martes, 26 de mayo de 2015

OTRA MÁS DEL CONSEJO FISCAL

Realmente uno no sabe ya que decir.   Las distribuciones de trabajo en las fiscalías es el problema más grave que afecta a muchos fiscales, y en ocasiones es el origen de auténticos abusos de unos contra otros.   La doctrina que la Fiscalía General ha venido manteniendo ante las quejas de los fiscales sobre distribuciones de trabajo es la de que se trata de facultades de los jefes y que se trata de una cuestión interna que no debe salir del ámbito del Ministerio Fiscal.  El Consejo Fiscal participa de esa idea: las equiparan en el CF ¡nuestros representantes! a instrucciones u órdenes de servicio de la Administración, art. 21 de la LRJPAC, de manera que conforme al Reglamento de 1969, la única posibilidad de impugnación la ha de conocer el Consejo Fiscal para establecer si en esa distribución hay "falta de equidad".     Algunos, y singularmente la APIF, exigimos la aplicación del derecho administrativo en las relaciones de los fiscales con la institución, y por tanto, ante decisiones de los jefes y singularmente en esta materia, debe proceder recurso de alzada ante el superior jerárquico y agotada la vía administrativa, debe caber recurso contencioso administrativo.  Pues bien, el Consejo Fiscal, tanto el anterior como el actual, dicen que no, que en esta materia la alzada son ellos y que no hay recurso contencioso que valga.   De manera que ellos, que dibujan la jerarquía de la Carrera conforme a la militancia a sus asociaciones, que pertenecen a asociaciones en las que militan la inmensa mayoría de los Fiscales jefes de España, deciden que son ellos -en alzada- y nadie más quienes resuelven las quejas contra las distribuciones de trabajo de los fiscales jefes elegidos por ellos, aunque el Consejo Fiscal no es superior jerárquico de nadie en la Fiscalía. Equiparar una distribución de trabajo en una Fiscalía (con consecuencias que pueden durar años, que pueden cambiar la vida profesional de los fiscales, que pueden desviar inclinaciones profesionales, que pueden alterar las posibilidades de conciliación de la vida familiar y profesional) a las instrucciones y órdenes de servicio administrativas -no recurribles-, es un argumento que puede dar un mal jefe en defensa de sus pareceres, pero no un representante de los fiscales afectados como son los vocales del CF, en mi modesta opinión.

En estas, un bravo fiscal en Las Palmas (asociado a la APIF) recurrió una decisión de su jefe sobre distribución de trabajo que le afectaba, y me cuentan que la incredulidad de los magistrados de lo contencioso era pareja a la nuestra.  Naturalmente que ha de regir el derecho administrativo común  en la Fiscalía, naturalmente que el recurso de alzada lo resuelve el superior jerárquico, naturalmente las distribuciones de trabajo no son "instrucciones u órdenes de servicio administrativas", naturalmente que cabe recurso contencioso administrativo contra esas decisiones.  Naturalmente.    Hoy la sentencia recaída lo aclara sin dudas, y sin embargo, ayer mismo recibimos en la APIF la notificación de otro acuerdo del CF que vuelve a insistir en el mismo desafuero: no hay más alzada que ante ellos, no tenemos razón, no hay recurso.    A la vista de la sentencia de Las Palmas, he oído que algún vocal se va disculpando (desde luego no a la APIF), pero no he visto que desde el CF, que no defiende a los fiscales de a pie sino a la jerarquía de la institución, se disculpen por obligarnos a litigar, por obligarnos a defender lo obvio, por obligarnos a gastar dinero, por obligar a los fiscales a luchar en los Tribunales para conseguir cosas que deberían estar claras.   Tampoco se disculpó nadie por echar a un fiscal que en mi opinión vale mucho más que aquellos que le querían echar, así que deberíamos estar acostumbrados.  

¿Y la Fiscalía General del Estado? ¿Porque no empieza a dotar de instrumentos jurídicos seguros para garantizar la tutela judicial efectiva de los fiscales?  ¿Cuantos meses hacen falta para eso?  ¿Porqué tenemos que remar algunos -en este momento, la APIF- contra la corriente de obstáculos legalmente no existentes, pero consolidados por la práctica interesada de la casta dominante de la Fiscalía?  Una sola Instrucción bastaría para aclarar las cosas.   Pero no se hace.   Hace unos meses, un vocal del Consejo me decía "Salvador, tu es quieres reformas muy rápido, y nosotros vamos más despacio".   Lo que está ocurriendo ahora no tiene que ver ni con la velocidad de las reformas ni con el tocino: tiene que ver con el mantenimiento del poder en la Fiscalía.   La Fiscalía necesita importantes cambios que no van a venir de quienes la han politizado y privado de su esencia.  Veremos que pasa en el futuro porque parece que es tiempo de cambios.

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