lunes, 6 de julio de 2015

UNOS OPRIMEN A OTROS

En el último comunicado de la AF correspondiente al mes de julio, en relación con la decisión del TSJ de Canarias de entender que efectivamente en la Carrera Fiscal y en particular frente a las decisiones de los fiscales jefes sobre repartos de trabajo ha de regir el derecho administrativo general (en contra de la opinión del Consejo Fiscal que considera que el Reglamento de 1969 es suficiente al respecto), leemos lo siguiente:

En definitiva, vistas las posturas contrarias entre sí y como avanzábamos en el comunicado anterior, la conclusión no puede ser otra que la necesidad de la promulgación de un nuevo Reglamento de la Carrera Fiscal que supere las lagunas existentes en la actualidad y las dificultades prácticas para completarlas. 

En mi opinión esto no son simplemente "opiniones contrarias entre si" ni hay tantas lagunas jurídicas que no puedan solventarse con una buena formación.  En la Fiscalía las dos asociaciones mayoritarias han establecido una nueva jerarquía en la que las claves son la ausencia de reglas, la opacidad y por tanto la arbitrariedad.    Las "opiniones contrarias" en este caso no son sino entre unos fiscales que quieren que haya igualdad, transparencia y derecho administrativo en el trabajo y otros que prefieren mantener el status quo actual porque de él sacan tajada.    Porque ese es el objetivo de esa nueva jerarquía, el aprovechamiento de la ausencia de reglas para obtener beneficios profesionales para algunos, en estos días -sobre todo- para la AF.   Esto es lamentable, pero creo que es tan evidente como lo es el repasar la lista de fiscales jefes en España y comprobar sus afiliaciones asociativas; tan claro como ver que no hay aquí normativa contra el acoso laboral, o protocolos o reglas de protección de los fiscales en su trabajo.   O  ver qué le pasa a un fiscal cuando denuncia por acoso a su jefe.    O por ejemplo, repasar el comunicado y ver cómo se transmiten a la Carrera datos absolutamente sesgados o irrelevantes (son varias las referencias al carácter de los candidatos a quienes se apoya: ¿como es el caracter de los demas candidatos?) sin mencionar los datos de los demás o sin mencionar si los ponderados por la AF pertenecen o no a esa asociación.

En este comunicado se critica asimismo que la UPF haya pedido la remoción del Fiscal Jefe de Madrid.   ¿Y de que se extrañan?    Ese Fiscal Jefe debía-en mi opinión- haber sido removido u obligado a rectificar cuando impuso una distribución de trabajo con el voto en contra de la inmensa mayoría de la plantilla tras haber creado una desazón en los fiscales durante casi un año.   Pero es que ese fiscal jefe pertenece a la AF, fue elegido contendiendo con un candidato de la UPF que llevaba años en el cargo, la AF tiene mayoría en el Consejo y gobierna el PP.  Imposible la remoción por enfrentarse con la plantilla, y imposible obligarle a rectificar porque significaría que la jerarquía se ha equivocado.

El sistema que esa nueva jerarquía ha organizado no está establecido para crear condiciones de trabajo mejores y más justas para todos.  Ni siquiera está pensada para eso.   Está organizado para que unos fiscales puedan controlar la Carrera a costa de otros y que no pase nada.    Así, no hay ningún problema en elegir precisamente para la Inspección a una fiscal que -al margen de sus méritos- contribuyó con su voto en el Consejo a la expulsión de un joven y gran fiscal por faltas inexistentes y vulnerando sus derechos fundamentales.  Por eso, precisamente, no hay ningún apoyo en el Comunicado AF a lo ventajoso que resulta para todos que empiece a exigirse motivación en los nombramientos o que se empiece a introducir la interdicción de la arbitrariedad en la Fiscalía: frente a la arbitrariedad está la Constitución (art. 9.3), y eso suple la mayor parte de las "lagunas" que se quieran apreciar.      No se dan cuenta de que esta situación no puede continuar mucho tiempo más.


viernes, 3 de julio de 2015

LOS TRAPOS SUCIOS Y LA DESLEALTAD, por Pilar Alvarez y Salvador Viada.

Considerar que alguien es desleal por el simple hecho de que intenta defender sus derechos es un planteamiento digno de ser estudiado. La lealtad nada tiene que ver con la estupidez ni con el dejarse pisotear. La lealtad no se mide por las injusticias que estés  (o que otros piensen que estés) “obligado” a soportar en silencio. La lealtad se mide por el respeto a la institución, por las ganas que tengas de construir una casa que de verdad sea la casa de todos, en la que queden atrás injusticias y en la que la discrepancia y la pluralidad se vean como un enriquecimiento para todos y no como una amenaza. Hoy en día proliferan los pronunciamientos públicos y privados sobre los supuestos efectos perniciosos que tiene la sentencia de 15 de mayo de 2015 de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.  Muchos hablan de lo malo que sería que los jueces acabaran marcándonos los repartos de trabajo. Se olvidan, estos que así se pronuncian, que los jueces tienen encomendada la alta función constitucional de impartir justicia, restaurando la vulneración de derechos que pudieran producirse en todos los ámbitos, también en el seno de la Administración Pública, y, por supuesto, también en el seno de la Carrera Fiscal. Sostener que la Carrera Fiscal se encuentra al margen del derecho administrativo y del posible amparo de los Tribunales viene a ser olvidar que existe la Constitución y el derecho a la tutela judicial efectiva, también para los Fiscales, sí también. No se trata de que los jueces vengan o no a decirnos lo que tenemos que hacer, se trata del derecho a acudir a los Tribunales a solicitar se restauren los derechos que te han sido vulnerados. Si no queremos que esto suceda, si no queremos que los trapos sucios salgan de la casa común empecemos por respetar los derechos, de establecer una regulación, unas normas claras para todos, un sistema garantista que efectivamente repare las injusticias y vulneraciones de derechos que se produzcan y entonces, y sólo entonces, alejaremos ese temor que a algunos invade de que los jueces entren a regularnos. Eso sí, nunca debemos olvidar que ellos, los jueces, están ahí para eso, para restaurar el derecho cuando es vulnerado y que cada cual trata o debería tratar de llevar a cabo la función constitucional que le ha sido encomendada de la mejor manera posible.

miércoles, 24 de junio de 2015

LA FISCALÍA SIGUE IGUAL

Uno no sabe si es que la jerarquía de la Carrera (configurada a base de afinidades políticas alternativas durante muchos años) es más fuerte que cualquier FGE que pueda llegar, o que solo llegan a Fiscales Generales quienes no desean cambios en absoluto.  Pero lo cierto es que pasan los meses y los años y nada sustancial cambia en la Fiscalía en lo que se refiere a los derechos de los fiscales.   La ausencia de protocolos sobre acoso laboral, sobre estres laboral, la ausencia de baremos de trabajo, la falta de reglamentación interna adaptada a la normativa nacional e internacional sobre protección de los trabajadores y riesgos laborales, la desidia por suplir la falta de dicha normativa con aplicaciones analógicas de la ley hacen que los fiscales estemos absolutamente desprotegidos frente a los abusos.   Si un fiscal padece un estrés laboral excesivo debido a cargas de trabajo inasumibles (el reconocido en el ámbito laboral como síndrome del burnout), la Fiscalía no ofrece salida alguna porque no hay normativa: al revés, como se descuide le cae un expediente por retrasos; si hay retrasos, importa poco a la Fiscalía que las cantidades de trabajo efectivamente despachadas sean ingentes: como no hay baremos (y nadie está interesado en ponerlos), eso no cuenta.  La última ocurrencia es que el instructor de un expediente disciplinario se elija a dedo y sin motivación por el FGE que ha de imponer eventualmente la sanción por retrasos (de verdad que no doy crédito a cosas como esta): el que ha de sancionar elige sin restricciones a quien ha de investigar y proponer la sanción.    Si se discrepa por un fiscal de una distribución de trabajo, el Consejo Fiscal le dice que no puede recurrir en vía contenciosa y analizan su queja solo desde la perspectiva del reglamento preconstitucional (ahora parece que están estudiando un poco la cuestión a la vista de los primeros pronunciamientos jurisdiccionales en contra de su posición).  Si un compañero sufre acoso laboral, como no hay protocolos, su situación es de auténtica indefensión: si denuncia y presenta pruebas, no se investigaran salvo que se trate de pruebas directas (como si el acoso fuera normalmente una práctica que se hace en plaza pública); si pide la baja por depresión no se le garantiza que su reincorporación se realice en Fiscalía diferente a donde sufrió el acoso, o se le niega la reincorporación a pesar de lo que digan los médicos.   Habrá el compañero de luchar en interminables contenciosos porque sus pretensiones se desestimarán con toda probabilidad en la Fiscalía ante la mirada distraída del Consejo Fiscal (eso si no incoan expediente al denunciante -incluso para echarle-, como es notorio que ya ha ocurrido).   Lo mismo con el bochornoso sistema de concursos, o con tantas otras deficiencias profesionales. Este es el panorama que sufren bastantes fiscales.   Además, cuidado con quien se queje.  Porque la falta de diligencia en arreglar los problemas no es la misma que la que se tiene para poner a caldo donde se pueda al quejoso.   Es increíble que lo que la Fiscalía aplica a terceros se lo niega a los propios.

Mientras, naturalmente, las jefaturas se asignan con todo rigor en su inmensa mayoría a los asociados de quienes nos representan en el Consejo Fiscal.   Todo eso esta atado.

¿No va siendo hora de cambiar un poco todo esto?  ¿De mirar simplemente como está la carrera judicial, que tiene graves problemas, pero que avanza en aspectos que aquí simplemente se silencian?  ¿No va siendo hora de que la Fiscalía General invierta en serio energía en arreglar todo este desastre?


miércoles, 17 de junio de 2015

LOS FISCALES DE MÁLAGA EXIGEN

Hace unos meses, la APIF hizo una reclamación pública al Ministerio exigiendo una corrección del número de plazas de tercera categoría respecto de las de segunda a fin de evitar que fiscales con muchos años de antigüedad en la segunda categoría siguieran cobrando como abogados fiscales recién ingresados.   Le propusimos al Ministro un cambio en la normativa, que la estudiaran y que finalmente establecieran un tiempo para ascender de tercera a segunda y que quien fuera de tercera que cobrara de tercera y quien fuera de segunda cobrara de segunda estuvieran ambos donde estuvieran.    Pasa el tiempo y ni la Fiscalía General parece sentirse excesivamente concernida por estas reclamaciones ni el Ministerio desde luego hace el mínimo caso hasta la fecha de estas peticiones.   La situación es lamentable porque en este aspecto, como en otros, los fiscales están abandonados desde el punto de vista administrativo.    Hay otros temas importantísimos que la jerarquía no aborda: el establecimiento de baremos de trabajo, el establecimiento de un sistema disciplinario justo equiparable al de los jueces, el establecimiento de reglas internas de impugnación de decisiones de las jefaturas, el establecimiento de un Portal de Transparencia en la Fiscalía y varios más.   Personalmente creo que la jerarquía de la Fiscalía solo reacciona a base de recursos (ahora están pensando que ¡vaya!, como resulta que un Tribunal en Canarias ha decidido que a los Fiscales también se nos aplica el derecho administrativo general en nuestras relaciones con la institución, pues hay que "reflexionar" sobre este tema).   Y quizá aquí no haya finalmente otro remedio que lanzarse por ese camino.   Pero mientras tanto, unos cuantos fiscales de Málaga -quizá la Fiscalía de España más afectada por este problema- han hecho llegar al Ministerio otra protesta en el mismo sentido.   Este asunto es penoso (y además una injusticia) y la Institución debería plantarse ante el Ministerio para arreglarlo.

viernes, 5 de junio de 2015

CONCLUSIONES DEL OBSERVATORIO DE LA PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDECIA JUDICIAL EN EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA AP DE VALENCIA

Leer cosas como está pueden producir tristeza, porque evidencian con toda su crudeza la extrema politización de los nombramientos en la Judicatura, fruto de un sistema creado por el bipartidismo en el que lo importante es la colocación de los afines y además a ser posible en puestos claves de la Justicia.   El informe es desolador ya que cualquier analista imparcial ha de concluir que las razones del nombramiento están clarísimas pero no son precisamente las que han de mejorar la Justicia.   Si alguien creía todavía que algún cambio en la buena dirección era posible, pues ahí está la respuesta.   Y sigue la fiesta.
Quiero dar las gracias a la Plataforma por hacer estos estudios que ejemplifican como muy pocas cosas los males de la Justicia española.

ANALISIS

1.- El Consejo basa su decisión en la “ actividad jurisdiccional de calidad “ del candidato a pesar de que  resulta ser el candidato que menor actividad jurisdiccional tiene acreditada, ya que  ha dedicado quince años de su carrera profesional a las tareas de Decano, Secretario y Conseller de Justicia en el gobierno autonómico y Vocal del CGPJ ( desde 1998 hasta 2013 ).
2.- Se destaca la calidad de sus resoluciones a pesar de que solo lleva un año trabajando en la AP frente a Magistrados que acreditan 15 y hasta 28 años de servicio en la Audiencia. Su último destino antes de dedicarse a la tarea gubernativa y política  fue un juzgado de instrucción en el año 1998.
 3.- Se destaca su capacidad resolutiva por triplicar el modulo de dedicación del Consejo. Se trata de un mérito discutible. No se encuentra en la convocatoria y en cualquier caso no se menciona el intervalo de tiempo en el que se ha desarrollado dicha capacidad resolutiva ( que no puede ser superior a un año ).
4.- Se cita el conocimiento profundo de la Audiencia Provincial, aunque como se ha señalado el candidato únicamente lleva un año trabajando allí, destacándose  de su programa de actuación las referencias a oficina judicial, a los temas de transparencia, a la apuesta por las nuevas tecnologías y al funcionamiento de las Salas de Gobierno. Las referencias son genéricas y como viene siendo habitual no se comparan los diferentes programas de los candidatos, ni sus propuestas, por lo demás similares porque la capacidad de actuación del órgano es también muy limitada.
5.- Se omite que el candidato únicamente tiene un año de experiencia en órgano colegiado penal y carece de experiencia en órgano colegiado civil (ambos méritos específicos de la plaza que se convoca). Varios candidatos  tienen experiencia en ambas jurisdicciones. Un magistrado ejerce en la AP desde el año 1986 y es presidente de sección desde el año 1999. Una candidata con 15 años de experiencia en órgano colegiado acredita resoluciones de especial relevancia jurídica que le han merecido el otorgamiento de la Cruz de San Raimundo de Peñafort.
6.-  El Consejo destaca que “ los cargos para los que ha sido nombrado fuera de la carrera judicial han estado siempre relacionados con la misma”. Desconocemos que se quiere justificar con esta afirmación ya que  los demás candidatos han dedicado toda su vida profesional al ejercicio de la función jurisdiccional. El Consejo se decanta, sin embargo, por quien acredita méritos diferentes a los estrictamente jurisdiccionales y gubernativos, que son los exigidos en la convocatoria.

7.- El candidato elegido desarrolló su tarea política en  el gobierno del PP desde el año 2003 al año 2008.Posteriormente fue elegido Vocal  del CGPJ a propuesta del PP. Algunos cargos políticos de ese partido  en la comunidad van a ser enjuiciados en la AP por hechos cometidos durante  dicho periodo. Elementales razones de prudencia  vinculadas a la apariencia de neutralidad del máximo representante de la AP, desaconsejaban este nombramiento máxime viniendo del órgano encargado de velar por la independencia del Poder Judicial.

8.- Ni en esta convocatoria ni en ninguna otra apreciamos como se valora lo previsto en el Aº 3 del Reglamento : En la provisión de las plazas a que se refiere este Reglamento se impulsarán y desarrollarán medidas que favorezcan la promoción de la mujer con méritos y capacidad.

9.- El candidato elegido es miembro de la APM.

lunes, 1 de junio de 2015

ENTRADA NÚMERO 1000, Y UNA MALA ESPECIE DE FISCALES

Son con esta mil entradas las que se han producido en este blog.   Mil ocasiones para poner de manifiesto los problemas de la Justicia en España, de resaltar el trabajo de los buenos profesionales y de denunciar los abusos cuando se producen.   Miras para atrás y ves cuanto trabajo se ha hecho y que magros los resultados obtenidos.  Aunque quizá esta sea tarea de siembra y que la siega llegará en unos años, en unos lustros tal vez por otros compañeros.

Y mira que siento tener que completar esta entrada censurando a una especie de fiscales que se dedican a resaltar de manera sistemática y muchas veces en falso cualquier aspecto negativo que afecta a un compañero.    En alguna ocasión yo mismo he sido víctima de esas prácticas, pero no es ciertamente en lo que me afecta a mi lo que más me preocupa.   Esos individuos -algunos están perfectamente identificados-, incapaces antes de faltar al respeto de otros de investigar, de averiguar lo ocurrido, de contrastar con el afectado o con terceros lo que critican, hacen daño gratis porque ni siquiera les reporta beneficio la ofensa.   Si esas conductas, además, se desarrollaran por un casual en el contexto de la jerarquía de la Fiscalía, las fronteras con el acoso laboral, o con las prácticas  señaladas como nocivas por el Ministerio de Trabajo serían muy tenues.       Me encantaría ver que en el régimen disciplinario, que en la normativa -inexistente- de protección de riesgos laborales de los fiscales, que en un Reglamento postconstitucional del Ministerio Fiscal pudieran crearse las bases para poder denunciarse estos hechos, que pudieran ser investigados y que cayera quien cayera, se pudieran sancionar.   No es mal deseo para esta entrada número 1000, y desde luego algo así creo que mejoraría mucho el ambiente de la Fiscalía.

martes, 26 de mayo de 2015

OTRA MÁS DEL CONSEJO FISCAL

Realmente uno no sabe ya que decir.   Las distribuciones de trabajo en las fiscalías es el problema más grave que afecta a muchos fiscales, y en ocasiones es el origen de auténticos abusos de unos contra otros.   La doctrina que la Fiscalía General ha venido manteniendo ante las quejas de los fiscales sobre distribuciones de trabajo es la de que se trata de facultades de los jefes y que se trata de una cuestión interna que no debe salir del ámbito del Ministerio Fiscal.  El Consejo Fiscal participa de esa idea: las equiparan en el CF ¡nuestros representantes! a instrucciones u órdenes de servicio de la Administración, art. 21 de la LRJPAC, de manera que conforme al Reglamento de 1969, la única posibilidad de impugnación la ha de conocer el Consejo Fiscal para establecer si en esa distribución hay "falta de equidad".     Algunos, y singularmente la APIF, exigimos la aplicación del derecho administrativo en las relaciones de los fiscales con la institución, y por tanto, ante decisiones de los jefes y singularmente en esta materia, debe proceder recurso de alzada ante el superior jerárquico y agotada la vía administrativa, debe caber recurso contencioso administrativo.  Pues bien, el Consejo Fiscal, tanto el anterior como el actual, dicen que no, que en esta materia la alzada son ellos y que no hay recurso contencioso que valga.   De manera que ellos, que dibujan la jerarquía de la Carrera conforme a la militancia a sus asociaciones, que pertenecen a asociaciones en las que militan la inmensa mayoría de los Fiscales jefes de España, deciden que son ellos -en alzada- y nadie más quienes resuelven las quejas contra las distribuciones de trabajo de los fiscales jefes elegidos por ellos, aunque el Consejo Fiscal no es superior jerárquico de nadie en la Fiscalía. Equiparar una distribución de trabajo en una Fiscalía (con consecuencias que pueden durar años, que pueden cambiar la vida profesional de los fiscales, que pueden desviar inclinaciones profesionales, que pueden alterar las posibilidades de conciliación de la vida familiar y profesional) a las instrucciones y órdenes de servicio administrativas -no recurribles-, es un argumento que puede dar un mal jefe en defensa de sus pareceres, pero no un representante de los fiscales afectados como son los vocales del CF, en mi modesta opinión.

En estas, un bravo fiscal en Las Palmas (asociado a la APIF) recurrió una decisión de su jefe sobre distribución de trabajo que le afectaba, y me cuentan que la incredulidad de los magistrados de lo contencioso era pareja a la nuestra.  Naturalmente que ha de regir el derecho administrativo común  en la Fiscalía, naturalmente que el recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico, naturalmente las distribuciones de trabajo no son "instrucciones u órdenes de servicio administrativas", naturalmente que cabe recurso contencioso administrativo contra esas decisiones.  Naturalmente.    Hoy la sentencia recaída lo aclara sin dudas, y sin embargo, ayer mismo recibimos en la APIF la notificación de otro acuerdo del CF que vuelve a insistir en el mismo desafuero: no hay más alzada que ante ellos, no tenemos razón, no hay recurso.    A la vista de la sentencia de Las Palmas, he oído que algún vocal se va disculpando (desde luego no a la APIF), pero no he visto que desde el CF, que no defiende a los fiscales de a pie sino a la jerarquía de la institución, se disculpen por obligarnos a litigar, por obligarnos a defender lo obvio, por obligarnos a gastar dinero, por obligar a los fiscales a luchar en los Tribunales para conseguir cosas que deberían estar claras.   Tampoco se disculpó nadie por echar a un fiscal que en mi opinión vale mucho más que aquellos que le querían echar, así que deberíamos estar acostumbrados.  

¿Y la Fiscalía General del Estado? ¿Porque no empieza a dotar de instrumentos jurídicos seguros para garantizar la tutela judicial efectiva de los fiscales?  ¿Cuantos meses hacen falta para eso?  ¿Porqué tenemos que remar algunos -en este momento, la APIF- contra la corriente de obstáculos legalmente no existentes, pero consolidados por la práctica interesada de la casta dominante de la Fiscalía?  Una sola Instrucción bastaría para aclarar las cosas.   Pero no se hace.   Hace unos meses, un vocal del Consejo me decía "Salvador, tu es quieres reformas muy rápido, y nosotros vamos más despacio".   Lo que está ocurriendo ahora no tiene que ver ni con la velocidad de las reformas ni con el tocino: tiene que ver con el mantenimiento del poder en la Fiscalía.   La Fiscalía necesita importantes cambios que no van a venir de quienes la han politizado y privado de su esencia.  Veremos que pasa en el futuro porque parece que es tiempo de cambios.

miércoles, 20 de mayo de 2015

COMUNICADO APIF SOBRE GARANTÍAS PROFESIONALES DE LOS FISCALES

Publico el último comunicado de hoy realizado por la ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES, no sin enlazar previamente un artículo de una buena amiga, Elisa de la Nuez, clave a mi entender para apreciar la bajísima calidad de nuestra democracia.   Pero vamos con el comunicado:

EL FISCAL ES GARANTE DE LOS DERECHOS DE TODOS LOS CIUDADANOS MENOS DE LOS FISCALES


En esta situación nos encontramos teniendo en cuenta que tanto la Fiscalía General del Estado como el Consejo Fiscal, lejos de rectificar una posición anclada en una interpretación restrictiva de derechos, ya realizada mediante acuerdo del Consejo Fiscal de 20 de marzo de 2014, con un nuevo acuerdo, éste de 16 de abril de 2015, mantiene dicha doctrina. En síntesis,  en materia de distribución de trabajo y creación de lotes de trabajo en una fiscalía, tal parcela es competencia exclusiva del Fiscal Jefe quien únicamente, por imperativo del artículo 22.5 EOMF, ha de oír a la Junta de Fiscales.
Pues bien, la decisión que se adopte por los distintos Fiscales Jefes, en esta materia, sólo puede ser recurrida por los Fiscales afectados mediante un mero escrito de queja al Consejo Fiscal, cuando entiendan que los Fiscales Jefes han faltado a la equidad en el reparto del trabajo, tal como dispone el artículo 110 de vetusto Reglamento de 1969. No existe otra vía para el Consejo Fiscal ni para la Fiscalía General del Estado. No se contempla, en nuestra Carrera, ninguna posibilidad de recurrir en alzada ni mediante ningún otro recurso administrativo. Se trata de una materia no revisable ni en vía administrativa ni jurisdiccional. Estamos ante la más absoluta soberanía de los Fiscales Jefes que no encuentra más control que escuchar a su Junta de  Fiscales y el posible tirón de orejas que pueda recibir del Consejo Fiscal cuando entienda, por recurrir en queja un subordinado, que ha incurrido en falta de equidad en el reparto del trabajo de la Fiscalía. Es decir, estamos en el único especio opaco al control jurisdiccional de todos los poderes públicos, según la tesis que nos imponen las asociaciones mayoritarias y la jerarquía de la Institución.
Pues bien, todo ello viene a colación del recurso de alzada presentado por esta asociación (APIF) el 19 de diciembre de 2014 contra el decreto de distribución de trabajo del Fiscal Jefe de Las Palmas de 1 de diciembre de 2014. En dicho recurso también se solicitaba la suspensión de su entrada en vigor (que se había dotado de vacatio legis hasta el 1 de febrero de 2015) al entender que se podían producir perjuicios de difícil reparación y que no se producía ningún daño irreparable por la no entrada en vigor, ya que se mantendría el sistema vigente en la Fiscalía.
Lo curioso de este asunto es que la Comisión Permanente del Consejo Fiscal, mediante Acuerdo de 20 de enero de 2015, dice en el primero de los fundamentos: “Sin perjuicio de la ulterior decisión que proceda acordar sobre la tramitación, admisión del recurso interpuesto y sobre la competencia que pudiese tener el Consejo Fiscal sobre las peticiones formuladas, esta Comisión Permanente, en aplicación del art. 14.3 EOMF, entiende que es competente a los únicos y exclusivos fines de resolver de manera expresa y en el plazo de 30 días la petición de suspensión provisional del Decreto pedida” (sic) (Las negritas y cursivas son nuestras).
De esta forma, sin atribuirse la competencia para conocer del recurso de alzada interpuesto, a los únicos fines de parar el efecto positivo que tiene el silencio contemplado en el artículo 111 de la LRJAE-PAC la Comisión Permanente dicta el mencionado acuerdo.
Pues bien, esta asociación, entendiendo que el Consejo Fiscal no es el órgano competente para resolver el recurso de alzada interpuesto ya que claramente nuestro EOMF (artículo 22.7) sí señala que el Fiscal Provincial tiene como superior jerárquico al Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma, tampoco es competente para dictar el Acuerdo que elaboró el 20 de enero de 2015, por tanto, el mismo incurre en nulidad de pleno derecho conforme señala el artículo 62.1.b de la mencionada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Así las cosas, en atención a lo mencionado, esta Asociación solicitó por escrito, el 24 de abril de 2015, la declaración de nulidad de este Acuerdo al haber sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente, al amparo de lo establecido en el artículo 102 de la mencionada LRJAE-PAC. Pues bien, a pesar de lo evidente, el Consejo Fiscal ha dictado nuevo Acuerdo de 7 de mayo de 2015, en el que rechaza la declaración de nulidad del acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo Fiscal de 20 de enero de 2015 porque entiende que el Consejo Fiscal es competente para conocer del recurso de alzada interpuesto por la APIF frente al Decreto de 1 de diciembre de 2014 del Fiscal Jefe de Las Palmas, volviendo a servirse, como fundamento, del preconstitucional Reglamento de 1969, de su artículo 110.
Lo más llamativo de esta cuestión es que tanto el acuerdo de 20 de marzo de 2014 como el acuerdo de 16 de abril de 2015 (que aún no se nos ha notificado) están siendo revisados jurisdiccionalmente. El primero ha sido objeto de recurso, al haberse extendido el recurso de forma expresa a este Acuerdo, tramitándose en procedimiento de derechos fundamentales núm. 102/2014 ante el TSJ de Canarias y, el segundo, de 16 de abril de este año, también será objeto de recurso, cuando se nos notifique y extendamos el objeto del recurso a dicho acuerdo, en procedimiento de derechos fundamentales que igualmente se está tramitando en la Sala de lo Contencioso del TSJ de Canarias.
Así las cosas cabe concluir:
1.- Los Fiscales no tenemos acceso a recursos administrativos en los términos que se reconocen con carácter general a los ciudadanos y a los funcionarios públicos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

2.- La interpretación que está haciendo tanto el Consejo Fiscal como la Fiscalía General del Estado no está siendo respetuosa con la jerarquía normativa en el sentido de dar preponderancia al Reglamento de 1969 frente a la LRJAE-PAC.

3.   El mantenimiento de esta situación permite a la jerarquía de la institución y a las asociaciones dominantes en el Consejo (que se han encargado a lo largo de los años en colocar a asociados suyos en los puestos más relevantes de la Carrera) controlar la Carrera fiscal por encima de derechos y reclamaciones de los fiscales al cerrarse a  los fiscales dogmáticamente las vías de defensa jurisdiccional, cuestión esta que debería ser de prioritaria modificación si aspira a crear unas condiciones de mínima seguridad jurídica para los fiscales en el desempeño de su trabajo y terminar con abusos y discriminaciones.

4.- Cabría hacer una interpretación más integradora de las normas existentes entendiendo que, en materia de distribución de trabajo, el artículo 110 del Reglamento del 69 recoge la posibilidad de acudir en queja al Consejo Fiscal  cuando se alegue falta de equidad y, caso de que la infracción alegada sea otra (por ejemplo arbitrariedad, discriminación o cualquier otra infracción del ordenamiento jurídico) cabría el recurso ordinario en vía administrativa, alzada y, posteriormente, si se considera oportuno, en vía jurisdiccional.

5.- Sería posible plantear de una vez el carácter vinculante de lo manifestado por la Junta de Fiscales para la aprobación de una distribución de trabajo que afecta, de forma muy notable, a toda la plantilla. Podría ser ya el momento de conferir mayoría de edad a las Juntas de Fiscales. Sería posible, a esta alturas, configurar de una vez a las Juntas de Fiscales como auténticos órganos colegiados en el que su voluntad se crea por la expresión de la mayoría y, caso de empate, decide, con voto de calidad,  el Fiscal-Presidente (Fiscal Jefe).

No podemos compartir las razones que expone el acuerdo por el que se desestima nuestra petición de nulidad, que ni siquiera termina con pie de recurso. Se ha desaprovechado, nuevamente, una oportunidad magnífica para introducir en nuestra reglamentación las garantías que en su días, en 1992, se dotó a la Administración, en general, por la ya citada Ley 32/1992, de 26 de noviembre, que ha supuesto un gran avance para homogeneizar el funcionamiento, la forma de adopción de acuerdos y resolución, las garantías y derechos de los ciudadanos y los recursos administrativos que caben frente a las resoluciones administrativas, respecto al funcionamiento de todas las Administraciones Públicas.

sábado, 16 de mayo de 2015

PROGRAMA PARA LA FISCALÍA DE SEVILLA

Reproduzco a continuación el programa de actuación que llevaré a cabo en el caso de ser elegido fiscal Jefe de la Fiscalía de Sevilla.  Dado que la FG no publica -no se porqué- los programas de la totalidad de los candidatos al menos que se sepa por la plantilla lo que yo haré (y lo que no) si me eligen.

PROGRAMA PARA LA JEFATURA DE SEVILLA DE SALVADOR VIADA

Líneas generales de actuación.  Durante los primeros meses me dedicaré a analizar el estado de la Fiscalía; a conocer a los fiscales; a visitar las sedes; a evaluar los problemas existentes y a distinguir entre los que pueden solucionarse desde la Jefatura de aquellos que solo puedan arreglarse a través de reformas fuera de mi competencia.   Los primeros los abordaré con diálogo con los interesados, y con la apoyo de un equipo de fiscales (en este momento pienso en los Decanos) expertos con cuyo consejo y ayuda contaré.   Los segundos los denunciaré sin vacilación y presionaré todo lo que sea necesario para conseguir que se arreglen por quien corresponda. 

A partir de ese conocimiento de la Fiscalía, decidiré si habrá cambios o no.   Tengo en buen concepto a la actual Fiscal Jefe, de manera que al margen de aprovecharme de su experiencia en el cargo, procuraré no alterar de manera inmediata las cosas en la Fiscalía.   Los cambios que en su caso se produzcan nunca serán radicales, al menos en la organización estructural de la Fiscalía.  Considero que nada hay que perturbe más a una plantilla que los cambios de función y la incertidumbre de qué se hará en los días sucesivos.   Pero trabajaré con intensidad en acortar los tiempos de tramitación, en acabar con los retrasos, en acelerar la ejecución de las sentencias y sobre todo en dar confianza a los fiscales.  Estoy en contra de un excesivo control de los fiscales.   La estructura de la Fiscalía es jerárquica y obedecemos como fiscales a los principios de unidad y dependencia. El control tradicional para ejercer esa dependencia es el visado, y también la atribución a ciertos fiscales de responsabilidades de control sobre otros compañeros.   Estudiaré la situación con la intención de conferir mayor libertad a los fiscales experimentados, y poco a poco incrementar la que tengan los más modernos.  Mi propósito es que cada fiscal se acostumbre a tener una mayor iniciativa en aras de una mayor eficacia, incluso a riesgo de equivocarse, y también que –consecuentemente- asuma responsabilidades.   Los fiscales tenemos la formación de los jueces, y por tanto, en la mayor parte de los casos debemos tener libertad para actuar, y confianza en que esa libertad será respetada.   La ley y las directrices emanadas de la institución han de ser conocidas (ver el apartado de formación) y respetadas, pero dicho eso, cada fiscal ha de tener la responsabilidad de actuar conforme a las reglas establecidas, sin supervisores que le agobien para ello.   Eso se hace especialmente evidente en los juicios: defiendo la libertad del fiscal de valorar la prueba y actuar en consecuencia.  No me convencen (lo veo humillante para el fiscal que asiste a Sala de Vistas y perturbador para la imagen de la institución) la consulta a la superioridad paralizando el juicio.   Las cuentas se rinden tras el juicio y normalmente mi disposición será la de aceptar lo realizado por el fiscal.   Por otra parte haré del buen trato al cada Fiscal una regla de conducta: aunque pueda discrepar de lo que haga un compañero, considero a un subordinado no se le puede abroncar o maltratar y mucho menos en público o con testigos, porque no puede defenderse de ese ataque.    Quiero que esa norma de conducta se asuma por todos y que la plantilla esté tranquila en este aspecto.

Lucharé por cambiar el sistema de estadística actualmente vigente.  Considero un despropósito que los fiscales agobiados por el trabajo tengan que ir fichando cada asunto que despachan, cada juicio que hacen.   Debe haber un sistema mejor que permita invertir mejor el tiempo escaso de los fiscales en mejorar sus prestaciones.  

Me preocuparé de los jóvenes especialmente.   Les daré confianza, en la medida de mis posibilidades; les haré ver que lo grave no es el error (todo el mundo se equivoca de vez en cuando), sino la razonabilidad de la decisión adoptada.  Les animaré a trabajar en un ambiente positivo.   Erradicaré cualquier razón para tener temor en el cumplimiento de la función fiscal, porque el los fiscales no pueden trabajar correctamente con temores.   Pretendo con ello que los fiscales no tengan ninguna duda de que el jefe les respaldará cuando sobre la base de pruebas suficientes investiguen o acusen a cualquier persona con independencia de la importancia política, social, económica o profesional que ostente.  Parto de la base de que todos somos iguales ante la ley, y que no hay intereses superiores a ese principio.   Lo importante es la prueba, no el investigado.  Y si no hay pruebas, tras haberlas buscado con diligencia –esto es muy importante para mi-, lo procedente es el archivo de las actuaciones.  Facilitaré la conciliación de la vida familiar y personal con el trabajo: los fiscales debemos tener tiempo para pensar, o de lo contrario nos equivocamos más.  El papel se ha de despachar, pero no me gusta ver a fiscales trabajando hasta el punto de perder la capacidad de análisis.  Creo que hay que cambiar pautas cuando en una organización algunos de sus trabajadores están en tratamiento psicológico o con medicación por razón directa de las condiciones del trabajo.   Si ese fuera el caso, que no lo se, lo arreglaré.  Transmitiré confianza a los compañeros en ese sentido. 

Intensificaré las relaciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad.  La Fiscalía ha de trabajar en estrecha y constante relación con la Policía y la Guardia Civil, colaborando cuando sea preciso y ordenando líneas de actuación en muchas áreas, en materias de criminalidad organizada o de protección de las víctimas.  Lo haré advirtiendo a los superiores de la Policía que el respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales de los ciudadanos que exigiré a los fiscales lo exigiré también a la Policía en sus relaciones con estos.   Trataré con las autoridades institucionales andaluzas todas aquellas cuestiones que puedan incidir en la mejora del funcionamiento de la Fiscalía.

Me preocupan las víctimas y también quienes están en las posiciones más débiles en la sociedad.   Trabajaré con sensibilidad en mejorar la respuesta para con las víctimas de los delitos, para con los menores en desamparo, para las mujeres víctimas de maltrato, para las víctimas de tráfico de personas y en general para todos aquellos que han de buscar en la Fiscalía a quien reestablezca o proteja sus derechos o su seguridad.    Daré publicidad a las actuaciones que al respecto realice la Fiscalía, y trataré de contribuir a trasladar a la opinión pública la reacción de la Justicia ante los casos que afecten a esas personas.   Y lucharé contra la falta de reacción cuando sea el caso.    

Sevilla es una plaza sede del Gobierno andaluz y los Juzgados sevillanos están luchando con energía contra la corrupción.   Con todo respeto por el trabajo realizado por la Fiscalía en este sentido, creo que tengo bastante más que aportar en esta materia.  Estoy seguro de que si los políticos honrados perciben una actitud inflexible y eficaz de la Fiscalía en este tema, lo agradecerán y empezarán a colaborar para acabar con esa lacra.  Es una cuestión de equilibrios: no se puede tener más miedo al corrupto que a las consecuencias de infringir la  ley, de la misma manera que los fiscales no deben tener –y si lo tienen es porque el sistema funciona mal- temor alguno a la jerarquía por cumplir lealmente con sus obligaciones.  Desde la neutralidad política, seré implacable contra cualquier acto que desde el poder de la clase que sea suponga el quebrantamiento de la ley.    Mi convicción, por la que he luchado toda mi vida profesional -la mayor parte de las veces contra corriente-, es la de que la Fiscalía ha de ser neutral políticamente.   Pero esa neutralidad no lo es para quedarse pasivo  ante la corrupción, sino para luchar con la ley pero con dureza contra la misma.     Desde la Jefatura de la Fiscalía garantizo una posición estrictamente neutral ante los problemas políticos de la naturaleza que apunto y respecto de cualquier otra.  Pero también garantizo que las denuncias se investigarán para conocer la verdad de lo ocurrido, y que en el ámbito de mis competencias los ciudadanos de Sevilla sabrán que las denuncias se toman en serio, se investigan y si procede, se judicializan  Será el criterio profesional de los fiscales el que determinará la intervención de la Fiscalía, aunque como es natural la estructura de la FGE pueda proporcionar el auxilio técnico necesario.

Considero un atributo muy importante del fiscal la independencia de criterio (forjado sobre el estudio de la ley y la jurisprudencia, la normativa interna de la Fiscalía así como sobre el sentido común), sin sumisión a orientaciones ideológicas o asociativas.   Estimularé esos valores en la Fiscalía y entre los fiscales, y no prestaré atención alguna en la Fiscalía y en la designación de cargos de responsabilidad a la militancia asociativa o a la no militancia.

Mantendré una relación institucional lo más colaboradora, abierta y cercana posible con las instituciones locales pero sin comprometer nunca la posición de imparcialidad obligada del Fiscal.   Tendré, en ese sentido, mucho cuidado en atender o aceptar ofrecimientos o distinciones protocolarias que puedan ser razonablemente entendidos como comprometedores de la posición institucional del Ministerio Fiscal.  Confiriendo la libertad a cada uno para que haga lo que le parezca, recomendaré a los fiscales de Sevilla seguir esas pautas de conducta.

Impulsaré si encuentro receptividad en las contrapartes, las relaciones entre la Fiscalía y la Universidad.   He sido profesor universitario muchos años y más de treinta fiscal, y se que la cooperación entre ambas instituciones puede ser beneficiosa para ambas.   Prácticas, programas de estancia de estudiantes en la Fiscalía (podrían ayudar en varias tareas a los fiscales), clases prácticas de fiscales en las aulas… Tengo el ejemplo de los internships o pasantías de los Tribunales Internacionales –que he visto que funcionan estupendamente siempre que se tomen en serio- para utilizarlo en la Fiscalía de Sevilla.

Intentaré llegar a acuerdos con los diversos jueces decanos y con la dirección de la Audiencia de Sevilla para establecer unas condiciones de trabajo idóneas para jueces y fiscales, y tratando al tiempo de dar una adecuada respuesta a las exigencias de los ciudadanos. 

Quiero ser un Fiscal jefe dialogante, comprensivo, educado y razonable con los fiscales; pero no voy a ser un Fiscal jefe débil.  Si hay que actuar con rigor disciplinario en supuestos en que haya algún caso de comportamientos de fiscales que perturban el funcionamiento de la Fiscalía, actuaré en consecuencia.   Por supuesto, asumiré las responsabilidades personales y no seré alguien aferrado al cargo.   Si me equivoco gravemente, si pasado un tiempo razonable la plantilla de fiscales (a quienes junto con la imparcial aplicación de la ley se orientarán mis lealtades) se coloca en franca oposición a mi gestión, evidentemente no continuaré en el puesto.   Yo voy a intentar mejorar la Fiscalía y la Justicia, no a satisfacer ningún ego personal. 

Al cabo de los años, concibo a la Fiscalía de Sevilla como un órgano del Ministerio Fiscal fuerte, que de respuesta a las necesidades de los ciudadanos, que procure una Justicia de calidad, que esté formada por fiscales comprometidos, preparados técnicamente, dotados de medios materiales y orgullosos de su trabajo; una Fiscalía respetada por la judicatura y  por las instituciones andaluzas y sevillanas, cumplidora de sus obligaciones y de la cual no quepa reprochar con fundamento que ha actuado jamás por criterios contrarios a la recta interpretación de la ley y con igualdad para todos sin excepción: sin ninguna excepción.

Lucharé, dedicando una parte importante de mis esfuerzos, a hacer la vida de los fiscales en la Fiscalía más agradable; a crear un ambiente de trabajo positivo; a dar satisfacción a aspiraciones profesionales en función de criterios objetivos y de eficacia; a ayudar en las dificultades que surjan; a ayudarles en percibir indemnizaciones por sustituciones a que tengan derecho, a luchar por aumentar la plantilla, a luchar por incrementar sus retribuciones, a luchar por avanzar en derechos profesionales y a remover obstáculos que dificulten la conciliación de la vida personal con la laboral; también a intentar alcanzar acuerdos con las autoridades locales que hagan más fácil la vida de los fiscales en Sevilla y su provincia.  Pero todo ello, con igualdad entre todos los compañeros: sin privilegios para nadie.  Creo que nadie conoce mejor las necesidades de su trabajo que quien lo desempeña.  Por eso escucharé cualquier posible mejora en el servicio que venga de los compañeros y tras discutirlas en Junta si es preciso, las implementaré en la Fiscalía.   Exploraré la posibilidad de escanear las carpetillas de Fiscalía, con la finalidad de remitirlas a los fiscales de manera electrónica, de facilitar la información del Fiscal en las apelaciones y de que la información que llega a los fiscales del Tribunal Supremo sea más completa.   Intentaré crear una red Wifi en la Fiscalía, y en las Salas de vistas, a fin de facilitar la utilización de dispositivos móviles que hoy son de gran utilidad profesional.   Salvo que resulte imposible, cargaré el programa Skype en cada ordenador de los fiscales a fin de que puedan mantener comunicación con video entre si y con otros profesionales que manejen tal aplicación, evitando desplazamientos costosos en tiempo y dinero.  Skype es un sistema de conversación segura (prácticamente imposible de desencriptar), cuyo uso está siendo ya generalizado por su gratuidad y seguridad por fiscales y jueces de muchos países europeos y en Estados Unidos, así como por instituciones de cooperación como Eurojust. 

Los fiscales vivimos un aprendizaje durante toda nuestra carrera, a veces bueno y a veces malo.   Intentaré, con el ejemplo, transmitir una idea de compromiso y lealtad con la ley, con la Justicia y con los ciudadanos.   Intentaré proporcionar un aprendizaje bueno, no el derivado de la indiferencia ante los problemas, el dogmatismo, la prepotencia, la falta de humilidad o la lealtad a intereses diferentes de la aplicación de la ley por igual para todos.   Intentaré transmitir la idea de que con temor no se puede administrar una buena justicia.   Intentaré asimismo que los fiscales –abrumados muchas veces por el trabajo y por penosas condiciones laborales- sean conscientes de la importancia de su función y que detrás de cada asunto, de cada papel despachado o de cada juicio hay ciudadanos que valoran a la Fiscalía y a la Justicia por como actúa cada uno de ellos.   Si es precisa la contratación de fiscales sustitutos la solicitaré sin demora, y cuando ello ocurra, procuraré respecto de los fiscales sustitutos que se necesiten la formación suficiente para que la calidad de su trabajo no desmerezca en relación con la importancia de su función.

Funcionarios.   Tengo el convencimiento de que hay que optimizar todos los recursos de la Fiscalía.   En la medida que sea posible y sobre las bases del diálogo, de la voluntariedad del funcionario afectado y del acuerdo, intentaré aumentar las responsabilidades de los funcionarios de la Fiscalía contribuyendo si es posible a descargar a los fiscales de algunas de las tareas que les ocupan tiempo. 

Proximidad con el ciudadano.  Acentuaré la proximidad de la Fiscalía respecto de los ciudadanos.   La Fiscalía, en lo posible ha de contar con la ayuda de los ciudadanos expresada en sus quejas y denuncias.  Esa proximidad con el ciudadano tendrá un reflejo en un requerimiento a la Policía para que actúe en consecuencia.
Como parte de esa estrategia de acercamiento de la Fiscalía al ciudadano, compareceré con la frecuencia que sea precisa ante los medios de comunicación –acompañado del grupo de fiscales que considere oportuno- para contestar a las preguntas que la prensa quiera hacer en relación con el trabajo de la Fiscalía.    Sin embargo, evitaré y daré instrucciones para que así se haga, filtraciones desde la Fiscalía que puedan alimentar la proliferación de juicios paralelos.   No me gusta ese modo de actuar porque castiga innecesariamente al afectado por la investigación, y además porque perjudica el resultado final del proceso.  Potenciaré la figura del Portavoz de la Fiscalía.

Especialidades.   En este momento, tengo el pensamiento de mantener la estructura de todos los servicios de especialistas, pero en el futuro estudiaré su funcionamiento y la eventualidad de cambios que pueda estimar positivos y que acuerde con los fiscales.   De todos modos, facilitaré la formación de fiscales no especialistas en aquellas materias hacia las que se sientan inclinados profesionalmente. 

Delincuencia económica.  La unidad de la Fiscalía contra la delincuencia económica tendrá conmigo un apoyo principal.   Hablaré con los fiscales e incrementaré si es preciso la dotación personal y de medios para que trabaje a satisfacción.   Si es preciso, exploraré las posibilidades de llegar a acuerdos con la Delegación de Hacienda a fin de intensificar la cooperación práctica en la investigación de conductas criminales.  El objetivo además, y para ello no dudaré en limitar el alcance de las acusaciones a aquellos supuestos en los que haya mayor prueba, será el de acelerar los procesos y procurar condenas severas para delincuentes financieros y personas involucradas en casos de corrupción.  Y por supuesto, recuperar la mayor parte posible del dinero sustraído o defraudado.

Cooperación internacional   Soy un buen conocedor del funcionamiento y de la normativa de cooperación penal internacional, así como de las estructuras creadas tanto en nuestro país –y en la Fiscalía- como en Europa, algo a lo que me ayuda una larga experiencia operativa en la Fiscalía Anticorrupción, en la Red Judicial Europea y en el Tribunal Penal Internacional (donde de los más de tres años de trabajó allí, durante un tiempo me dediqué a temas de cooperación internacional). También el haber participado en un buen número de encuentros en el ámbito de EJTN, y de haber intervenido como experto español en los trabajos preparatorios del Protocolo Adicional al Convenio de 2000, durante más de un año en Bruselas; y un cierto dominio del inglés.   Utilizaré esos instrumentos cada vez que sea necesario, en especial en la lucha contra la delincuencia organizada y en el ámbito de mis competencias.   Y lo haré con el sentido práctico que reclaman los instrumentos internacionales establecidos al efecto, combatiendo los obstáculos burocráticos que puedan aparecer en el camino.   Tengo contactos personales y profesionales con muchos fiscales y jueces europeos y algunos norteamericanos, además de buenas relaciones con personas que trabajan en Eurojust, Europol, y OLAF, y pienso utilizarlos.

Formación.  Intentaré establecer un sistema de formación de fiscales en la propia Fiscalía.  Utilizando el modelo del Tribunal Penal Internacional, estableceré con cierta periodicidad la obligatoriedad de asistir a reuniones de formación, con duración máxima de una hora, sobre cuestiones prácticas, como por ejemplo, casos de trascendencia que es conveniente que los fiscales conozcan, circulares e instrucciones, problemas jurídicos diversos, etc..   Negociaré una retribución adecuada a los ponentes de dichas reuniones con quien haya que hacerlo, e invitaré como ponentes principalmente a los fiscales de Sevilla, pero también a abogados, procuradores, forenses, catedráticos, policías o cualquiera que pueda ayudar a mejorar la calidad del servicio.
Estableceré un programa semejante específico para los fiscales sustitutos.

Idiomas  Facilitaré el estudio de idiomas a los fiscales de la plantilla, en especial a los más jóvenes.   Me parece un error no preocuparse de estos aspectos ya que en el futuro el conocimiento de otras lenguas será fundamental para progresar profesionalmente, y el hecho de que los cursos de idiomas del CEJ estén solo en Madrid supone un problema para fiscales de otros lugares de España.   Quien lo desee, debe encontrar facilidades para ese aprendizaje. 




martes, 7 de abril de 2015

CONGRESO APIF

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales celebra a partir del viernes su Congreso anual.  Hay ilusión y ganas de avanzar en muchos terrenos, básicamente en acabar con el sistema de opacidad en el funcionamiento de áreas de la Fiscalía que deberían estar inspiradas en la transparencia al servicio del mejor rendimiento de los fiscales, y que en realidad están organizadas para el beneficio de las asociaciones que controlan el funcionamiento administrativo de la institución desde hace décadas.   En mi opinión hoy hay una leve mejoría, pero es una mejoría sostenida en la voluntad de quien manda en la Fiscalía, pero en absoluto consolidada.  Si mañana viene otro FGE de la confianza política del poder, nada le impediría volver a los tiempos -tan recientes- en los que lo mejor que se podía hacer en el funcionamiento interno de la Fiscalía era no hacer nada.   No hay reglamentos, no hay Instrucciones internas de funcionamiento en terrenos como las distribuciones de trabajo, las posibilidades de recurrir de los fiscales (el Consejo Fiscal va dando palos de ciego en materias de competencia en esta materia, aunque esperemos que con la nueva Inspección Fiscal empiecen a tener las cosas más claras), la valoración profesional de los fiscales o tantas otras cosas.   Sobre esos temas trataremos en el Congreso, y abordaremos también la necesidad de instaurar un portal de transparencia en la Fiscalía General a fin de empezar de una vez a actuar internamente como una institución que actúa en el siglo XXI y no en XIX,    Os dejo el programa del Congreso, que tendrá lugar en Sevilla los días 10 a 12, del cual hay que esperar que salgan ideas e iniciativas que mejoren lo que ahora tenemos.  Todos los fiscales están cordialmente invitados a asistir a nuestra reunión, así que os animo a hacerlo el que pueda.

Programa Congreso ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES.

Sevilla, 10 a 12 abril 2015

 “Luchamos por tus derechos”

Viernes, 10 de abril de 2015


18:00 horas
.-Inauguración del Congreso a cargo de la Exma. Sra. Fiscal General del Estado, Doña Consuelo Madrigal Martínez-Pereda y por la  Ilma. Sra. Fiscal Jefe de Sevilla, Doña María José Segarra Crespo.

18:30 horas
.-Dación de cuenta de la ejecutiva, presentación de informe al respecto:
            .-breve reseña de las actuaciones realizadas
            .-acciones actualmente en curso

21:30 horas
.-Cena(opcional)

 Sábado, 11 de abril de 2015

 Mañana

9:30 horas
.-La web, el foro de la APIF en facebook y el twitter de la asociación como mecanismos de difusión de nuestra labor interna y externamente.  El Whatsapp como vía de contacto ágil. Ponente Don José Perals Calleja, Fiscal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional

10:00 horas
.-La acciones concretas de la APIF en distintas Fiscalías. El caso de la Fiscalía provincial de Las Palmas. Ponente Don Miguel Pallarés, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

10:30 horas
.-La posible contratación de asesoramiento en materia contencioso-administrativa. Ponente Don Salvador Viada Bardají, Fiscal del Tribunal Supremo.

11:30 pausa

12:00 horas
.-La evaluación permanente de los Fiscales. Medidas a adoptar. Ponente Doña María Teresa Gálvez Díez, Fiscal de la Fiscalía Especial Anticorrupción.

12:30 horas
.-El Ministerio Fiscal tiene que ser una institución Transparente. Propuestas. Ponente Don Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de la Fiscalía Provincial de La Coruña.

13:00 horas
.-El Nuevo Código Penal, la reforma de la LECr y su repercusión para los Fiscales. Ponente Doña Rosario Sánchez Romero, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Sevilla

13:30 horas
.-La figura del Defensor del Fiscal. Aplicación en la práctica. Los problemas de la Fiscalía Provincial de Madrid. Ponente Doña Silvia Albert Pérez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Madrid.

14:00 horas
.-Las plazas de tercera, su desaparición o , como mal menor, ajuste proporcional a las plantillas de jueces. Ponente pendiente de determinar.

 Pausa
14:30 horas.- comida en el Hotel.

 Tarde
17:00 horas
.-El recurso ante los Tribunales contencioso administrativo por el tema de la sustitución por días. Poco dinero a ganar pero un gran avance para todos. Ponente María del Pilar Álvarez Menéndez, Fiscal de la Fiscalía Provincial de Huelva.

17:30 horas
 .- Acciones para el futuro:
.-otras propuestas


18:00 horas
.-Ruegos y preguntas.
(en este apartado, sin perjuicio de lo que se exponga, sería importante recordar la necesidad de actualizar las cuentas de correo electrónico de la asociación y hablar del próximo Congreso).

19:30 horas
.-Designación de la ejecutiva.

20:00 horas
.-Clausura

21:00 horas
.-Cena(opcional)

Domingo 12 de Abril de 2015

10:30
.-visita a los Reales Alcázares de Sevilla(opcional)







Nota.- El horario es meramente orientativo, se irá adaptando en función del desarrollo del Congreso.

miércoles, 25 de febrero de 2015

FAUSTO CARTAGENA

El día ha sido largo pero muy importante para la Fiscalía.  Fidel Cadena, para mi el más preparado de los Fiscales de penal del TS, ha sido elegido Fiscal de Sala Jefe de la Sala Segunda.   Grandísima noticia que supone dos cosas: la primera que el mérito tiene recompensa y que se está notando ya la llegada de una nueva Fiscal General.    Otra gran noticia: Javier Huete, el gran creador e impulsor del Prontuario de Jurisprudencia Penal y además "socio" mío en Wikipenal, ha sido elegido con todo merecimiento, Fiscal de Sala Jefe de Menores.    No me olvido de otros aspirantes a la plaza, fantásticos compañeros y grandes fiscales.   Pero el nombramiento me llena de alegría: se trata de un fiscal de esos que a pesar de sus méritos, con el duopolio AF-UPF y Fiscales Generales de la cuerda, tenían muchas puertas cerradas.  Hoy se abren, y se abren de qué manera.

Porque el nombramiento clave hoy era a mi juicio el del Fiscal Jefe de la Inspección.  Y ha salido el único -de entre todos los aspirantes- que a mi juicio podía realmente cambiar las cosas.   No quiero hablar muy bien de Fausto Cartagena, aunque se lo merezca, porque puede parecer que exagero.  Pero tengo todas las ilusiones puestas en él porque se que a partir de ahora no se va a dejar años sin contestar una queja de los fiscales; no se va a expulsar a nadie sin razones sobradas para ello; se van a abordar con seriedad los méritos de todos y cada uno de los fiscales para que el CF esté informado correctamente, y se va a informar desde la independencia profesional y de la independencia asociativa; se que se va a trabajar con la mayor competencia y que se va a cuidar al compañero como desde los tiempos de Eliseo García, no se hacía.    

Desde hace unos pocos meses la cúpula de la jerarquía de la Carrera ha cambiado y ha cambiado para bien.   Hacen falta muchas más cosas, pero el principio está ahí.   Desde la APIF le vamos a dar a la FGE en el Congreso de Sevilla -ha confirmado su presencia- una recepción llena de esperanza en el futuro de la Fiscalía.