tenemos un problema.

miércoles, 5 de septiembre de 2018

HAY QUE IR A VER A PEDRO SÁNCHEZ

Hace unos meses, antes de que la moción de censura a Rajoy aupara al líder del PSOE a la presidencia del Gobierno, los representantes de los jueces y los fiscales fueron a ver a Sanchez que en aquel momento ofrecía su apoyo a las reivindicaciones económicas de estos colectivos.  Ahora, desde el Gobierno, se remolonea ya que Hacienda esto, Hacienda lo otro, la Mesa de negociaciones para fines de mes, que la Justicia Digital, bueno se estudiará, y tal y tal.  Ahora, para asombro de propios y extraños, es el PP quien se muestra con su nuevo líder muy proactivo con jueces y fiscales, hasta el punto de ofrecerse para colaborar en nuestras reivindicaciones, acompañado ni más ni menos que del Ministro reprobado Catalá, dando así la imagen de cambio en la Justicia que era de esperar.  A mi me parece que tanto Sánchez como ahora Casado buscaron y buscan mejorar su imagen pública ofreciéndose desde la oposición para arreglar problemas que desde el Gobierno no consideran prioritarios o sencillamente no quieren resolver.  Pues bien, creo que hay que ir a Sánchez ahora, cuando está en el Gobierno.  Recordarle lo que nos dijo: tenéis nuestro apoyo en vuestras reivindicaciones económicas.   Exigirle que de pasos para despolitizar la Justicia y que proporcione medios suficientes para trabajar con dignidad.  Y exigirle que cumpla.   Y si no lo hace, o no recibe a las asociaciones, que todo es posible, actuar con él con la misma contundencia que en los últimos tiempos con el reprobado Catalá.

viernes, 20 de julio de 2018

TODO EL PODER PARA LA UPF (Y EL PSOE) EN LA FISCALÍA

A uno le gustaría ver que los cambios políticos no tuvieran gran repercusión en la dirección de la Fiscalía.  Ese sería un buen signo de que la Fiscalía (y la Justicia) va en su camino de exigir la aplicación de la ley con imparcialidad con independencia de quien mande.   Pero lo que estamos viendo estas últimas semanas evidencia que la alternativa al modelo del PP (apoyándose en la asociacion de fiscales afín en el Gobierno de la Fiscalía) era la del PSOE, consistente en que todo siga igual pero eso sí, a quien manda en la Fiscalía la nombran ellos.    Es decir, lo de siempre.   PP-AF y PSOE-UPF.   Si las cosas fueran bien en la Justicia pensaríamos que no hay más opciones.  Pero es que esto no va nada bien.    Y el principal problema es que los partidos políticos de gobierno desean controlar la Fiscalía para lo que necesitan gente dentro que les ayude.    Ahora es el turno de la UPF.   La ministra y todo su equipo salen de la UPF; la directora del Centro de formación de los Fiscales, de la UPF; la Fiscal General, de la UPF; el Jefe de la Secretaría Técnica, de la UPF.  No se si queda alguien más para nombrar, pero se que entre los valiosos fiscales de la UPF que conozco hay una sensación de que lo que hace tres meses era imposible, hoy les puede tocar.   Suenan en quinielas, hay rumores y desmentidos, se miran fechas de jubilación a ver si da tiempo antes de las elecciones...

A otros compañeros les puede gustar que fiscales ocupen puestos políticos dejando la puerta abierta a regresar a la Carrera cuando cesen en los mismos.   A mi no.   Creo que esto es un desastre para la imagen de nuestra Justicia y sobre todo, porque alienta a los jóvenes que quieran hacer carrera a buscar en camino fácil: hacerse afín a quien manda en la política.  

A ver ahora el discurso de la UPF sobre la necesidad de despolitizar la Fiscalía.

miércoles, 11 de abril de 2018

LEYES, FISCALES Y JUECES

Los fiscales y los jueces debemos aplicar la ley.  Nuestro mundo profesional se limita a eso, a analizar la norma y aplicarla al caso que se nos presenta que es lo que en nuestra inmensa mayoría hacemos.  Pero si levanto la vista un poco y veo las leyes que tenemos que aplicar me preocupo bastante.  Tenemos un Código Penal infumable, durísimo, en muchos aspectos construido al impacto de algún caso concreto que determina un agravamiento de las penas.  Tenemos una polémica sobre la importancia de aplicar la prisión permanente revisable, incluso ampliándola a más supuestos cuando ya tenemos en el Código un máximo de cumplimiento de prisión de 40 años no revisable.   Veo graves problemas con castigos desmesurados -incluso de cárcel- por comentarios tal vez despreciables en redes sociales pero sin relevancia alguna.   Tenemos una normativa antiterrorista expansiva, como si afortunadamente no hubiéramos vencido de una vez al terrorismo de ETA.   Se consideran actos de terrorismo, con el poder simbólico que tiene esa calificación (que se expone a perder), actos que yo no puedo asociar con terrorismo, aunque sean delictivos.  Tenemos una Ley de Enjuiciamiento parcheada y inspirada por una investigación inquisitiva a cargo de un juez, donde estructuralmente las garantías para el investigado se le reconocen por la vía de los recursos.   Tenemos un número de presos elevadísimo, superior en términos relativos a la mayor parte de los países europeos.   Tenemos una justicia politizada en sus más altas instancias por vía de la designación de los más altos jueces y fiscales por órganos designados por el Gobierno o los partidos, con olímpico desprecio del mérito y la capacidad.  Tenemos un Tribunal Constitucional cuyos miembros son elegidos por los partidos políticos a través de diversas vías en demasiadas ocasiones por razones básicas de afinidad ideológica o incluso partidista.   Tenemos los instrumentos de control de la actuación de la administración controlados políticamente con lo que la corrupción  ha conseguido extenderse hasta la náusea o lo que es peor, hasta que nos  hemos acostumbrado.

Y todo ello mientras afronta España una gravísima crisis política sin el talento, la moderación y la sensibilidad para resolverlo.

Creo que hay que pararse a reflexionar un poco, reconsiderar unas cuantas cosas importantes y creo también que hacen falta cambios de mucho calado.

lunes, 12 de marzo de 2018

PORQUÉ NO NOS DEFIENDE EL CONSEJO FISCAL

En realidad es una evidencia que el Consejo Fiscal, para mejorar las condiciones de trabajo y de prestación del servicio de los fiscales, ha valido hasta ahora para muy poco.  En los últimos 16 años, al menos, todo ha ido deteriorándose, al reducirse sueldos y plantillas, incrementarse el trabajo y no hacerse baremos de cargas laborales, implementarse un sistema informático indigno, desobedecerse la ley sobre valoración de méritos, mantener la opacidad en la actuación del Consejo y ignorar el clamor de fiscales que buscan salida a la falta de movilidad en la Carrera.   ¿Como es posible que no hagan nada sobre esos temas nuestros representantes en el CF, y al tiempo consigan que la generalidad de las jefaturas y puestos de responsabilidad recaigan en asociados a las asociaciones a que pertenecen?   Pues la respuesta está en la pregunta.   No pelean porque si lo hicieran no les nombrarían.   Hoy lo más llamativo es la actuación de la AF, que tiene mayoría en el CF desde hace 30 años, pero en otros tiempos fue la UPF.
Veamos:
La anterior Presidenta de la AF es desde hace unas semanas fiscal jefe de Barcelona  y candidata al Consejo Fiscal.
La anterior, Fiscal Jefe de un TSJ.
El anterior, Miembro Nacional de Eurojust.
El actual Portavoz es desde hace un año, Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.
El anterior es ni más ni menos que asesor del Ministro de Justicia, que sin duda valoró su lucha por nuestros derechos ante el Ministerio.
Dos vocales de la AF del actual CF han promocionado a puestos de libre designación, como ocurrió también en el CF anterior.

Añado este cuadrito que copio de una compañera de la UPF (por la que tengo afecto y respeto) que ha tenido a bien publicar confiando en su exactitud.   Da una idea de lo que hablo:


No hay texto alternativo automático disponible.

Sin contar las Fiscalías de Sala, una asociación (la AF) que no suma el 20 por ciento de los fiscales de la Carrera, se ha dedicado a copar los puestos de mayor responsabilidad prometiendo ayudarnos a todos desde el CF.  Este cuadro me parece el resumen de un expolio profesional.   Aparte del hecho de que ellos mismos se apoyan en el CF, ¿Los hubieran elegido si se hubiera tratado de talibanes en la defensa de los compañeros?  ¿Están en condiciones esas personas -incluso con buena voluntad- de enfrentarse al poder ejecutivo por los derechos de los fiscales?  A mi me parece que ni de broma.  El Gobierno elige a quien le conviene, pero el problema es que quien le conviene al Gobierno resulta que se presenta -y los elegimos- como nuestros representantes para que nos defiendan frente al Gobierno.   Total, cambios no va a haber como no ha habido durante décadas.  Salvo, claro, que los fiscales empiecen a elegir a quienes les conviene solo a los fiscales, no a los Gobiernos.