viernes, 29 de julio de 2011

A PROPÓSITO DEL CASO HACIENDA

Se acaba de pronunciar la Sentencia del denominado Caso Hacienda, que tiene su origen en una pieza separada de la causa KIO, de la cual estuve encargado en Anticorrupción hace ya algunos años.   Conforme a mi percepción, la sentencia es adecuada a la responsabilidad de los acusados que yo conozco.   Es decir, que, finalmente creo que se hace Justicia.   Han pasado por ese caso un montón de fiscales (entre ellos Teresa Gálvez y Carlos Ramos, pero de manera muy especial Fernando Rodríguez Rey y Emilio Sánchez Ulled) y jueces de Instrucción (en particular, y principalmente, las extraordinarias Teresa Palacios y Elizabet Castelló). Quizá me dejo a alguien importante, pero lo cierto es que aquí ningún eslabón de esa cadena de profesionales ha fallado.  Eso es muy importante, porque esta causa ha durado muchos, muchos años.  Nadie ha desmayado; nadie ha dejado el asunto de lado; nadie ha relajado su atención y diligencia.   Y siendo eso así, hemos tenido que esperar muchos años para ver la sentencia.   Desde mi punto de vista, el fallo está en el modelo procesal.   Los acusados han declarado más de cuatro veces de media ante jueces y fiscales con presencia letrada, antes del Juicio Oral.   Ha ejercitado -con abogados muy competentes- sus derechos de defensa a lo largo de todos estos años.  La investigación se ha hecho con su presencia, con contradicción y con todos los derechos a recurrir cualquier diligencia de investigación que consideren oportuna y a pedir la práctica de las pruebas que estimen necesaria.   Y eso para cada uno de los acusados.  A pesar de eso, luego ha habido que reproducir delante de un Tribunal y durante nueve meses las actuaciones ya practicadas.  ¿Tiene eso mucho sentido?  En otros lugares la instrucción se hace sin contradicción y una vez terminada el Juez de Garantías examina las quejas de la defensa y analiza la legalidad de la investigación; en su caso, la anula.   Nada de lo investigado sirve de prueba en el Juicio Oral, de manera que no hace falta contradicción alguna en la investigación.   La defensa puede investigar por su cuenta o reclamar la práctica de diligencias al Juez de Garantías para que las practique la Policía o le ordene a la Fiscalía su práctica.   Y los tiempos se reducen, claro.  Esos jueces y fiscales dedicados durante doce o trece años, a veces con dedicación completa al caso, han dejado de trabajar en muchos otros asuntos.   El tiempo es demasiado valioso en Justicia para desperdiciarlo.

lunes, 25 de julio de 2011

MENOS HIPOCRESÍA

Entiendo perfectamente que el Gobierno español, cualquiera que sea su signo en un momento dado, no desee -por razones de Estado- que ciertas causas penales sean investigadas en los Tribunales.  Sin embargo, me cuesta aceptar intelectualmente que en lugar de que deba asumir políticamente su negativa a investigar esos hechos ante la opinión pública, ante las víctimas y el Parlamento, se prefiera mantener un sistema judicial que le permita hacer valer esos intereses "de Estado" de manera encubierta. Especialmente (pero no solo), a través del Ministerio Fiscal. La politización de la Justicia española está principalmente establecida (más allá de razones desacreditadas como contribuir a realizar "la política criminal del Gobierno" o a dar legitimidad democrática "al Gobierno político de los Jueces") para conseguir disimular -cuando sea preciso- que decisiones políticas importantes que afectan a casos concretos en los Tribunales, se adoptan de manera "independiente" por los órganos de la Justicia. Esto es absurdo porque todo el mundo está en el secreto. Sería más sensato reconocer -como se hace en el mundo anglosajón- que hay razones de Estado que deben permitir al Gobierno vetar la investigación de ciertos hechos. ¿Escandaloso? Claro que si, desde nuestra mentalidad. Pero invito a leer -por ejemplo- los partes de Wikileaks (para lo que hace falta saber un poquito de inglés) y preguntarse qué es más escandaloso que eso. Creo que hay algo de hipocresía en todo esto.  Un Gobierno que rechazara la investigación de ciertos hechos (sin capacidad alguna de influencia sobre la actuación del Fiscal o sobre la independencia de la Justicia) habría de utilizar con mesura esa potestad, y sobre todo respondería políticamente de ello;  debería justificarse en el Parlamento donde se discutiría si hay realmente razones de Estado, de Gobierno o de partido, y en último caso, en las urnas. Hoy día no hay necesidad de mesura alguna, ya que el sistema judicial establecido "blanquea" esas decisiones. Es verdad que a veces la presión política a pesar de todo, no tiene éxito; pero esos casos lejos de descorazonar al poder político, le animan a incrementar la presión sobre la Justicia para que el "fracaso" no se repita. Y el efecto realmente dramático de ello es que el mantenimiento de un Fiscal vinculado al Gobierno de turno bloquea reformas procesales que son imprescindibles para sacar a la Justicia del foso en el que se encuentra: recuerdo que hay 1.175.000 asuntos penales pendientes de resolución en España a fines del año 2010 (con millones de imputados, víctimas, familiares, perjudicados, testigos, abogados y procuradores), y creciendo de manera regular un dos por ciento anual. Esa cifra escandalosa no averguenza a nadie con mando en plaza: parece que no cuenta, pero es un lastre tremendo para la calidad democrática en nuestro país.

Reducidas las causas de la politización de la Justicia, no haría falta un Fiscal General adicto sino eficaz; ni un CGPJ fiduciario de nadie; ni unos nombramientos judiciales y fiscales afines, sino sobre todo competentes; ni unas asociaciones profesionales vicarias de los partidos políticos; ni cambios jurisprudenciales ad hoc; ni quizás lo peor de todo ello, la resignada adaptación de muchos jueces y fiscales a este sistema judicial enfermo. Con una ventaja añadida: la pérdida de influencia sobre la Justicia evitaría que a través del Gobierno se pudiera tener la tentación de lanzar ataques procesales por razones políticas (como ha denunciado -sin pruebas que yo haya visto- la oposición en ocasiones), limitándose sus posibilidades a "evitar que se actúe judicialmente por razones de Estado". La Justicia recuperaría prestigio.  Necesitaríamos todo lo contrario de lo que se busca ahora: máxima neutralidad, máxima eficacia al servicio de los ciudadanos.

viernes, 22 de julio de 2011

ESA REFORMA ES IMPRESCINDIBLE, PERO...

Si hace tres años, el Consejo de Ministros hubiera tenido ante si el texto de modificación del proceso penal que ahora se nos ofrece, otro gallo nos cantara.   Pero faltan pocos meses para acabar la legislatura (quienes me conocen saben que por que esa reforma saliera yo sería partidario incluso de agotarla), y no hay tiempo material.   Pero ese es el camino.  La pena es haber perdido siete años y medio.   Solo un pero, porque las bases de la reforma que leo en la prensa responden a las necesidades reales de nuestra Justicia penal en mi penal.  La concesión de una mayor autonomía al Fiscal.   La milonga de que a través del Fiscal el Gobierno realiza su "política criminal" no aguanta más.   No hay razón técnica para que la Fiscalía dependa jerárquicamente del Gobierno.   Hay, si, razones históricas y también razones de "política menor", o de "juego sucio" en la política.  Pero hay razones muy importantes para permitir que el Fiscal actúe -como dice la Constitución- "en todo caso" con imparcialidad.   Y hay varias formas de hacerlo: por ejemplo, estableciendo un Estatuto de incompatibilidades de actuación del FGE en ciertos casos de trascendencia política;  regulando con objetividad los requisitos de los nombramientos; garantizando (blindando a las órdenes del FGE) a ciertos fiscales a cargo de asuntos de trascendencia política; introduciendo en la Carrera la cultura del mérito, la independencia de criterio y la objetividad en lugar de la de la fidelidad política, la del  miedo y la del silencio; potenciando el valor de la opinión de las Juntas de Fiscales a todos los niveles, entre otras que quizá obligarían a un cambio en la Constitución.

En todo caso, si el Ministro Caamaño saca adelante esta reforma (que no creo que lo consiga), me comeré con patatas y con muchísimo gusto algunas de mis opiniones críticas sobre la actuación del Ministerio de Justicia en los últimos años.

jueves, 21 de julio de 2011

1.174.531 ASUNTOS PENALES EN TRÁMITE

El otro día, hablando con una Vocal del CGPJ en La Coruña, reaccionó airada cuando le dije que había más de un millón de asuntos penales pendientes.  "En trámite", me corrigió.  Estas bobadas semánticas hace tiempo que no me desarman.   El hecho es que hay -según la última Memoria del Consejo-, para vergüenza colectiva y en especial de quienes son nombrados para organizar mejor la Justicia, 1.174.531 asuntos "en trámite" a final del año pasado.  Es decir, algo más de un 2 por ciento más que el año anterior.   O sea, creciendo.   Y desde luego, no porque no se trabaje: las cifras de asuntos despachados son de escalofrío.   Es un tema de organización, y sobre todo del procedimiento penal (y de la mentalidad ligada a ese procedimiento).  Eso es lo que hay que cambiar.   ¿Nadie siente que esto no puede seguir así?

miércoles, 20 de julio de 2011

COMO EN EL SIGLO XIX

Cuando uno se aproxima al modo de selección del personal en la mayoría de organismos internacionales, se encuentran con un auténtico laberinto de requisitos: las plazas que salen tienen cosas que aquí -en la Fiscalía y en la Judicatura- se obvian, como son una descripción del trabajo que se va a realizar, incluyendo el carácter de las obligaciones genéricas y específicas del mismo con gran detalle; también se exponen los requisitos que se exigen a quienes concursan, incluyendo antiguedad, titulaciones, experiencias previas, idiomas..., incluso cualidades como liderazgo, capacidad de relación con colegas, capacidad de trabajo en equipo.   Se establece también cual es el sistema de selección, de forma que para puestos de cierto nivel es imprescindible someterse a una entrevista con el panel de selección.   En ningún caso se exige (antes bien se establece que eso no cuenta), afinidades políticas o ideológicas concretas, pero si un compromiso con los derechos humanos y en concreto con la no discriminación por raza, sexo, religión, etc..   Podéis pinchar aquí para haceros una idea de la complejidad de lo que hablo: se trata de un manual de Naciones Unidas para pedir plazas en la organización, pero parecido sistema lo encontraréis en la Unión Europea o en otros organismos internacionales.

¿Y aquí?  Pues aquí, lo contrario exactamente.  Ni descripción del puesto de trabajo (para adjudicarlo con más comodidad), ni requisitos concretos (para evitar que el elegido carezca de ellos) ni compromisos de ningún tipo salvo las afinidades determinantes.   Ni valoración del curriculum, ni entrevista, ni justificación del nombramiento.   Oscurantismo, opacidad, falta de información.   No, no es que en nuestras Carreras (especialmente en la Fiscalía) se ignore que todo eso son cosas propias de sistemas superados por los tiempos.  Aquí no se lee demasiado en inglés, frances o alemán, pero idiotas hay muy pocos.  Este sistema que padecemos se conecta perfectamente con la clase de Carrera que se persigue (incluso por grupos mayoritarios de fiscales) y con la clase de Justicia que tenemos.  Y como no se desea cambiar este tipo de Justicia, no se le ocurre a nadie cambiar el sistema que la mantiene.

jueves, 7 de julio de 2011

FUERA DE TIEMPO

El anuncio del Ministro de Justicia de que está elaborado (casi) el anteproyecto de ley de reforma procesal llega muy tarde: coincido con el comunicado de la Asociación Independiente y con la opinión de la UPF de que se trata de un anuncio que viene a destiempo. Falta muy poco para que acabe la legislatura y evidentemente el PSOE ha incumplido su promesa electoral de cambiar el proceso penal, por más que la existencia de un texto elaborado -que yo no he visto- pueda ser útil si se quieren retomar los trabajos. Sin embargo, las cosas pintan mal. La APM (que es quizá la asociación profesional de jueces o fiscales más próxima al PP) ha manifestado su oposición a la atribución de la investigación al Fiscal sobre la base -en este caso- de las escandalosas filtraciones de Wikileaks y el Caso Couso -donde por cierto, tampoco queda como los ángeles un magistrado de relieve de la AN-, lo que hace pensar que una reforma en tal sentido no prosperará con un gobierno conservador. Resulta evidente que la institución de la Fiscalía necesita reformas muy importantes para asegurar no solo su imparcialidad "en todo caso" sino también su credibilidad "en todo caso". Y esas reformas no las intuyo -ojalá me equivoque- en las declaraciones de quienes dirigen el PP en estos momentos.

De todas maneras, la situación es tan mala (nadie puede borrar los más de 1.150.000 asuntos penales pendientes) que algunos cambios habrá de haber.

sábado, 2 de julio de 2011

NO ES AJENO A NOSOTROS

Leo -no sin cierta sorpresa- que en un almuerzo convocado por la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) y El Derecho, las cuatro asociaciones judiciales "denuncian" la politización de la Justicia.  Esa denuncia, a la que contribuyen de manera decisiva al menos dos de las asociaciones denunciantes, viene acompañada de otras quejas sobre el estado lamentable y caótico de la Justicia española.   Tienen, en mi opinión, razón en todo.  Pero pierden legitimidad quienes desde el CGPJ actúan como fiduciarios de los partidos que les nombran.  Entiendo que a ellos les gustaría que el mundo fuera mejor, pero hay que hacer algo al respecto.   El bochornoso espectáculo que están dando -por ejemplo- con una plaza de magistrado de la Sala II, que lleva tres años y pico de broncas entre conservadores  y progresistas, es expresivo de lo que digo.   


Si un día la UPF se lamentara (lo hará, sin duda, cuando gobierne el PP) de la politización de la Fiscalía, habrá que recordarles que llevan muchos años bailando el agua al FGE aceptando absolutamente todo lo que se les pone a comer en la mesa del Consejo.  Son por tanto piezas necesarias de la politización; como lo fue, hace algunos años aunque los protagonistas no han cambiado tanto, la AF cuando campeaban Cardenal, Acebes y Michavila por los terrenos de la Fiscalía.   Por eso, me suenan algo huecas las quejas de esta asociación (cómplice inescrupuloso en la depuración de Fiscales progresistas y en la reforma del Estatuto necesaria para ello) cuando se queja (con toda razón, sin embargo) de las cosas que hace el FGE.  Piezas necesarias también de la politización.   


No basta con quejarse: hay que luchar contra la politización.  Como decía la letra de aquella canción de Lluis Llach, durante la transición:


No esperem el blat
sense haver sembrat,
no esperem que l'arbre doni fruits sense podar-lo;
l'hem de treballar,
l'hem d'anar a regar,
encara que l'ossada ens faci mal.



(No esperemos el trigo sin haber sembrado;
no esperemos que el arbol de frutos sin podarlo;
lo hemos de trabajar, lo hemos de regar,
aunque nos lleguen a doler los huesos)