viernes, 25 de enero de 2019

DESPERDICIO DE RECURSOS EN LA JUSTICIA

La estructura de los recursos en el proceso penal ha variado sustancialmente en nuestro país desde 2015.   Rige actualmente la doble instancia penal en la generalidad de los asuntos, y además todos ellos tienen potencialmente acceso al recurso de casación con diverso alcance.   Todo está bien y es la respuesta lógica que se da a una exigencia -tanto tiempo postergada- de garantizar un justo proceso.  Pero la realidad es que con este sistema competencial, demasiados jueces invierten demasiado tiempo en la resolución de cada asunto, que tiene ahora dos o tres instancias.  Así, en el caso de delitos castigados con penas de más de cinco años de prisión, tres magistrados conocen del asunto en primera instancia; otros tantos, abordarán el asunto en apelación; y por último, cinco magistrados cerrarán jurisdiccionalmente el asunto en casación.   El mayor atasco o carga de trabajo está ahora en las Audiencias Provinciales, donde se ha mantenido la competencia objetiva para conocer en primera instancia de asuntos con penas que superen el umbral de los cinco años de prisión, y además se añaden las apelaciones de las sentencias dictadas por órganos unipersonales.   Personalmente me parece que al aumetar las garantías incrementando el número de instancias, habría que aumentar las competencias para el enjuiciamiento en primera instancia de los jueces de lo penal (al fin y al cabo, un solo juez, lo que permite más fácilmente la creación de juzgados) y reservar las Audiencias para los delitos más graves en primera instancia y desde luego para las apelaciones.   Que once magistrados (3 AP+3 TSJ+ 5 TS) deban estar encargados de resolver el enjuiciamiento de cada delito castigado con pena superior a cinco años me parece un desperdicio de recursos escasos.  Habría que optimizar recursos, en mi modesta opinión, sin merma de garantías.  Y eso es perfectamente posible hoy día.

lunes, 14 de enero de 2019

"COMO MÁXIMO", CIEN PLAZAS PARA JUECES Y FISCALES EN 2019

Esto parece una broma, pero no lo es.   Después de muchos años de constreñir la Justicia mediante la supresión de jueces y fiscales sustitutos, y la no creación de plazas de jueces y de fiscales, unido al desastre de la Justicia Digital y tantas otras chapuzas que distinguen a nuestro Ministerio de Justicia, parecía que volvía a abrirse la espita para reducir la presión interna.   300 plazas de jueces y fiscales se ofrecieron el año 2018 y parecía lógico pensar que la línea seguiría.  Pues no.  De repente vemos los presupuestos generales que propone el PSOE, y tan solo 100 plazas para jueces y fiscales están previstas para 2019.  Los opositores deben estar desorientados, y quienes servimos a la administración de Justicia, muy cabreados.   Parece evidente que la Ministra no tiene fuerza ni influencia alguna para imponer nada en Hacienda que cueste unos euros para mejorar la Justicia.   Podemos esperar gestos, pero desde luego como al Presidente del Gobierno esto de la Justicia le pilla algo a distancia (salvo claro está, para elegir afines para puestos de gobierno de la Justicia y la Fiscalía, que ahí no fallan), no cabe esperar mejora sustancial alguna durante estos años.  Lamentable.

domingo, 13 de enero de 2019

TRANSMÍTELE QUE YA ESTÁ HABLADO Y QUE NO HABRÁ PROBLEMAS

Reconozco que sigo sorprendiéndome cuando por una vía u otra (últimamente, casi siempre a costa de la publicaciones de intervenciones legales o ilegales en las comunicaciones de ciertas personas) se descubre una nueva interferencia política en la Justicia.   Ahora, tras los casos de Gonzalez-Zaplana-Moix-Alonso; y de Cosido y su pacto para controlar el TS por la puerta de atrás, nos aparece una conversación de la antigua vicepresidenta del Gobierno con un alto cargo del Banco de Santander asegurando que el tema está hablado.  Parece ser que el tema era precisamente el que dio lugar a la denominada "doctrina Botín" (ya es de escándalo que una interpretación procesal como esa tenga apellido), es decir, la insuficiencia de la acción popular para llevar adelante por si sola una acusación penal.   El mismo banco que financia cursos de asociaciones judiciales y fiscales.  A mi todo esto me da mucha lástima, sobre todo.  Ojalá se desmienta, ojalá no sea verdad, ojalá pueda aclararse.  Pero si fuera cierto, creo que hace unos años hubiera reclamado que había que perseguir e investigar hasta el final a toda esa gente que hace daño (desde fuera y desde dentro) a nuestra Justicia.  Ahora, tras constatar que hay gente que mantiene cierto control de la Justicia para cosas como estas (aunque esta en concreto no fuera verdad), y tras comprobar que de manera permanente hay otros pocos pero influyentes que desde las Carreras Judicial y Fiscal aceptan con tranquilidad la situación -asumiendo que las reglas son estas y que ya que no hay forma de cambiarlas mejor participar en ellas obteniendo beneficios profesionales-, solo siento tristeza.   Un periodista me decía el otro día, con mucho desencanto, "¡que ganas de colgar los guantes!".  Ni él ni yo los vamos a colgar hasta que nos jubilemos, aunque solo sea para decir que nos parece muy mal lo que hacen aunque no podamos impedirlo.

lunes, 7 de enero de 2019

REUNIONES CON LA MINISTRA DE JUSTICIA

Las asociaciones de jueces y fiscales vienen teniendo reuniones con la Ministra de Justicia reclamando un conjunto de mejoras para la Justicia y retributivas para los colectivos que ya han supuesto la existencia de dos huelgas (una a Catalá y otra hace unos meses a Dolores Delgado).  Personalmente creo que no hay comparación en cuanto al tratamiento que brinda Lola al que ofrecía el desastroso Ministro de Justicia que la precedió.   Dejando de lado lo más importante, que es que ambos han actuado manteniendo políticamente el control del CGPJ con lo que ello significa de politización de nuestros Tribunales, lo cierto es que hay entre ambos algunas diferencias que favorecen a Lola Delgado.  Desde el punto de vista económico no se avanza y quizá no se avance porque la Ministra carece del peso político para prevalecer en el Gobierno sobre esta cuestión.  Pero en otros aspectos no hay duda de que en el Ministerio están haciendo cosas interesantes.   Por increíble que parezca, a diferencia de otros funcionarios, los jueces y los fiscales no habían recuperado los permisos que Catalá nos retiró hace unos años; Lola ha revertido esa situación hace unos días.   Catalá, asimismo, hace un tiempo ante la reclamación de unos fiscales de que se les reconociera un complemento de destino equivalente al de otros compañeros en su misma categoría y Fiscalía, me despachó con un displicente "que recurran".  Bueno pues aquellos compañeros ya recurrieron y ante la evidencia de que han ganado en todas las instancias, la Ministra se ha comprometido a desistir de los recursos que había interpuesto la Abogacía del Estado.   Catalá fue el impulsor de la desgraciada reforma, propia de un amateur bien intencionado o de un profesional mal intencionado, que suponía el acortamiento de los plazos de investigación de las causas criminales, sin añadir medio alguno más para permitir cumplimentar los plazos.   Ahora la Ministra está luchando por anular el art. 324 de la Ley.   Es decir, entiendo que hay una buena predisposición en la Ministra y especialmente en Manuel Dolz, su Secretario de Estado, al que me he referido ya alguna vez aquí, para arreglar esos problemas enquistados.    

Ahora surge otro problema que considero grave y que espero que se arregle pronto: los retrasos indecentes en el abono de las retribuciones de jueces, fiscales y funcionarios de Justicia que padecen una incapacidad temporal durante más de seis meses.   Personas que están afectadas a veces por enfermedades graves y a las que la MUGEJU maltrata con retrasos en los pagos de tres, cuatro o cinco meses.  ¿De que creen MUGEJU y el Ministerio que viven las personas afectas por esta situación?  ¿De las familias, de los ahorros, del aire?  Lola, otro tema del que tienes que ocuparte con urgencia.