martes, 31 de enero de 2017

¿NO INTERESA ASCENDER EN LA FISCALÍA?

Llama poderosamente la atención la falta de interés que se demuestra en la Carrera Fiscal por ascender a la categoría primera (equiparada a Magistrado del Tribunal Supremo), a juzgar por el magro número de aspirantes a dichas plazas.  Es cierto que cada fiscal puede tener razones para aspirar a una plaza o no.  Pero colectivamente hablando el tema tiene interés.   Hay varias Fiscalías de Sala que han salido a concurso y no cuentan con más aspirante que el titular actual, que en algunos casos lleva ya dos mandatos en el puesto.   Aparentemente, nadie aparte del titular actual tiene interés en someter su mérito y capacidad para dichas jefaturas.  En plazas tan importantes y tan sugestivas desde un punto de vista profesional como la Fiscalía de la Audiencia Nacional o la Fiscalía Antidroga, solo hay 5 y 2 candidatos respectivamente, incluídos los actuales titulares.   Recordemos que pueden solicitar dichas plazas los fiscales que lleven más de 20 años de servicios y de esos hay casi 1000 fiscales.  En la Carrera Judicial, cuando queda vacante una plaza en el Tribunal Supremo, vemos muchos aspirantes para cada plaza y las ternas finales se convierten con frecuencia en ternas de cuatro o cinco candidatos.  ¿Que pasa entre nosotros?  27 Fiscales que aspiran a 10 plazas de Fiscal de Sala ¿porqué tan pocos entre más de 1000 candidatos posibles aspiran a mejorar en la Fiscalía, llegar al cénit de nuestra Carrera, ayudar a cambiar las cosas o a aportar el personal esfuerzo para hacer que las cosas vayan mejor? ¿Es desinterés o hay otras razones? Y si hubiera otras razones, ¿no convendría intentar detectarlas y combatirlas?

jueves, 26 de enero de 2017

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA, FISCALÍA Y CORRUPCIÓN

La perforación política de la Justicia que padece España desde hace más de 30 años parece estrechamente ligada a la corrupción.  La corrupción necesita para desarrollarse otras cosas (que los partidos políticos también procuran, por cierto, como la politización de los órganos de control administrativo y económico del Estado), pero desde luego el sistema de gobierno del Poder Judicial y de la Fiscalía, así como los aforamientos son factores importantes.   Para politizar la Justicia se precisa utilizar la sintonía ideológica con esos partidos de algunos jueces y fiscales y de algunas asociaciones profesionales de jueces y fiscales.   En la Judicatura está perfectamente claro y en la Fiscalía también.   La Fiscalía es una pieza clave en este entramado de politización y en nuestro caso el sistema electoral para el Consejo Fiscal y la actitud de las asociaciones mayoritarias ha sido crucial.    Dominan el Consejo Fiscal desde los años 80 con una proporción prácticamente inalterada de 6 vocales (AF) y 3 vocales (UPF) estando sus apoyos electorales muy lejos de esos porcentajes.  Pero el sistema electoral fue diseñado entre PP y PSOE, y les conviene a todos ellos.   Además, en el Consejo Fiscal -lo sabemos todos los fiscales- los vocales electos actúan con criterios de apoyo al propio o de intercambio de cromos.  Tras décadas de funcionamiento del sistema actual, la jerarquía dura, la que incluye las jefaturas de las fiscalías más importantes, acaba conformada por fiscales de AF y UPF en su mayoría, pero lo peor es que está conformada con criterios muy conservadores sin voluntad -ni siquiera idea- de cambiar las cosas.

Esa ausencia de voluntad de evolucionar, de mejorar, de corregir lo que está mal (confrontándose al legislador o al gobierno en las reclamaciones) es otra de las peores consecuencias de la politización de la justicia, pareja e inseparable a la intención de los políticos de controlar la Justicia.  Porque ese conservadurismo en el funcionamiento interno de la institución se ha convertido en una seña de identidad que se transmite de generación en generación de fiscales. ¿Debo recordar que en la Fiscalía el Reglamento es de 1969? ¿Debo recordar que hasta hace muy poco el Consejo Fiscal consideraba que las distribuciones de trabajo que acordaba un Jefe no eran recurribles en los Tribunales y que solo le han convencido los Tribunales?  ¿Debo recordar la opacidad del funcionamiento interno del CF, o de la Fiscalía General? ¿Debo recordar que no está regulado el sistema de comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía? ¿Debo recordar que en la institución no existe un sistema de baremo de méritos profesionales, ni existe un proceso de selección que se parezca al sistema de elección de cargos en la Judicatura?  ¿Debo recordar la cantidad de problemas profesionales que no preocupan a nadie para cambiarlos, entre ellos los límites en la carga de trabajo? ¿La falta de garantías profesionales de los fiscales? ¿La falta de protocolos de acoso laboral, de garantías del régimen disciplinario?  En la Fiscalía se sabe bien quien puede influir sobre la carrera de cada quien, y siendo eso así, las mejoras que supongan enfrentamiento o reclamación, es que ni se piden.

En realidad,  ¿para que van a querer cambiar las cosas si ya les va bien a quienes pueden cambiarlas?  El Ministerio -sea conservador o socialista- no quiere cambios internos en la Fiscalía que les hagan perder influencia, los beneficiarios del sistema menos aún, los Fiscales Generales ni lo plantean...  Así que entre todos la Fiscalía toma globalmente -por el peso de la jerarquía- una deriva política que se acepta internamente y que es precisamente lo que consiste la politización.   Y con esa deriva, las reformas procesales que colocan al Fiscal en el centro del proceso penal producen lógicos recelos.  Pero además, se quedan sin resolver infinidad de problemas que hay que resolver.

Me comentaba hace tiempo un ex Fiscal General que no podía nombrar a fiscales para cargos relevantes sin apoyos en el Consejo Fiscal (en realidad si podía, pero es incómodo); y al tiempo me decía que era consciente de que esos apoyos por el sistema electoral vigente solo podían provenir de las asociaciones dominantes en el mismo.  Las mismas asociaciones que viven mejor según gobierne el partido al que se sienten más afín (de esa proximidad hay muchos ejemplos pero pondré uno cercano: el propio Portavoz nacional de la AF deja su puesto hace unas semanas para irse de asesor del Ministro de Justicia, Rafael Catalá).  Hay fiscales que saben que no tienen opciones de salir elegidos para ciertos puestos no obstante sus méritos profesionales: les faltan apoyos políticos.  Y entre ellos algunos, por tanto, no piden plazas.    Otros, méritos al margen, las piden con seguridad  porque tienen esos apoyos políticos -a algunos incluso "se les ofrecen" los puestos- con lo que el sistema perpetúa sus vicios y la coartada intelectual de aquel ex Fiscal General le ayudaba a tranquilizarse: no se cambian las cosas importantes porque hacerlo supondría cambiar ciertas cosas que no se quieren cambiar porque sería incómodo hacerlo.   Como los cambios son incómodos pues no se hacen.

Los partidos son conscientes de la politización (Ruíz Gallardón, 2013: "vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos") pero hasta ahora desde el poder incumplen sin pestañear promesas electorales y mantienen este sistema que es censurado nacional e internacionalmente.  Mientras, la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción alcanzan niveles históricos y nos coloca en el pelotón de cola de Europa.   ¿Y porqué entonces no renuncian a dominar la Justicia, o por lo menos a su capacidad de influir en la misma?    Pues esa es la pregunta.

miércoles, 11 de enero de 2017

AÑO IMPORTANTE PARA LA FISCALÍA

Cuando yo jugaba al tenis (y jugué más de cuarenta años) tenía bien claro que si iba perdiendo un partido había que cambiar el modo de jugar.  Si vas ganando sigue igual; si palmas, cambia la táctica.   A veces pierdes igualmente, pero cambiando hay oportunidades de revertir la situación.   En este año clave para la Justicia y para la Fiscalía; con un nuevo FGE (al que conozco desde hace treinta años y que tiene un talante inmejorable) y con un cambio procesal de enorme trascendencia, parece que algunas cosas deberían hacerse de manera diferente a como vienen haciéndose hasta ahora ante la evidencia de que la Fiscalía, en su modo de funcionar internamente desde hace mucho tiempo, no está en condiciones de responder a esos retos por venir. Una Fiscalía moderna, además de medios materiales y personales, va a requerir unos nuevos modos de actuar.  Mayor transparencia, mayor exigencia, transmitir confianza en el fiscal y no desconfianza, apoyar a los más jóvenes, justicia en los nombramientos, retribucion del mérito profesional y erradicación del seguidismo ideológico o asociativo.   La creación de una confianza de arriba a abajo y viceversa; la sensación de que todos desde arriba hasta abajo estamos al servicio de la Justicia y de los ciudadanos y no de egoismos, de partidos políticos o asociaciones; la lealtad a la institución y la no renovación a jefes que no hacen que sus fiscalías rindan, que lastran el funcionamiento de la institución, que no transmiten ilusión a los que llegan o que no cumplen ciertos objetivos; la pérdida del temor a las consecuencias de enfrentarse con la opinión constructiva a la jerarquía; la persecución del acoso laboral (ligado muchas veces a la inexistencia de límites en la carga de trabajo) o la racionalización del sistema disciplinario.  Son mejoras en mayor o menor medida necesarias y en ellas hay que esperar la labor del nuevo FGE. Yo creo que en casi todas las facetas de la vida -pero especialmente en una profesión en la que cada dia hay que decidir con justicia sobre los intereses ajenos- se trabaja más y mejor en un ambiente justo; y se rinde peor en un ambiente intimidatorio.    La Fiscalía debe cambiar poco a poco para crear esas líneas de confianza recíproca en la institución, así como para transmitir la confianza necesaria a la sociedad ante los nuevos retos.   Por lo pronto, que haya fiscales de élite que no pidan plazas importantes porque saben que el mérito aquí vale menos que la influencia política o asociativa es terrible y es muy mal síntoma.