miércoles, 7 de junio de 2017

LA REFORMA DE LA FISCALÍA QUE PROPONE CIUDADANOS

No quiero ser demasiado optimista para no llevarme luego el disgusto.  Pero la reforma del Estatuto que propone Ciudadanos y que necesitaría ser consensuada con otros partidos, sería si se aprobara un hito para la despolitización de la Justicia española.   ¿Que es la politización de la Justicia?  Pues precisamente la capacidad de los partidos para influir en las actuaciones judiciales algo que por lo que se refiere al Gobierno y la Fiscalía se ha venido produciendo desde hace demasiado tiempo.   Con eso es con lo que creo que hay que acabar.   La importancia de la intervención del Parlamento en el nombramiento del Fiscal General (aspecto con el que coincide la propuesta de Podemos); un presupuesto propio; la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo Fiscal que acabaría con que ese órgano importantísimo se mantuviera como un feudo cerrado en el que la mayor parte de los fiscales no tienen oportunidad alguna de sentirse representados; la potenciación de las funciones del Consejo; la creación de incompatibilidades de los vocales para promocionarse desde el Consejo Fiscal, siendo increíble que esto se haya permitido con toda tranquilidad y sin escándalo alguno en el Consejo; la puesta en marcha de mecanismos de valoración de méritos en los fiscales a efectos de promoción; la fijación del modo de relacionarse el Gobierno con la Fiscalía, el reforzamiento de la autonomía del fiscal del caso, la potenciación del valor de las Juntas de Fiscalía y varias otras cosas cambiarían la Fiscalía para convertirla en un órgano muy poderoso para el ejercicio de sus funciones,  para la lucha efectiva contra la corrupción, realmente independiente del Gobierno y sometido al control parlamentario.   Esa Fiscalía, en mi opinión, si podría -en un tiempo prudencial- asumir la investigación de los delitos.  La de ahora, ni de broma.

Una reforma así permitiría a los fiscales recuperar sus expectativas de carrera profesional -hoy secuestradas por quienes dominan el Consejo-; permitiría defender sin miedo sus derechos profesionales; defender sus criterios profesionales con la confianza de que el hecho de hacerlo no es enfrentarse con la jerarquía de la institución; permitiría luchar por cuestiones como la mejora del régimen disciplinario, que habría que abordar con toda seriedad: observo con simpatía que el Fiscal Inspector sale del Consejo Fiscal con lo que se le priva de la facultad de defender en el Consejo sus actuaciones cuando entran en conflicto con fiscales no presentes en el mismo. Una reforma así, en mi modesta opinión, supondría el comienzo del fin de lo peor que puede sentir un fiscal en su trabajo: el miedo profesional.

Si como sostiene el Gobierno, en contra de lo que yo pienso, ni influye ni tiene intención de influir actualmente en la Fiscalía, estoy seguro que no les importará aceptar la nueva reforma: al fin y al cabo si no influyes y no quieres influir para qué mantener este sistema tan sospechoso.   Y así de paso impedirían que un Gobierno poco respetuoso con la independencia de la Justicia, en el futuro pudiera hacerlo.   Hay días buenos y malos, y este creo que para la Justicia ha sido bueno. Veremos que pasa.


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