viernes, 19 de enero de 2018

NO FALLAN NUNCA

Mientras la Carrera Fiscal padece de falta de medios; no se solucionan los problemas para poder moverse de un destino a otro; hay discriminaciones retributivas sangrantes además de un maltrato salarial asombroso; no hay transparencia en la Fiscalía, ni por supuesto en el Consejo Fiscal; mientras no hay límites en las cargas de trabajo, ni garantías de que el mérito y la capacidad se valoren, ni ningún interes en establecerlas, hay unos cuantos que no pierden ocasión de que la vida les sonría profesionalmente.  De puestos directivos de una asociación, a jefaturas y a veces al Ministerio afín; del Consejo Fiscal, a promocionarse; de la militancia asociativa a la fiesta de las libres designaciones.  Oye, no falla.  Y antes de ayer, como anticipé, tampoco.  Y al resto que les vayan dando.  

martes, 16 de enero de 2018

DOS COSAS SOBRE EL MAL FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA (FORMACIÓN Y LO DE SIEMPRE)

1)  La APIF acordó en su Congreso que fuera el Ministerio Fiscal y no el Ministerio el que controlara la formación inicial y continuada de los fiscales evitando toda injerencia ministerial.  Además se señalaba que la dirección de los cursos había de hacerse por concurso (frente a la práctica frecuente de adjudicación directa por la Secretaría Técnica, que alimenta sospechas de amiguismo).   Ya no sospechas: la última vez que asistí a una Comisión de Formación, ante un debate sobre dos candidatos para dirigir un curso fue designada la más moderna, la menos especializada y la que menos tiempo llevaba en la Fiscalía relacionada con el curso.   Cuando pedí explicaciones me dijeron que "tenía más influencia el Fiscal de Sala que la proponía".  Chúpate esa.  Antes se disimulaba un poquito, ahora para qué.   Ni mérito ni cacidad.  He decidido que no voy más a esa Comisión, que influyan lo que les de la gana.

2)  Mañana se deciden tres plazas en Comisión de Servicios en la Audiencia Nacional con votación en el Consejo Fiscal.   Me comentan que ya están adjudicadas, asociados todos.   Se que hay más candidatos con muy potentes curriculums, pero no parece que eso cuente nada (la Sección Permante de Valoración la respetan tanto como el mérito y la capacidad), como ha contado muy poco en estos cuatro años.   Es el problema de siempre, el amiguismo en el Consejo Fiscal mezclado con la ausencia absoluta de controles que se cuidan muy mucho de establecer.  Espero que el nuevo Fiscal General se lea los curriculums de todos para darles valor.   ¡Venga muchachos, un último esfuezo antes de las elecciones!  ¡Que no flaqueen las fuerzas al final!

lunes, 8 de enero de 2018

MI AMIGA MARGA PEREZ-BLASCO

Fui a ver a Marga a su despacho en la Inspección y me dijeron que había vuelto a la Fiscalía de Madrid, algo que se sabía que iba a ocurrir, aunque siempre las fechas te acaban sorprendiendo.  Aquella reforma que limitaba a 10 años el periodo de permanencia en la Inspección cuando ella había concursado y ganado la plaza en otras condiciones determina ahora su salida.    Marga es una Fiscal importantísima,  y además para mi es una amiga que no falla nunca.   En momentos difíciles, en momentos de duda, tanto como en momentos de felicidad, con ella se puede contar.   Así que ahora, víctima de una normativa perjudicial aplicada retroactivamente, tras muchos años regresa a una Fiscalía que está en situación muy distinta de cuando la dejó.   Marga la mejorará, de eso no tengo dudas.  Mucho ánimo, compañera.

miércoles, 3 de enero de 2018

¿COMO ES POSIBLE QUE SE PREFIERA NO COMBATIR CON DECISIÓN LA CORRUPCIÓN?

Leo una noticia que produce estupor, bajo el título "España desoye las advertencias anticorrupción del Consejo de Europa". ¿Pero como es posible en un sistema democrático en el que observadores internacionales reconocidos indican la existencia de debilidades internas, hacer caso omiso?   ¿No se dan cuenta del descrédito que eso supone ante instituciones europeas de control?  Y eso que el Consejo de Europa todavía no ha tomado en cuenta las bochornosas conversaciones interceptadas relativas al nombramiento de los fiscales jefes Anticorrupción y de la Audiencia Nacional.   Especulando sobre las razones para no hacer lo que nos dicen, lo que internacionalmente nos obliga, la única explicación razonable es que a quienes deben poner en marcha las reformas les conviene más no hacerlo.  Es decir, les conviene más mantener las debilidades en la lucha contra la corrupción que fortalecer el sistema; les conviene más mantener la politización de la Justicia que profesionalizarla; les conviene más que se mantenga esta sombra permenente de sospecha sobre nuestro sistema democrático que contribuir a despejarla.  Las razones por las cuales esta verguenza nacional les puede llegar a convenir deben ser examinadas por cada cual.   2018 y esto sigue igual.

jueves, 21 de diciembre de 2017

NO ESTA MAL PARA EMPEZAR

La noticia de que el nuevo Fiscal General obliga al Fiscal Jefe de Madrid a acatar el art. 27 del EOMF en un asunto en el que se dirimía el acatamiento del fiscal del caso a una orden de no investigar un asunto de corrupción es algo positivo.   A veces pienso que algunos jefes que no se enteran bien de los requisitos del art. 27 del Estatuto deberían ser conminados a copiar a mano el texto cincuenta veces,   a ver si se enteran.  Todavía me acuerdo de aquella Fiscal Jefe de La Coruña, luego ascendida.   Debemos a la AF y a Torres Dulce el nombramiento del Fiscal Jefe de Madrid y otras desdichas.   Que no se olviden. Y bien el nuevo FGE.

sábado, 16 de diciembre de 2017

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y LA ASOCIACIÓN DE FISCALES

Mira que la APIF insistió en modificar el Reglamento del Consejo Fiscal en cuanto al régimen electoral del mismo.  El sistema mayoritario actual ha propiciado 30 años de una composición exactamente igual en el Consejo, 6 vocales de la AF y 3 de la UPF, ya que se trata de un sistema de régimen mayoritario buscado y mantenido por los partidos políticos que han  gobernado España en este tiempo.  Ese sistema electoral ha dejado fuera del espacio donde teóricamente se defienden los intereses de los fiscales (las asociaciones mayoritarias no siempre participan de esa concepción) a más de dos tercios de los fiscales durante décadas.    El Consejo Fiscal es responsable de la nula defensa que los fiscales encuentran en todos los aspectos de su vida profesional, salvo en la promoción de los amigos y afines, claro y eso durante 3 décadas, que se dice pronto.   Son las cosas que tiene la influencia, de la que me extenderé un poco más en próximos días respecto de la triste Comisión de Formación de la Fiscalía General, a la que yo no vuelvo a asistir hasta que no haya cambios.

Pues nada.  El Consejo Fiscal ignoró en sus informes sobre la modificación del Reglamento dichas peticiones de la APIF -y lo entiendo, los vocales electos han hecho todo lo posible para mantener sin cambios ese momio de influencias profesionales en que han convertido el Consejo Fiscal-.   Y tampoco el Ministerio de Justicia -asesorado por un exportavoz de la AF- ha accedido a introducir un sistema corrector, un sistema que abriera potencialmente el Consejo Fiscal a la mayoría de los Fiscales.  Se acaba de publicar en el BOE una reforma del Reglamento del Consejo Fiscal que introduce un cambio positivo pero mantiene el régimen  electoral que denuncio.    Bueno, pues nada.

He visto con escándalo que unos fiscales son alojados en su visita a Madrid para una reunión en el Ministerio en un simpático Hostal en Chueca, popular barrio de Madrid.  Para desayunar, como no hay tal servicio en el citado Hostal se les ofrece un sobre con 10 euritos para que se organicen ellos mismos.   Estas son las condiciones que se brindan a algunos fiscales para desplazarse: se lo comenté ayer la una abogada del Estado y no podía creerlo, pero es así.    El Consejo Fiscal que nos viene defendiendo ferozmente a los Fiscales en estos últimos 30 años tiene aquí algo que decir.  También podría hacer algo en materia de concursos, de baremos máximos de trabajo, en valoración de méritos, en retribuciones, en transparencia, en garantías profesionales, en el régimen disciplinario y en otras cosas de ese estilo.  Entiendo que no se pueda estar en todo, pero vamos, habrá un término medio.



En estas, el Ministro de Justicia,  después de una reunión colectiva con asociaciones de jueces y fiscales para hablar de retribuciones, ha encontrado tiempo para recibir privadamente a la nueva Presidenta de la AF, estrechando de esta manera relaciones entre la AF y el PP.    Supongo que la representante de la asociación mayoritaria habrá podido agradecerle el gesto de mantener el régimen electoral al Ministro, y al tiempo habrá podido exigir disculpas por las presiones políticas que había para colocar fiscales jefes amigos de investigados por corrupción en las principales fiscalías de España, y que contaron finalmente con el apoyo de los vocales de la Asociación de Fiscales ,ofreciendo asi la Fiscalía una imagen lamentable de politización.  O por el caso omiso que se hace a las reclamaciones de los fiscales sobre discriminaciones y retribuciones (que hoy los fiscales tiene que gestionarse, y ganar en los Tribunales sin apoyo alguno de la institución); o sobre concursos o sobre protección de riesgos laborales; o un reglamento no franquista o un nuevo régimen disciplinario; quizá, al menos por las condiciones de alojamiento de los fiscales.   Si no consigue un caramelo para los fiscales empezaré a pensar mal.


martes, 12 de diciembre de 2017

RECLAMACIONES ECONÓMICAS PARA LOS FISCALES

La APIF acaba de presentar en el Ministerio un documento reclamando mejoras retributivas para los fiscales en la reunión que al efecto se esta celebrando cuando escribo estas líneas.   Desde fuera de la Fiscalía pudier sorprender que desde el Consejo Fiscal se haya mantenido desde el año 2010 una nula combatividad en esta cuestión presionando al Fiscal General para que inicie un proceso que convergiera con el que los jueces han iniciado.   La realidad es que es a mi no me sorprende nada.  Ni en riesgos laborales, ni en mejoras retributivas ni en aspectos elementales del bienestar laboral de los fiscales el Consejo Fiscal ha servido para nada.   Ahora se inicia un proceso de negociación arrastrado el Ministerio por el trabajo de los jueces.   Esperemos que entre las asociaciones de fiscales se pueda dar una linea de actuación común y realmente reivindicativa que se traduzca en mejoras reales para los fiscales.   Las propuestas de la APIF para empezar a hablar se reproducen a continuación.    Quiero hacer hincapié en que los fiscales y los jueces han sido básicamente quienes han soportado la carga de combatir el problema independentista en Cataluña, y que ello en muchos casos se está traduciendo en situaciones complicadas personalmente para jueces y fiscales en esa Comunidad Autónoma.  Creo que ha llegado el momento de incrementar la retribución general de jueces y fiscales -recuperando lo que se nos rebajó en 2010- y abordando de una vez una retribución realista que no discrimine a jueces y fiscales de otros altos funcionarios del Estado.     Estas son las propuestas de partida de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, sin perjuicio claro está de que la unidad asociativa necesaria para abordar estas cuestiones obligue a modificar algún aspecto:


RECLAMACIONES DE MÍNIMOS APIF PARA REUNIÓN DÍA 12 DE DICIEMBRE CON MINISTERIO DE JUSTICIA

1)    Regreso al nivel retributivo de 2010, con carácter lineal y general para todos los fiscales.
2)    Implementación del complemento retributivo de segunda categoría a todos aquellos fiscales de segunda categoría que ocupen plaza de tercera categoría, en la forma que se está ganando actualmente por varios compañeros en los Tribunales de Justicia.
3)    Revisión de las retribuciones de Fiscales Jefes, Tenientes Fiscales, Fiscales de las Fiscalías especiales y Fiscales del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
4)    Establecimiento de un complemento específico de destino a los Fiscales que ocupen plaza en Cataluña.
5)    Revisión de las retribuciones en las Guardias con el criterio de igualar las cuantías para todos los tipos de guardias dignificando su cuantía.
6)    Elevación del complemento de destino de los fiscales de tercera categoría para equipararlo con los de los fiscales de segunda en aquellas Fiscalías en las que desempeñen los mismos trabajos que estos, evitando así que esta cuestión se dirima en los Tribunales.
7)    Incremento de la gratificación que por fallecimiento se concede a las familias de fiscales fallecidos mientras están de servicio (actualmente es de 200 euros).
8)    Establecimiento de baremos mínimos y máximos de volumen de trabajo en las Fiscalías, cuestión ligada a la de riesgos psicosociales que actualmente la Fiscalía no reconoce ni evita.
9)    Aumento de la partida de productividad a fin de poder compensar adecuadamente a los fiscales que sobrepasan en su trabajo los límites máximos establecidos en el punto anterior.
10) Estudio de la creación de un plan de pensiones para fiscales y jueces con aportaciones públicas y privadas al margen del régimen general de la seguridad social.


Madrid, a 12 de diciembre de 2017

MI GRAN AMIGO JOSÉ MARÍA ROMERO DE TEJADA

No me lo podía creer.  Me enteré por la mañana, por la radio de que José María, el más afectuoso, generoso y bondadoso de mis amigos.   Volé a Barcelona, estuve con Tere y me conmoví recordando cosas que nos habían pasado.   Ahora evoco muchas conversaciones que tuve con él, siempre medio en serio medio en broma, casi siempre a carcajadas.    Recuerdo que fue él quien levantó la Asociación de Fiscales con la celebración de un Congreso increíble en Barcelona hace muchos años, como cuando quienes ahora la dirigen no estaban en la Asociación, cuando éramos cuatro gatos antes de ser muchos más gracias a él.   Recuerdo que fue él el único vocal de la AF que se opuso desde el Consejo Fiscal a tragar con el Ministerio para echar a Jiménez Villarejo cuando se le removió de la Fiscalía Anticorrupción.   Recuerdo a José María, desde su bondad, atribuir a erorres lo que yo veía que eran actos de mala fe, en  alguna ocasión dirigidos hacía él mismo.  Era un hombre bueno, familiar y con una ilusión reciente que diluía cualquier disgusto o contratiempo: sus nietas con las que se volcó en estos años.    Me dijo Tere que había perdido a un gran amigo.  Bien lo se yo.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

LA ULTIMA GRABACIÓN DE LEZO

Yo concurse a la plaza de Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional.  Creí que podía competir con mi curriculum para ese puesto.  No puedo sin embargo competir con el dopaje político, tan ligado a la corrupción.  Las últimas grabaciones hechas públicas sobre las recomendaciones que el expresidente del Gobierno Aznar y el ex ministro Zaplana realizan a través del expresidente de la Comunidad de Madrid (antes de que ingresara en prisión) para que el Ministro de Justicia "asegurara" en el puesto al actual portavoz de la AF, evidencian las cosas que ocurren en esta carrera en ocasiones.  Los interlocutores interceptados sabían antes de que terminara el plazo para solicitar la plaza que el anterior Fiscal Jefe no seguiría -mucho antes de la decisión del Fiscal General-, y tambien sabían que el actual Fiscal Jefe concursaba a la misma.  Quien más aspirara al puesto no importaba nada, como que el elegido fuera el más moderno de los aspirantes.   Luego que me cuenten lo del mérito y la capacidad, a ver si llego a entenderlo bien bien.  

martes, 24 de octubre de 2017

INFORME APIF SOBRE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONSEJO FISCAL

El Ministerio de Justicia va a modificar el Reglamento del Consejo Fiscal a fin de posibilitar el voto en todas las sedes de la Fiscalía, lo que indudablemente es algo muy conveniente que se pueda realizar.  Sin embargo, al margen de dar la APIF una valoración positiva a esa reforma, se ha solicitado al Ministerio de Justicia, así como en su día se solicitó al Consejo Fiscal que ignoró por completo nuestra petición, que se modifique el sistema electoral que ha consagrado el 6 y 3 durante más de treinta años, y que en nuestra opinión es la causa de que en el Consejo solo estén presentes representantes de las dos asociaciones mayoritarias que juntos no alcanzan en asociados sino un porcentaje muy bajo de los fiscales que formamos parte de la Carrera.  Además, interesamos en su día y reproducimos ahora, que se establezca un sistema de valoración de méritos para los nombramientos discrecionales, que se ponga en funcionamiento la Sección Permanente de Valoración, y que se establezcan incompatibilidades en los vocales que concurren en situación de ventaja con otros compañeros para puestos de libre designación.   Todo ello creemos que es necesario, pero ya se sabe que las mayorías minoritarias ni los Gobiernos en sintonía hasta ahora no manifiestan demasiado interés en cambiar cosas como esas.     Reproduzco a continuación el texto del escrito que la APIF ha enviado al Ministerio de Justicia.





EXCMO. SR.:

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), con fecha 11 de octubre pasado ha sido requerida para informar sobre el borrador de un proyecto de RD que modificaría el RD 437/1983 sobre funcionamiento del Consejo Fiscal.  La APIF muestra su conformidad con el texto que se  nos remite en cuanto tal, pero consideramos que el mismo en modo alguno corrige los defectos del sistema de elección de los vocales del Consejo Fiscal sino que por el contrario perpetúa un sistema que es muy poco representativo de las sensibilidades de la Carrera Fiscal, y por tanto muy discutible en términos democráticos.   El actual sistema electoral de elección de los vocales no hace sino perpetuar la composición del mismo desde hace 30 años, desde la reforma del año 1987, por RD 572/1987, gobernando el Partido Socialista Obrero de Español, a fin de introducir una corrección al sistema absolutamente mayoritario que aparecía diseñado en el art. 14 del RD 437/1983, de 9 de febrero, mediante la limitación del número de candidatos al que los electores pudieren otorgar su voto de manera que la por entonces recientemente creada Unión Progresista de Fiscales no se encontrara de manera muy probable fuera del Consejo Fiscal. De esta manera se impuso la norma de la limitación de voto en relación con los puestos a cubrir, no permitiéndose que los electores pudiesen votar a más de seis candidatos en lugar de los nueve que podían ser votados hasta esa fecha.

El sistema, desde ese año, ha permitido que siempre haya seis vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales, asociación de la que han salido varios fiscales generales del Estado elegidos por un Gobierno del Partido Popular y   cuyo anterior Portavoz hoy es asesor del Excmo. Sr. Ministro de Justicia, y tres vocales de la UPF, asociación de la que algunos de sus portavoces han llegado a ser ministros del Gobierno de la Nación o Consejeros de Justicia autonómicos, siempre en Gobiernos en los que está presente el Partido socialista.   Creemos que el actual sistema mayoritario no satisface los criterios constitucionales de  proporcionalidad que establece el art. 68 de la Constitución Española, así como los criterios de representación proporcional que establece la LO 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.   El sistema que ahora prefiere no modificarse es en opinión de la APIF la principal causa (con la elección gubernamental del Fiscal General) de que la Fiscalía española no consiga sustraerse a la politización que lastra su credibilidad y que ha sido reprochada en muchas ocasiones desde instancias nacionales e internacionales. 

La APIF adjunta con el presente escrito el documento que presentamos al Consejo Fiscal intentando sin éxito que las asociaciones presentes en dicho Consejo fueran sensibles a esta situación.   Ahora debemos reiterar en trámite de informe la conveniencia para el interés general en abrir el Consejo Fiscal a la Carrera Fiscal y no exclusivamente cerrarlo a dos asociaciones que no suman juntas ni el 25 por ciento de los fiscales de la Carrera Fiscal en el que proponíamos un sistema de recuento extraido de las reglas del sistema D´hont que rige en nuestra normativa electoral, con un artículo 25 que tendría la siguiente redacción:

Art. 25
Serán proclamados electos los nueve candidatos que obtengan mayor número de votos. En caso de producirse empate será preferido el de mayor antigüedad en la carrera y, si fuere igual, el de mayor edad. No obstante, si el empate afectara a candidatos de distinto sexo, y los de un mismo sexo no hubieran obtenido un mínimo del 40% de candidatos electos en el cómputo global, el empate se resolverá en favor del candidato perteneciente a ese sexo.

La proclamación de los candidatos será proporcional repartiéndose los vocales de la siguiente manera:
A.- La obtención de vocales se hará dividiendo el total de los votos obtenidos  por las distintas asociaciones que hubieran presentado candidatos por el total de votos emitidos. El coeficiente obtenido será el el porcentaje que corresponde a cada asociación en el Consejo Fiscal. El número de vocales adjudicado a la correspondiente asociación se obtendrá de multiplicar este porcentaje por 9 y dividirlo por 100. Tal número determinará el total de vocales por aproximación obteniendo un vocal más siempre que la parte decimal exceda de 5. (Por ejemplo 3,87 dará lugar a cuatro vocales, mientras que 3,4 dará lugar a tres vocales).
B.- Los vocales que serán nombrados, correspondientes a cada asociación, será por orden descendente en número de votos hasta alcanzar el número de vocales obtenidos.
C.- En el caso de candidaturas independientes obtendrán plaza como vocal en el caso de que el número de votos obtenidos alcance al menos 10 % del total de votos emitidos en cómputo nacional.

Desde otro punto de vista, creemos que debe rectificarse la norma que informamos para introducir en el funcionamiento del Consejo Fiscal criterios objetivos de nombramiento para los diferentes cargos discrecionales en la Carrera Fiscal, poniendo en funcionamiento la Sección Permanente de Valoración que se creó en la reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal en 2007, art. 13.2 y que todavía no tiene virtualidad práctica, de manera anómala aunque poco sorprendente en nuestra opinión.


Y debe, en los términos que señalamos en nuestro escrito adjunto, establecerse un régimen de incompatibilidades de los vocales electos para promocionar desde las votaciones en el Consejo Fiscal al que ellos mismos pertenecen.   Esa práctica lamentable que se confronta con la normativa administrativa (art. 23 de la Ley 40/2015) en un buen número de casos propicia situaciones de complicidades entre vocales del Consejo Fiscal con el Fiscal General en conflicto con su condición de representantes de los fiscales.  

Sin otro particular, reciba testimonio de nuestra consideración más distinguida.



Excmo. Sr. Director General de Relaciones con la Administración de Justicia




martes, 19 de septiembre de 2017

EL VALOR DE LA LEY

España es un país complejo, con un pasado complejo y compuesto de territorios complejos.  Mucha gente piensa diferente y hay ideas diferentes para casi todo.   Tenemos coletivamente un pasado turbulento, con una terrible guerra civil cuyos ecos todavía se escuchan, y una dictadura muy larga de un tipo sanguinario que murió en el poder.    Además,  hemos visto como algunos de nuestros representantes políticos desde la Transición han perpetrado delitos de corrupción, han manipulado la Justicia, se han comportado en demasiadas ocasiones de manera indigna y no han actuado en beneficio de todos sino solo de algunos.   A pesar de todo ello, somos un país de los más desarrollados del mundo, gozamos colectivamente de derechos y libertades que en muchos otros lugares ni sueñan, y además tenemos paz.    La fuerza que está detrás de esas ventajas, de ese marco privilegiado de convivencia, es la ley.    Una ley que es democrática, con todas las imperfecciones que se quiera apuntar.   Pero si la ley emana de un Parlamento de todos, sobre la base de una Constitución votada por todos, la ley es legítima y hay que obedecerla.   Podría decirse que el respeto colectivo a la ley es garantía de seguridad y progreso en nuestro futuro y el de nuestros hijos.    Claro que hay leyes injustas y algunas personas en España han conseguido una protección superior que el resto frente a las infracciones de la ley.  Por eso hay que tener una actitud crítica hacia la ley, buscando su mejora, y siempre vigilante ante quienes tienen poder para abusar.    Y hemos de ser conscientes de que podemos cambiar las leyes (incluida la Constitución) para que sigan siendo expresivas de la voluntad colectiva, pero es difícil concebir una libertad para todos fuera de la ley.  

Los fiscales tenemos una vocación que puede sintetizarse en la de defender la ley y exigir su aplicación.   Todo el mundo tiene que respetar la ley, pero los fiscales trabajamos para exigir que la misma se respete, como garantía de la libertad de todos y de la existencia de nuestra democracia.   Hay gente que este oficio le gusta y gente que no, pero eso es lo que hacemos: estudiamos las leyes y exigimos que se apliquen.    Ello no es incompatible con que nos gusten mucho o poco los dirigentes políticos, los gobiernos, nuestros jefes en la fiscalía o la línea más o menos politizada de la institución.      Mas o menos lo mismo que pasa a numerosos ciudadanos.    Pero por encima de ello, los fiscales buscamos la aplicación de la ley que ha de hacerse siempre en la más justa de las interpretaciones.

Lo que ha ocurrido en Cataluña, lo que está ocurriendo, es indudablemente una cuestión política, pero ha llegado un punto en que por algunos (o muchos) se ha decidido quebrantar la ley y por eso la Fiscalía debe actuar.  La ley ha de ser protegida y ese es el trabajo de la Justicia, constituyendo un delito para un fiscal no perseguir los delitos que se comentan.   Para justificar la vulneración de la ley se habla de derechos internacionales o subyacentes, o derechos naturales a decidir; pero oigo esos argumentos mucho más desde sectores políticos concretos o desde la ignorancia de las normas, que desde ámbitos jurídicos.    En mi opinión, esos supuestos derechos chocan  con la ley (por lo que dificilmente son derechos reconocibles en Tribunales nacionales o internacionales), y eso como fiscal es lo importante, aunque también chocan con el sentido común: el derecho a decidir de algunos se enfrenta con el derecho reconocido en la Constitución a decidir de todos por lo que es dificil que el conjunto quiera reconocer ese derecho únicamente a un sector de la población.   De todos modos, aquí las razones políticas son muchas y muy diversas y todas son legítimas, pero hay que respetar la ley.