lunes, 30 de enero de 2012

TOMA DE POSESIÓN DEL FISCAL GENERAL

He estado esta mañana en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (que estaba absolutamente abarrotado), durante la toma de posesión de Eduardo Torres Dulce.   Algunos ministros (el de Justicia entre ellos); los Presidentes de las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla la Mancha; el Presidente del Congreso de los Diputados; muchos fiscales venidos de todas partes de España y muchos también de Madrid; algunos ex Fiscales Generales (Granados, que ha sido el padrino de Eduardo; Juan Ortíz,  antiguo amigo suyo; Cardenal -a quien un político le ha comentado desde la distancia: ¡"Jesús, hemos nombrado algo a un hijo tuyo"!-; y también Conde Pumpido) y fiscales ya retirados, como mi antiguo jefe Alfredo Flores entre otros varios.  Y muchos políticos, jueces, vocales del CGPJ y del Consejo Fiscal, amigos, periodistas.    Un acto realmente multitudinario, presidido por el Presidente del Tribunal Supremo que ha dirigido un discurso lleno de afecto al nombrado.  He saludado a personas que no veía desde hacía mucho tiempo.   Dos largas colas se han organizado para saludar a Eduardo, al que he visto muy contento.

Estoy impaciente por ver cual es la linea de actuación del nuevo FGE para afrontar las graves crisis de la Fiscalía y de la Justicia en España.   Ojalá acierte.

CAMBIOS EN NUESTRO PROCESO

Leo que el Juez instructor designado en el Tribunal Supremo para una causa especial ha dictado un Auto "en términos muy duros" acordando la incoación de procedimiento abreviado contra un aforado.   Y me pregunto -otra vez- si es razonable que quien investiga la causa sea el que acuerda la incoación del procedimiento abreviado y más adelante también la apertura del Juicio Oral (¡de acuerdo con una investigación que ha dirigido él mismo!).   Y además, como está establecido, que sea el propio Juez de instrucción quien ha de garantizar que los derechos del investigado no se vulneren.   A mi me parece que cuando un Juez de instrucción (que tiene un conflicto de intereses evidente con el investigado) se convence de la culpabilidad del acusado, ya no hay garantías para este que provengan de ese Juez.   ¿Que hay recursos?  Si, claro; pero el punto de partida, que es la investigación, arranca con un conflicto entre un investigador-juez y un investigado particular.  Bastante desigual, me parece a mí.

Ese defecto conceptual en nuestro proceso supone un gran número de males: mucha litigiosidad; contradicción en la investigación; dilaciones; complejidades procesales y además una mina para los abogados que encarece nuestra Justicia.

jueves, 26 de enero de 2012

HARÁ FALTA MUCHO TRABAJO Y OTRA NORMATIVA

He leído en varios medios de prensa la reseña de la comparecencia de Eduardo Torres Dulce en el Parlamento. Me gusta su reclamación de mayor autonomía para la Fiscalía; de mayores medios materiales; de mayores atribuciones para el Consejo Fiscal y de que la formación de los fiscales quede en manos de los fiscales. Pero todo ello, que es necesario, no va a arreglar ni de lejos la Justicia penal en España sin la reforma procesal que llevamos esperando desde hace mucho tiempo. Eduardo ha dicho en el Parlamento que es partidario de la investigación del Fiscal, siempre que el Fiscal tenga mayor autonomía. Completamente de acuerdo. No debería pasar esta legislatura sin ver una nueva norma procesal que le diera la investigación a quien acusa bajo el control del Juez, en lugar de darle el control de la investigación a quien acusa, mientras investiga quien ha de proteger los derechos del acusado. Nuestro sistema procesal penal es absurdo, y cuando lo dejemos de lado, al cabo de un tiempo no podremos explicar como hemos sobrevivido con él tantos años. Las reformas que reclama el próximo FGE requieren cambios en el Estatuto: cuanto antes mejor. Ojalá lo del Consejo Fiscal no se limite a atribuir más competencias al Consejo, sino también a darle una mínima transparencia a su funcionamiento.

Pero además de eso van a hacer falta muchas más cosas para intentar revertir una situación en la Fiscalía que solo puede mejorar. Por ejemplo, eliminar controles a los fiscales en muchas Fiscalías. Me dicen que las hay en las que entre el 20 y el 30 por ciento de la plantilla está dedicada a visar, revisar, distribuir, organizar o supervisar el trabajo de los demás (que va con la lengua fuera, claro). Hace unos años, los fiscales sometíamos nuestras calificaciones al visado, pero todo lo demás quedaba a nuestro criterio (incluída nuestra actuación en Juicio), con libertad. Dábamos cuenta a posteriori si había alguna retirada o algo semejante. Soy partidario de que haya menos controles, mayor libertad, y desde luego responsabilidad si hay errores. Pero un fiscal ha estudiado lo mismo que un juez: no necesita tanta tutela.

NOTA: No estoy "completamente de acuerdo", en contra de lo que digo más arriba, en subordinar la investigación de los delitos al Fiscal a la concesión de más autonomía para la institución.  Lo he redactado mal.  Estoy completamente de acuerdo en que se reclamen las dos cosas, pero la investigación del Fiscal es una necesidad técnica imprescindible para racionalizar el proceso penal y para asegurar las garantías al justiciable con la intervención de un Juez solo dedicado a ello.

miércoles, 25 de enero de 2012

REFORMA EN EL CGPJ

Acaba de anunciar el Gobierno conservador que finalmente va a modificar el modo de nombramiento de los vocales judiciales en el CGPJ.   No me puedo creer que finalmente esto vaya en serio: había perdido totalmente la confianza en ellos tras las reformas -y más cosas- de Acebes y Michavila, con el visto bueno de la APM.   Llevamos más de 25 años con una Justicia cada vez más politizada; harto estoy de oír pontificar a los beneficiarios de este sistema sobre sus bondades cuando  solo les beneficia a ellos mismos y a sus afines; harto de argumentaciones contrarias al sentido común y a la evidencia de como funcionan las cosas; y ello hasta el punto de que en las carreras judicial y fiscal la proximidad a PP o PSOE (a través de asociaciones profesionales afines) es hoy requisito necesario para ocupar ciertos cargos.  Lo peor del sistema de elección política de los vocales judiciales es que ha acabado por contaminar a las asociaciones.  Pero finalmente parece que se inicia el camino inverso.   Yo creo que si se consuma lo que ayer prometió la vicepresidenta del Gobierno, lo más importante en materia de Justicia para esta legislatura lo habrán cumplido; luego hará falta cumplir -claro está- sus promesas respecto de la Fiscalía, pero el comienzo es bueno.   Y creo que de la misma manera que la politización de las asociaciones ha llevado algún tiempo, la despolitización también la llevará.   Ahora las asociaciones deberán pensar en los jueces y no en los partidos.  Quizá en unos años, veremos algunas uniones de asociaciones ahora impensables.   Porque esto hasta ahora no ha sido principalmente cuestión de sensibilidades: ha sido cuestión de política de partidos pura y dura.

lunes, 23 de enero de 2012

DICTADORES

Recomiendo la lectura de la entrada titulada "Delincuentes Comunes", de la bloguera cubana Yoani Sánchez, para hacerse cargo del grado de opresión en el que tienen que vivir los cubanos a quienes la dictadura no les gusta nada.   Hace unos días se ha dejado morir otro disidente cubano -Wilman Villar, un hombre de 31 años- en prisión, de hambre y por la libertad; y ahora el régimen lo califica de vulgar malhechor.   Siento mucho lo que ese héroe se ha visto obligado a hacer y repudio los métodos de un sistema político que excluye -enviando a la prisión o al exilio- a quienes quieren mejorar su país a través de la instauración de la democracia.   Me pregunto cuando acabará esa pesadilla.

REGULEN LA ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Se anulan muchas sentencias en el Tribunal Supremo por escuchas telefónicas practicadas sin respetar los requisitos establecidos por la propia jurisprudencia.   Ya he dicho en otras ocasiones que en mi opinión ello es debido a que el Juez de Instrucción, a la vez que garante de los derechos del investigado tiene que averiguar lo que ha sucedido, lo que supone a veces un conflicto que resuelve erróneamente.   Pero resulta lamentable que una materia como esta, que afecta a varios derechos fundamentales, carezca de regulación legal.  El art. 579 de la LECr., es el precepto básico para fundamentar una intervención de las comunicaciones, y es evidente que resulta absolutamente insuficiente.   Lo triste es que es una cuestión de pereza legislativa.  No es complicado regular la materia, porque hay un buen número de paquetes de doctrina en el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional así como en los Tribunales de derechos humanos, amén de legislaciones -como la alemana, por ejemplo- que regulan con minuciosidad los requisitos, los delitos en cuya investigación pueden adoptarse las intervenciones, los plazos y la competencia para adoptarlas, así como los recursos.   Aquí, en España y 2012, nada.  Ahora, al hilo de la Sentencia que ha de pronunciar el Tribunal Supremo en el asunto Garzón, habrán de fijarse nuevos límites a las intervenciones telefónicas.  Pero realmente no es de recibo que esta materia esté abandonada a la interpretación jurisprudencial y huérfana de una normativa mínimamente aceptable.

jueves, 19 de enero de 2012

DERROCHE DE DINERO PÚBLICO

No puedo estar más de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer el Ministro de Economía de castigar penalmente a los gasten más dinero público del que permite el presupuesto.  Algunas cosas han cambiado con la moneda única, y entre ellas, que el control monetario no está en manos nacionales (con la posibilidad de devaluaciones de la moneda o de emisión de moneda).  Ahora hay que someterse a una disciplina presupuestaria que nos imponen desde fuera.  Esos administradores de dinero ajeno que -derrochando el dinero que administran- han puesto a España contra las cuerdas, disparando el déficit, poniendo en solfa la solvencia de nuestro país, comprometiendo incluso el sistema de pensiones, hacen objetivamente un daño mayor que si simplemente robaran el dinero público.  Todo ello es evidente cuando además quienes actúan así lo hacen ocultando la existencia de deudas contraídas, escondiendo facturas o falsificando la contabilidad pública.

No estaría mal tampoco, que los partidos políticos responsables de la colocación de un individuo condenado por corrupción, malversación de caudales públicos u otro delito de corrupción, fueran considerados responsables civiles respecto de las cantidades defraudadas, salvo que ellos mismos hubieran denunciado al infractor. Ello les obligaría a actuar con mucho cuidado a la hora de elegir a quien ha de administrar bienes públicos, y sobre todo excitaría su celo a la hora de denunciar a los corruptos que aparecieran entre sus filas.

Los interventores van a tener que estar ahora muy atentos.

viernes, 13 de enero de 2012

PIDEN OTRO PACTO DE ESTADO

Leo que la portavoz del CGPJ acaba de demandar de los partidos políticos un Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, cuyo modelo es en España "obsoleto y anacrónico".   Yo he visto ya el fracaso de varios Pactos de Estado por la Justicia. Probablemente esta materia merecería un Pacto global de las fuerzas políticas y que nuestro modelo organizativo de la Justicia es malo, y nuestro modelo procesal penal es muy malo.   Sin embargo, a mi me suena esto -tras la mayoría absoluta del PP- a cortina de humo para dilatar la reforma del Consejo.  En este momento, y en relación con el CGPJ yo preferiría que el PP cumpliera con lo prometido en la campaña electoral: cambiar el sistema de elección de los vocales y volver al sistema anterior a 1985.   De esta manera, por lo pronto, la influencia política en el Consejo disminuirá de manera muy grande.   Ya no sería posible, por ejemplo, que el Presidente del Consejo fuera elegido desde el Gobierno, antes de que saber el nombre de los vocales que legalmente han de elegirlo, como ha sucedido hasta ahora.

Y las dos asociaciones judiciales más vinculadas a los partidos políticos (APM y JD) irían poco a poco entendiendo que su influencia ya no iba a venir de los partidos, sino de los jueces que eligieran a sus representantes en el Consejo.  Quizá así, poco a poco, ya digo, fueran desvinculándose de Génova y Ferraz.  

miércoles, 11 de enero de 2012

TANTA CORRUPCIÓN

Tengo especial aversión hacia los corruptos.  Y hoy, en España, estamos viendo demasiados casos de corrupción.   Desde Presidentes de Comunidades Autónomas hasta individuos que reconocen gastarse en cocaína fondos públicos, pasando por extrañas contrataciones, donaciones, malversaciones e infracciones fiscales de todo tipo, por no hablar de algún juez condenado por cohecho (aún más repugnante todavía).   Abrir el periódico hoy causa desazón, con un mínimo de sensibilidad en relación con estos temas.   A mi me parece que no ha calado suficientemente la idea de que un corrupto es un estafador de los ciudadanos, un tipo despreciable que causa un daño muy superior al beneficio que él obtiene de su delito.  Ahí no habría de haber banderías: ningún partido debería proteger a los corruptos que aparecieran en su seno y ningún corrupto debería contar con otra cosa que el desprecio incluso de dentro de sus filas.  Desgraciadamente, las cosas no son así; la colaboración para su castigo, la denuncia de esos sinverguenzas casi nunca proviene de las filas en las que militan.   Antes de eso, se cierran filas, se les protege, se ponen las manos en el fuego y se sugieren persecuciones o conspiraciones de todo tipo.   No se, creo que estamos ante un problema muy grave del que se habla menos de lo que se debería.

También creo que nuestro sistema procesal tiene que mejorar mucho para ser eficaz contra esta lacra: fueros, privilegios, millones de causas pendientes (o en tramitación), politización de la Justicia, falta de medios, estrechas posibilidades para la conformidad, falta de recursos para recuperar lo sustraído, falta de alicientes procesales para ello, escasa protección a testigos... En fin, muchas cosas que podrían mejorarse.

Por cierto, he notado en mi Fiscalía una muy mayoritaria satisfacción por el nombramiento del nuevo FGE.

miércoles, 4 de enero de 2012

MEDIDAS ANUNCIADAS

Escuché ayer al Ministro de Justicia insinuar la habilitación del mes de agosto para celebrar juicios.   Me parece bien: con el montón de asuntos penales pendientes que hay en España, hay que tener imaginación y explorar zonas que hasta ahora se habían abandonado.  Sin embargo, harán falta muchas más cosas para sacarnos del foso, y el cambio de procedimiento y el cambio de mentalidades serán inevitables.    Por otra parte, el Ministro del Interior anuncia el endurecimiento del castigo de la multireincidencia y la facilitación de la expulsión del extranjero que delinque.  No se como lo van a hacer eso de la multireincidencia, pero recuerdo que el Código Penal lleva 26 modificaciones desde 1995 (particularmente recordadas por su dureza las 5 del año 2003), que ya hay preceptos que contemplan la agravación de la reiteración de conductas ilícitas -incluso elevandose de falta a delito en algunos casos- y que España está a la cabeza del número de presos por 100.000 habitantes (tenemos alrededor de 75.000 presos actualmente) habiendo ya trabajos sobre el particular (ver los gráficos de la página 12).   El coste de mantener a un preso es elevado (si no recuerdo mal, eran hace unos meses de 45 euros diarios), factores que determinan que otros países opten por otro tipo de medidas (la expulsión de extranjeros delincuentes es frecuente) en lugar de encerrar a más y más gente con el sufrimiento que se causa al preso y sus familiares, con los efectos contrarios a una posible reinserción y además con el coste que ello supone.   Medidas como la conciliación con la víctima, como los trabajos en beneficio de la comunidad (bien organizados y que realmente se hagan) o de la libertad vigilada (auténticamente vigilada) podrían ser algunos de los remedios alternativos a la prisión en delitos menores.   De todas maneras, me temo que esto está más ligado a la ideología que a una valoración técnica de la situación, así que a prepararse.

domingo, 1 de enero de 2012

LA JUSTICIA IGUAL PARA TODOS

Hemos oído al Jefe del Estado afirmar tal cosa hace unos días, y realmente puede compartirse -con matices- la afirmación si se entiende de esta manera: si se prueba que alguien ha cometido un delito, la ley en España se aplicará por igual para todos. Ahora bien, ¿puede sostenerse que nuestra LECr. garantiza una investigación igual para todos? Creo que no. Las inmunidades e inviolabilidades son el primer obstáculo. Para investigar a un parlamentario hace falta el suplicatorio, y la necesidad de hacer público el propósito de investigar elimina la sorpresa (la posibilidad de pinchar teléfonos, intervenir correspondencias o buscar en inmuebles). Por tanto, es muy dificil investigar a parlamentarios en el tipo de delitos complejos que en sus funciones es imaginable que cometieran. Además, están los aforamientos, cuestión que se conecta inmediatamente con la politización de la Justicia. ¿Porque hay necesidad de establecer cuotas políticas en el CGPJ? ¿Porque esa resistencia tradicional a despolitizar la Fiscalía? Quien desde la política controla a la Fiscalía puede intentar controlar algo muy importante, que es la información de que dispone el Fiscal; y conociendo dicha información puede pretender sustituir el criterio del Fiscal con arreglo a sus propias valoraciones. Por eso es tan contrario a una Justicia igual para todos, que el Fiscal no tenga autonómía respecto del Gobierno. Sin duda alguien dirá que puede ser bueno para otras cosas, pero yo afirmo que para la Justicia es un riesgo muy grande, y desde luego, devasta la imagen de imparcialidad de la institución. La primera y más importante tarea que tiene la Fiscalía por delante es recuperar su imagen de imparcialidad y de neutralidad política. Y luego muchas más cosas, pero esa para empezar. ¿Y porqué ese interés en dominar políticamente la mayoría del CGPJ, porqué ese empecinamiento y bloqueo entre los bloques ideológicos en su seno en relación con ciertos nombramientos para el Tribunal Supremo o los TSJs?. ¿Porqué el intercambio de cromos que hemos tenido que ver en ocasiones?

Y luego, aunque obviamente ya no es cuestión de Justicia, sino de gracia, está la cuestión de los indultos.

A mi me parece que nuestras leyes de orgánicas y de enjuiciamiento no están diseñadas para garantizar la veracidad de la afirmación del Jefe del Estado. Y por eso -además de razones de pura técnica procesal- creo que necesitan un cambio.